Un escándalo silencioso

Diario de incertidumbres Un escándalo silencioso: la evaluación de los posgrados Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 14/09/2023) https://suplementocampus.com/un-escandalo-silencioso-la-evaluacion-de-los-posgrados/ La información dada a conocer por el Conahcyt hace unas semanas respecto de la evaluación de los programas de posgrado del país tiene el perfil de un oximorón: es un escándalo silencioso. De los 2 933 programas evaluados (que incluyen los niveles de especialidad, maestría y doctorado), un 33.5% (983) resultaron “no elegibles”, es decir, no reconocidos por el nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo. Esto significa, entre otras cosas, que los estudiantes que eligieron cursar algún programa de posgrado no serán apoyados con la beca de manutención correspondiente, que tradicionalmente les asignaba el Conahcyt para cursar sus estudios durante 1, 2 o 4 años. El impacto de esta decisión es muy significativo, pues no sólo afecta a los programas de las instituciones de educación superior privadas sino también a las públicas. Aunque la información que aparece en la página del SNP es muy limitada, es posible identificar que los impactos más importantes ocurrieron en el nivel de las especialidades (87.3% fueron consideradas “no elegibles”), en la maestría (36.8%) y, en menor medida, en el doctorado (13.1%). En la página no es posible identificar cuántos de los programas no elegibles son nuevos (es decir, es la primera vez que solicitaban su registro en el SNP), y cuántas son renovaciones de programas que ya existían desde hace años en el antiguo Padrón Nacional de Posgrados (PNP). ¿Qué se sabe? Que bajo la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el Consejo determinó fijar los criterios generales de evaluación de los programas en tres grandes categorías. La primera fue su relación con las prioridades nacionales, que fueron determinadas por la Junta de Gobierno del Consejo. La segunda fue la clasificación de los programas de acuerdo a su orientación (investigación/profesionalización, público/privado), realizada por la SEP. La tercera, si los programas cobraban o no matrículas a sus estudiantes, y en qué monto. En cualquier caso, el impacto nacional, regional e institucional es relevante, como lo han mostrado en las páginas de Campus Sylvie Didou, Alejandro Canales y Miguel Casillas. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, que durante muchos años lideró el número de posgrados registrados en el PNP entre las universidades públicas estatales, el impacto significa que el 28% de sus programas (60 de 215) no lograron ser elegidos bajo los nuevos criterios y lineamientos expedidos por la Junta de Gobierno del Conahcyt, publicados apenas el 26 de julio pasado, es decir, una semana antes de que el Consejo diera a conocer los resultados de las solicitudes de evaluación. Aquí también, como a nivel nacional, resultaron no elegibles 8 de 11 especialidades (muchas de ellas médicas), 46 de 142 en el nivel de maestría, y 6 de 62 en el nivel del doctorado. Tampoco hay información disponible respecto de las áreas de conocimiento y disciplinas que más resultaron afectadas con la evaluación no diagnóstica, ni formativa sino punitiva realizada por el Consejo a través de sus comisiones dictaminadoras. No obstante, parece claro que los posgrados relacionados con la gestión, los negocios, el emprendurismo o la administración de organizaciones resultaron los más afectados con las decisiones evaluadoras. Eso supone que fueron considerados posgrados “no elegibles” por estar dirigidos a fortalecer al mercado y no al estado. También queda flotando en el aire la sensación de que el tercio de las solicitudes rechazadas (aunque el eufemismo sea “no elegidas”) obedece a razones presupuestales, algo que desde hace tiempo se ha mencionado como una de las razones que explican los resultados de las evaluaciones del Conahcyt. Como sea, el proceso evaluador significa un duro golpe a miles de estudiantes que habían decidido cursar una maestría o un doctorado bajo el supuesto de que recibirían una beca. Ante la eliminación de los programas, muchos alumnos se dieron de baja inmediatamente. Algunos se movilizaron y protestaron en las delegaciones del Conahcyt, o en las instalaciones de los campus universitarios. Pero el golpe está dado, y a pesar de las solicitudes de reconsideración realizadas por las autoridades, el Consejo decidió, en una proporción significativa, reiterar la categoría de “no elegibles”, sin mayores explicaciones a los responsables de los programas afectados. En estas circunstancias, la política científica del gobierno obradorista es una hechura de objetivos ambiguos, señales cruzadas e implementaciones defectuosas. La narrativa de la gratuidad se enfrenta al hecho de recortes brutales en los apoyos hacia los jóvenes (y algunos no tanto) que deciden, por muy diversos motivos y circunstancias, apostar al posgrado como una forma de supervivencia en tiempos donde los empleos son escasos, o para contribuir a la solución de problemas del desarrollo mexicano de hoy y del futuro. Es difícil entender como una política científica nacional supuestamente anti-neoliberal le cierra la puerta a poblaciones e instituciones públicas que han logrado avances importantes en la diversificación de las opciones profesionales y de investigación del posgrado mexicano. El problema central no es, por supuesto, el de evaluar o no los programas. De hecho, esa es una práctica regular desde los inicios del padrón de posgrados reconocidos por el Consejo. El problema consiste en el tipo de evaluación que se diseña y se ejecuta, sin considerar la historia de cada programa, el contexto y los resultados de cada uno de ellos. Si antes del 2019, la épica de los indicadores gobernaba las evaluaciones de los programas, hoy la épica de la austeridad y el compromiso con las prioridades gubernamentales dominan la evaluación federal. Son tiempos duros para el posgrado nacional.