Postales de conflicto

Estación de paso

UAN: postales de un conflicto

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 16/01/2020)

El inicio de año comenzó de manera difícil para la Universidad Autónoma de Nayarit. El sábado 4 de enero, cuando aún no se terminaban las vacaciones de invierno, el gobernador envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAN, que fue aprobada ese mismo de manera veloz por el Congreso local. Las implicaciones de esa ley son de forma y de fondo, es decir, afectan tanto los modos políticos y los procedimientos institucionales de las relaciones entre el gobierno y la universidad, como los alcances, significados y contenidos de la autonomía universitaria.

Las reacciones inmediatas del propio Rector de la UAN, apoyadas por los pronunciamientos de una veintena de rectores de universidades públicas y de los rectores de las cinco universidades públicas que conforman la región occidente de la ANUIES, se sucedieron uno tras otro entre los días 7 y 10 de enero. Coinciden en una condena al procedimiento empleado para la propuesta de reforma, en el cual no se tomó en cuenta la opinión y participación de los universitarios nayaritas. En esos términos, se argumenta que la iniciativa del gobierno nayarita es una violación a la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional.

¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Quiénes sus actores principales? ¿Qué intereses representan? En primer lugar, habría que subrayar el hecho de que el caso de la UAN confirma un acentuado patrón de tensiones y conflictividad en las relaciones entre las universidades públicas y los gobernadores estatales a lo largo del siglo XXI, que se ha expresado en el caso de otras universidades estatales como la de Aguascalientes, la UABC, la de Guadalajara, la Michoacana, la de Sinaloa, Oaxaca o Morelos. Ese patrón se deriva de contextos políticos locales donde diversas fuerzas actúan para intervenir en la modificación del orden político-institucional y administrativo-financiero de las universidades.

Una situación financiera endeble, efecto tanto de los crecientes condicionamientos públicos federales y locales como de prácticas de corrupción de algunos funcionarios universitarios en el ejercicio de los recursos, o las condiciones de contratación, pensiones y jubilaciones pactadas entre autoridades universitarios y sindicatos desde hace décadas, explican también, parcialmente, las razones del conflicto. El caso de la UAN es, junto con una decena de instituciones similares, representativo de esa situación de fragilidad financiera y deterioro académico que obedece a factores tanto internos como externos.

Los protagonistas principales del pleito son el Rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García. El primero tomó posesión como Rector desde 2016, y se propuso como prioridad de su administración “sobrevivir al desfalco” heredado de su antecesor. El Gobernador, por su parte, empresario de extracción panista, tomó posesión en septiembre de 2017 decidido a impulsar un “cambio institucional” en la UAN orientado a democratizar su vida interna, promover el emprendurismo, mejorar su situación financiera y elevar la calidad de sus funciones sustantivas.
Los intereses que representan son diferentes. Uno intenta literalmente sobrevivir a una situación financieramente insostenible en el corto plazo, que se agrava por la desconfianza de las autoridades federales y locales sobre el manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad. En un contexto de tensión constante con los poderes formales y fácticos que habitan la vida institucional (sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de poder), el Rector encabeza un proyecto de reforma interna lento, complicado y potencialmente explosivo. El Gobernador, por su parte, representa las voces que critican el pasado reciente de la UAN como una historia de corrupción, despilfarros e irresponsabilidad institucional, que la llevaron a la crisis financiera que hoy enfrenta.

Ambos relatos y contextos confluyen en la explicación de la crisis actual de la UAN. La iniciativa unilateral del gobernador rompe con los códigos políticos que habitualmente acompañan todo proceso de reforma a las leyes orgánicas universitarias: antes de lanzar la iniciativa, consultarla con las autoridades universitarias. El cabildeo, la negociación, la elaboración de consensos mínimos, forman parte de esos procedimientos formales e informales de todo proyecto reformador. Pero el rompimiento de los procedimientos también esconde la afectación de un tema mayor, de fondo, que trasciende el caso de la UAN: el tema de la autonomía universitaria.

Ello constituye un desafío jurídico, político e intelectual. ¿Qué significa la autonomía universitaria hoy? ¿Cuáles son sus alcances, efectos prácticos, dimensiones y limitaciones? Dada la acumulación de evidencias empíricas universitarias, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, donde la defensa de la autonomía como autogobierno, como régimen de libertades académicas de enseñanza e investigación, o la obligatoriedad constitucional del financiamiento público a las universidades, son conceptos jurídicamente claros pero políticamente ambiguos, que llevan a que en la práctica, en momentos de conflicto como el de la UAN, sean interpretados como cada quien quiera lo que signifiquen, justo como lo señalaba Humpty Dumpty en el país de las maravillas.

Por lo pronto, el Rector anunció el 10 de enero la formación de una Comisión de académicos destacados que coordinará los trabajos de una consulta dirigida a recoger las opiniones y propuestas de los universitarios en torno a cambios normativos en la Ley Orgánica y el Estatuto universitario. Esto puede verse como una respuesta al decreto de reforma ya publicado por el Gobernador y el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el pasado 7 de enero. Vienen tiempos difíciles, es decir, interesantes.