68 días

Estación de paso
68 días
Adrián Acosta Silva
(Publicado en suplemento Campus, periódico Milenio 15/05/2014)

Como fue registrado oportunamente en las páginas de Campus la semana pasada, el jueves 8 de mayo finalizó la huelga emprendida por el sindicato de trabajadores de la Universidad de Sonora. Es la huelga sindical universitaria más larga en lo que va del siglo XXI en México, y la segunda más larga en la historia de la UNISON. Iniciada el 28 de febrero, la huelga fue motivada no solamente por una demanda de incremento salarial por parte del Sindicato, sino también por lo que los trabajadores organizados denominaron como violaciones de la autoridad universitaria al contrato colectivo y a diversas prestaciones negociadas desde hace años con el propio Sindicato de Trabajadores y Empleados de la universidad (STEUS). El conflicto universitario sonorense es excepcional en el paisaje del sindicalismo universitario contemporáneo en México, no solo por su duración, sino también por lo que significa en el campo estrictamente laboral de las universidades públicas en el país.
En el contexto de la UNISON, el sindicalismo es una fuerza históricamente poderosa desde su formación, en 1976, en pleno auge del sindicalismo universitario mexicano; una fuerza capaz de influir en las decisiones y los cambios institucionales de esa universidad, como ocurrió con la reforma de 1991-1992. La huelga más larga en la historia de la universidad ocurrió justamente el año de fundación del STEUS, cuando, en busca de su reconocimiento y legitimación frente a las autoridades de la universidad, recurrió a una huelga que duró 92 días. En 2009 también recurrió a la huelga para mejora de los salarios de los trabajadores y se prolongó por 57 días. Pero la de este 2014 la superó con 68. En todos los casos, las causas del empleo del recurso de la huelga han sido una mezcla de demandas de incremento salarial y mejoras laborales para los trabajadores, con presiones políticas para fortalecer al STEUS como un actor central en la gobernabilidad institucional.
Amigos y colegas como Raúl Rodríguez, académico destacado de esa gran universidad norteña, compartieron en las últimas semanas sus preocupaciones e inquietudes sobre la interpretación de la huelga a varios de los que estamos empeñados en comprender desde hace tiempo los problemas de autoridad y gobernabilidad de las universidades públicas en México. Iniciada como un acto rutinario de negociación del incremento salarial anual y de diversas prestaciones asociadas al trabajo administrativo, la relación entre la rectoría de la UNISON y los dirigentes sindicales del STEUS fueron rotas casi desde el principio, cuando el rector expresó su decisión de “dar una lección al sindicato y al sindicalismo universitario nacional”, como precedente de un nuevo esquema de relaciones políticas con los dirigentes laborales. La reacción fue el estallamiento de la huelga el 28 de febrero pasado, en pleno ciclo escolar, y la parálisis total de las actividades institucionales durante más de dos meses.
La interpretación de la realidad se parece, a veces, a la interpretación de los sueños, diría Freud. Y en este caso, la huelga universitaria sonorense se movió en estos dos planos. De un lado, el paro colocó a la universidad en un típico escenario de ingobernabilidad, el peor de los mundos posibles no solamente para las autoridades universitarias y sus comunidades estudiantiles y magisteriales, sino también para el gobierno estatal. Pero del otro, lado, los sueños del poder universitarios también se convirtieron en las pesadillas de los involucrados. De un lado, el riesgo de fractura al interior del sindicalismo universitario, y el aislamiento de los trabajadores administrativos respecto de los académicos y de los estudiantes universitarios y sus familias. Del otro, la mala imagen pública del rector y sus asesores, el cuestionamiento de su capacidad política para solucionar sus conflictos. Más allá, la indolencia del gobierno estatal y de las autoridades federales a lo largo del conflicto.
El tema de fondo no es sólo una actitud autoritaria de la rectoría sonorense y un sindicalismo incapaz de negociar una salida decorosa a la huelga. El asunto clave es el silencio local y nacional sobre un conflicto tan prolongado y de costos institucionales tan altos. Ese silencio no fue solo de los medios, sino también de las autoridades del gobierno estatal y del gobierno federal. Y fue la intervención de un actor externo (La Junta local de conciliación y arbitraje), lo que provocó el fin de la huelga, al ordenar tanto al sindicato como a la rectoría a poner fin al paro, lo que hicieron justamente el pasado jueves 8 de mayo.
Las lecciones del conflicto son confusas. De un lado, es el fracaso de la política como instrumento y como práctica de las relaciones entre los universitarios. Del otro, el problema del poder y de la autoridad en la universidad, donde el rector se asume como el patrón-empresario de las relaciones, y que mira en el sindicalismo universitario una amenaza institucional, un actor al que hay que dar lecciones y reprimendas. Más allá, un sindicalismo aislado, incapaz de generar alianzas y coaliciones que permitan defender sus intereses gremiales y laborales, y que debilita su posición como pieza clave de la gobernabilidad institucional.
Pero la lección más importante es la confirmación del tufillo anti-sindical como signo de la época, una condena política e ideológica a las organizaciones sindicales, que se expresa de manera abierta o velada en medios, analistas, empresarios y funcionarios públicos. Aunque no es menor el descrédito que las burocracias y dirigentes sindicales han acumulado sobre las organizaciones de los trabajadores, las críticas y diatribas contra el sindicalismo forman ya parte de los prejuicios ideológicos de no pocos sectores de la opinión pública mexicana, y acumulan detrás de sí posiciones políticas que desde la derecha e incluso de la izquierda miran en los sindicatos universitarios grupos de poder ilegítimos, espurios, que son incompatibles con la “esencia académica” universitaria. La huelga universitaria sonorense permite apreciar no solamente los prejuicios conservadores contra los sindicatos, sino también los fierros oxidados de la maquinaria sindical y su papel en la gobernabilidad de las universidades públicas.