Autonomía, corrupción e identidad universitaria

Estación de paso

Corrupción, autonomía e identidad universitaria

Adrián Acosta Silva

(Campus Milenio, 14/03/2019)

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En la república de los escándalos, dominada por el gobierno de las imágenes, los universitarios no son excepción. Los mitos, ambigüedades y verdades de “La estafa maestra”, las acusaciones de malos manejos de recursos que la Unidad de Ingeniería Financiera de la Secretaría de Hacienda ha lanzado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las habituales sospechas, rumores o chismes de desvío de fondos que se hacen de cuando en cuando a las universidades públicas, configuran un patrón de comportamiento que comparten en distintos momentos y con diferentes intensidades autoridades federales, medios de comunicación, algunos comentaristas influyentes, ciertas redes sociales.

¿De dónde provienen las creencias, sospechas o certezas de la corrupción en las universidades? Para decirlo, en breve, de la desconfianza. Bien vista, la era de la incertidumbre se alimenta de ese combustible tóxico. Usualmente, se afirma, esa desconfianza se nutre del manejo discrecional que las autoridades universitarias hacen de los fondos públicos que reciben, amparadas en la autonomía que tienen de gestionar, distribuir y ejercer los recursos de que disponen rutinariamente. Algunos hechos, anecdóticos o reales, apuntan a fortunas malhabidas de ciertos funcionarios universitarios, a la vida de reyes o emperadorzuelos de ocasión que no pocos rectores y altos funcionarios universitarios ostentan hoy o lo hicieron en el pasado reciente.

El problema es siempre identificar, y probar, esos comportamientos. Y resulta complicado porque desde hace tiempo, la desconfianza hacia el desempeño, la utilización de los recursos, los procedimientos habituales de ejercicio del gasto universitario, dieron origen a una multitud de candados, restricciones, rigideces, normas y reglamentos destinados justamente a prevenir, vigilar y sancionar los actos de corrupción de las universidades y prácticamente todas las entidades que reciben recursos públicos. Esquemas de fiscalización, auditorías, contralorías internas y externas, programas y bolsas presupuestales etiquetadas, adicionales a la crónica insuficiencia financiera, configuraron un barroco y complicado sistema de control sobre las finanzas universitarias. Ello es parte del paradigma dominante de las políticas públicas hacia la educación universitaria desde los años noventa: el de la rendición de cuentas.

Hay que recordar que todo eso se hizo en nombre de la modernización, la calidad, la responsabilidad pública de las universidades con el gobierno y con la sociedad. Pero frente a este esquema de restricciones, recompensas y castigos, a las universidades se les exigió también la búsqueda de recursos propios, autogenerados, que permitieran depender menos de los subsidios federales o estatales, para destinarlos a aquellos proyectos definidos como prioritarios por las propias comunidades universitarias a través de sus órganos de gobierno. De ahí surgieron las empresas para-universitarias (hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, ferias del libro, equipos de fútbol, constructoras universitarias), junto a la venta de consultorías y servicios a empresas y organizaciones públicas y privadas, o a la búsqueda de obtención de recursos a partir del cobro de matrículas a los estudiantes de pregrado y posgrado.

En este esquema, la supervisión y control sobre las finanzas universitarias se convirtió en una rutina institucional complicada, escurridiza, confusa. Ello dio lugar a que ciertos grupos y camarillas universitarias pudieran diseñar estrategias de obtención de recursos de manera sistemática pero discreta. Pasando las aduanas de los informes a las contralorías y auditorías federales y locales, algunos funcionarios y liderazgos fácticos han logrado hacerse de fortunas inexplicables con sus sueldos y prestaciones como funcionarios universitarios. Desde luego, eso confirma que los pillos y los oportunistas también existen en la vida universitaria. Pero eso no significa que las universidades sean corruptas.

La autonomía no asegura la evasión de responsabilidades ni exorciza actos de corrupción. Frente a la desconfianza la mejor estrategia es la transparencia y la información, no el imperio de las buenas intenciones ni la evocación de principios heroicos. La legitimidad del poder autónomo de la universidad, de su sentido institucional, sus prácticas y representaciones académicas e intelectuales, es un desafío constante para las comunidades universitarias y sus gobiernos institucionales. Después de todo, detrás de cada crítica a las universidades siempre está la posibilidad, el interés o el propósito de fortalecer o debilitar la idea misma de la autonomía. Alguna vez, Simon Schama, el gran historiador británico, escribió en Auge y caída del imperio británico, 1776-2000, una idea central: “A la vez que perdía su imperio, Gran Bretaña se encontraba a sí misma”. Quizá algo similar le ocurre a las universidades. Parafraseando a Schama, cada vez que se ven amenazadas con perder su autonomía, las universidades se pueden encontrar a sí mismas.