Estación de paso
El pleito y la taquilla
Adrián Acosta Silva
Señales de humo, Radio U. de G., 30 de septiembre, 2010
El pleito que se registra en estos días entre el Gobierno de Jalisco y las autoridades de la Universidad de Guadalajara forma parte de una historia más larga, accidentada y compleja de lo que aparenta. Ventilado profusamente entre los medios locales –ya se sabe: los pleitos son taquilleros-, el conflicto puede ser visto como una típica disputa entre legitimidades sociales y políticas distintas, pero también entre proyectos y argumentaciones de orígenes diferentes. El reclamo universitario por más recursos financieros, y las negativas o condicionamientos del Ejecutivo estatal para otorgarlos, ha colocado en el centro de la batalla mediática la imagen de que este pleito es un asunto de dineros, de recursos, en lo que ambas instituciones exhiben sus argumentos y sus respectivos músculos para tratar de convencer a un tercero –la sociedad de los incrédulos, de los escépticos, de los espectadores- acerca de quién tiene la razón…y la fuerza.
El cliché favorito del gobierno estatal es que no tiene recursos y la U. de G. no sabe gastarlos, o, como dijo con finura inigualable el Secretario General de Gobierno, la U. de G. “es un barril sin fondo”. Pero a la luz de la información pública que circula en los medios, se puede afirmar que el gobierno panista ha demostrado una y otra vez que tiene recursos, pero no sabe, no puede o no quiere gastarlos. La discrecionalidad y las ocurrencias del ejecutivo son la brújula que domina el destino de los dineros públicos. No hay una idea clara del tipo de desarrollo que tiene en mente el gobierno del estado, y no existe una agenda de prioridades que marque el rumbo de su administración. Cuando se lee el Plan Estatal de Desarrollo, o los programas de las dependencias del ejecutivo (en especial, la de educación) lo que se observa es un gigantesco listado de obligaciones constitucionales y burocráticas que entran entre lo que los expertos en políticas públicas denominan “Agenda constitucional” (es decir, obligatoria para todo gobernante), o que se derivan de los programas federales ya existentes, pero no existe una agenda propia de gobierno, clara, coherente y definida. En esas condiciones, y frente a los recurrentes montajes y espectáculos discursivos que gusta ofrecer el jefe del ejecutivo estatal, la conclusión es que el Gobernador y su camarilla no terminan de entender dónde están parados y que representan. Su espectáculo recuerda tristemente las imágenes del foxismo, reproducidas-mal y tarde, diría Sabina- a escala local. Terminan confundiendo su gestión como un ejercicio personal y discrecional, como una facultad que los libera de ofrecer argumentos, ideas y políticas claras y factibles. Y ni las lecturas de la Biblia en Casa Jalisco, ni la soberbia con la que suelen pasear los funcionarios cercanos al emilismo, parecen ser suficientes para evitar la sensación a ciudadanos, a opositores políticos o a algunos de sus propios correligionarios, de que algo huele a podrido en los pasillos del Palacio de Gobierno.
Por su parte las actuales autoridades universitarias continúan con un proyecto expansionista que “arrastra” a otros actores a su implementación. Frente a la ausencia de una política local de desarrollo de la educación superior, que incluya no sólo la creación de “enseñaderos” masivos, sino también la investigación científica y el desarrollo cultural, la U. de G. ha planteado desde 1990 un proyecto de Red Universitaria que ha traído varios efectos directos y colaterales en Jalisco, que hay que evaluar más que descalificar. Ello implica un reclamo legítimo por mayores recursos a los gobiernos federal y estatal, mismos que sus diversas autoridades han gestionado con un considerable grado de éxito desde los primeros años noventa. ¿Hacia dónde se van esos recursos? Como todas las universidades públicas, el gasto lo consume fundamentalmente la nómina (8 de cada 10 pesos se van para allá) y eso hace de la U. de G. una de los grandes empleadores del estado (25 mil trabajadores entre académicos y administrativos). Como otras universidades públicas estatales, la U.de G. participa puntualmente desde hace dos décadas en el concursos anuales para nuevas bolsas de financiamiento federal (hay 14 programas de recursos extraordinarios cada año) y ello le ha implicado obtener indicadores de calidad y reconocimientos nacionales, tanto del gobierno federal como de otros organismos. El problema es que muchos de esos programas implican apoyos y obligaciones por parte del gobierno estatal, como lo documenta la publicidad que ha dado a conocer la U. de G. en los últimos días. Así las cosas, el Ejecutivo estatal aparece como un actor que no conoce, no respeta o no le gustan las reglas del juego del financiamiento público a la educación superior, pero que tampoco articula un argumento medianamente convincente para regatear o condicionar los recursos.
Por lo que se ve, la apuesta del ejecutivo es la de personalizar el pleito, y eso trae cierta sensación Déja Vú al conflicto presente. El fantasma de lo ocurrido en 2008, con la destitución del exrector Carlos Briseño, vuelve a aparecer en el horizonte discursivo y las prácticas políticas del gobernador, con la apuesta de desacreditar a un personaje o a un grupo como método para la demolición política de la legitimidad del orden político-institucional de la U. de G., un orden desagradable para el emilismo y para otros grupos. Esta ruta de confrontación no parece favorecer un buen desenlace al conflicto. Luego de la marcha de ayer, los próximos días serán críticos para desactivarlo, empantanarlo o recrudecerlo. Sin embargo, la tensión entre una lógica política intervencionista y potencialmente invasiva de la autonomía universitaria, y una lógica autonomista y expansiva de los logros universitarios, alimenta un clima de confrontación que será difícil de disipar en muchos meses o años.
Tuesday, October 05, 2010
Wednesday, September 22, 2010
Universidad, política y élites

Estación de paso
La política, la universidad y la formación de las elites
23 de septiembre de 2010.
Adrián Acosta Silva
El domingo pasado, el periódico Público-Milenio presentó en páginas interiores un interesante reportaje sobre el perfil universitario de los liderazgos políticos en México. Tomando como base un libro del politólogo estadounidense Roderic Ai Camp- pionero de los estudios sobre la clase política en México-, la nota confirma una tendencia de cambio en la composición universitaria de los liderazgos partidistas y el funcionariado público en México. Para decirlo en breve, la UNAM ha dejado de ser desde hace tiempo la institución formadora prácticamente exclusiva de los liderazgos políticos en el país, y ahora comparte esa función informal o no declarada con otras instituciones públicas o privadas de educación superior.
El asunto no es menor. A un siglo de su fundación, la UNAM mantiene su fuerza académica y cultural, pero sus contribuciones específicas a la formación de las élites políticas han disminuido. Ya no basta ser abogado y egresado de la UNAM para tener acceso al poder político, como ocurrió durante un largo ciclo. Hoy (con datos de 1999 según la nota), 45% de los cuadros políticos priistas egresó de las aulas de la UNAM, contra el 42% de los panistas o el 36% de los perredistas. El último Presidente egresado de la UNAM fue Carlos Salinas de Gortari, y el primero no puma fue Ernesto Zedillo, que egresó del IPN, y luego Vicente Fox, que egresó de una privada, la Ibero. El actual Presidente Calderón, egresó de la Escuela Libre de Derecho, una antigua institución formadora de abogados de carácter privado. Estos cambios en el origen formativo de la figura presidencial revela el tamaño de las transformaciones que han operado silenciosamente en el subsuelo de la política y la educación superior mexicana en los últimos treinta años.
¿Qué fuerzas han operado en el desplazamiento de la UNAM como la institución que prácticamente monopolizó durante muchos años la formación de las élites políticas? Se pueden identificar por lo menos dos grandes procesos. Por un lado, la tendencia hacia la pluralización política partidista, que permitió que individuos y grupos con diversas afinidades electivas y diferentes perfiles sociales e ideológicos se distribuyeran entre las distintas organizaciones políticas. Pero esa diversidad no se hubiera expresado sin la expansión acelerada de un conjunto de nuevas universidades públicas estatales y privadas que ejercieron una potente tendencia hacia la descentralización regional y la diversificación institucional de la educación superior mexicana.
Eso explica el hecho de que la UNAM perdiera fuerza como institución monopólica de la educación superior desde los años sesenta. Algunos datos para ilustrar lo anterior: hacia 1970, la UNAM concentraba más del 30% de la matrícula total de educación superior del país. Hoy se estima que absorbe menos del 10% de la misma. La aparición y expansión de nuevas universidades públicas en los tiempos del echeverrismo (la UAM, la UACJ, la UABCS, la UAA, por ejemplo), y la explosión de las universidades y escuelas privadas desde finales de los años ochenta, explican ese desplazamiento. Por tanto, pluralización político-partidista y diversificación de las opciones de formación universitaria, explican el declive de la UNAM como centro formador exclusivo de las elites políticas del país.
Ello no obstante, dicha institución es sin duda la que más peso relativo mantiene en la formación universitaria de origen de nuestras elites. Ninguna otra compite con ella en ese campo. En otras palabras, la UNAM ya no monopoliza la formación, pero es la que forma más “cuadros” políticos que ninguna otra. Aunque universidades públicas federales como la UAM o el IPN, o públicas estatales como la U. de G., la Autónoma de Nuevo León, la de Puebla o la Veracruzana, tengan influencia en la formación de los políticos profesionales, no alcanzan a tener la magnitud de la UNAM. De las privadas, aunque cada vez más tengamos egresados del ITAM, de la Ibero, del Tec de Monterrey o de la Panamericana en el gobierno o en los partidos, su fuerza sigue siendo muy marginal en relación a las públicas y a la propia UNAM.
Pero, después de todo, ¿tiene alguna relevancia el origen universitario de los liderazgos políticos? ¿En qué medida influye el hecho de ser egresado de algún tipo de institución en un buen o mal desempeño político de los individuos o grupos? Estas preguntas aún aguardan por respuestas sólidas, aunque existan de creencias, conjeturas e hipótesis al respecto. Sin embargo, ante los cambios en el contexto político y las transformaciones en la educación superior mexicana –con sus respectivos déficit de representación política y eficacia institucional, por parte del primero, o con los problemas de equidad y acceso educativo, de la segunda- las relaciones entre formación escolar universitaria y desempeño político parecen estar gobernadas como siempre más por los códigos del poder que por la calidad de la escolaridad universitaria. Ser egresado de la Ibero o del Tec no parece asegurar un mejor desempeño que alguien de la UNAM o de la U. de G. Quizá las formas de socialización política en las instituciones sea la variable fundamental para valorar el “éxito político” de los individuos, pero es sólo una sospecha. Esos reconocimientos ayudarían a comprender mejor la complejidad de la función de las universidades en la formación de los liderazgos políticos contemporáneos.
Thursday, September 02, 2010
El voluntarismo y sus fábulas
Estación de paso
El voluntarismo y sus fábulas
Adrián Acosta Silva
Señales de humo, Radio U. de G., 2 de septiembre, 2010.
El voluntarismo ha adquirido carta plena de naturalización en nuestro medio. Las buenas declaraciones, las nobles intenciones, los deseos magníficos, inundan las planas de periódicos, el sonido de los televisores y de la radio, las redes sociales, las declaraciones públicas y privadas de autoridades y ciudadanos. La incontinencia verbal asociada al voluntarismo se ha instalado firmemente entre nosotros, y no se ve por dónde pueda evadirse la tentación de propagar el optimismo, las ganas de hacer o de creer, la buena voluntad como antídoto contra los males públicos y privados.
Pero el voluntarismo es, bien visto, una creatura del ilusionismo. Pensar que con puras ganas se pueden transformar realidades significa que las emociones pueden llegar a ser alucinógenas. Se pueden identificar dos buenos ejemplos, muy recientes, para documentar un poco lo anterior. Uno de ellos es la llamada “Ley antichatarra”, que consiste en evitar que en las escuelas se vendan frituras y golosinas de escaso o nulo valor nutricional. El otro tiene que ver con la prohibición para vender antibióticos sin receta médica. Dos buenos deseos están en el centro de ambas disposiciones oficiales: evitar niños gordos, y mejorar la efectividad de los medicamentos entre la población. Ambas, se dice desde la Secretaría de Salud y desde la SEP, van a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, bajarán los costos del sistema de salud, y todos seremos más felices y saludables.
Como en las fábulas clásicas, los deseos se confunden con las capacidades, como en la fábula del buey y del sapo, en la que este último se imagina febrilmente con la fuerza y el tamaño del primero, hasta que de tanto aspirar termina reventado por la fuerza de la realidad. Las miles de escuelas públicas a las que acuden millones de niños, son espacios de consumo donde las familias disponen de poco tiempo y condiciones para preparar alimentos con determinados componentes calóricos y proteínicos. Desde las oficinas de la SEP, se piensa que con la fuerza de la ley quedarán atrás los tiempos de los churrumais, de los refrescos, de las papas fritas con chile y limón, de los confitones y de los gansitos, para ser sustituidos como por arte de magia normativa por naranjas, zanahorias, botellitas de agua potable, papas cocidas, ensaladas de atún y de pollo cuidadosa e higiénicamente preparadas por padres responsables, hacendosos y dedicados. Seguramente no saben que en muchas localidades un refresco es más barato e higiénico que una botella de agua, o de que una bolsa de papitas es más confiable que unas papas cocidas quien sabe en qué condiciones. Los baños de las escuelas son en muchos casos focos de insalubridad más potentes que los alimentos chatarra, pero eso parece no importar a los funcionarios encargados de salvar a los niños de grasas y azúcares dañinos.
El caso de los antibióticos es otro buen ejemplo de nuestros funcionarios-exorcistas. A los médicos-funcionarios se les ocurrió que es una buena medida controlar la venta libre de medicamentos contra muchas enfermedades comunes: resfríos, anginas, fiebres. Ahora, para evitar los efectos de una medicación bajamente regulada pero efectiva como la que ocurre, se tienen que expedir medicamentos sólo con receta médica. El pequeño problema es que para eso hay dos caminos para los ciudadanos realmente existentes: uno es acudir a una cita en algún centro público de salud, con la consecuente inversión de tiempo, esfuerzo y paciencia que exige lidiar con la impresentable burocracia sanitaria del país. El otro es pagar el costo de un servicio de un médico privado. ¿Habrá alguien que haya pensado en el costo individual y colectivo de implementar una medida que rápidamente puede generar un mercado negro de recetas médicas o la aparición de nuevas formas de coyotaje en hospitales y clínicas?
Las prácticas de salud, o las prácticas alimenticias, como toda práctica social, son fenómenos complejos, que implican cierta racionalidad y algún tipo de orden fuertemente arraigado entre los ciudadanos reales, no los imaginarios. Así como la democracia no se construye con clases de civismo ni condenas morales a la apatía o loas a la participación, ni la justicia social con acciones filantrópicas de empresas o individuos adinerados, la buena alimentación no se suprimirá con la prohibición de los productos chatarra, ni la aparición de nuevos virus y bacterias tampoco se evitará controlando la venta de medicamentos. Antes bien, pueden ocurrir efectos contrarios a los buscados, como encarecer los servicios de salud, o como eliminar las únicas fuentes de alimentación confiables entre muchos niños y sus familias. Como lo narra Esopo, el sapo, por más que lo imagine y lo desee, nunca podrá ser un buey. Sólo el realismo mágico gubernamental es capaz de desafiar la capacidad explicativa de las viejas fábulas.
El voluntarismo y sus fábulas
Adrián Acosta Silva
Señales de humo, Radio U. de G., 2 de septiembre, 2010.
El voluntarismo ha adquirido carta plena de naturalización en nuestro medio. Las buenas declaraciones, las nobles intenciones, los deseos magníficos, inundan las planas de periódicos, el sonido de los televisores y de la radio, las redes sociales, las declaraciones públicas y privadas de autoridades y ciudadanos. La incontinencia verbal asociada al voluntarismo se ha instalado firmemente entre nosotros, y no se ve por dónde pueda evadirse la tentación de propagar el optimismo, las ganas de hacer o de creer, la buena voluntad como antídoto contra los males públicos y privados.
Pero el voluntarismo es, bien visto, una creatura del ilusionismo. Pensar que con puras ganas se pueden transformar realidades significa que las emociones pueden llegar a ser alucinógenas. Se pueden identificar dos buenos ejemplos, muy recientes, para documentar un poco lo anterior. Uno de ellos es la llamada “Ley antichatarra”, que consiste en evitar que en las escuelas se vendan frituras y golosinas de escaso o nulo valor nutricional. El otro tiene que ver con la prohibición para vender antibióticos sin receta médica. Dos buenos deseos están en el centro de ambas disposiciones oficiales: evitar niños gordos, y mejorar la efectividad de los medicamentos entre la población. Ambas, se dice desde la Secretaría de Salud y desde la SEP, van a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, bajarán los costos del sistema de salud, y todos seremos más felices y saludables.
Como en las fábulas clásicas, los deseos se confunden con las capacidades, como en la fábula del buey y del sapo, en la que este último se imagina febrilmente con la fuerza y el tamaño del primero, hasta que de tanto aspirar termina reventado por la fuerza de la realidad. Las miles de escuelas públicas a las que acuden millones de niños, son espacios de consumo donde las familias disponen de poco tiempo y condiciones para preparar alimentos con determinados componentes calóricos y proteínicos. Desde las oficinas de la SEP, se piensa que con la fuerza de la ley quedarán atrás los tiempos de los churrumais, de los refrescos, de las papas fritas con chile y limón, de los confitones y de los gansitos, para ser sustituidos como por arte de magia normativa por naranjas, zanahorias, botellitas de agua potable, papas cocidas, ensaladas de atún y de pollo cuidadosa e higiénicamente preparadas por padres responsables, hacendosos y dedicados. Seguramente no saben que en muchas localidades un refresco es más barato e higiénico que una botella de agua, o de que una bolsa de papitas es más confiable que unas papas cocidas quien sabe en qué condiciones. Los baños de las escuelas son en muchos casos focos de insalubridad más potentes que los alimentos chatarra, pero eso parece no importar a los funcionarios encargados de salvar a los niños de grasas y azúcares dañinos.
El caso de los antibióticos es otro buen ejemplo de nuestros funcionarios-exorcistas. A los médicos-funcionarios se les ocurrió que es una buena medida controlar la venta libre de medicamentos contra muchas enfermedades comunes: resfríos, anginas, fiebres. Ahora, para evitar los efectos de una medicación bajamente regulada pero efectiva como la que ocurre, se tienen que expedir medicamentos sólo con receta médica. El pequeño problema es que para eso hay dos caminos para los ciudadanos realmente existentes: uno es acudir a una cita en algún centro público de salud, con la consecuente inversión de tiempo, esfuerzo y paciencia que exige lidiar con la impresentable burocracia sanitaria del país. El otro es pagar el costo de un servicio de un médico privado. ¿Habrá alguien que haya pensado en el costo individual y colectivo de implementar una medida que rápidamente puede generar un mercado negro de recetas médicas o la aparición de nuevas formas de coyotaje en hospitales y clínicas?
Las prácticas de salud, o las prácticas alimenticias, como toda práctica social, son fenómenos complejos, que implican cierta racionalidad y algún tipo de orden fuertemente arraigado entre los ciudadanos reales, no los imaginarios. Así como la democracia no se construye con clases de civismo ni condenas morales a la apatía o loas a la participación, ni la justicia social con acciones filantrópicas de empresas o individuos adinerados, la buena alimentación no se suprimirá con la prohibición de los productos chatarra, ni la aparición de nuevos virus y bacterias tampoco se evitará controlando la venta de medicamentos. Antes bien, pueden ocurrir efectos contrarios a los buscados, como encarecer los servicios de salud, o como eliminar las únicas fuentes de alimentación confiables entre muchos niños y sus familias. Como lo narra Esopo, el sapo, por más que lo imagine y lo desee, nunca podrá ser un buey. Sólo el realismo mágico gubernamental es capaz de desafiar la capacidad explicativa de las viejas fábulas.
Thursday, August 19, 2010
Mártires y apóstatas

Estación de paso
Mártires y apóstatas
Adrián Acosta Silva
Señales de Humo, Radio U. de G., 19 de agosto, 2010.
Hace casi doscientos años, el distinguido aristócrata y pensador francés Alexis de Tocqueville –quien es considerado por muchos expertos (Jon Elster, por ejemplo) como el primer “científico social” del mundo-, reflexionaba en torno a las circunstancias que rodean los tiempos del cambio revolucionario y de la paz conservadora. Desde el laboratorio estadounidense en el cual registraba sus observaciones –reunidas en su famoso libro La democracia en América, publicado originalmente en francés en 1835- y atormentado por la experiencia de la Revolución Francesa de 1789, apuntaba con lucidez la presencia de convicciones vigorosas pero no profundamente sostenidas en los tiempos revolucionarios, en tanto que las épocas posrevolucionarias se convertían en épocas de “duda y desconfianza universales”; en esas épocas, ”las personas no están tan dispuestas a morir por sus opiniones, pero no las cambian; además, se encuentran menos mártires y menos apóstatas” (Tocqueville, A. de, Democracy in America, Anchor Books, New York, 1969, p. 187).
Las palabras de Tocqueville parecen retumbar en los oídos del presente mexicano, en estos tiempos de monólogos al mayoreo. La duda y la desconfianza se han anudado en el centro de nuestra vida pública, y ni exorcismos presidenciales ni llamados patrioteros son suficientes para enfrentar las bestias negras de la incredulidad y el sinsentido. Sin mártires ni apóstatas en el horizonte inmediato, estos tiempos malditos son ganados por los canallas, los oportunistas y los timadores, que se desenvuelven con soltura entre medios de comunicación, partidos políticos, en el gobierno y en la sociedad civil.
Como se sabe, un mártir es alguien que está dispuesto a morir por una causa –una convicción, un hecho, una creencia-, mientras que un apóstata es quien ha renunciado justamente a sus creencias, un renegado, en algún sentido, un traidor a dogmas, principios, proyectos. Y de mártires y apóstatas está hecha la vida de las naciones y de sus agitadas pasiones políticas y sociales. La música ensordecedora del bicentenario y el centenario ha colocado en el centro las figuras de héroes y mártires, de traidores y apóstatas, como tratando de justificar cierto sentido de optimismo y orgullo nacional, en estos tiempo de desencanto político y de bajísimas expectativas individuales o colectivas sobre las posibilidades de mejoría económica, de bienestar social o de desempeño político.
El conservadurismo católico y el moralismo tradicional han resurgido en estos tiempos de escepticismo, a la voz de conocidos cardenales iracundos que alientan discursos de odio. Opuestos a cualquier discusión sobre el tema de matrimonio entre homosexuales, la legalización de la droga, o la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, curas en busca de santificaciones futuras, y sus no pocossúbditos laicos, se han lanzado contra cualquier intento o decisión de quién sea, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para modificar la legislación y las creencias en torno a temas de la vida privada que requieren de derechos públicos para proteger, justamente, decisiones que garanticen libertades de individuos, de minorías y también de mayorías. Predeciblemente, la corte de las sotanas y sus admiradores se ha lanzado a la defensa de principios abstractos, inmutables e inmortales, propios de mentalidades en busca de mártires para sus causas.
Por otro lado, la discusión en torno al tema de la violencia y la seguridad pública ha colocado las baterías políticas presidenciales en búsqueda de la legitimación mala y tardía de una estrategia que ha tenido efectos perversos. A prácticamente un año del inicio del proceso electoral federal para renovar la presidencia en 2012, y a poco más de dos para dejar Palacio Nacional, el calderonismo ha entrado en la recta final de su mandato con una retórica triunfalista, patriotera y hasta regañona que no se corresponde con los logros observados en los primeros cuatro años de su gestión. Los apóstatas se encuentran agazapados en las sombras y márgenes de este período.
Estas dos postales de tono gris sólido, parecen recordar los hechos y el ánimo con el que lidiaba aquel excéntrico francés que deambulaba con su diario en la mano por la costa este, los desiertos y las montañas de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, tratando de entender las tensiones y dilemas de los hombres en períodos de agitación y turbulencia. Habitada por dudas, opiniones y creencias que pavimentan la sabiduría convencional de nuestro tiempo, en México necesitamos más herejes y apóstatas que mártires, capaces de desafiar los lugares comunes que nos han conducido al estancamiento y el hastío. Después de todo, la apostasía posee ese discreto encanto de la incomodidad que tanto molesta a los predicadores vueltos pescadores gananciosos en nuestras propias aguas revueltas.
Monday, August 16, 2010
La música lúgubre de la violencia

La música lúgubre de la violencia
Adrián Acosta Silva
Revista Nexos, agosto de 2010.
El final de la violencia, de 1997, es una película inquietante del director alemán Wim Wenders. El argumento central de la cinta es que la violencia es una bestia indomable, cuya influencia y efectos se extienden a múltiples campos de la vida privada y de la vida social. Un director que se ha vuelto rico y famoso filmando justamente películas sobre la violencia, se ve envuelto poco a poco en una red de acontecimientos en los que la violencia que usualmente filma lo atrapa a él mismo. La separación de su mujer, el robo, el secuestro y el asesinato, son acontecimientos unidos por el hilo delgado de la violencia, que termina por consumir las vidas de los involucrados. El tema la película, la fotografía y las escenas, la pista sonora que la acompaña (en la que desfilan canciones de Ry Cooder, Tom Waits, Los Lobos, y Roy Orbison, entre otros), ilumina de manera espléndida el argumento básico de la obra: los efectos corrosivos, devastadores, a veces deliberados, en otras no intencionales o muchas veces perversos de la violencia en la vida de los individuos y de las sociedades.
El tema, por supuesto, es complejo. La perspectiva que ofrece Wenders permite asomarse desde la ventana cinematográfica a dicha complejidad, y sirve quizá para referir lo ocurrido en los últimos años en México –lo que va del siglo, para ser exactos-, que mucho le debe a la violencia. Crisis económicas, epidemias, desastres naturales, cambio político, personajes permanentes o de ocasión, han tenido como música de fondo el eco de balaceras, asesinatos, bombas, secuestros. Las imágenes de la época son dominadas por cuerpos descuartizados, hombres decapitados, sangre en las calles, cadáveres embolsados, amarrados, abandonados en baldíos, carreteras y barrancos. Miles de muertos acumulados, individuos y grupos viviendo en la zozobra, miedos extendidos entre poblaciones específicas, en algún sentido paranoias privadas vueltas esquizofrenia pública. El asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, las muertes de policías en Guadalajara, las ejecuciones cotidianas que habitan la vida pública en Chihuahua, Sinaloa, Michoacán o Guerrero, forman parte de una espiral de violencia que se alimenta de varios fuegos en distintos lugares y territorios. No se sabe bien cómo y cuándo comenzó todo, y tampoco se sabe muy bien cómo enfrentarlo.
Como lo ha mostrado Fernando Escalante en Nexos, el índice de homicidios violentos, deliberados, se ha incrementado de manera espectacular en algunas ciudades del país, aunque la tasa general de mortandad por accidentes u homicidios imprudenciales de la población se mantenga en sus patrones históricos. Los medios registran todos los días las imágenes y los hechos, las autoridades manifiestan su indignación y sus lamentos, el oficialismo panista y sus opositores lanzan al aire sus reclamos y diatribas, mientras que los ciudadanos continúan con sus actividades habituales. Contener la violencia no sólo como un buen deseo, una noble intención, sino como necesidad básica para autoridades y ciudadanos, para políticos y gobernados.
El discurso dominante coloca a la violencia como una reacción frente a la acción del Estado. Pero eso no parece ser tan obvio, ni tan claro. La acción de los grupos criminales surge del rompimiento de los acuerdos viejos o recientes con las propias estructuras del Estado y de los aparatos de seguridad nacional o locales. La penetración de la delincuencia en las esferas del poder y en las prácticas sociales parece ser la hipótesis que explicaría la fuerza incontenible de la violencia en la vida pública mexicana de los últimos años. Ni la policía, ni las leyes, ni la retórica presidencial parece ser suficiente para enfrentar con posibilidades de éxito la amenaza de sicarios, asesinos y depredadores. Algo hay de ruptura de los códigos básicos de la cohesión social, la expansión de las conductas anómicas, el cálculo de que unos cuantos platos de sangre pueden ayudar a recomponer el orden perdido, que incluiría la consolidación de una variada colección de impunidades cotidianas y de transacciones sombrías. El resultado es parecido a la película de Wenders: la creación de un clima ominoso, a veces irrespirable, en el que el poder de las tribus y de los depredadores sustituye el poder del Estado y sus instituciones.
Wednesday, July 21, 2010
Un trago por Cat Stevens

Estación de paso
Un trago por Cat Stevens
Adrián Acosta Silva
Señales de humo, Radio U. de G., 22 de julio, 2010.
La geografía sonora del rock contemporáneo está forjada por historias extrañas. Por “contemporáneo” me refiero al que inició a finales de los años sesenta y que se alargó hasta bien entrado el siglo XXI. Las poco más de 4 décadas que cubre el período contienen un conjunto de trayectorias vitales brillantes, de orientaciones sonoras diversas y coloridas, y una zona grisácea cubierta de rutas imprecisas, que configuran un mapa barroco en el que se pueden identificar estilos, grupos y cantantes que han expandido las fronteras del “cantar de los cantares” del siglo XX, como suele denominarle Jaime López al rock de estos años. Así, al lado del panteón de los héroes muertos del rock –Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, John Lennon, Kurt Cobain-, permanecen también una colección de desvanecimientos estilísticos y de pequeñas historias de abandono de convicciones sonoras y estéticas, que coexisten con las conversiones espirituales de los que se rebelaron a su manera frente a la dictadura del negocio musical en que terminó convertida una buena parte de la producción, distribución y consumo de grupos y cantantes del género.
Una de esas célebres conversiones está representada por la figura de Cat Stevens. Nacido en Londres el 21 de julio de 1948, Steven Demetre Georgiou (el verdadero nombre del Gato) es hijo de madre sueca y padre greco-chipriota. Convertido por méritos propios en miembro distinguido del star-system rockero en los primeros años setenta, hacia finales de esa década decidió cambiar de nombre, de vida y de hábitos para convertirse en el musulmán Yusuf Islam, establecerse en una mezquita londinense, adoptar a decenas de niños para formarlos en esa religión, y dedicarse a promover por todo el mundo las enseñanzas de Alá y los mensajes del Corán. Las generaciones que crecieron escuchando Wild World, Father and Son, o Hard Headed Woman, presenciaron con cierto asombro el proceso de conversión de su ídolo, de su fuga hacia la búsqueda de la luz espiritual, aunque nunca dejaron de comprar y escuchar sus discos como Cat Stevens. Back to Earth , de 1978, fue su último disco grabado con ese nombre, con lo que se cerraba un ciclo como gran estrella pública , y se iniciaba otro como discreto creyente privado.
En la década de los ochenta y noventa no se supo más del buen Gato. Sin embargo, la condena a muerte del Ayatollah Jomeini al escritor inglés Salman Rushdie por su libro Versos satánicos, y la guerra del Golfo iniciada por el Presidente Bush padre a principios de los años 90 invadiendo la Irak de Sadam Hussein, trajeron nuevamente al ámbito público la voz y la figura del cantante y compositor de obras emblemáticas del folck-rock como Mona Bone Jackon, o Tea for the Tillerman (ambas de 1970). Los medios recogieron las impresiones de Stevens apoyando la condena al libro de Rushdie (aunque no estaba de acuerdo con la sentencia del Ayatollah), o condenando la invasión de los infieles occidentales a una nación musulmana como Irak (aunque reconocía los crímenes de Hussein). De pronto, decenas de irritados adultos norteamericanos o ingleses salieron a las calles para destrozar los discos de Stevens, y para renunciar a la devoción que en los años de su juventud profesaban a sus canciones. El sueño, otra vez, había terminado.
No fue sino hasta 2006 cuando Yusuf Islam reapareció con un nuevo disco bajo el brazo: An Other Cup, en el que muestra que el talento de un compositor excepcional se conservaba intacto. Más recientemente, en el 2009, con Roadsinger, el hoy sesentón Cat Stevens volvió a mostrar una obra cuidadosamente trabajada con manos de orfebre, dominada por guitarras, piano y sax, y con los ecos místicos de sus convicciones musulmanas. En los últimos años, ha hecho presentaciones con conciertos en diversos lugares de Londres, Nueva York o Montreal, como el que hizo en 2007 en el homenaje al fallecido Jim Capaldi (exmúsico de la banda Traffic, liderada por Steve Winwood), con una versión extraordinaria de la canción Man With No Country, del propio Capaldi. Estos registros muestran que el cambio de piel que experimentó Cat Stevens hace tres décadas, no eliminó al músico brillante que se conserva bajo el nombre de Yusuf Islam. Y quizá más aún: que bajo las creencias y la fe de un musulmán de orígenes múltiples, permanece un cantante gobernado por los impulsos de un talento irrenunciable.
Tuesday, July 06, 2010
El Estado y las tribus
El Estado y las tribus
Adrián Acosta Silva
(Texto publicado en sección “Debate”, del periódico “Mural”, Guadalajara, Jal., 4 de julio de 2010.)
El asesinato del candidato a gobernador tamaulipeco confirma a la violencia como uno de los grandes temas de la agenda pública nacional de una coyuntura que a fuerza de sangre y balas ya se volvió ciclo. Por el modo, el tiempo y el contexto, la ejecución del político priista es un asunto que coloca al límite la funcionalidad de las instituciones democráticas y la fortaleza o debilidad de los cambios experimentados en los últimos 20 años. El discurso y las prácticas contra la violencia que hemos atestiguado bajo la cruzada calderonista contra la delincuencia, no parece tener los efectos deseados, sino justamente efectos contra-intuitivos, no deseados o francamente perversos: la creación de un clima de confrontación y guerra con desenlaces fatales y potencialmente corrosivos de la vida política nacional.
¿Qué explica la fuerza que ha adquirido en los últimos años la delincuencia organizada - especialmente la derivada del narcotráfico- en la esfera pública del país? En realidad no se sabe muy bien, en primer lugar porque no es clara la magnitud de la presencia de estos grupos en las diversas actividades económicas, las estructuras políticas y las prácticas sociales. Ello no obstante, para el oficialismo panista, la “acción de los violentos” (como le gusta decir a los funcionarios de ocasión) es una efecto defensivo contra las acciones del gobierno federal. Esta hipótesis heroica trata de explicar, y justificar, la violencia legítima del Estado contra los poderes fácticos del narco y el crimen organizado. Sin embargo, los hechos muestran un par de cosas inquietantes y al parecer estrechamente relacionadas. La débil fuerza del Estado asociada a la creciente impunidad de los grupos delincuenciales. En otras palabras, la beligerancia policiaca y militar del gobierno es directamente proporcional al grado de impunidad de los poderes criminales que hoy tienen capturados territorios completos de la vida económica, social y política del país.
Si bien es cierto el hecho de que sólo la acción del Estado puede enfrentar y contener la acción de los criminales, también es un hecho que el desvanecimiento de la presencia del Estado en múltiples actividades y espacios de la vida pública ha propiciado la aparición de poderes alternativos y crecientemente influyentes en varios municipios y estados del país. Con estructuras de seguridad caracterizadas por bajos salarios, poca capacidad institucional, confusión en términos de coordinación y de operación policiaca e inteligencia criminal, las posibilidades de generar prácticas de impunidad que superan el costo de pagar por los delitos cometidos se ha impuesto en las aguas heladas del cálculo egoísta de los asesinos.
El desplazamiento de la violencia hacia los centros nerviosos de la política electoral coloca una perspectiva ominosa sobre la democracia mexicana realmente existente. El propósito de la violencia es intimidar, proveer de una imagen de miedo y riesgo a las actividades políticas que son por naturaleza públicas, incrementar la sensación de que todo lo sólido se desvanece en el aire. La delincuencia homicida también tiene sus rituales y sus rutinas, y parte de ellas no solamente consisten en ejecutar políticos, funcionarios, periodistas o ciudadanos, sino también llamar la atención pública sobre sus actos, sus motivaciones, sus chantajes.
Ello explica el hecho de que el discurso de las condenas, la indignación moral, las lamentaciones y los pésames al mayoreo se han instalado en el discurso habitual de las autoridades federales, estatales y municipales. Y eso en sí mismo es ya un síndrome preocupante de las limitadas capacidades del poder público, que ya forma parte de las rutinas esperadas por los depredadores. Las palabras también llegan a erosionarse y a perder fuerza y significado práctico. Por incapacidad, por corrupción, por cálculo, por efectos perversos o no deliberados, la criminalidad es una bestia indomable en las condiciones actuales. Y ya no importa tanto como, cuando y porqué llegamos aquí. Eso es tarea, quizá, de historiadores, sociólogos o antropólogos. Lo que importa es cómo diablos salimos de ella. Lo que hemos visto es que ahora, mal y tarde, se hacen llamados patrióticos para formar acuerdos políticos de unidad cuando las políticas de seguridad jamás se asentaron en una deliberación cuidadosa de sus alcances y costos. Es la hora del balance y las rectificaciones. De otro modo, el paisaje mexicano de estos años malditos recordará las palabras de Don Manuel Azaña, el último presidente republicano español antes del franquismo, cuando observaba con asombro la pérdida de las capacidades cohesivas de la política y de las instituciones democráticas de su tiempo: “Cuando desaparece el Estado, reaparecen las tribus”.
Adrián Acosta Silva
(Texto publicado en sección “Debate”, del periódico “Mural”, Guadalajara, Jal., 4 de julio de 2010.)
El asesinato del candidato a gobernador tamaulipeco confirma a la violencia como uno de los grandes temas de la agenda pública nacional de una coyuntura que a fuerza de sangre y balas ya se volvió ciclo. Por el modo, el tiempo y el contexto, la ejecución del político priista es un asunto que coloca al límite la funcionalidad de las instituciones democráticas y la fortaleza o debilidad de los cambios experimentados en los últimos 20 años. El discurso y las prácticas contra la violencia que hemos atestiguado bajo la cruzada calderonista contra la delincuencia, no parece tener los efectos deseados, sino justamente efectos contra-intuitivos, no deseados o francamente perversos: la creación de un clima de confrontación y guerra con desenlaces fatales y potencialmente corrosivos de la vida política nacional.
¿Qué explica la fuerza que ha adquirido en los últimos años la delincuencia organizada - especialmente la derivada del narcotráfico- en la esfera pública del país? En realidad no se sabe muy bien, en primer lugar porque no es clara la magnitud de la presencia de estos grupos en las diversas actividades económicas, las estructuras políticas y las prácticas sociales. Ello no obstante, para el oficialismo panista, la “acción de los violentos” (como le gusta decir a los funcionarios de ocasión) es una efecto defensivo contra las acciones del gobierno federal. Esta hipótesis heroica trata de explicar, y justificar, la violencia legítima del Estado contra los poderes fácticos del narco y el crimen organizado. Sin embargo, los hechos muestran un par de cosas inquietantes y al parecer estrechamente relacionadas. La débil fuerza del Estado asociada a la creciente impunidad de los grupos delincuenciales. En otras palabras, la beligerancia policiaca y militar del gobierno es directamente proporcional al grado de impunidad de los poderes criminales que hoy tienen capturados territorios completos de la vida económica, social y política del país.
Si bien es cierto el hecho de que sólo la acción del Estado puede enfrentar y contener la acción de los criminales, también es un hecho que el desvanecimiento de la presencia del Estado en múltiples actividades y espacios de la vida pública ha propiciado la aparición de poderes alternativos y crecientemente influyentes en varios municipios y estados del país. Con estructuras de seguridad caracterizadas por bajos salarios, poca capacidad institucional, confusión en términos de coordinación y de operación policiaca e inteligencia criminal, las posibilidades de generar prácticas de impunidad que superan el costo de pagar por los delitos cometidos se ha impuesto en las aguas heladas del cálculo egoísta de los asesinos.
El desplazamiento de la violencia hacia los centros nerviosos de la política electoral coloca una perspectiva ominosa sobre la democracia mexicana realmente existente. El propósito de la violencia es intimidar, proveer de una imagen de miedo y riesgo a las actividades políticas que son por naturaleza públicas, incrementar la sensación de que todo lo sólido se desvanece en el aire. La delincuencia homicida también tiene sus rituales y sus rutinas, y parte de ellas no solamente consisten en ejecutar políticos, funcionarios, periodistas o ciudadanos, sino también llamar la atención pública sobre sus actos, sus motivaciones, sus chantajes.
Ello explica el hecho de que el discurso de las condenas, la indignación moral, las lamentaciones y los pésames al mayoreo se han instalado en el discurso habitual de las autoridades federales, estatales y municipales. Y eso en sí mismo es ya un síndrome preocupante de las limitadas capacidades del poder público, que ya forma parte de las rutinas esperadas por los depredadores. Las palabras también llegan a erosionarse y a perder fuerza y significado práctico. Por incapacidad, por corrupción, por cálculo, por efectos perversos o no deliberados, la criminalidad es una bestia indomable en las condiciones actuales. Y ya no importa tanto como, cuando y porqué llegamos aquí. Eso es tarea, quizá, de historiadores, sociólogos o antropólogos. Lo que importa es cómo diablos salimos de ella. Lo que hemos visto es que ahora, mal y tarde, se hacen llamados patrióticos para formar acuerdos políticos de unidad cuando las políticas de seguridad jamás se asentaron en una deliberación cuidadosa de sus alcances y costos. Es la hora del balance y las rectificaciones. De otro modo, el paisaje mexicano de estos años malditos recordará las palabras de Don Manuel Azaña, el último presidente republicano español antes del franquismo, cuando observaba con asombro la pérdida de las capacidades cohesivas de la política y de las instituciones democráticas de su tiempo: “Cuando desaparece el Estado, reaparecen las tribus”.
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