Los gatos muertos (2): financiamiento

Estación de paso

Los gatos muertos de la modernización (2): financiamiento

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 09/07/2020)

Las reglas del financiamiento público a las universidades fueron cambiadas a comienzos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aunque el gobierno anterior (Miguel de la Madrid) había introducido ya la diferenciación formal entre el financiamiento ordinario (dedicado básicamente al pago de la nómina del personal universitario) y el extraordinario (dedicado a financiar programas específicos de desarrollo de las universidades públicas, según metas fijadas por el gobierno federal), el impacto negativo de la década perdida sobre las finanzas públicas (1980-1990) volvió inviable esa diferenciación.

En un contexto de recuperación económica, el salinismo hizo efectiva la distinción, y la colocó, junto con la evaluación de la calidad, en el centro de las políticas de modernización de la educación superior. Nunca fue clara la relación entre evaluación y financiamiento, pero la formulilla se promovió como si fueran complementarias. A lo largo de los años noventa y las primeras dos décadas del siglo XXI, el financiamiento federal ordinario mantuvo un crecimiento básicamente igual a la inflación (el denominado “irreductible”), mientras que el financiamiento extraordinario quedó sujeto a las reglas que la SEP y la Secretaría de Hacienda imponían a las universidades mediante diversos programas sexenales asociados a bolsas anuales de financiamiento específicas, que no formaban parte del presupuesto “irreductible”, y por las cuales las universidades públicas, en especial las estatales, tenían que competir año con año para obtener recursos adicionales.

Bajo ese esquema, muchas universidades públicas instrumentaron proyectos de financiamiento autogenerados mediante el cobro de matrículas a los estudiantes, la formación de patronatos dedicados a la gestión de donaciones y recursos adicionales, el impulso a la venta de servicios, proyectos o acciones de difusión cultural, o asesorías especializadas al sector público o privado (incubadoras tecnológicas, pasantías, desarrollo de proyectos de innovación). Asimismo, muchas universidades procuraron incrementar los apoyos de los gobiernos estatales (y en pocos casos de gobiernos municipales) para comprometer mayores presupuestos locales para las universidades públicas de cada entidad.

El resultado fue muy heterogéneo, contradictorio y en no pocas ocasiones, conflictivo. La gestión política de los recursos financieros se convirtió en una de las actividades permanentes de rectores y directivos de las universidades. El cabildeo con gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, funcionarios de la SEP o de la SHCP, a veces en solitario, o a veces con el acompañamiento político de la ANUIES, se “naturalizó” como parte de la gestión institucional universitaria de todos los años. Sin embargo, fue la acumulación de capacidad política de cada universidad la que definió los resultados del juego de las negociaciones presupuestales de cada año.

Si se observa el financiamiento a lo largo de treinta años (1989-2018), el crecimiento del gasto federal aumentó en término reales en un 164%. Sin embargo, comparado con el crecimiento de la matrícula en educación superior ese incremento fue menor, pues esta última variable lo hizo en un 187%, es decir, el financiamiento bruto creció menos que la matrícula total. Si lo vemos en términos del PIB, mientras que en 2019 el porcentaje destinado a la educación superior y el posgrado representa el 0.54%, en 2009 lo hacía en 0.67%. Un crecimiento significativamente menor en sólo una década.

Tomando como indicador el gasto por alumno durante el primer año de gobierno de los últimos cinco sexenios, las cantidades oscilan –a precios constantes de 2019- entre 54 mil pesos (Salinas, en 1989) y los 69 mil pesos (con Zedillo, en 1994). Los primeros años de gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto estuvieron por encima del gasto del sexenio salinista, pero menores al zedillista. En contraste, en el primer año de gobierno de AMLO el gasto disminuyó a poco más de 49 mil pesos por alumno, una cifra incluso menor a la de Salinas (Los datos y cálculos anteriores fueron tomados del documento de Javier Mendoza Rojas “Presupuesto de educación superior 2019”: https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jmendoza/Mendoza2019_PresentacionSES.pdf )

Los fondos extraordinarios siempre han tenido un comportamiento variable a lo largo de tres décadas (derivados de las crisis económicas de los años 1994-1995 y 2008-2009), pero han representado un financiamiento valioso, a veces simbólico, aunque crónicamente insuficiente para enfrentar problemas críticos como becas a los estudiantes, pago de jubilaciones y pensiones, estímulos a los profesores e investigadores, regularización o contratación de plazas académicas. Sin embargo, para 2019, los fondos extraordinarios sufrieron una disminución dramática del 53% como efecto de la reasignación presupuestal a los programas prioritarios del nuevo gobierno como las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, y el de “Jóvenes escribiendo el futuro”.

¿Cómo interpretar lo anterior? Parece claro que la lógica del financiamiento federal estructurada durante tres décadas se ha mantenido constante con el nuevo gobierno. Sin embargo, la redistribución de los recursos se hace hoy bajo los criterios de una austeridad “ciega” y un horizonte de alta incertidumbre económica provocada por la crisis sanitaria que significa la confirmación de un ciclo prolongado de estancamiento y decrecimiento económico, que consolida la crónica debilidad fiscal del Estado mexicano. Los gatos muertos de la modernización, en términos del financiamiento, son fantasmas hambrientos que habitan los pasillos de un panorama sombrío para la educación superior en lo que resta del actual sexenio y, quizá, de la década.