La marca de la bestia

La marca de la bestia Adrián Acosta Silva (Nexos, 19/12/2020) https://redaccion.nexos.com.mx/?p=12311 El asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (1974-2020), configura por sí mismo el retrato de toda una época local y nacional. Incertidumbre, política y violencia constituyen el nudo de una larga cuerda hecha de pedazos de inseguridad, corrupción, impunidad e incapacidad estatal, un material probadamente resistente a cualquier retórica triunfalista gubernamental o socialcivilista, y endurecida por las prácticas de un orden social donde la autoridad fáctica de la violencia es el código imperante de las relaciones entre individuos, grupos e instituciones. La trayectoria personal y política de Sandoval Díaz es también ilustrativa de un largo ciclo de la vida pública de Jalisco. Estudiante de la Universidad de Guadalajara desde la preparatoria hasta su egreso de la carrera de derecho, el exgobernador aprendió los gajes del oficio político en las formas de socialización política imperantes en la organización estudiantil que nacía conjuntamente con la reforma de la Universidad de Guadalajara (1989-1994), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), una agrupación alimentada por el declive y posterior extinción de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG (1948-1991). Durante los años noventa, Sandoval se convertirá en un dirigente estudiantil que, como muchos otros antes y después de él, transitaría a la militancia política partidista a través de su incorporación al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hay razones individuales, familiares y sociales que explican esa transición, pero lo relevante es considerar que su carrera política en ese partido ocurre justo cuando se experimenta la alternancia político-electoral en Jalisco, en la cual, en 1995, el PRI pierde la gubernatura del estado por vez primera en su historia, y pasa a formar parte de las filas de la oposición. Sandoval es impulsado como parte de las figuras de la renovación política de ese partido a lo largo del extenso dominio panista en la entidad durante tres gubernaturas consecutivas (1995-2012), entre las cuales logra alcanzar una regiduría en el ayuntamiento de Guadalajara (2001-2003), una diputación local (2003-2006), el triunfo en la presidencia municipal de Guadalajara (2009-2012) y, finalmente, en 2012 es electo como gobernador del estado (2013-2019). Como otros miembros de su generación, Sandoval se curtió en la época de las vacas flacas del priismo local, para luego convertirse en uno de los símbolos del regreso del priismo al oficialismo político estatal. El egresado de la escuela preparatoria número 7 de la U. de G. era una rara avis de la política jalisciense: fue un hombre de un solo partido. Por convicción y por interés, Sandoval Díaz fue testigo y actor de los pleitos que fragmentaron la representación política del largo ciclo autoritario y monopartidista, y que dieron lugar a un complejo sistema de partidos donde las identidades políticas se disolvieron para dar lugar a un intenso reacomodo de las pasiones y los intereses de los políticos profesionales, de los mentores políticos y de sus respectivos aprendices. A lo largo de la primera década del siglo XXI, el cambio político jalisciense se tiñó del color ocre de las fugas de militantes, la creación de nuevos partidos y grupos, las pequeñas y grandes traiciones a causas, amistades y colores, de los pleitos públicos y privados que dieron origen a las relaciones entre los partidos y entre los gobiernos (estatal, municipales) y sus oposiciones. En esas circunstancias, la carrera política de Aristóteles Sandoval fue extraña: se mantuvo invariablemente ligada a un solo partido hasta el final de su vida. Esa trayectoria política unipartidista también fue acompañada por su trayectoria como funcionario público. Siendo regidor, diputado, presidente municipal y gobernador, su experiencia fue marcada por el imparable ascenso del narcotráfico y la violencia. El asesinato de algunos de sus colaboradores y amigos, de empresarios, de conocidos, de escenas cotidianas de cuerpos embolsados tirados por las calles y carreteras, de decapitados y colgados en puentes, reveló el color plomizo de las relaciones entre el poder, el dinero y la autoridad. El espectacular incremento de los asesinatos y las ejecuciones, de los secuestros, formaron la estadística básica de un problema de inseguridad pública que rebasaba los planes, las intenciones y las capacidades institucionales de los gobiernos. Como abogado, Sandoval insistió siempre en la retórica del Estado de Derecho y la fuerza de la ley. Como político, impulsaba acuerdos entre los partidos para diseñar estrategias de contención contra la inseguridad. Como funcionario, concentró su atención en reforzar a las policías municipales, a los órganos de seguridad pública, reformar las funciones de la procuraduría estatal, la creación de fuerzas de inteligencia policiaca. En todos sus roles (abogado, político, funcionario) Sandoval impulsó también la cooperación con las instancias federales para atacar las causas y las acciones de los cárteles y grupos asociados al narcotráfico, promotores de la violencia homicida que hasta hoy caracteriza la vida cotidiana de las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Lagos de Moreno, o de Jilotlán de los Dolores. Hombre de trato amable y optimista, conocedor del oficio político, funcionario experimentado, el exgobernador jalisciense perdió sus batallas civilizatorias de manera trágica en el baño de un bar de Puerto Vallarta, asesinado a tiros en la espalda por un sicario, según relatan las primeras declaraciones de la fiscalía estatal. Su asesinato tiene y tendrá múltiples implicaciones en la política local y probablemente nacional, y los rituales de dolor, de solidaridad, de recordatorios y homenajes de amigos, familiares y adversarios políticos formarán parte de las secuelas propias de la tragedia de un hombre público. El luto, el duelo, las lágrimas, la indignación, son algunas de las emociones que acompañarán en los próximos días y meses la memoria pública y las memorias privadas del acontecimiento, la figura y la trayectoria del exgobernador. El crimen tardará en ser aclarado, si es que ello sucede. Se engrosarán carpetas de investigación, se identificarán sospechosos, se formularán dudas, preguntas y especulaciones, se recolectarán indicios: todo lo que forma habitualmente parte del lenguaje y las tareas propias de la fiscalía y el ministerio público. Pero lo que el crimen representa es quizá lo más importante e inquietante de todo: es la confirmación de una prolongada estructura de inseguridad y corrupción que ha adquirido autonomía propia, mediante el ejercicio, legitimado y rutinario, de una violencia práctica, intimidante, homicida, que rebasa las buenas intenciones y las capacidades preventivas y punitivas del Estado. El asesinato del exgobernador es una señal que confirma el dominio de la violencia como una forma de ejercicio de autoridad, donde el Estado perdió desde hace años un monopolio que, en realidad, nunca ha logrado mantener más que en la imaginación de la clase política. Ni los experimentos federales de militarización de la seguridad públicas en territorios estatales y municipales, ni las pruebas de control de confianza a policías locales, ni la reingeniería de los órganos de procuración e impartición de justicia, ni la honradez a prueba de balas, ni el voluntarismo más obcecado, parecen ser suficientes para contener las bestias negras de la inseguridad que habitan el orden público de todos los días en Jalisco. El hecho confirma que el orden criminal, con sus códigos y figuras, es el hábitat natural de esas bestias, un orden que rebasó desde hace tiempo las fronteras del orden civilizatorio que preocupó al exgobernador de Jalisco a lo largo de su trayectoria pública, y del cual, paradójicamente, se convirtió en víctima la madrugada de aquel viernes trágico.

Clasificando universidades

Estación de paso Clasificando universidades: decretos y políticas Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 17/12/2020, https://suplementocampus.com/?p=18958) La acelerada expansión de la cantidad de instituciones de educación superior (IES) que ofrecen estudios de licenciatura y posgrado es un dato revelador de nuestra época. Hoy, según datos del Banco Mundial, se estima que existen alrededor de 20 mil IES en todo el mundo, donde estudian casi 200 millones de estudiantes de pregrado y posgrado, en las cuales laboran 11 millones de profesores e investigadores. Comparado con la situación de hace tres décadas (1990), la magnitud del crecimiento se puede apreciar de mejor manera, pues en aquel año se registraban 9 mil IES, 68 millones de estudiantes y 2.3 millones de profesores. Estos números son sólo una forma de aproximación a la complejidad de un crecimiento caracterizado por la aparición de nuevas ofertas públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales. La universalización de la educación básica, la transición demográfica, los cambios en las relaciones entre la educación superior y las transformaciones en el mundo del trabajo, la consolidación de la economía basada en el conocimiento, son algunos de los factores causales que explican el acelerado crecimiento de las IES en todo el mundo. Ello no obstante, la proliferación de nuevas opciones de formación profesional ha traído consigo un debate sobre la necesaria diferenciación de dichas ofertas, un debate centrado en la distinción cualitativa entre las que son instituciones universitarias que realizan docencia, investigación y transferencia de conocimiento, y aquellas instituciones que sólo se concentran en la expedición de ciertos grados académicos. El asunto tiene sus antecedentes y experiencias. Desde la primera clasificación realizada por la Fundación Carnegie en 1970 en los Estados Unidos hasta las proliferación de los rankings internacionales contemporáneos, el interés por clasificar y distinguir los distintos tipos de instituciones de educación terciaria se ha convertido en una constante internacional. Una muestra de ese debate ocurre hoy en España. Una nota publicada a finales de noviembre en el periódico La Vanguardia de Barcelona, señaló la existencia de una iniciativa del gobierno español para modificar los requisitos para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de las universidades de ese país. Desde hace varios meses, el Ministerio de Universidades dirigido por el prestigiado sociólogo catalán Manuel Castells, prepara el borrador de un “Real decreto” al respecto, cuyo contenido se centra en un reordenamiento de las 50 universidades públicas y las 37 particulares que hoy ofrecen estudios superiores en España. El borrador define a la universidad como “una institución que oferta títulos oficiales de grado, máster y doctorado, y que desarrolla actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento e innovación en varios ámbitos del conocimiento”. Según el texto, las universidades, para ser reconocidas como tales, estarán obligadas a impartir un mínimo de diez grados académicos (títulos) en por lo menos 3 de 5 áreas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura. Además, se establece que el 60% de sus profesores e investigadores deberán ser de tiempo completo. Según el documento referido, las universidades de nueva creación que soliciten el reconocimiento oficial tendrán cumplir obligatoriamente con esos requisitos, y las que ya existen, en caso de no cumplirlos, deberán adaptarse a ellos en un período de 5 años. ¿Que pasará con las IES que no cumplan con esos requisitos pero que ofrecen títulos? Podrán seguir funcionando, pero “deberán llamarse de otra manera”, no como universidades. De acuerdo a la nota, el propio Ministerio estima que el “real decreto” podría entrar en vigor en seis meses, lo que significaría un proceso de reordenamiento y reclasificación de las ofertas públicas y privadas de educación superior en España, un proceso que ha sido bien recibido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el órgano que representa los intereses de la mayor parte de las universidades de aquel país. Más allá de la peculiaridad del contexto español y del ejercicio clasificatorio como instrumento de política pública, lo relevante son las implicaciones que este debate puede tener en países como el nuestro, donde la expansión de las opciones públicas y privadas ha enmascarado el hecho de que la mayor parte de esas nuevas ofertas no son, en sentido estricto, universitarias. Lo que es posible registrar es que de las casi 4 mil IES que hoy existen en México, donde estudian casi 4.3 millones de estudiantes y laboran mas de 414 mil profesores e investigadores, una gran proporción (alrededor de un tercio) no son instituciones que desarrollen investigación, docencia o transferencia de conocimiento, sino que sólo se concentran en la formación de técnicos o profesionales en muy pocas disciplinas, y donde la enorme mayoría de sus profesores son de tiempo parcial. Los esfuerzos taxonómicos sobre la calidad de las IES que impulsan los gobiernos nacionales colocan en el centro del debate político la cuestión de la gobernanza y la instrumentación de las políticas públicas de los sistemas de educación superior, es decir, implican un renovado esfuerzo de regulación pública orientado por reconocer a las verdaderas universidades de las que no lo son. De cara a lo que observa como una nueva década perdida en términos económicos, el reordenamiento de las prioridades del financiamiento público podría estar ligado a una herramienta que permita distinguir las distintas aportaciones públicas y privadas al desarrollo equitativo y diferenciado de la educación superior. ***** Nota: la fuente sobre el caso español es https://www.lavanguardia.com/vida/20201128/49750420932/universidades-decreto-gobierno-requisitos-investigacion-campus-castells.html

Un estilo áspero y ruidoso. Retórica política y políticas públicas del lopezobradorismo en México, 2018-2020.

Un estilo áspero y escandaloso: retórica política y políticas públicas del lopezobradorismo en México (2018-2020) Adrián Acosta Silva (Texto de la presentación virtual del libro Balance temprano. Desde la izquierda democrática, coordinado por Ricardo Becerra y José Woldenberg, Grano de Sal, México, 2020. La presentación fue organizada por la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara el 11 de diciembre de 2020. Como sucede en los tiempos que corren, el evento fue transmitido vía Zoom). *************** Quizá sea producto del enraizado escepticismo almacenado lentamente en algunos de nosotros desde hace muchos años, pero da la impresión de que no son buenos tiempos para la política y el ánimo público mexicano. La polarización, el malestar, la ofuscación, forman parte de las pasiones de nuestro día a día. La descalificación, el sarcasmo, el insulto, la burla, se han instalado como parte de los comportamientos habituales de ciertos políticos y no pocos ciudadanos, convirtiendo la vida pública en una comedia de enredos y simulaciones, donde las imposturas, los arrebatos y la confusión gobiernan las pasiones y los intereses de los protagonistas del espectáculo de temporada. Hay factores causales, tanto estructurales como coyunturales, que hay que considerar como parte del contexto explicativo de los comportamientos políticos. El largo estancamiento económico de los últimos treinta años, la persistencia e incremento de la desigualdad social, la pobreza “naturalizada” en generaciones completas de la población, el malestar rutinario con nuestra democracia y partidos políticos, el pesimimismo sobre el futuro, la inesperada y larguísima pandemia derivada de la explosión espontánea del COVID-19, son sólo algunos de los factores que hay que considerar para tratar de entender lo que ocurre en el mundillo de las pasiones políticas que observamos todos los días en las escalas nacional, regional o local de la vida pública mexicana de la segunda década del siglo XXI. Este panorama no es inspirador. Provoca, en algunos, bostezos, en otros, la curiosidad y el interés, en los más, franca indiferencia. Desde el impreciso territorio de los interesados surge cierta ansiedad por entender lo que ocurre no sólo en la esfera siempre árida y arenosa de la política, sino también lo que sucede en el campo mucho más específico de las políticas públicas, donde el foco del análisis es el desempeño del gobierno en la configuración de los cursos de acción gubernamental que se han enunciado o instrumentado en el primer tercio de la administración de AMLO para resolver los grandes problemas nacionales del México del siglo XXI. Después de todo, un gobierno cuya legitimidad de origen es inocultablemente democrática, se vuelve naturalmente el centro de la atención pública (intelectual, académica, política) para comprender como se traduce esa legitimidad de origen en una legitimidad de desempeño, para decirlo en términos de la politología clásica. Balance temprano surge de las aguas revueltas de estos tiempos confusos. Se trata de un esfuerzo colectivo por tratar de identificar los resultados de la gestión de un gobierno que ha generado desde el inicio amplias expectativas de transformación de prácticamente todos los campos de la acción pública: la economía, la política, la cultura, la moral pública, la ciencia, la educación, la salud, el empleo. Un gobierno que se ha comprometido con la transformación del orden de las cosas de nuestras vidas públicas y privadas, objetivas y subjetivas -incluyendo “cartillas morales” y “guías éticas”-, y que se propuso desde el inicio una ruta y un proyecto: la “Cuarta Transformación Nacional” (4TN). De los primeros resultados y muchas incertidumbres de esa narrativa oficialista se habla en este libro. Se trata de un texto dirigido deliberadamente a la construcción de una discusión política abierta. Es un libro de crítica política a las políticas públicas del oficialismo en turno, justo como ha ocurrido sistemáticamente en otros tiempos y otros gobiernos desde los años dorados del autoritarismo mexicano (“La democracia en México”, de Pablo González Casanova, de 1967; “El presidencialismo mexicano”, de Jorge Carpizo, de 1975); durante el período de la liberalización y democratización del régimen político (“México Hoy”, coordinado por González Casanova y Enrique Florescano, en 1979, o “México: el reclamo democrático”, cordinado por Rolando Cordera, Raúl Trejo y Enrique Vega), y del más reciente, propio del presente mexicano (“Los desafíos del presente mexicano”, de 2007, coordinado por Florescano, Woldeberg y Toledo), que corre a lo largo de las primeras dos décadas de nuestro siglo, desde los años de la alternancia política del panismo y el retorno del priismo, hasta el surgimiento del morenismo (“Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas”, de 2017, coordinado por R. Becerra). En ese sentido, se trata de un texto que forma parte de cierta tradición política-intelectual: criticar al oficialismo en turno desde la perspectiva que ofrecen las ideas y los datos, que son las únicas herramientas confiables para tratar de construir un debate público racional, informado y razonablemente objetivo. Balance temprano no es una diatriba contra el oficialismo actual ni un muestrario de denuncias contra el gobierno morenista y el estilo de gobierno impuesto por el Presidente López Obrador durante los dos primeros años de su administración. Se trata de un esfuerzo por identificar las limitaciones, contradicciones e inconsistencias de la gestión gubernamental en la conducción de los asuntos públicos. Los 22 autores convocados para examinar 18 campos de política pública, no ofrecen sus creencias y opiniones sobre cada uno de los temas analizados, ni exhiben sus filias y fobias sobre personajes o personajillos del gobierno actual, sino que exponen información, ideas y datos sobre el desempeño gubernamental, que es la única forma de comprender lo que ocurre en cada uno de los espacios de la acción pública. Yo me concentaré en dos de los temas con los que por razones profesionales y académicas me parecen relevantes: ciencia y educación. Los textos de Antonio Lazcano (“Tranisiciones políticas y desarrollo científico. Notas y reflexiones sobre el caso mexicano”), de Jorge Javier Romero (“En educación, retroceso evidente”) y el mío mismo (“La educación superior en la nueva utopía”), son aproximaciones que abordan desde diversas perspectivas ambos temas durante los dos primeros años del gobierno lopezobradorista. Lazcano, un prestigiado científico (biólogo) de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional, recuerda la importancia de las agrupaciones académicas en la elaboración de las políticas científicas como herramientas del desarrollo. A partir de un breve repaso sobre las tensiones entre el desarrollo del espíritu científico en la configuración de la racionalidad moderna, que supone la separación entre la ciencia y la religión, el respeto a la autonomía científica basada en la libertad de investigación, el reconocimiento de las herencias del pasado en la construcción del sistema científico-tecnológico que, con todo y sus carencias y abandonos, nos ha permitido contar con centros e institutos en todos el país, Lazcano hace una crítica fundada a la conducción actual del CONACYT. Desde su punto de vista, la ideologización de la política científica, la austeridad, la impericia organizativa, la burocratización, el despido indiscriminado de funcionarios experimentados, y la reducción de programas y presupuestos, han significado un claro retroceso de lo alcanzado a lo largo de medio siglo de la creación del CONACYT. Todo ello refleja un “desdén del gobierno actual por el trabajo académico”. Con todo, sugiere el autor, la iniciativa de promulgación de una nueva “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación” puede ser una vía para discutir con las comunidades científicas y tecnológicas el rumbo futuro de este campo situado justo en el corazón de la sociedad y la economía basada en el conocimiento. Sin embargo, la nueva Ley aún aguarda por su discusión y aprobación por parte de los congresistas mexicanos. Jorge Javier Romero, por su parte, analiza el proceso del desmantelamiento de la “mal llamada reforma educativa” del nivel básico (desde al prescolar hasta la enseñanza media superior) como llamó (o descalificó) desde el principio el Presidente López Obrador a la reforma impulsada por el gobierno de EPN. Calidad y evaluación se conviertieron en las palabras malditas de aquella reforma fallida, palabras que fueron extrañamente sustituidas por las de “mejoramiento” y “excelencia” bajo el nuevo gobierno. La reforma al artículo tercero constitucional en mayo de 2019, trajo consigo entre otras cosas la desaparición del INEE, la puerta de entrada a una nueva negociación con el SNTE y la CNTE, la creación de nuevos organismos para la “mejora educativa”, fueron parte de lo que Romero denomina la “recaptura corporativa de las políticas educativas” que se esconde detrás de la retórica de la “Nueva Escuela Mexicana” que promete el oficialismo desde el 2019. En educación superior, las cosas tampoco se orientan hacia un cambio significativo. Lo que se observa es la persistencia del mismo régimen de políticas construido desde los tiempos del salinismo. Ese régimen de políticas implica tres dimensiones: las ideas, los arreglos institucionales y los actores interesados. En la primera dimensión, las ideas de calidad, evaluación y financiamiento público condicionado diferencial y competitivo, han sido sustituidas por las ideas de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, que se plasmaron en la reforma al tercero constitucional. Sin embargo, los arreglos institucionales permanecen: se trata de relaciones de dependencia de las universidades e IES públicas respecto del gobierno federal. Los actores son los mismos: SEP, SHCP, Rectores, Directores, la Comisión de Educación y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero se han excluido a actores como ANUIES, FIMPES y profesores e investigadores. Se ha propuesto una nueva Ley General de Educación Superior que aún aguarda su discusión y aprobación en el Senado, una Ley que ha logrado, contra lo que se esperaba, consensos importrantes entre todas las fuerzas políticas. Ello no obstante, son claras las prioridades de nuevo gobierno: las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” , y el Programa de “Jóvenes escribiendo el futuro”. Son las dos apuestas del oficialismo que se privilegian con recursos y apoyos federales que se restan a las universidades públicas federales y estatales, al eliminar pràcticamente todos los programas de financiamiento extraordinario que funcionaron a lo largo de casi tres décadas. En ambos temas (ciencia y educación) el panorama es árido y sembrado de conflictos. Sin políticas basadas en evidencias sino en un sistema de creencias y prejuicios, sin diagnósticos precisos pero con soluciones en busca de problemas, el oficialismo mantiene una clara ruta de control y centralización de la agenda y de los recursos que dificultan la operación y los proyectos de centros e institutos de investigación, escuelas profesionales y universidades públicas. Bajo la retórica de la lucha contra la corrupción y la austeridad, se han eliminado fideicomisos, disminuido la autonomía de las universidades, se ha descalificado sistemáticamente a los académicos y a los científicos, se menosprecia a los críticos y a los escépticos de la 4TN. Bajo ese panorama, las expectativas de incremento en los apoyos a la ciencia y la tecnología, a la educación básica, a la cobertura y calidad de la educación superior, se observan muy pobres. Entre la incontenible palabrería presidencial y los escándalos públicos, las maneras ásperas y ruidosas del gobierno lopezobradorista se han impuesto como los códigos políticos de los dos primeros años de un desempeño ineficaz, atrapado en una retórica abundante apoyada, paradójicamente, en una popularidad a prueba de balas.

Dos años después

Estación de paso Dos años después: ¿de la utopía a la distopía? Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 03/12/2020) En un esfuerzo por evaluar el desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los dos primeros años de su gestión, Ricardo Becerra y José Woldenberg convocaron a 22 académicos para elaborar un diagnóstico sobre las acciones del oficialismo en 18 campos de política pública (“Balance temprano. Desde la izquierda democrática”, Grano de Sal, 2020). Uno de esos campos es el de la educación superior, del cual se presenta aquí una apretada síntesis de mis apreciaciones. ***** Los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el campo de la educación superior no constituyen el período de construcción de un nuevo régimen de políticas en este campo de la acción pública. En realidad, se trata de la continuación de un conjunto de acciones dirigidas hacia la consolidación de las inercias, rutinas y hábitos institucionales construidos lentamente en los últimos treinta años (1989-2018), pero en un contexto de creencias vagas, austeridad “ciega” y confusión entre medios y fines. La narrativa transformacionista (relacionada con la idea de la “Cuarta Transformación Nacional”, o 4T), el relato que acompaña la nueva utopía sexenal en la educación superior, es hasta ahora un ejercicio que camina sobre los rieles tradicionales del viejo régimen de políticas. Luego de distintas administraciones gubernamentales federales marcadas por la alternancia política (2000-2018), la educación terciaria es un territorio marcado por las huellas de las políticas públicas que se han instrumentado a lo largo del siglo XXI. Durante tres sexenios dominados por oficialismos distintos, ese territorio fue conquistado por la irrupción de una nueva fuerza política que en 2018 ganó abrumadoramente las elecciones federales, proponiendo una ruptura radical con el pasado “neoliberal” colocando en el centro de su retórica y acción como gobierno la propuesta de una “transformación histórica” del país que incluye un nuevo modelo de políticas para la educación superior. En el empeño en demoler todo vestigio del pasado “neoliberal” de los cinco gobiernos anteriores (desde Salinas hasta Peña Nieto), el gobierno de AMLO ha impulsado algunos cambios normativos, financieros y organizativos en la educación superior, pero, paradójicamente, también mantiene las rutinas e inercias asociadas a las políticas del pasado reciente. Esa combinación de intenciones de cambio e inercias institucionales son el efecto de una agenda política que obedece a un “sistema de creencias” amorfo, que dificulta identificar el ideario oficialista, cuál es su origen y cómo se implementa en el arranque del gobierno. El primer ciclo de las acciones gubernamentales del transformacionismo en el campo de la educación superior ha transcurrido en un contexto de reservas y escepticismos sobre la factibilidad y consistencia de los cambios impulsados por el ejecutivo federal y aprobados por la mayoría morenista en el legislativo. El activismo gubernamental ha sido centralizado, con una lógica de implementación vertical de arriba-abajo, en un contexto de severa austeridad presupuestal y una tradicional dispersión de los recursos en distintos programas y bolsas financieras. Los programas “Jóvenes escribiendo el futuro” y las “Universidades del Bienestar Benito Juárez García” son opacos y aún no hay datos suficientes para mostrar una mejoría en los indicadores de cobertura, calidad o equidad en el acceso de la educación superior en la era de la 4T. La irrupción de la pandemia del COVID-19 agudizó las tendencias hacia el estancamiento económico que ya veníamos padeciendo desde el año 2017. La combinación de la crisis sanitaria con la crisis económica ha abierto un panorama sombrío sobre el futuro de la educación superior. Organismos internacionales y locales, estudios académicos, opiniones de expertos y del propio gobierno federal, estiman una caída histórica del PIB para los próximos años, provocando un incremento sustancial de la pobreza y del desempleo formal e informal, así como bajas expectativas de recuperación en un contexto internacional de economías deprimidas. La propia gestión de la crisis por parte del gobierno de AMLO, basada en férreos principios de austeridad, decidida a no promover nuevos impuestos y aplicar una política de endeudamiento cero, se ha traducido en menores presupuestos públicos para la educación superior desde 2019. En ese marco, las reformas normativas, organizacionales y financieras impulsadas por el oficialismo se han instrumentado manteniendo varias de las prácticas y estructuras heredadas del viejo régimen de políticas: cabildeo entre el ejecutivo y el legislativo, activismo de los rectores y directivos en la gestión de los recursos, competencia de las IES públicas por acceder a los programas de financiamiento extraordinario tradicionales que para 2021 se verán prácticamente cancelados. Las ideas de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, los arreglos institucionales basados en una estructura jerárquico-vertical de financiamiento público, el ejercicio de una severa austeridad con presupuestos federales estancados y a la baja, la coordinación centralizada del gobierno de un sistema heterogéneo, y el papel protagónico del ejecutivo como actor principal y en ocasiones exclusivo en la promoción e instrumentación de los cambios, apuntan a reforzar los rasgos básicos del viejo régimen político y de políticas en un nuevo contexto. La agenda y prioridades del oficialismo durante sus dos primeros años de gobierno revelan una fuerte línea de continuidad con el viejo régimen, y no hay evidencias de que puedan transformar la lógica del comportamiento institucional de la educación superior en los próximos años. Más aún: el ominoso panorama social y económico de la súbita y profunda crisis experimentada a lo largo del 2020, apunta a los que muchos analistas ya caracterizan como una nueva década perdida. Eso significa estancamiento económico, caída de los ingresos fiscales y presupuestos federales con bajas expectativas de crecimiento para el resto del sexenio. En términos del impacto en la educación superior, la crisis se traduce en el incremento de abandonos escolares, bajas en la demanda y cierre de muchos establecimientos privados. En este escenario, la utopía sexenal prometida por la narrativa transformacionista, ceteris paribus, puede mutar en una distopía inesperada.