Educar en tiempos violentos

Estación de paso

Educar en tiempos violentos

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 23/05/2019)

Una de los procesos más complejos de las sociedades contemporáneas es la veloz relocalización del papel de la educación en la vida social, económica y política. Esa relocalización significa debilitamiento, incertidumbre, confusión de las tradicionales funciones de la escuela y de la universidad en la configuración de patrones de movilidad social ascendentes, en la formación de capital social (confianza), en el fortalecimiento de las democracias, en el incremento de la productividad y el crecimiento económico, en la distribución de oportunidades y disminución de las desigualdades, en la configuración de redes de cohesión social, sentidos de identidad y pertenencia.

El Estado social produjo en el mundo varios círculos virtuosos entre educación, democracia y desarrollo. Como es conocido, la expansión educativa permitió la formación de una poderosa clase media urbana, que se incorporó masivamente a la producción industrial y de servicios, donde el empleo público y privado absorbieron a buena parte de una población más educada, mejor preparada que las generaciones previas a la posguerra. El mundo rural tradicional, cedió el paso al mundo urbano-industrial, con sus nuevas prácticas, imaginarios y creencias. Capitalismo y democracia, es decir, el mercado y la política, marcaron la ruta de tensiones que combinarían crecimiento económico con distribución del ingreso, orden democrático con regulación de los mercados, legitimidad del estado social con mejoramiento de las condiciones y expectativas de vida de millones de individuos. Durante un ciclo largo (1940-1970), esas tensiones y combinaciones cambiaron para siempre el rostro de las sociedades modernas occidentales.

Aunque nunca desaparecieron, las desigualdades sociales disminuyeron de manera dramática y efectiva. En el caso europeo, el modelo de estado benefactor impulsado por la socialdemocracia se constituyó como la invención de un sistema de seguridad social capaz de garantizar mínimos de bienestar “desde la cuna hasta la tumba” a todos sus ciudadanos. En el caso latinoamericano, la versión local fue el estado asistencial, una forma política que asumió parcialmente las funciones del estado social europeo, concentrando su atención en la conformación de los grandes sistemas de educación, de salud y de empleo público que explican la modernización de la economía, la sociedad y la política mexicana durante los años dorados del desarrollismo.

Hoy, sin embargo, esos logros padecen de un largo proceso de estancamiento y aún de retroceso. Luego de la crisis económica de finales del siglo anterior, y de transitar por un conjunto de reformas económicas neoliberales combinadas con un proceso de transición política hacia la democracia, el siglo XXI trajo consigo un conjunto heterogéneo de novedades, desencantos e incertidumbres. El famélico crecimiento económico y la persistencia histórica de la desigualdad y la pobreza como señas de identidad de más de la mitad de los mexicanos, se combinaron con el desencanto político con la democracia y la aparición de las bestias negras del crimen organizado, la violencia homicida, la corrupción y el deterioro de las instituciones del Estado.

En este contexto, la educación, la democracia y el desarrollo son procesos que apuntan a una articulación difusa y contradictoria de sus contribuciones y potencialidades. En particular, la educación, es decir, las escuelas básicas y las universidades, han padecido los efectos de ese contexto hostil e incierto sobre sus funciones e importancia. Educar en tiempos violentos habitados por una economía que no crece ni distribuye, y una frágil democracia que debilita paulatinamente sus fuentes de legitimidad, se ha convertido en una actividad confusa, cuyas cartas clásicas de presentación –proporcionar cohesión social, movilidad, productividad, empleos bien pagados, adaptabilidad- se han visto cuestionadas desde el Estado y desde el mercado.

Ello no obstante, aún en territorios y localidades donde la violencia se ha convertido en una nueva fuente de autoridad, miles de niños y jóvenes asisten cotidianamente a las escuelas. Padres y familiares alientan a sus hijos a ver en la educación la única forma de salir de los círculos malditos de la pobreza y la desigualdad que caracterizan a muchas comunidades locales. Esas prácticas persisten a pesar de las críticas sobre la calidad de la educación, del deterioro de la infraestructura educativa o la falta de oportunidades para el acceso a la educación superior; a pesar del hecho de que a lo largo del siglo XXI, solo 23 de cada 100 niños que ingresaron en el año 2000 al primer año de primaria lograron egresar de alguna modalidad de la educación superior en el año 2017.

Esa persistencia organizada y colectiva es a la vez, cálculo y resiliencia, ilusión y oportunidad. ¿Cómo explicar el fenómeno? ¿Qué causa la paradoja? Llevamos casi dos décadas de atestiguar la persistencia de hábitos, costumbres y rutinas educativas que sobreviven a malos augurios y políticas erráticas, a cálculos fallidos y esperanzas frustradas, a la confusión sobre el presente y a la incertidumbre sobre el futuro. Y todavía no tenemos explicaciones sólidas para comprender esa paradoja.

Retórica y políticas. La educación superior en el PND

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Educación superior en el PND: retórica y políticas
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 09/05/2019)
Como se establece constitucionalmente, el 30 de abril el Presidente envió a la Cámara de Diputados su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para el período 2019-2024. El texto es, al mismo tiempo, una pieza de retórica política, un instrumento de gobierno y una visión del futuro. Como ejercicio retórico, ofrece un conjunto de enunciados generales, un diagnóstico sobre la situación del país, y una imagen sobre el futuro mexicano, organizado en tres “ejes generales” (Justicia y estado de derecho; bienestar; desarrollo económico) y tres “ejes transversales” (Igualdad de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; territorio y desarrollo sustentable).
El Plan es también un instrumento de gobierno, donde se pasa de la fase de la agenda política forjada durante el período electoral y los primeros meses del gobierno, a la fase del diseño e implementación de políticas federales para cada sector. Como ejercicio instrumental, el PND anticipa un futuro optimista para el 2024, sobre la base de hipótesis más o menos elaboradas, donde resistencias políticas, contingencias siniestras e incertidumbres incómodas suelen ser invisibilizadas. Como retórica, instrumento y ejercicio futurológico, el PND es la expresión de sistemas de creencias, intuiciones, buenas intenciones, actos de fe, indicadores, cálculos estadísticos y estimaciones probabilísticas, que se conjugan con la formulación de algunas ideas y las capacidades institucionales necesarias para traducirlas en acción pública organizada.
¿Cómo se contempla a la educación superior en el PND? Se pueden identificar por lo menos tres puntos relevantes. Uno tiene que ver con los principios y objetivos de la política sectorial. Otro se relaciona con los programas y acciones estratégicas de las políticas. Uno más, con el horizonte de desafíos que orienta el sentido de las acciones gubernamentales federales.
En primer lugar, la educación terciaria se considera un campo de acción pública indispensable para garantizar el bienestar general de la población. Enmarcado en un horizonte de derechos y no de oportunidades (“como ocurría en el período neoliberal”), la educación superior debe transformarse de un privilegio actual (“sólo 2 de cada 5 jóvenes entre 18 y 22 años están inscritos en alguna institución de educación superior”) a un derecho exigible por los individuos y garantizable por el Estado (“universalización de la educación superior”).
En segundo lugar, se formulan tres grandes programas sobre el sector, enmarcados en el ámbito de la política social: el “Programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez”, el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, y el de “Jóvenes escribiendo el futuro”. Estos programas están dirigidos a los grupos poblacionales que viven en situación de pobreza. El primero contempla a los niños y jóvenes menores de 18 años inscritos en alguna escuela pública, y recibirán 800 pesos mensuales. El segundo está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian, que podrán ser empleados por empresas y organizaciones públicas o privadas para capacitarse laboralmente, por lo cual recibirán un apoyo mensual de 3,600 pesos. El tercer programa está dirigido también a jóvenes menores de 29 años que no trabajan pero que actualmente estén inscritos en alguna institución de educación superior, y por el cual recibirán una beca de 2,400 pesos mensuales. En una “primera etapa” este último programa se concentrará en las escuelas normales, la universidad nacional agraria, la universidad de Chapingo, y el sistema de “universidades para el bienestar Benito Juárez García” (de las cuales, según el documento, 100 ya se inauguraron en 31 entidades del país desde marzo de 2019).
En tercer lugar, estos principios y programas obedecen a una estrategia que plantea enfrentar tres grandes retos de la educación superior: 1) “Mejora de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas”; 2) “Articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades educativas”; y 3) “Necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y con la certidumbre requerida para sustentar estrategias de largo plazo”. Calidad, pertinencia, articulación y financiamiento se colocan entonces en el centro de la agenda gubernamental.
Estos tres puntos aún aguardan una mayor argumentación para conocer cómo se determina la complejidad, naturaleza y dimensiones de los problemas educativos que se pretenden resolver. Esto será el objeto del programa sectorial de educación que deberá desprenderse del PND. Sin embargo, se pueden formular varias dudas en torno a las relaciones entre las intenciones, los problemas y las soluciones que se ofrecen en el propio Plan. ¿La baja tasa de escolarización superior es el problema principal? ¿La teoría del “adecuacionismo” entre oferta y demanda se mantiene como creencia central del oficialismo, a pesar de toda la evidencia en contra? ¿Cómo asegurar un financiamiento estable y de largo plazo para la educación superior en un contexto que anticipa bajo crecimiento económico y sin comprometer nuevos recursos fiscales? ¿Qué pasa con el crecimiento explosivo de la oferta privada de bajo costo, con el envejecimiento acelerado de la planta académica del sector público, con el tema de la autonomía universitaria y el gobierno del sistema?
Si algo hemos aprendido del pasado reciente mexicano, es que la lógica de soluciones en busca de problemas no suele tener buenos resultados. Esperemos que en el programa educativo sexenal la lógica sea distinta, y los problemas centrales, sus causalidades y dimensiones, configuren el centro de las políticas y las acciones públicas.