Los imperdonables

Estación de paso (Público-Milenio, 8/09/07)

Los imperdonables


Adrián Acosta Silva

Montreal, Canadá. A la distancia, lo que se puede observar en México es que mientras que la discusión para las reformas electoral y fiscal está en la recta final, los partidos y los congresistas han colocado nuevamente sobre el territorio siempre movedizo de la realidad los límites de hierro de la política. Aunque sean harinas de diferentes costales, los dos temas mayores de la temporada mantienen vínculos reales o imaginarios difíciles de separar. Y ambos muestran con la grisura habitual el hecho de que la política posee, en ocasiones, la flexibilidad del mármol.

El asunto de la reforma electoral se ha concentrado como era de esperarse en el tema de los consejeros electorales, y rápidamente se condensa en una disyuntiva dicotómica, emocionante y taquillera: se quedan o se van. Empujada por el PRD desde hace un año, la propuesta de la remoción de los consejeros generales del IFE ha estado teñida de un ánimo vengativo inocultable, en el que esos funcionarios aparecen como los imperdonables del drama electoral del ano pasado, a la luz de los errores e insuficiencias que en el 2006 propiciaron o cometieron el propio Consejo General y su Presidente. EL PRI, por su parte, ha aceptado avanzar en la reestructuración de la normatividad electoral y propuesto la remoción escalonada de los consejeros, mientras que el PAN acepta esta última opción pero una vez que concluya el período en que fueron designados los consejeros es decir, a partir del 2010.

En cualquier caso, los vientos no son favorables para el Consejo General del IFE, y el escenario es ominoso para sus integrantes y también para la institucionalidad electoral que hemos construido con paciencia y eficiencia a lo largo de los últimos años. Y aquí se juegan dos opciones mayores, como ya se sabe. Una es la remoción individual o en paquete de los consejeros, mediante una vía “suave” (la reforma al IFE) o una “dura” (mediante juicio político). La otra es la renuncia voluntaria de sus integrantes, en un acto de responsabilidad, digamos, republicana. Una implicaría potencialmente la violación a la legalidad electoral y constitucional, y quizá tendría efectos ominosos en el futuro electoral, a pesar de las promesas y cálculos de una democracia mejor, mas barata y eficiente. La otra, el reconocimiento de que realistamente no es posible jugar el papel del árbitro cuando uno de los jugadores le escupe a la cara todos los días en (casi) todo escenario. Cualquiera de las dos opciones debilita la confianza en el proceso electoral, en los árbitros, y acumula o confirma déficits de credibilidad por el lado de los jugadores, es decir, de los partidos políticos. En esas condiciones, la salida es por cualquier lado, mala y pobre, por lo menos en el corto plazo. Y, ya se sabe, la política -como la vida conyugal, el box o el futbol- siempre se juega en el corto plazo.