Retórica y políticas. La educación superior en el PND

Estación de paso
Educación superior en el PND: retórica y políticas
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 09/05/2019)
Como se establece constitucionalmente, el 30 de abril el Presidente envió a la Cámara de Diputados su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para el período 2019-2024. El texto es, al mismo tiempo, una pieza de retórica política, un instrumento de gobierno y una visión del futuro. Como ejercicio retórico, ofrece un conjunto de enunciados generales, un diagnóstico sobre la situación del país, y una imagen sobre el futuro mexicano, organizado en tres “ejes generales” (Justicia y estado de derecho; bienestar; desarrollo económico) y tres “ejes transversales” (Igualdad de género, no discriminación e inclusión; combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; territorio y desarrollo sustentable).
El Plan es también un instrumento de gobierno, donde se pasa de la fase de la agenda política forjada durante el período electoral y los primeros meses del gobierno, a la fase del diseño e implementación de políticas federales para cada sector. Como ejercicio instrumental, el PND anticipa un futuro optimista para el 2024, sobre la base de hipótesis más o menos elaboradas, donde resistencias políticas, contingencias siniestras e incertidumbres incómodas suelen ser invisibilizadas. Como retórica, instrumento y ejercicio futurológico, el PND es la expresión de sistemas de creencias, intuiciones, buenas intenciones, actos de fe, indicadores, cálculos estadísticos y estimaciones probabilísticas, que se conjugan con la formulación de algunas ideas y las capacidades institucionales necesarias para traducirlas en acción pública organizada.
¿Cómo se contempla a la educación superior en el PND? Se pueden identificar por lo menos tres puntos relevantes. Uno tiene que ver con los principios y objetivos de la política sectorial. Otro se relaciona con los programas y acciones estratégicas de las políticas. Uno más, con el horizonte de desafíos que orienta el sentido de las acciones gubernamentales federales.
En primer lugar, la educación terciaria se considera un campo de acción pública indispensable para garantizar el bienestar general de la población. Enmarcado en un horizonte de derechos y no de oportunidades (“como ocurría en el período neoliberal”), la educación superior debe transformarse de un privilegio actual (“sólo 2 de cada 5 jóvenes entre 18 y 22 años están inscritos en alguna institución de educación superior”) a un derecho exigible por los individuos y garantizable por el Estado (“universalización de la educación superior”).
En segundo lugar, se formulan tres grandes programas sobre el sector, enmarcados en el ámbito de la política social: el “Programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez”, el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, y el de “Jóvenes escribiendo el futuro”. Estos programas están dirigidos a los grupos poblacionales que viven en situación de pobreza. El primero contempla a los niños y jóvenes menores de 18 años inscritos en alguna escuela pública, y recibirán 800 pesos mensuales. El segundo está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian, que podrán ser empleados por empresas y organizaciones públicas o privadas para capacitarse laboralmente, por lo cual recibirán un apoyo mensual de 3,600 pesos. El tercer programa está dirigido también a jóvenes menores de 29 años que no trabajan pero que actualmente estén inscritos en alguna institución de educación superior, y por el cual recibirán una beca de 2,400 pesos mensuales. En una “primera etapa” este último programa se concentrará en las escuelas normales, la universidad nacional agraria, la universidad de Chapingo, y el sistema de “universidades para el bienestar Benito Juárez García” (de las cuales, según el documento, 100 ya se inauguraron en 31 entidades del país desde marzo de 2019).
En tercer lugar, estos principios y programas obedecen a una estrategia que plantea enfrentar tres grandes retos de la educación superior: 1) “Mejora de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas”; 2) “Articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades educativas”; y 3) “Necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y con la certidumbre requerida para sustentar estrategias de largo plazo”. Calidad, pertinencia, articulación y financiamiento se colocan entonces en el centro de la agenda gubernamental.
Estos tres puntos aún aguardan una mayor argumentación para conocer cómo se determina la complejidad, naturaleza y dimensiones de los problemas educativos que se pretenden resolver. Esto será el objeto del programa sectorial de educación que deberá desprenderse del PND. Sin embargo, se pueden formular varias dudas en torno a las relaciones entre las intenciones, los problemas y las soluciones que se ofrecen en el propio Plan. ¿La baja tasa de escolarización superior es el problema principal? ¿La teoría del “adecuacionismo” entre oferta y demanda se mantiene como creencia central del oficialismo, a pesar de toda la evidencia en contra? ¿Cómo asegurar un financiamiento estable y de largo plazo para la educación superior en un contexto que anticipa bajo crecimiento económico y sin comprometer nuevos recursos fiscales? ¿Qué pasa con el crecimiento explosivo de la oferta privada de bajo costo, con el envejecimiento acelerado de la planta académica del sector público, con el tema de la autonomía universitaria y el gobierno del sistema?
Si algo hemos aprendido del pasado reciente mexicano, es que la lógica de soluciones en busca de problemas no suele tener buenos resultados. Esperemos que en el programa educativo sexenal la lógica sea distinta, y los problemas centrales, sus causalidades y dimensiones, configuren el centro de las políticas y las acciones públicas.