Estación de paso
Los gatos muertos de la modernización: estímulos
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 25/06/2020)
Las políticas de modernización de la educación superior (1989-2018) se concentraron en una agenda que ha dejado huellas significativas en la dinámica de la educación terciaria. Temas como la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas y del profesorado, el financiamiento público condicional, diferenciado y competitivo, la internacionalización, el impulso a la transformación de universidades basadas en la docencia a universidades de investigación, las reformas a la gobernanza institucional, o los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, significaron no sólo la “invención” de un nuevo lenguaje institucional, sino también la “naturalización” de hábitos, rutinas y prácticas institucionales, burocráticas y académicas.
Esa agenda generó soluciones coyunturales y tensiones permanentes. De un lado, en temas como el de la autonomía universitaria, las libertades de cátedra e investigación, y la rendición de cuentas. Por otro lado, en cuestiones como la articulación de las fórmulas de financiamiento federal, estatal y la generación de recursos propios. Más allá, en la construcción de gobiernos universitarios que juegan un doble papel: como representantes de los intereses de sus comunidades frente a los actores externos, y como implementadores de las políticas y programas gubernamentales asociados a la obtención de mayores recursos públicos través del concurso en las bolsas anuales de financiamiento extraordinario.
Esta combinación de temas y prácticas explica la compleja configuración de los comportamientos institucionales de las universidades públicas. Las huellas de los programas instrumentados en más de tres décadas pueden ser vistas como los restos acumulados de las políticas, los “gatos muertos” de la modernización educativa superior, para utilizar la metáfora que hace Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas respecto de la civilización. En esta y las próximas colaboraciones revisaremos tres de esos “gatos” (estímulos, financiamiento y gobierno institucional) para comparar lo que el actual gobierno federal está haciendo al respecto.
Estímulos. Un asunto específico asociado al mejoramiento de la calidad tiene que ver con los estímulos académicos. Como se sabe, una de las ideas que a mediados en los años ochenta -en plena crisis económica de la “década perdida”-, comenzaron a jugar un rol importante en la confección de las políticas de modernización de la educación superior instrumentadas a partir de los noventa, fue la relacionada con la diferenciación de los salarios de los profesores y científicos de las instituciones públicas del sector. El origen fue el dramático desplome del ingreso real de profesores e investigadores debido a la inflación descontrolada y el estancamiento salarial generalizado. De ahí surgieron dos instrumentos de políticas federales, usados como paliativos para la crisis pero que, a la larga, se consolidaron como herramientas permanentes: el Sistema Nacional de Investigadores (1984) y los programas de estímulos a los académicos (1994-1995).
Ambos instrumentos no fueron pensados inicialmente para estimular la calidad o la competitividad de los académicos y científicos mexicanos, sino para actuar como mecanismos de emergencia para generar fondos públicos de compensación salarial de los ingresos del profesorado universitario más calificado. Inicialmente, fueron utilizados para diferenciar los ingresos entre los académicos, retener a los más destacados, e introducir el “pago por mérito” a la mexicana. El resultado es conocido: la contingencia se convirtió en permanencia, y a lo largo de casi cuatro décadas varias generaciones de académicos han colocado al SNI y a los programas de estímulos como parte importante de sus ingresos, reconocimientos y prestigio profesional y científico.
La narrativa rupturista de la 4T con esas políticas “neoliberales” en educación superior presagiaban incertidumbre en el sector en relación a aquellos y otros instrumentos de política pública en el sector. Sin embargo, el SNI permanece y los programas federales de estímulos también. El pasado 4 de febrero, la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SES-SEP, emitió un documento titulado “Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 2020 (U040). Fondo extraordinario”, con un presupuesto de casi 255 millones de pesos dirigido a los profesores de tiempo completo de 35 Universidades Públicas Estatales (UPE´s) del país.
El U040 introduce nuevas reglas a un viejo mecanismo híbrido, que es a la vez compensatorio y meritocrático. Esas nuevas reglas tienen como referente un profesor universitario ideal: tiempo completo, con reconocimiento de perfil PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional de nivel superior), que imparte 10 horas de clase a la semana y preferentemente lo hace además en un programa de licenciatura, donde aprueba al menos al 70% de sus estudiantes por curso, y “atiende” mínimamente a 50 estudiantes. Todo ello con el objetivo de “alcanzar la excelencia educativa”.
Sin duda, la permanencia de los estímulos es una buena noticia para los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales, que ya han hecho de ese ingreso extraordinario un fuente importante de sus salarios mensuales desde hace años o décadas. Ello no obstante, la decisión política de continuidad de ese instrumento federal, revela que el problema de fondo permanecerá inalterado: los bajos salarios-base de los académicos mexicanos. Hay que recordar que sólo una cuarta parte de los más de 414 mil profesores de educación superior son de tiempo completo, y que sólo una fracción de los PTC (alrededor del 30% del total, en el caso de las UPE´s), tienen acceso al ingreso extraordinario que proporcionan los programas respectivos.
En este como en otros casos el profesorado realmente existente se aleja mucho del profesor ideal que tiene como referente imaginario el U040. La imagen de un “gato muerto” sustituye a los “gatos vivos” que habitan los campus universitarios, una imagen que, sin embargo, ha permanecido fija a lo largo de tres décadas y seis sexenios de políticas de estímulos académicos.
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