Reforma universitaria: el espejo español

Diario de incertidumbres Reforma universitaria: el espejo español Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 16703/2023) https://suplementocampus.com/reforma-universitaria-el-espejo-espanol/ A lo largo del siglo XXI, las universidades han experimentado los efectos de un cambio profundo de sus entornos sociales, económicos y políticos. Esos efectos se expresan en distintas esferas, escalas e intensidades. Las funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión y gobierno institucional configuran un entramado extraordinariamente complejo de tensiones que se desarrollan en contextos de autonomías sujetas permanentemente a ciclos de crisis económicas, acumulación de desconfianzas gubernamentales, múltiples restricciones financieras, y permanentes incertidumbres políticas. Profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios gestionan esas tensiones de manera rutinaria, mediante diversas estrategias y con diferentes resultados. Los modos en que las universidades se han adaptado a estos entornos dependen de sus historias y contextos locales y nacionales. La “era de la resiliencia” (como le ha llamado el sociólogo Jeremy Rifkin) parece ser adecuada para describir lo que ocurre en las universidades públicas en prácticamente todo el mundo. No obstante, los gobiernos nacionales juegan un papel determinante en la manera en que las universidades gestionan las crisis y enfrentan sus cambios y desafíos académicos, organizacionales o políticos. La experiencia mexicana reciente se condensa en los propósitos, contenidos y alcances de la Ley General de Educación Superior (LGES) aprobada en abril de 2021, cuyo proceso de implementación navega entre incertidumbres financieras, vacíos organizativos y restricciones políticas. Pero hay otras experiencias similares en el mundo, y una de las más recientes es el caso de España, donde la semana pasada se aprobó por mayoría parlamentaria (182 votos a favor contra 157 en contra y 8 abstenciones), la nueva “Ley Orgánica del Sistema Universitario” (LOSU). Este ordenamiento es un triunfo político de la coalición PSOE/Unidas Podemos, resultado de un prolongado proceso de discusión, debate y análisis iniciado en 2018, cuando fue electo el gobierno del socialista Pedro Sánchez. El principal impulsor de la reforma fue Manuel Castells, quien fungió como Ministro de Universidades durante dos años (2020 y 2021), y que continuó Joan Subirats en ese mismo cargo desde 2022. Apoyada por la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), y por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, un espacio compuesto por el Ministerio y las Comunidades Autónomas españolas), la nueva ley parece cubrir la legitimidad indispensable para su instrumentación. Esa historia política de la reforma universitaria tiene su encanto, pero lo que cabe destacar ahora es su contenido y alcances. En primer lugar hay que subrayar que es la tercera reforma universitaria ocurrida en democracia. La primera ocurrió en 1983 (“Ley de reforma universitaria”, LRU) impulsada por el PSOE durante el gobierno de Felipe González, una reforma que sustituyó a la “Ley de Ordenación de la Universidad Española” de 1943, elaborada durante la larga dictadura franquista. La LRU fue vigente hasta 2001, cuando se aprobó un nuevo ordenamiento jurídico (la “Ley Orgánica Universitaria”), bajo el gobierno del PP encabezado José María Aznar, vigente hasta 2023. La nueva LOSU sustituye justamente a este ordenamiento. En segundo lugar, hay que revisar los objetivos, alcances y contenidos de la LOSU. Los objetivos son tres: “mejorar la calidad de la universidad, incorporar mecanismos para acabar con la precarización del personal, y elevar el financiamiento del sistema universitario al 1% del PIB” (La Vanguardia, 09/03/2023). Los medios para alcanzar tales objetivos son básicamente cinco: otorgar más becas estudiantiles y limitar el precio de grados y maestrías; elevar presupuestos públicos del gobierno nacional y las comunidades autónomas; democratizar la gobernanza universitaria; garantizar la estabilidad de la carrera académica; reconocer la oferta académica de formaciones cortas (“microcredenciales”). La nueva legislación implica varios desafíos importantes. Pasar de 0.7% actual al 1% del PIB en el 2030 supone destinar miles de millones de euros más a las universidades, un esfuerzo de financiamiento público donde confluyen tanto el gobierno nacional como las comunidades autónomas. El reconocimiento de microcredenciales para competencias profesionales y experiencia laboral implica el ensanchamiento y flexibilidad de programas y titulaciones universitarias para atender, entre otros, a jubilados y poblaciones estudiantiles no tradicionales. También se requiere el fortalecimiento de las agencias de evaluación de la calidad que ya funcionan en las comunidades autónomas. En términos del profesorado, se establecen programas para resolver la precariedad laboral de los profesores auxiliares y del personal administrativo, lo que abre la puerta a nuevas plazas para jóvenes investigadores, profesores y administrativos. En términos de la democratización de la gobernanza y la gestión institucional, se establece la extensión de 4 a 6 años de duración de los períodos rectorales, de carácter “improrrogable y no renovables”. Además, se fijan como requisitos para ser rector tres elementos ineludibles: demostrar 3 sexenios dedicados a la investigación, 3 quinquenios como docentes, y 4 años de experiencia de gestión universitaria en cargos unipersonales. Asimismo, se plantea que la elección del rector sea por sufragio universal pero ponderado de las comunidades universitarias, algo que, sin embargo, ya ocurre desde hace años en muchas universidades españolas. La LOSU aprobada contiene elementos interesantes bajo el contexto de las universidades españolas y europeas. La visión sistémica coexiste con la autonomía de las universidades y sus comunidades, donde decisiones de carácter político como lo es la elección de un rector con un perfil predominantemente académico, se convierte en una regla relevante para la gestión universitaria, algo que, por ejemplo, contrasta con lo que ocurre con no pocas universidades públicas mexicanas y latinoamericanas. Pero la idea de la gobernanza democrática universitaria no se agota con las formas de participación en la elección del rector. Tiene que ver con el método y el fondo del proceso de toma de decisiones, con la representación ponderada de estudiantes, profesores, egresados, trabajadores y funcionarios, y con el desempeño académico de las universidades. Esto es algo que contrasta fuertemente con las voces que, desde el punto de vista de intereses político-partidistas, pugnan desde hace tiempo por cambiar las formas de gobierno de las universidades públicas mexicanas. La reforma universitaria española puede ser un buen marco comparativo, un espejo, de lo que ocurre con las universidades públicas mexicanas.