De rectores y gobernadores

Estación de paso
De Rectores y Gobernadores
Adrián Acosta Silva
Publicado en Campus Milenio, suplemento del diario Milenio, 26/06/2014
En el centro del complicado tema de la tormenta política y social michoacana, la semana pasada el Congreso de esa entidad federativa nombró como Gobernador sustituto al ahora exRector de la Universidad Michoacana, el Dr. Salvador Jara Guerrero. Como se sabe, la renuncia, por motivos de salud, del ahora exgobernador Fausto Vallejo, implicó la sustitución del titular del ejecutivo estatal, mediante las formalidades y los procedimientos expresados en la propia Constitución local michoacana. La noticia, sin embargo “tomó por sorpresa” a los medios locales, nacionales y a la propia clase política local, según algunos medios michoacanos. En realidad, a una semana de su propuesta, es posible intuir que el nombramiento del Dr. Jara implicó un movimiento calculado y negociado por los diversos partidos en el congreso local, y no es descabellado suponer que el ejecutivo federal tuvo una participación importante en dicha decisión. Después de todo, ante la delicada situación institucional, política y social que vive Michoacán desde hace ya demasiados años, y ante el debilitamiento o desplazamiento de las fuerzas políticas locales por parte de las tropas de ocupación política y militar del ejecutivo federal de los últimos meses, es probable que, fiel a los usos y costumbres del viejo y nuevo oficialismo priista, la decisión de buscar la salida de un gobernador enfermo, cuestionado y políticamente muy debilitado, para sustituirlo por un perfil no tradicional, relativamente alejado de los escándalos e intereses de la clase política michoacana, fue una decisión fraguada en los salones, los sótanos o en los pasillos del poder político nacional.
Ello no obstante, no es sorprendente el hecho de que el Rector de una universidad pública antes, durante o después de su gestión universitaria pase a formar parte del funcionariado público federal, estatal o municipal, o del oficialismo político en turno. A lo largo de la historia de las universidades federales y estatales mexicanas, es (casi) una rutina que los rectores se incorporen en algún momento a la vida política en un escaño como diputados federales o locales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, o como funcionarios estatales o federales. Y eso no tiene nada de nuevo. Una parte de los mecanismos formales o informales de cohesión y de movilidad política del régimen pre y post democrático mexicano, tiene que ver con la función no declarada de las universidades en la formación de cuadros políticos y funcionarios gubernamentales en todo el país. Casos y ejemplos sobran: Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, pasó a ser diputado federal del PRI y luego del PRD; Raúl Padilla López y su hermano Trinidad Padilla López, ambos exrectores de la U. de G., luego fueron diputados local y federal por distintos partidos políticos; Alejandro Mungaray, exrector de la UABC, fue nombrado alto funcionario en el gobierno estatal de Baja California luego de su paso como rector; exrectores como Julio Rubio (de la UAM), o Jorge Carpizo (UNAM), fueron nombrados altos funcionarios federales luego de sus gestiones rectorales; Juan Carlos Romero Hicks, ex-rector de la Universidad de Guanajuato, luego fue electo gobernador de esa entidad por el PAN y de ahí pasó a altos puestos en la administración pública federal; los casos de los primos José Doger y Enrique Doger, exrectores de la BUAP, que luego han realizado carrera política como diputados, funcionarios públicos y uno de ellos, como Presidente Municipal de la capital poblana; o el caso de los exrectores de la Universidad de Sonora, Jorge Luis Ibarra, o de la UAEM, Rafael López Castañares, que luego de su período universitario fueron nombrados como directivos de la ANUIES, y en el caso del primero, es hoy secretario de educación del gobierno sonorense; el caso de Victor Arredondo, que luego de ser rector de la U. Veracruzana fue Secretario de Educación del gobierno de esa entidad; o el del exrector de la UANL Reyes Tamez Guerra, que durante el gobierno foxista fue nombrado como Secretario de Educación Pública.
En fin, hay una historia larga e interesante de intercambios entre los dirigentes y representantes universitarios con las fuerzas políticas en las escalas locales y federales. Y ello confirma que el puesto de rector universitario en México no sólo es un puesto que se deriva de los méritos académicos, sino en el que predomina su carácter esencialmente político, que tiene que ver con las alianzas, las relaciones entre los diversos grupos de universitarios con las fuerzas y partidos políticos locales y nacionales. Pero parece haber dos factores destacados en la explicación del porqué muchos rectores pasan a formar parte de las elites políticas mexicanas. Uno es la imagen de las universidades como instituciones relativamente neutras, alejadas de las prácticas políticas de partidos y gobiernos, que irradian cierta imagen de confiabilidad y respeto entre los políticos profesionales; la otra es la capacidad política de los rectores para construir esquemas de gobernabilidad aceptables para la conducción y coordinación de las universidades públicas, cuya vida política interna no se aleja demasiado de lo que ocurre con la vida política en general.
Esos factores parecen activarse en momentos de crisis políticas locales. Para el caso michoacano, la llegada de un académico que luego fue rector puede ser vista como una señal más de que el interés político del gobierno federal es dotar de mayor autonomía al ejecutivo estatal respecto de los intereses de la clase política local, intentando inyectar alguna dosis de respeto a la figura del gobernador. Por supuesto, no son los méritos académicos los que fueron considerados los principales atributos del Dr. Jara para ser nombrado gobernador sustituto, sino de que fueron consideraciones estrictamente políticas las que están detrás de tal decisión. Ello no obstante, todo apunta también a que la debilidad del ejecutivo michoacano frente al poder ejecutivo federal continuará en los próximos años. Ningún exrector puede por sí mismo cambiar los equilibrios políticos en sus ámbitos locales en base a sus méritos como académico o político universitario. Un gobernador requiere ante todo conformar una coalición política, una red de alianzas que le permita gobernar y tomar decisiones de acuerdo a los códigos, las reglas y las prácticas de la política realmente existente. Y los próximos meses serán vitales para que el respetado exrector universitario se convierta en un eficaz y legítimo gobernador estatal.