La música de los efectos perversos

Estación de paso
Música de efectos perversos
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 21/02/2019)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15045:musica-de-efectos-perversos&Itemid=256

La abundante retórica del obradorismo colocó desde su campaña el tema de la gratuidad obligatoria de los estudios universitarios ligado al tema de la universalización de las becas a esa población. Aunque no es claro el diagnóstico sobre el cual descansa la propuesta, se infiere que es el costo de los estudios el factor que explica las altas tasas de rechazo en el acceso y la baja tasa de cobertura educativa superior de la educación terciaria mexicana (38%), que la sitúa en la parte baja de las coberturas de toda América Latina. También se entiende que detrás de la propuesta está la creencia de que es la falta de recursos lo que obliga a los alumnos universitarios a abandonar sus estudios en las instituciones públicas.
Las cosas hay que situarlas por supuesto en su contexto. Con un activismo inusual en la ya larga alternancia política mexicana (PRI-PAN-PAN-PRI-MORENA), el nuevo gobierno ha impulsado la construcción de una ambiciosa agenda educativa ligada a la idea “catch-all” de la 4T. A menos de 100 días de inicio, en esa agenda se incluye la demolición de la reforma educativa impulsada en el sexenio anterior, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la recomposición de las relaciones tanto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Para el caso del nivel superior, el oficialismo ha lanzado iniciativas de reformas constitucionales asociadas a determinar la gratuidad obligatoria de los estudios universitarios, la apertura de nuevas universidades públicas en regiones marginadas del país, o el impulso a un sistema federal de becas para los estudiantes universitarios.
Ello no obstante, a diferencia de lo que ocurre en la educación básica, el obradorismo mantiene una fría distancia con las universidades públicas federales y estatales, que concentran más de un tercio de la matrícula nacional y donde se acumula gran parte del capital científico, profesional y de investigación del país. Con la organización que aglutina tradicionalmente la representación política de las universidades (la ANUIES), el nuevo oficialismo no ha mantenido prácticamente ningún contacto público desde la campaña electoral. El documento elaborado por sus miembros como propuesta para la elaboración del próximo programa sectorial de educación superior (Visión y acción 2030. Propuesta de ANUIES para renovar la educación superior en México) tampoco, al parecer, ha sido tomado en cuenta.
El problema es que las propuestas del nuevo gobierno tocan puntos muy complicados de las relaciones entre el gobierno y las universidades, puntos que tienen que ver con la autonomía universitaria. Hoy, luego de más de tres décadas de políticas federales centradas en acreditar la calidad y la evaluación como mecanismos de cambio institucional, las universidades han establecido procesos de selección que premian el mérito individual de los estudiantes como criterio básico de acceso a los estudios universitarios. También, en el marco de las políticas de modernización y calidad universitaria, las universidades establecieron cuotas de recuperación (aranceles) como parte de sus esfuerzos de generar recursos propios, adicionales a los que reciben como parte de los crónicamente insuficientes subsidios públicos. Aunque existen enormes diferencias en el monto de dichas cuotas (que van de los 20 centavos de dólar que cobra anualmente la UNAM a los que cobra, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que ascienden a 60 dólares, o la Autónoma de Aguascalientes, de 600 dólares al año), el monto en todos los casos es simbólico.
El otro punto tiene que ver con las becas. En el año 2000 se instrumentó el Programa Nacional de Becas, que desde 2006 contempla a la educación superior y que luego se convirtió en el Programa de Becas de Manutención (2012-2018). Además, las universidades suelen tener sus propios programas de becas, apoyos y condonaciones a los estudiantes. En esas circunstancias, las universidades corren el riesgo de disminuir significativamente sus grados de autonomía académica e institucional ante las posibles determinaciones normativas de eliminar los exámenes de selección y admisión, los cobros a los estudiantes, y abandonar sus propios programas de becas y apoyos estudiantiles.
En un contexto donde la desigualdad social se traduce en desigualdad educativa, cualquier política pública redistributiva es bienvenida. El problema de fondo es que el acceso, la gratuidad y las becas carecen de un diagnóstico preciso sobre las causas que determinan los problemas de ingreso, permanencia y egreso en los estudios universitarios en México. Investigaciones contemporáneas han mostrado que el problema del bajo acceso se deriva de tres factores clave: el origen social (escolaridad de los padres), la baja eficiencia terminal de los niveles previos (especialmente del bachillerato), y la rigidez de los programas de estudios en el nivel de licenciatura. Estos tres factores condicionan fuertemente el efecto de las políticas de becas ligadas a las intenciones de universalización de la educación terciaria.
Pero quizá la dificultad central de la propuesta oficialista es que no se reconoce la enorme diversidad de los conglomerados estudiantiles que aspiran a ingresar, transitar y egresar de las universidades públicas. Eliminar la selección de estudiantes, el costo de las matrículas y decretar el acceso universal supone tener en mente un solo tipo de estudiante en el sector público. Es un supuesto heroico que, traducido en términos de políticas públicas, suele producir la música lúgubre de los efectos perversos, no deseados, de esas mismas políticas. Los jóvenes mexicanos de hoy no tienen dilemas dicotómicos ni comportamientos bipolares: no solo no caben en la simplificación nini (ni estudian, ni trabajan), pues a veces sólo estudian y a veces sólo trabajan y, con mucha más frecuencia de lo que se piensa, suelen combinar sistemáticamente estudios y trabajo. Sus itinerarios individuales, escolares y laborales forman parte de transiciones propias de itinerarios vitales complejos, que obedecen a las características de las disciplinas formativas, las instituciones universitarias y los contextos regionales y locales específicos. Esas combinaciones diversas y múltiples producen justamente, contra lo que dicta el sentido común del nuevo oficialismo, efectos no previstos pero positivos en la formación educativa y laboral de muchos jóvenes universitarios.