Trayectorias universitarias (2)

Diario de incertidumbres Trayectorias universitarias (2): autonomía, política y gobernabilidad Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 23/04/2026) https://suplementocampus.com/trayectorias-universitarias-ii-autonomia-politica-y-gobernabilidad/ Las trayectorias sociohistóricas de la UNAM y de la U de G son historias paralelas. Con distintas intensidades, modalidades y contextos, ambas instituciones representan las relaciones que se configuran entre las ideas, los intereses y los actores que están en la base de sus idearios y prácticas políticas y académicas en diversas etapas. Esas historias ayudan a entender los procesos de legitimación de la autoridad de las universidades en las dimensiones académica, intelectual, social y política. Luego de conquistar la primera autonomía universitaria en 1929, plasmada en la Ley Orgánica de ese mismo año, la UNAM experimentó diversas tensiones con los gobiernos posrevolucionarios durante la etapa del maximato (cuya figura central era el denominado “jefe máximo” de la Revolución, Plutarco Elías Calles, 1928-1934) y luego con el proyecto de la educación socialista impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). En 1933 hubo una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, que desligó a la institución del apoyo financiero del Estado, y fue hasta 1945 cuando se vuelve a reformar la Ley para definirla como organismo descentralizado del Estado mexicano y dotarla de la autonomía que hasta hoy sigue vigente. De manera paralela, la U de G experimentó desde su refundación en 1925 hasta el año de 1937 una etapa convulsiva, con la fractura ocurrida en el seno del consejo universitario a raíz del apoyo de las autoridades universitarias con el proyecto de educación socialista del cardenismo, y la salida de la universidad de un grupo de consejeros, docentes y estudiantes que fundaron la primera universidad privada de México, la UAG, en 1935. Una nueva ley orgánica fue promulgada en el año de 1937 y posteriormente ocurriría otra reforma a la normativa universitaria en 1952, que estaría vigente durante más de cuarenta años. En la dimensión política, las trayectorias seguirían cauces y lógicas distintas. En el caso de la Nacional, diversos movimientos estudiantiles se organizaron en escuelas y facultades para demandas específicas, mientras que en la U de G se desarrolla un modelo de gobernabilidad corporativa basado en la formación de federaciones estudiantiles que tendrían una influencia estratégica y en ocasiones determinante en las formas de socialización política de los dirigentes estudiantiles, y en las prácticas de gobierno y la gobernabilidad universitaria: el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, (FESO,1934-1948), la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG, 1948-1991), y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU, 1991-actual). Las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta constituyen el ciclo de expansión y legitimación de la educación superior universitaria en el país. Son treinta años de un claro crecimiento y diversificación de las universidades públicas federales y estatales, que inauguran nuevas sedes, programas, campus, escuelas y facultades, centros e institutos de investigación en toda la república, lo que se tradujo en un crecimiento explosivo de estudiantes, profesores, directivos y trabajadores administrativos cuyo volumen y composición social modificarían sustancialmente la demografía y los perfiles políticos y socioculturales de las comunidades universitarias. En el caso de la Nacional, la inauguración de Ciudad Universitaria en 1954 representa como ningún otro acontecimiento la importancia simbólica, académica y sociopolítica de la Universidad en el contexto del “milagro mexicano” de los años de la posguerra, ocurrido paralelamente con el fortalecimiento del régimen autoritario mexicano surgido de la Revolución mexicana, un régimen de partido prácticamente único. La mudanza de las escuelas y facultades del barrio universitario hacia el campus construido al sur de la Ciudad de México en un espacio prácticamente deshabitado de la capital se constituyó como la señal más potente de lo que representaba la Nacional en el proyecto de desarrollo político y económico de los regímenes posrevolucionarios después de la segunda guerra mundial. En el caso de la U de G, la identificación con el régimen de la revolución significaba el hecho de que la autonomía no fuera una demanda impulsada por autoridades, profesores o estudiantes. Los gobiernos estatales establecieron un pacto no escrito pero funcional con las autoridades y dirigencias de la U de G que cristalizaba en apoyos en infraestructuras, donación de terrenos, presupuesto público, oportunidades de empleo para egresados universitarios, y canales de movilidad política para los liderazgos estudiantiles y docentes. Aunque nunca se impulsó un proyecto parecido a la construcción de una ciudad universitaria como la UNAM, se fundaron espacios universitarios como el Instituto Tecnológico (1949) o el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (1961), y se fortaleció el vínculo orgánico entre las facultades de medicina, odontología y la escuela de enfermería con el Hospital Civil de Guadalajara. El ritmo del crecimiento de la matrícula es el indicador más potente del valor público de ambas universidades durante esas tres décadas, etapa que bien puede ser descrita como la “era de oro” del fortalecimiento de la legitimidad académica, social y política de dichas instituciones. En el caso de la UNAM, en 1960 alcanzó la cifra de 58 mil estudiantes, en 1969 se rebasó la cifra de 100 mil y en 1980 los 270 mil. Por su parte, en la U de G hacia el año de 1955 se registraban apenas 3,733 estudiantes universitarios, cifra que se quintuplicó una década después (1965), cuando se alcanza una matrícula de 15,157 estudiantes, y para el año de 1971 llegaban ya a más de 42 mil. Esta transición de universidades de élite hacia la configuración de universidades de masas implicó una suerte de modernización no planeada de las prácticas y estructuras de la universidad, que cambió de manera irreversible la idea misma de la universidad pública y alteró de forma significativa las formas de gobierno y gobernabilidad institucional de distintas maneras e intensidades. La cantidad, calidad y complejidad de las demandas estudiantiles y del profesorado por mayores recursos y participación en la toma de decisiones hacia el gobierno universitario se multiplicaron, y configuraron una agenda compleja que implicó una relación diferente con los poderes públicos externos a la universidad, específicamente con el gobierno federal y con los gobiernos estatales.