Autonomías bajo riesgo

Diario de incertidumbres Autonomías bajo riesgo Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 03/10/2024) https://suplementocampus.com/autonomias-bajo-riesgo/ Las autonomías universitarias en México siempre han sido un tema incómodo para los gobiernos estatales y en ocasiones para el propio gobierno federal. Bajo las sospechas de malos manejos, corrupción o politización de las universidades, diversas iniciativas, acciones, pronunciamientos o declaraciones de funcionarios y dirigentes políticos no universitarios son expresiones de desconfianza de las élites políticas y gubernamentales dominantes en distintas épocas y contextos. Las experiencias de las alternancias políticas observadas en la escala nacional y subnacionales desde finales de los años noventa, partidos, grupúsculos o funcionarios ligados a distintos oficialismos políticos y sus respectivas coaliciones (PAN-PRI-Morena), se han manifestado por cambiar las formas de gobierno de las universidades públicas. Hoy, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al igual que otras universidades públicas estatales y la propia UNAM en el pasado reciente, atraviesa por una crisis política derivada de la acción que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en el congreso sinaloense han emprendido para reformar la ley orgánica de esa institución. Bien visto, esa reforma no es el inicio sino la culminación de un proceso derivado de la Ley General de Educación Superior del 2021, que en Sinaloa fue interpretada por el gobierno estatal y sus congresistas locales como parte del proceso de ajustes a las normativas estatales de “armonización” con la normativa federal. Aunque en la LGES se declara explícitamente que el respeto a la autonomía universitaria es uno de sus principios fundamentales, en los hechos la “armonización” incluyó en Sinaloa una reforma a la ley orgánica de la UAS, específicamente en lo que respecta a aspectos como la gratuidad y el acceso, pero fundamentalmente en lo relacionado con las formas y mecanismos de elección del rector y de las principales figuras unipersonales de autoridad de la universidad, una dimensión que constituye el núcleo duro de la autonomía política universitaria. Como lo ha explicado con detalle Roberto Rodríguez en su artículo de la semana pasada en Campus, la lógica de la reforma legislativa es de naturaleza política, no de políticas académicas, administrativas ni organizativas. En medio de un conflicto que ha escalado desde hace un par de años, con múltiples movilizaciones, protestas y amparos judiciales por parte de la UAS apoyadas por otras universidades públicas y por la propia Anuies, el congreso estatal resolvió, por abrumadora mayoría, aprobar una nueva ley orgánica el pasado 20 de septiembre en una accidentada sesión que tuvo que suspenderse, reprogramarse y finalmente realizarse en modo fast-track en el transcurso de sólo dos días. El hecho y sus implicaciones son sumamente preocupantes por las siguientes razones: -Sienta un precedente grave en donde el oficialismo de un partido político puede actuar de manera independiente para resolver intervenciones legales sin la participación de las autoridades y comunidades universitarias formalmente reconocidas. -Confirma un desequilibrio entre los poderes públicos, donde el ejecutivo y el legislativo pueden actuar de manera coordinada para debilitar una institución autónoma por ley, y minimiza, viola o desatiende los ordenamientos y resoluciones que otro poder público (el judicial) emite para contener los excesos de los otros poderes. -El cambio en las formas y métodos de gobierno universitario es un asunto delicado que no se resuelve invocando a la democracia de asamblea. En una institución dedicada al conocimiento, caracterizada históricamente por los principios del cogobierno en la conducción de la universidad, las formas y métodos de selección de sus figuras de autoridad obedecen a una racionalidad compleja que combina participación y representación de sus comunidades en distintas escalas y dimensiones. Numerosos estudios y experiencias realizados en torno al gobierno universitario en México y en el mundo muestran los efectos perversos y no deseados de la politización salvaje de los procedimientos electorales a “mano alzada” en la universidad. -Una reforma que no está basada en la autogestión de las comunidades universitarias y sus representaciones lastima la legitimidad de la autonomía universitaria como autogobierno institucional. Introducir modificaciones en la legislación universitaria sin la participación de sus comunidades no puede ser sustituida por una consulta organizada y ejecutada por instancias externas a la universidad (en este caso el congreso sinaloense), aunque sea en nombre de un ambiguo principio de “democratización”. -El rasgo más preocupante del episodio sinaloense es que puede ser la señal más clara de que la “tiranía de la mayoría” puede dejar de ser una metáfora para convertirse, o confirmarse, como una realidad autocrática. Luego de la reforma al poder judicial, con una super-mayoría en el congreso federal y en los congresos estatales, el poder del oficialismo se ha incrementado de manera notable. Si durante el ciclo de la alternancia (1989-2021) los gobiernos divididos dominaron el panorama de los distintos oficialismos en las escalas federal y estatales, a partir de las elecciones de este año (2024) los gobiernos unificados (gobiernos cuyos partidos o coaliciones políticas alcanzan mayorías calificadas en el congreso federal o estatales) han sustituido a los gobiernos de la alternancia. En estas circunstancias inéditas en la joven democracia mexicana, la presidencia y las gubernaturas mantienen mayorías calificadas para emprender reformas legislativas en sus ámbitos de competencia, y no gobiernos que no tienen control sobre sus legislativos locales. Sin contrapesos políticos ni judiciales, el futuro de la autonomía universitaria contiene un alto grado de incertidumbre. En este contexto, la desaparición de los órganos autónomos incluida en el paquete de reformas constitucionales impulsada por la mayoría morenista (Inai, Coneval, Mejoredu, etc.) puede incluir también la desaparición, modificación y cambios en las reglas del juego autonómico para las universidades públicas que hemos conocido desde la inclusión del derecho a la autonomía incluida en la fracción séptima del tercero constitucional desde la reforma de 1978. Ello significa, entre otras cosas, el diseño de una agenda que implica la posible desaparición de las Juntas de Gobierno, modificaciones a los procedimientos de selección de autoridades, la modificación de los planes y programas de estudio, los criterios y políticas de admisión de las universidades, o de las formas y criterios de contratación de su profesorado. Por lo que se ve, el conflicto va para largo y al fondo, y el nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum aún no se ha pronunciado sobre el asunto. En un contexto sembrado de bombas de relojería, el tema de la autonomía universitaria aguarda por definiciones claras por parte del gobierno federal, sin olvidar que el silencio también puede ser la expresión contundente de una decisión tomada.