La dictadura de los indicadores

Estación de paso

La dictadura de los indicadores

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 04/07/2019)

La velocidad de la ola expansiva de la educación superior en el mundo trajo consigo la multiplicación de organismos, programas y agencias públicas y privadas dedicadas a registrar, analizar, comparar los datos de la multiplicación de sus demandas y ofertas. Como nunca antes, la métrica del crecimiento se colocó en el centro de los relatos de las políticas públicas como instrumento de evaluación de la calidad, la asignación del presupuesto público, la acreditación institucional, la vinculación con el entorno, la empleabilidad de los egresados, o el análisis del perfil del profesorado. Esa ruta larga acumula numerosas experiencias y perspectivas. Hoy, no hay uno sola forma de medir el crecimiento o la calidad del desempeño de las instituciones de educación superior; sin embargo, sí hay un conjunto de indicadores que conforman el mínimo común de los ejercicios métricos.

Grado de habilitación del profesorado, costo por alumno, impacto de las publicaciones universitarias, número, diversidad y nivel de los programas acreditados y certificados, actividades e impactos de la investigación científica, tecnológica o humanística, grado de internacionalización, tipo de instituciones de educación superior, destino de los egresados en los mercados laborales, percepción de los empleadores, forman parte de la batería de variables comunes que articulan la gestión de las instituciones y sistemas terciarios.

Hay diferencias notables en la medición de variables e indicadores de las instituciones del sector público y privado. Mientras que la lógica de las IES particulares está orientada claramente a la búsqueda de nuevos clientes y mercados educacionales, mediante el incremento de la visibilidad, el prestigio o reputación de las ofertas privadas, en el caso del sector público los indicadores están orientados por la lógica del financiamiento público y el fortalecimiento de la eficacia social, política y académica de las IES públicas.

Estas lógicas explican las tensiones y contradicciones que habitan los diferentes comportamientos institucionales de la educación superior. Al colocar por delante la búsqueda de indicadores, tasas o índices, las organizaciones educativas alinean frecuentemente sus acciones a la acumulación de información adecuada al logro del indicador. Y ello trae consigo efectos perversos. Uno de ellos, relevante por sí mismo, es el tema de la eficiencia terminal de los estudiantes de pregrado y posgrado. La disminución de los indicadores de reprobación, rezago o abandonos ha llevado a prácticas que aceleren el tránsito y titulación de los estudiantes. Las formas tradicionales de la formación pausada de aprendizajes, habilidades y destrezas técnicas, disciplinarias e intelectuales de los estudiantes, ha sido desplazada por la urgencia de los datos que mejoren el indicador.

El fenómeno del fast-learning se ha adueñado de los campus universitarios. La experiencia del slow-learning interactivo, contextualizado, está en tensión continua con la presión de evaluaciones rápidas, titulaciones al vapor, laxitud de los procesos formativos, que frecuentemente son prácticas asociadas al logro del indicador correspondiente. Más que el proceso se privilegia el resultado. En un mundo gobernado por indicadores, la educación superior experimenta la presión de la velocidad de resultados frente a la tradición de la importancia de los procesos formativos.

El ejemplo revela varias cosas. Los aprendizajes rápidos implican el supuesto de la homogeneidad de los profesores, estudiantes y programas, lo que explica la estandarización de los sistemas métricos. Los aprendizajes lentos, por el contrario, tienen el supuesto de la heterogeneidad social e institucional de la educación superior, que implican diferenciación, énfasis formativos y contextuales distintos. La explicación de la velocidad en la configuración de los mercados educacionales está asociada a la industrialización de la educación terciaria, y su fase superior es el capitalismo académico, este “modo de producción” que exige logros, indicadores de éxito, índices de productividad académica.

Pero las reservas con el uso de los indicadores no oculta el hecho de su importancia y utilidad como referentes de la acción institucional. Ayudan a comprender, mejorar, comparar comportamientos, definir acciones y políticas. Lo que es intelectual y políticamente relevante es revisar la calidad de los indicadores, su pertinencia para saber si se está en la ruta correcta, su consistencia para conocer a profundidad las relaciones causales entre los problemas, los factores que influyen en la formación de los mismos, así como en los efectos de los programas y decisiones institucionales instrumentadas para enfrentarlos.

Luego de varios años de lidiar con la “revolución de los indicadores”, parecería necesario revisar las métricas del desempeño de la educación superior mexicana. La legitimidad de su uso requiere asociarlos a su eficacia para resolver problemas institucionales, no para convertirse en parte de la burocratización de la acción universitaria. Hay que evitar que la dictadura de los indicadores se convierta en un fin en sí mismo, como horizonte y pensamiento único de las prácticas de gestión en las universidades.