Clasificando universidades

Estación de paso Clasificando universidades: decretos y políticas Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 17/12/2020, https://suplementocampus.com/?p=18958) La acelerada expansión de la cantidad de instituciones de educación superior (IES) que ofrecen estudios de licenciatura y posgrado es un dato revelador de nuestra época. Hoy, según datos del Banco Mundial, se estima que existen alrededor de 20 mil IES en todo el mundo, donde estudian casi 200 millones de estudiantes de pregrado y posgrado, en las cuales laboran 11 millones de profesores e investigadores. Comparado con la situación de hace tres décadas (1990), la magnitud del crecimiento se puede apreciar de mejor manera, pues en aquel año se registraban 9 mil IES, 68 millones de estudiantes y 2.3 millones de profesores. Estos números son sólo una forma de aproximación a la complejidad de un crecimiento caracterizado por la aparición de nuevas ofertas públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales. La universalización de la educación básica, la transición demográfica, los cambios en las relaciones entre la educación superior y las transformaciones en el mundo del trabajo, la consolidación de la economía basada en el conocimiento, son algunos de los factores causales que explican el acelerado crecimiento de las IES en todo el mundo. Ello no obstante, la proliferación de nuevas opciones de formación profesional ha traído consigo un debate sobre la necesaria diferenciación de dichas ofertas, un debate centrado en la distinción cualitativa entre las que son instituciones universitarias que realizan docencia, investigación y transferencia de conocimiento, y aquellas instituciones que sólo se concentran en la expedición de ciertos grados académicos. El asunto tiene sus antecedentes y experiencias. Desde la primera clasificación realizada por la Fundación Carnegie en 1970 en los Estados Unidos hasta las proliferación de los rankings internacionales contemporáneos, el interés por clasificar y distinguir los distintos tipos de instituciones de educación terciaria se ha convertido en una constante internacional. Una muestra de ese debate ocurre hoy en España. Una nota publicada a finales de noviembre en el periódico La Vanguardia de Barcelona, señaló la existencia de una iniciativa del gobierno español para modificar los requisitos para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de las universidades de ese país. Desde hace varios meses, el Ministerio de Universidades dirigido por el prestigiado sociólogo catalán Manuel Castells, prepara el borrador de un “Real decreto” al respecto, cuyo contenido se centra en un reordenamiento de las 50 universidades públicas y las 37 particulares que hoy ofrecen estudios superiores en España. El borrador define a la universidad como “una institución que oferta títulos oficiales de grado, máster y doctorado, y que desarrolla actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento e innovación en varios ámbitos del conocimiento”. Según el texto, las universidades, para ser reconocidas como tales, estarán obligadas a impartir un mínimo de diez grados académicos (títulos) en por lo menos 3 de 5 áreas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura. Además, se establece que el 60% de sus profesores e investigadores deberán ser de tiempo completo. Según el documento referido, las universidades de nueva creación que soliciten el reconocimiento oficial tendrán cumplir obligatoriamente con esos requisitos, y las que ya existen, en caso de no cumplirlos, deberán adaptarse a ellos en un período de 5 años. ¿Que pasará con las IES que no cumplan con esos requisitos pero que ofrecen títulos? Podrán seguir funcionando, pero “deberán llamarse de otra manera”, no como universidades. De acuerdo a la nota, el propio Ministerio estima que el “real decreto” podría entrar en vigor en seis meses, lo que significaría un proceso de reordenamiento y reclasificación de las ofertas públicas y privadas de educación superior en España, un proceso que ha sido bien recibido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el órgano que representa los intereses de la mayor parte de las universidades de aquel país. Más allá de la peculiaridad del contexto español y del ejercicio clasificatorio como instrumento de política pública, lo relevante son las implicaciones que este debate puede tener en países como el nuestro, donde la expansión de las opciones públicas y privadas ha enmascarado el hecho de que la mayor parte de esas nuevas ofertas no son, en sentido estricto, universitarias. Lo que es posible registrar es que de las casi 4 mil IES que hoy existen en México, donde estudian casi 4.3 millones de estudiantes y laboran mas de 414 mil profesores e investigadores, una gran proporción (alrededor de un tercio) no son instituciones que desarrollen investigación, docencia o transferencia de conocimiento, sino que sólo se concentran en la formación de técnicos o profesionales en muy pocas disciplinas, y donde la enorme mayoría de sus profesores son de tiempo parcial. Los esfuerzos taxonómicos sobre la calidad de las IES que impulsan los gobiernos nacionales colocan en el centro del debate político la cuestión de la gobernanza y la instrumentación de las políticas públicas de los sistemas de educación superior, es decir, implican un renovado esfuerzo de regulación pública orientado por reconocer a las verdaderas universidades de las que no lo son. De cara a lo que observa como una nueva década perdida en términos económicos, el reordenamiento de las prioridades del financiamiento público podría estar ligado a una herramienta que permita distinguir las distintas aportaciones públicas y privadas al desarrollo equitativo y diferenciado de la educación superior. ***** Nota: la fuente sobre el caso español es https://www.lavanguardia.com/vida/20201128/49750420932/universidades-decreto-gobierno-requisitos-investigacion-campus-castells.html