Programa nacional de educación superior

Diario de incertidumbres Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024 Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 11/01/2024) https://suplementocampus.com/programa-nacional-de-educacion-superior-2023-2024/ El jueves 28 de diciembre, en pleno día de los santos inocentes, fue publicado el “Programa Especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en el Diario Oficial de la Federación. Tres días antes del fin del año, y a nueve meses de la terminación de la administración obradorista, la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP, la dependencia responsable de la elaboración del programa, incluyó la versión final del documento oficial que marca las pautas operativas de implementación de las disposiciones normativas contenidas en la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada en abril de 2021. Dos años y ocho meses tardó la elaboración y publicación del programa oficial del sector de la educación terciaria. El extraño, eufemístico y barroco título de “Programa Especial derivado…” es curioso, pero corresponde, en buen cristiano, al Programa Nacional de Educación Superior (PNES), contenido como ordenamiento legal en la LGES. Producto de varios foros y reuniones, de los trabajos del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), de las consultas con especialistas, la publicación del programa es una buena noticia, aunque sea tardía y extraña. ¿Un programa federal que sólo contempla menos de un año para su aplicación?. Es pertinente recordar que existen antecedentes del PNES. Los más conocidos son el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes), el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (Proides), o el Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (Pifi). Los dos primeros corresponden al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y el Proides continuó parcialmente vigente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ambos instrumentos forman parte del primer ciclo de las políticas de modernización basadas en la planeación y la evaluación que impulsaron cambios importantes en la orientación y estructuras de las universidades y las instituciones de educación terciaria del país, y expresaron de alguna forma las disposiciones normativas contenidas en la Ley para la Coordinación General de la Educación Superior (LCES), formulada en 1978. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el peso del Proides se desvaneció, pero se formularon los principios básicos de la segunda etapa o ciclo de modernización de la educación superior con la legitimación de los programas basados en incentivos para mejorar la calidad y pertinencia de las IES. Estos programas significaron la consolidación no sólo de un nuevo lenguaje de las políticas de educación superior, sino que también influyeron de manera importante en las formas de gestión de los recursos y la gobernanza institucional de las universidades e instituciones de educación terciaria, la diferenciación de los programas de evaluación y acreditación de la calidad, la rendición de cuentas, y el establecimiento de las políticas de financiamiento público diferencial, condicionado y competitivo. El Pifi nació con la administración del sexenio de Vicente Fox (2000-2006), y se alargó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Junto con la formulación y aplicación de diversos programas específicos impulsados por los tres últimos gobiernos priistas del siglo XX que acompañaron este instrumento de políticas, el nuevo oficialismo político encabezado por gobiernos panistas continuaron con la ruta de las políticas de modernización anteriores, aunque colocaron en el centro temas como el aseguramiento de la calidad de los programas profesionales, la diversificación institucional, la internacionalización o la innovación de la educación superior. Aunque ni el Pifi ni los diversos programas específicos resolvieron de manera coherente y satisfactoria los problemas críticos del sector, consolidaron lo que a la distancia puede ser considerado como un paradigma de políticas basado en la calidad, la rendición de cuentas y la combinación del financiamiento incremental (presupuesto ordinario) con el condicionado (presupuestos extraordinarios). El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) continuó por los mismos ejes de políticas de los cinco sexenios anteriores, aunque hubo una reducción y reorganización de los programas. La novedad fue el papel de los gobiernos estatales en la gestión y el financiamiento a las universidades públicas autónomas y a los sistemas subnacionales de educación superior. La conflictividad política y la disputa por los recursos se conviertieron en factores contextuales en los que el papel de los gobernadores fue clave para activar o negociar conflictos, en especial con las universidades estatales. Algunos de los casos emblemáticos de este período fueron la Universidad Veracruzana, la de Guadalajara, la de Querétaro, o la de Baja California. Con estos antecedentes, la llegada de un nuevo oficialismo político encabezado por el presidente López Obrador y su partido (Morena) significaba una ruptura con el paradigma de políticas dominante durante 36 años en el sector, al (des)calificarlo como “neoliberal”. Un nuevo discurso basado en las ideas de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior se dirigió a cambiar abruptamente con las reglas del juego de las políticas federales precedentes. De ahí surgen iniciativas de reformas como la LGES, la LHCyT, del Conacyt y del SNI, pero también de la aplicación de severas políticas de austeridad hacia las universidades públicas federales y estatales. El “Programa especial…”, nace en esas circunstancias, y un análisis de de su lógica de elaboración y contenidos tiene más un aspecto de cierre de la administración obradorista que de una visión del futuro de la gestión gubernamental sobre el sector. Durante el primer tercio del nuevo gobierno, las señales fueron claras: disminuyeron y prácticamente se extinguieron los programas de financiamiento extraordinario basados en incentivos. Se decidió el apoyo proritario a un nuevo proyecto federal (las Universidades para el Bienestar Benito Juárez), y a la expansión de las políticas de becarización para las franjas más vulnerables de las poblaciones estudiantiles de las IES públicas. Las políticas de gestión de la calidad fueron sustituidas rápidamente por políticas de gestión de la austeridad. Las universidades públicas autónomas fueron las más afectadas por estos cambios en las reglas del juego, y la crisis de la pandemia experimentada entre 2020 y 2022 colocó nuevas prioridades y urgencias en el sector: la transición hacia modalidades virtuales, la atención al problema de los abandonos escolares, la coordinación de las instituciones a las políticas federales y estatales de gestión de la crisis sanitaria. En este contexto surge el PNES 2023-2024. En la próxima colaboración revisaremos sus prinicipales componentes.