Lecciones trogloditas

Estación de paso
Ley y costumbres: lecciones trogloditas
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 05/09/2019)
En 1721, cuando Montesquieu publicó de manera anónima su novela Cartas persas, lo que pensaba era una genialidad para la época y para hoy: describir a través del género epistolar las ideas y costumbres de cuatro amigos persas sobre lo que ocurría en la vida cotidiana de países musulmanes y católicos. A través de esa novela, el gran filósofo francés recorría los problemas de la moral, la política y el poder desde la perspectiva de los usos y costumbres de los protagonistas, y de las historias y anécdotas que éstos relataban. De ese libro surgiría años después Del espíritu de las leyes, quizá la obra más citada y conocida de la filosofía del derecho y la filosofía política contemporánea.
La aportación para disciplinas como la sociología o la ciencia política de Montesquieu es una idea formidable: las costumbres operan como leyes. Para no pocos críticos del siglo de las luces, las costumbres eran contrarias a las leyes: las leyes se hacen para modificar las costumbres, las prácticas, los hábitos de las personas y de las comunidades. Pero otros, las leyes eran elaboraciones racionales destinadas a marcar los límites de lo permitido, bajo cierta noción de que la imagen de lo público (el orden, la paz, la cohesión, la obediencia, la felicidad) es un bien que hay que preservar a través de leyes incluso en contra de las costumbres. Frente a las críticas, Montesquieu fue contundente: la fuerza de la ley palidece frente al imperio del costumbrismo. Por ello, las costumbres son la fuente de toda legislación: toda aspiración de orden legal-racional es hacer de las leyes parte del imperio de las costumbres.
Este debate clásico nunca es impertinente. La retórica del Estado de derecho, de la fuerza del Estado, del imperio de la ley, son polvos de aquellos lodos. Aún encontramos vivos a los críticos de Montesquieu: para cambiar a la sociedad primero hay que cambiar las leyes y luego obligar a cumplirlas. Pero es la fuerza de las costumbres, de las prácticas, la que en realidad conforma el subsuelo profundo de la vida social, muchas veces en contra o al margen de las leyes. Las leyes se pueden cambiar por decreto; las costumbres, no. Unas se pueden consultar, negociar, votar, adaptar y promulgar. Las otras obedecen a las prácticas cotidianas de la vida social, “naturalizan” y suavizan la coexistencia diaria de individuos, grupos e instituciones. Por ello, las relaciones entre orden, leyes y costumbres son siempre articulaciones complejas, conflictivas, ambiguas.
Recordar a Montesquieu nunca es ocioso. Hoy, por ejemplo, la reforma educativa alcanzó las tierras de la educación superior, donde se discute desde hace meses una posible nueva “Ley General de Educación Superior” (LGES), que probablemente sustituirá a la vieja “Ley para la Coordinación de la Educación Superior” (LCES), que data de 1978. El problema es que la vieja ley nunca pudo implementarse de manera eficaz para coordinar y articular un sistema nacional de educación superior, que eran dos de sus propósitos fundamentales. La educación superior se expandió aceleradamente, multiplicando caóticamente sus ofertas públicas y privadas, introduciendo una gran cantidad de programas dirigidos a mejorar el salario de los profesores de tiempo completo, la calidad, el financiamiento o la diversificación tanto del sector público como del privado. Ahí, al calor de las nuevas políticas de modernización y de calidad de la educación superior, y mediante el empleo sistemático de incentivos y estímulos al desempeño, muchas cosas cambiaron pero, al mismo tiempo, se construyeron nuevas rutinas, prácticas y costumbres. En otras palabras, sin tocar la ley, a lo largo de más de cuatro décadas nuevas costumbres se legitimaron en el escenario de la educación superior, configurando comportamientos institucionales no cooperativos.
Lo que tenemos hoy es un territorio institucional fragmentado, un no-sistema de educación superior, habitado por rutinas extrañas y paradójicas. La gestión del financiamiento público descansa en lo que hacen o dejar de hacer los rectores y directivos con las autoridades de Hacienda, la SEP o la Cámara de Diputados, con los Gobernadores, con los diputados locales. Para tener acceso a programas adicionales, las universidades necesitan participar en programas basados en indicadores de desempeño (programas acreditados, número de doctores, miembros del SNI, internacionalización). El juego de los incentivos organiza la búsqueda de recompensas y eso naturaliza las prácticas. ¿Una nueva legislación reformaría el juego y las costumbres? Los trogloditas imaginarios que habitan las Cartas persas de Montesquieu dirían que sí. El narrador que los describe diría que, muy probablemente, no.