Universidades para el Bienestar

Estación de paso

Universidades para el Bienestar: el desafío de la legitimidad

Adrián Acosta Silva

(Campus Milenio, 06/06/2019)

Como bien se sabe, nuestro Benemérito de las Américas, el Licenciado Benito Pablo Juárez García, nunca estudió en la Universidad. Su título de abogado lo obtuvo por el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el lugar al que el oriundo de Guelatao tuvo que trasladarse para tener esa oportunidad. Eso habla algo de la época y del individuo. La universidad local aún no existía y lo único que había era el Instituto, entonces gobernado por clérigos, y uno de los antecedentes decimonónicos de la actual Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que fue fundada hasta el año de 1955. Según la historia patria, fueron sus deseos los que lo llevaron la capital oaxaqueña para aprender jurisprudencia. El resto de la historia, el mito y la leyenda, ya la sabemos.

El Presidente AMLO tiene a la historia de bronce de Juárez entre los altares personales de su educación sentimental, lo que explica su tendencia a citarle como ejemplo y guía de sus acciones y emociones. Por ello promovió desde su campaña la creación de 100 nuevas universidades públicas a las que, ya siendo Presidente electo, les denominó como un sistema universitario juarista en honor al impulsor de la 2T, según la épica de su calendarización patriótica. Sin embargo, el proyecto parecía hasta hace poco una invención discursiva, un proyecto sin datos ni referentes específicos.

Poco a poco, sin embargo, se van conociendo detalles sobre las características del proyecto principal del nuevo oficialismo para la educación superior: las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”. Según lo planteado en la primera versión del PND 2019-2025 y en la información que aparece en el sitio oficial del CREFAL (ubicado físicamente en Pátzcuaro pero que no es un organismo gubernamental sino civil), el programa es público, “federal y prioritario”, orientado a “formar profesionales con sentido público”.

Ahí mismo se lee que entre sus características principales las nuevas universidades son gratuitas, de tiempo completo (“no se admiten estudiantes de tiempo parcial”), presenciales, y sus carreras tienen una duración de 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno. Eso significa que la obtención de un título lleva poco más de dos años. Para el ingreso, solo es necesario un pre registro de los estudiantes y la entrega de la documentación requerida. No hay examen de admisión sino una “valoración diagnóstica”. En caso de que la demanda exceda a la oferta de lugares disponibles en los planteles, “se hará un sorteo para el ingreso”. Todos los estudiantes reciben una beca de 2,400 pesos mensuales.

Las 36 carreras ofrecidas dependen de los contextos regionales donde se ubican los planteles de las UBBJG. Cada plantel sólo ofrece una carrera, y por excepciones, dos. Así, por ejemplo, en Aguascalientes se ofrece “Ingeniería ambiental”, en la Ciudad de México (Tlalpan), “Medicina integral y saluda comunitaria”, en Tomatlán (Jalisco) “Ingeniería en desarrollo regional sustentable”, en Badiraguato (Sinaloa) “Ingeniería Forestal “ y también la “Licenciatura en Educación física (béisbol)”, o en Aguaprieta (Sonora), “Estudios sociales”. Las entidades que concentran mayor número de planteles son Oaxaca (11), la CDMX (10), Veracruz (8), Chiapas (6), y Michoacán (5). Las que menos son Nayarit, Nuevo León, Colima y Baja California (1 cada una). Sólo en Baja California Sur no existe oferta disponible.

Con un presupuesto anual inicial de mil millones de pesos (es decir, 10 millones en promedio por escuela), hasta ahora 83 planteles ya están funcionando y quedan pendientes otros 18, por lo que la cifra inicial de 100 universidades ya llegó a 101. Según la nota periodística “Sin transparencia, plan de gobierno para las universidades del bienestar” firmada por Alma Paola Wong publicada en la versión digital de Milenio (29.05.2019), los terrenos donde funcionan los planteles son producto de donaciones, y la construcción de edificios y equipamientos no son licitadas porque las universidades, aunque son públicas, corresponden a “otro modelo”, según cita en entrevista a la encargada del proyecto Raquel Sosa. Tampoco están adscritas a la SEP sino al mencionado CREFAL.

¿Cómo se acreditan sus carreras, donde se registran? Eso “lo harán”, dijo Sosa, a través de un nuevo “organismo descentralizado autónomo”, que “próximamente” será creado por el gobierno federal. Ese organismo emitirá los planes y programas de estudios de nivel licenciatura y eventualmente de posgrado para poder iniciar el trámite de registro ante la SEP. En la misma nota periodística se anota que hasta ahora sólo se sabe que están registrados un total de 7,575 alumnos y se cuenta con una planta docente de 459 profesores.

Como se ve, el proyecto avanza en medio de prisas presidenciales y ambigüedades institucionales y organizativas. Parece que urge tener resultados, rostros, evidencias de su importancia, pruebas irrefutables de su existencia. Es por supuesto promesa de campaña, palabra presidencial, compromiso “con los más pobres”. Pero bien sabemos que los arranques atropellados marcan el presente y futuro educativo de manera irremediable. Y las urgencias acumulan pasiones, intereses, conflictos. Todo apunta a que el proyecto de las UBBJG es la legitimación política de una educación superior pobre para los pobres. Parecen más escuelas de artes y oficios, o escuelas de cuadros dirigidas la formación de nuevas clientelas políticas, que verdaderas universidades públicas. Quién sabe que pensaría el Lic. Juárez.