La voluntad y la intelgencia

Estación de paso La voluntad y la inteligencia Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 17/09/2020) La conocida frase de Gramsci sobre el dilema entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad frente a situaciones de crisis, parece oportuna para comprender la magntiud, naturaleza y complejidad de los problemas educativos mexicanos contemporáneos. En un escenario económico díficil, el presupuesto de egresos de la federación para el 2021 confirma lo que muchos suponían: un virtual estancamiento de los recursos hacia el sector educativo que, luego de dos años complicados, confirma una tendencia negativa en términos relativos. Mientras la educación como proceso y como estructura atraviesa una crisis social sin precedentes expresada en tasas altas de deserción, abandonos, efectos vagos de la experiencia digital en los aprendizajes efectivos, cuyo efecto sistémico es el incremento de las brechas de desigualdad, el principal instrumento de la política pública, el presupuesto, tiende a la pulverización en decenas de subprogramas y acciones que confirman una tendencia claramente conservadora. La “Programa Sectorial de Educación 2020-2024” tiene y tendrá poca factibilidad en su implementación. Diseñado antes de la pandemia en un escenario económico y sanitario que no se apreciaba como catástrófico, el PSE nació en un contexto desfavorable, que hará poco viable muchos de sus objetivos, metas y acciones. Y por lo que se ve, se requerirá una operación de cirujía mayor para adaptar el programa a la nueva realidad educativa, y no esperar que la realidad se adapte el programa. Sin que nadie lo anticipara ni deseara, el programa nació bajo malas señales: impredecibles, inciertas, confusas, contradictorias. Es significativo que en el texto del programa no se refiera ni una sola línea a la crisis sanitaria y económica que configura el entorno educativo nacional. En educación superior, el mantenimiento de las becas a los estudiantes y la consolidación de las Universidades Benito Juárez se mantienen como prioridades federales. Los programas de estímulos a la expansión de la cobertura, el mejoramiento de la calidad, los apoyos a los fondos de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, los recursos dedicados a la investigación básica y aplicada, son claramente insuficientes. Las señales presupuestales apuntan hacia un política educativa contracíclica en relación a la lógica expansiva y compleja de la matrícula y la instituciones, programas y proyectos relacionados con las funciones sustantivas universitarias. Una de los puntos centrales de esa señalización tiene que ver con las relaciones entre la docencia y la investigación en esas instituciones. El PSE plantea con claridad la necesidad de optimizar las plantas docentes universitarias a través del incremento de las horas dedicadas a la docencia de profesores e investigadores. De acuerdo al programa, ese incremento permitiría atender a más estudiantes con los mismos recursos, y eso sería recompensado a los profesores con su incorporación al Programa de Desarrollo Profesional de tipo superior (PRODEP). Paradójicamente, en plena era de la 4T (lo que eso signifique) la lógica de los incentivos (de origen claramente neoliberal) gobierna la acción federal. El problema es que dedicar más tiempo a la docencia significará en muchas universidades y áreas del conocimiento dedicar menos tiempo a la investigación. La consolidación de universidades profesionalizantes, centradas en la docencia, significará la interrupción, o el debilitamiento, de la tendencia hacia la transformación de universidades centradas en la investigación, que fue la lógica impulsada durante los últimos treinta años. Esa tensión entre la profesionalización y la investigación traerá de vuela al primer plano la vieja tensión entre la autonomía universitaria y la legitmidad de las políticas gubernamentales, una agenda que probablemente reaparecerá con fuerza en los campus universitarios. Esa tensión se endurecerá con las políticas de austeridad y la consolidación de la crisis económica en lo que resta del sexenio. Como ha sucedido en otras ocasiones, el pesimismo de la inteligencia se traducirá en bajas expectativas y alta incertidumbre en las instituciones públicas de educación superior. A contraparte, la voluntad del oficialismo intentará alentar el optimismo sobre el desempeño del sector bajo la narrativa transformacionista. “Hacer más con menos”, la frasecilla que anima la música de la austeridad que predomina en los campus desde hace mucho tiempo, es una tonada que, por lo que se mira desde la relación entre los presupuestos federales y las políticas sexenales de educación superior, seguirá sonando fuerte en los cubículos y aulas universitarias en los próximos años. En este escenario, las opciones de política pública tendrían que ser revisadas a la luz mortecina de la crisis de financiamiento que ya experimentan las instituciones de educación superior, y que tienen implicaciones de corto y mediano plazo para el desarrollo del sector. Sin embargo, la retórica del oficialismo, encabezada por el protagonismo mañanero del presidente, no muestra señales de cambios o ajustes en las políticas y sus prioridades. Frente a ello, las universidades públicas experimentarán, una vez más, la necesidad de ajustar y revisar sus propias prioridades tratando de mantener el equilibrio en una cuerda floja, larga y desgastada, debajo de la cual la red de protección se ha retirado de manera temporal pues ha sido enviada (dicen) al taller de reparaciones.