Gobiernos estatales y universidades públicas

Estación de paso
La música de las tensiones: gobiernos estatales y universidades públicas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 03/03/2016)
En las últimas semanas han sido registradas oportunamente en las páginas de Campus varias señales de política y conflicto en diversas universidades públicas ubicadas en distintos territorios y contextos estatales. Son postales coloreadas por las características irrepetibles de los entornos locales y sus actores, pero que tienen su origen y sentido en el marco de las historias institucionales y las coyunturas políticas de cada caso. Así, problemas político-financieros (como es el caso de la Universidad Veracruzana), jurídicos y de fiscalización (como es el caso de la UA del Estado de México), de apoyos insuficientes de los ejecutivos estatales a las universidades locales (como es el caso de la UA de Querétaro ), de la combinación de reclamos presupuestales con exigencias políticas a los gobiernos estatales (como el caso de la UA del Estado de Morelos), o de índole sindical y laboral (como es el caso de la UABJ de Oaxaca), ofrecen un panorama bastante complicado de un conjunto de comportamientos institucionales basados en diversos tipos de crisis en las relaciones políticas y de políticas públicas que ocurren entre los ejecutivos estatales y las autoridades universitarias.
No es posible reducir esos conflictos a una lógica común, ni someterlos a un juicio único de causas y efectos. Cada caso tiene sus peculiaridades, sus antecedentes, sus entornos y sus pleitos nuevos y viejos, con actores igualmente permanentes, emergentes o de ocasión. La independencia de los eventos y la diversidad es la característica de esos episodios de poder y política estatal. Sin embargo, tal vez puede arriesgarse una hipótesis interpretativa de orden general. Se trata de episodios derivados de la creciente tensión entre la lógica política que anima la acción y los intereses de los actores formales y fácticos locales y los titulares de los ejecutivos estatales, y la lógica autonómica que gobierna las prácticas y el sentido mismo de la vida cotidiana de las universidades públicas en cada entidad federativa. En otras palabras, son pleitos que deben analizarse con la música de las tensiones que acompaña la historia y el presente de las relaciones gobierno-universidad.
Esas tensiones no son por supuesto ni nuevas ni recientes, ni se pueden disipar por arte de magia jurídica o ética. Tienen que ver por lo menos con tres factores político-institucionales de carácter, digamos, “estructural”. El primero está relacionado con el proceso de descentralización/federalización de la educación superior en el país, que se desplegó desde los años noventa y que significó, entre otras cosas, los procesos de alternancia política a nivel sub-nacional y la pluralización y fragmentación imparable de los intereses político-partidistas en cada estado. El segundo factor tiene que ver con el fortalecimiento de los ejecutivos y legislativos estatales como actores políticos relevantes en la hechura o en la gestión de las decisiones financieras y administrativas de apoyo, vigilancia, auditoría o fiscalización a los recursos de las universidades públicas locales. El tercer factor tiene que ver con las exigencias crecientes de transparencia, de aseguramiento de la calidad, de acreditación y productividad institucional de las universidades públicas, asociados a las políticas federales de evaluación y de financiamiento diferencial y condicionado a las universidades públicas.
Estos tres factores “estructurales” han desatado en el pasado reciente y en el presente conflictos de diferente intensidad y magnitud. Dependiendo del tipo de relaciones establecidas entre los gobernadores y los rectores de cada estado, y de los grupos o coaliciones políticas que cada de uno de ellos representa, pueden diferenciarse ciclos más o menos largos de estabilidad y cooperación, con coyunturas más o menos breves caracterizadas por pleitos, crisis y conflictos. No es un asunto de animadversiones personales o de falta de oficio o voluntad política de los actores, sino de temas donde gravitan el chantaje y el cálculo político, reclamos legítimos de las autoridades universitarias, prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos, confusión de medios y fines, interpretaciones distintas sobre los límites de la autonomía universitaria, o del papel que juegan los ejecutivos estatales en la coordinación y conducción de las responsabilidades públicas de las universidades locales.
En cualquier caso, las lecciones del pasado y el presente de las relaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades públicas locales arrojan con alguna claridad un saldo duro: la necesidad del establecimiento de nuevos arreglos institucionales entre la federación, los gobiernos estatales y las universidades públicas, que garanticen el equilibrio entre la autonomía universitaria, la supervisión estatal, y la rendición de cuentas a la sociedad. Los viejos arreglos, los surgidos en el entorno de las políticas y prácticas neo-intervencionistas del gobierno federal y los estatales en la educación superior desde los años noventa, se basaron en un principio inconfesable: la desconfianza gubernamental hacia la organización, el funcionamiento y el desempeño de las universidades públicas. Un nuevo arreglo supone partir de un principio político diferente: el de la confianza en que las universidades autónomas pueden garantizar un buen desempeño institucional con resultados sociales crecientes. Ese nuevo marco requiere de precisar el alcance de los compromisos y los límites de las responsabilidades de los gobiernos federal y estatal en el apoyo a las universidades, y el tipo de respuestas institucionales universitarias para garantizar la autonomía académica, política y organizativa de las universidades públicas, y el compromiso social de su desempeño institucional. Ello no es solamente un asunto de una nueva legislación, de vagos exhortos morales, o de la invención de nuevos dispositivos burocráticos que fortalezcan o estimulen la construcción de nuevos arreglos institucionales. Es también, y acaso esencialmente, un proceso de construcción de nuevos entendimientos políticos, de aprendizajes políticos entre los actores para establecer relaciones cooperativas y productivas, no de tensión y crisis en el desarrollo de las universidades públicas. Se trata de asegurar la gobernabilidad política y la gobernanza sistémica del sector educativo universitario en las escalas estaduales. Después de todo, ese es el desafío estratégico que revelan las escenas de conflicto y política que hemos visto durante las últimas semanas en diversos contextos universitarios.

El morenismo y la educación superior

Estación de paso
El morenismo y la educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 18/02/2016)
De manera casi imperceptible, silenciosa, con la fuerza que sólo proporciona la rutina, la aparición de nuevas instituciones públicas y privadas se ha adueñado del paisaje de la educación superior mexicana en los últimos cuarenta años. Desde hace un buen tiempo, las universidades públicas federales o estatales y las universidades privadas de élite dejaron de ser, por distintas razones y circunstancias, las únicas opciones de estudio para un número creciente de jóvenes. Por aquí y por allá, uno encuentra nuevas escuelas, instituciones o establecimientos en diversas regiones de la geografía nacional, de diferente tamaño y consistencia educativa. Según los datos disponibles, en los últimos 35 años se han creado cada año un promedio de 55 establecimientos públicos y privados de nivel superior en el país, en distintas regiones y entidades federativas. De esos 55, 41 son establecimientos privados y sólo 14 públicos. En otras palabras, cada mes, en promedio, se inaugura 1 nuevo establecimiento educativo público por casi 4 privados.
En este contexto de expansión bajamente regulada, la inauguración de una nueva oferta escolar no es una novedad. Pero según la información que apareció en el diario La Jornada en su edición del 7 de febrero pasado, se registra la creación de una “escuela normal intercultural bilingüe” en la ciudad de Valladolid, en Yucatán, misma que es la “primera de ocho financiadas por dirigentes, legisladores y funcionarios electos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).” Uno puede encontrar que se abre el “Campus Las Varas” de una tal Universidad del Pacífico en ese pequeño poblado costero de Nayarit, o la creación de un nuevo módulo de alguna extensión universitaria pública en Sonora o en Tabasco, o un instituto o universidad tecnológica en Coahuila o en Oaxaca, y el hecho no parece ser atractivo en sí mismo, no suscita atención de los medios. Ello no obstante, la nota distintiva del acontecimiento que da cuenta el diario de marras es que se presenta la nueva escuela como una opción académicamente novedosa, socialmente legítima y políticamente atractiva.
Lo relevante del hecho es que se anuncia como parte de un proyecto más amplio y ambicioso, impulsado por MORENA y en especial, por su dirigente Andrés Manuel López Obrador, de abrir nuevas opciones a los jóvenes de distintas entidades y regiones del país. Se ha anunciado que próximamente abrirán sus puertas otros 7 planteles: 1 en Campeche, 1 en Tabasco, y 5 más en otras tantas delegaciones del Distrito Federal. ¿Qué significa el acontecimiento? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿En qué se diferencian esas escuelas de lo que ocurre desde hace tiempo en este sector, poblado crecientemente de establecimientos públicos y privados de muy diverso tipo? ¿Es una novedad, o la confirmación de una tendencia hacia la privatización de la educación terciaria? ¿O es simplemente un capricho lopezobradorista más para legitimar la naturaleza clientelar y populista de su liderazgo?
Para colocar en contexto y perspectiva el nuevo proyecto educativo del morenismo hay que mirar la experiencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el proyecto de educación superior más ambicioso de su caudillo y líder. Creada en 2001, cuando AMLO era Jefe de Gobierno del DF, la UACM (antes la UCM, pues no era autónoma) ha sido objeto de fuertes críticas de distintos sectores, incluyendo de la propia izquierda. Las razones de las críticas tienen que ver con su alto costo financiero, su bajísima eficiencia terminal, la continua politización de su vida institucional, o su sistemática oposición a participar en las políticas educativas federales (a las que se descalifica como “neoliberales”). A contraparte, muchos de sus fundadores y directivos actuales ofrecen gratuidad, ingreso por sorteo, formación socialmente comprometida, innovación académica. Hoy, según la información de su página web, la UACM tiene una matrícula de 15 mil estudiantes, que toman clases en 5 planteles, organizados en tres colegios temáticos (Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, y Ciencia y Tecnología), que ofrecen en conjunto 19 licenciaturas y 2 posgrados.
La UACM tiene una frágil estructura financiera y un sistema de gobierno que privilegia la gobernabilidad sobre la gobernanza institucional. Coexisten ahí grupos y liderazgos académicos legítimos, reconocidos, que impulsan la construcción de una vida escolar centrada en la docencia, la investigación y la difusión cultural, con grupos y liderazgos corporativos o de activistas anarquistas, que han colocado sus intereses ideológicos o de grupo por encima de los intereses académicos de la institución.
Esa experiencia marca el antecedente del nuevo proyecto lopezobradorista en educación superior. Un conjunto de escuelas financiadas a través de un fideicomiso alimentado por el salario de dirigentes y diputados de MORENA, y de funcionarios públicos afines a esta organización. Es decir, son escuelas de carácter privado, no público, que, como cualquiera otra, son financiadas e impulsadas con el dinero y los recursos de un grupo de privados, así sean legisladores o funcionarios públicos. Pero las dudas persisten: ¿por qué no hacerlo a través de la UACM? ¿por qué no unir sus esfuerzos como parte de un solo proyecto institucional? ¿Porqué no extensiones, campus o planteles uacemitas en otras delegaciones del DF o fuera de él? Al parecer, los pleitos políticos internos del morenismo con el perredismo, combinados con el sempiterno liderazgo autoritario de López Obrador, forman parte del contexto político en el cual se crean las nuevas escuelas-morena, cuyo presente y futuro está marcado desde ya por numerosas dudas sobre su consistencia académica, su viabilidad institucional y su función política y social.

El diablo, según Pessoa

El diablo, según Pessoa

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Nexos, versión digital, 17/02/2016)

Dios es una explicación banal para los misterios morales
Philiph Roth

Ahora que se respira el aroma a incienso y mirra que deja la visita papal a nuestro país, con todo y sus rituales mediáticos de adoración y espectáculo masivo, quizá sea oportuno voltear a ver a una de las figuras predilectas en que descansa el soborno a la felicidad y el cielo que ofrece el catolicismo a sus creyentes. Es una figura referida reiteradamente en su visita por el propio Papa para explicar todos los males del mundo: el diablo.

El diablo es una figura fascinante, entre otras cosas, por su “oscuridad visible”, como la definió el escritor portugués Fernando Pessoa. Como se sabe, el demonio es la representación del mal, de la incertidumbre, de la contradicción, pero también de la risa y la ironía. En la cultura judeocristiana, es el negativo absoluto, el creador de todas las desgracias y los errores humanos, el artista consumado del engaño y la traición, la fuerza que gobierna el escepticismo de la fe, el ángel caído que habita el fuego eterno del infierno. Como lo que no tiene nombre no existe, Demonio, Lucifer, Satán, Mefistófeles, Belcebú, son los nombres que se han dado al pobre, viejo y siempre maltratado diablo, y no pocos escritores clásicos y contemporáneos han utilizado su figura para convertirlo en un objeto literario, un pretexto para la imaginación, un desafío para repensar las contradicciones y los abismos de las creencias religiosas contemporáneas.

Mark Twain escribió un libro, publicado de manera póstuma, con el diablo como relator de las cosas humanas, titulado Los escritos irreverentes; Daniel Defoe (el autor de las Aventuras de Robinson Crusoe) escribió su magnífica Historia del Diablo para indagar y especular sobre su biografía; Ambrose Bierce escribió su clásico Diccionario del Diablo para ofrecer a los mortales un prontuario de definiciones básicas de las cosas desde la perspectiva del príncipe de la tinieblas; por supuesto, Dante Alighieri y su Divina Comedia, Shakespeare y su Macbeth, y Goethe y su Fausto, son las referencias obligadas en torno al mal y sus múltiples representaciones e influencias sobre el comportamiento y las pasiones humanas; ya entrado el siglo XX, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy publicaron su brillante Libro del cielo y del infierno, en el cual desfilan los dioses y los diablos de las distintas religiones.

Fernando Pessoa, el poeta y ensayista lusitano, también escribió uno de sus primeros relatos justamente sobre la figura del diablo, en un pequeño texto titulado La hora del diablo (publicado en español en 2003 por la editorial española Acantilado), del cual extraigo algunas de las frases y reflexiones que tienen lugar entre una mujer y el diablo, el cual habla siempre en primera persona:

-“La música, la luz de luna y los sueños son mis armas mágicas…Solamente los sueños son siempre lo que son. Es el lado de nosotros en el que nacemos y en el que siempre somos naturales y nuestros.

“-Shakespeare, a quién inspiré muchas veces, me hizo justicia: dijo que yo era un caballero.

-“Existo desde el principio del mundo y desde entonces, soy un ironista.

-“Corrompo, es cierto, porque hago imaginar.

-“Nunca tuve infancia, ni adolescencia, ni por tanto, llegué nunca a la edad viril. Soy el negativo absoluto, la encarnación de la nada.

-“Soy el olvido de todos los deberes, la incertidumbre de todas las intenciones.

-“Soy poeta por naturaleza, porque soy la verdad que habla mediante el engaño, y toda mi vida, al final, es un sistema especial de moral, velado con alegorías e ilustrado con símbolos.

-“Corrompo, pero ilumino.

-“Usted lo vuelve todo al revés”, le comenta la dama del relato de Pessoa. A lo que el diablo responde:

-“Es mi deber, señora. No soy, como dice Goethe, el espíritu que niega, sino el espíritu que contradice.

-“Soy el eterno Diferente, el eterno Aplazado, lo Superfluo del Abismo (…) Mi presencia en este universo es la de alguien que no ha sido invitado.

-”…la verdad es que no existo; ni yo ni nada. Todo este universo, y el resto de universos, con sus diversos creadores y sus diversos Satanes (más o menos perfectos e instruidos) son vacíos dentro del vacío, nadas que giran, como satélites, en la órbita inútil de ninguna cosa.

-“Me han insultado y calumniado desde el principio del mundo…Las iglesias me abominan. Los creyentes tiemblan al oír mi nombre. Pero, quieran o no, tengo un papel en el mundo(…) Soy el dios de la imaginación, perdido porque no creo (…) Soy el espíritu que crea sin crear, cuya voz es humo, y cuya alma es un error. (…) Mi luz flota sobre todo cuanto es fútil o ha terminado, fuego fatuo, márgenes de río, pantanos y sombras.

-“Como la noche es mi reino, el sueño es mi dominio. Lo que no tiene peso ni medida, eso es mío.”

Este perfil autobiográfico del diablo abre las compuertas de la imaginación poética y literaria. Son las claves interpretativas del papel del demonio en la vida mundana, la figura que ocupa el territorio fronterizo entre la realidad y los sueños. Satán como el gran provocador, el que desafía la solemnidad de dios y de los santos, el que provoca exorcismos de papas y curas y escandaliza a las monjas, el que alimenta los miedos por las pasiones, las contradicciones y las sinrazones humanas. En otras palabras, el diablo como el verdadero artífice del mundo, el combustible intelectual y moral de la razón moderna.

Un gobierno activista

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Un gobierno activista
Adrián Acosta Silva
(Señales de Humo, Radio U. de G., 4 de febrero, 2016)
Al iniciar la segunda parte de su sexenio, el gobierno del PRI en Jalisco está empeñado en recobrar simpatías, reconstruir alianzas y votos potenciales entre los ciudadanos, luego de su clara derrota electoral en las elecciones del año pasado, donde, como se sabe, perdió la zona metropolitana y la mayoría del congreso a manos del Partido Movimiento Ciudadano. Con la mira puesta en el 2018, el gobernador ha encaminado sus esfuerzos políticos a cambiar la imagen de cierto entusiasmo ineficaz que lo caracterizó en la primera mitad de su administración. Hoy parece lanzarse hacia un cambio de piel: la construcción de una imagen de gobierno activista, promotor y defensor de causas que hasta hace poco tiempo eran el capital simbólico de diversos sectores de la oposición política y de no pocas ONGs de la localidad.
El caso de Los Colomos es ilustrativo al respecto. La iniciativa de tramitar un amparo colectivo para proteger el bosque es un tanto curiosa. Resulta sorprendente que un gobierno estatal democráticamente electo, que posee la legitimidad política y los instrumentos jurídicos para velar por los intereses comunes de los jaliscienses en temas como los ambientales, se asuma como débil para defender los intereses públicos, y decide comportarse como una Organización No Gubernamental para promover la defensa cívica de un parque público. Más extraño resulta aún que el gobernador, el secretario general de gobierno y varios titulares de secretarías estatales estuvieran varios días recolectando firmas para proteger el mencionado bosque. ¿Oportunismo político? ¿Incapacidad institucional? ¿Confusión de medios y fines? ¿Cruzada democratizadora? ¿Ocurrencia de ocasión del Gobernador o de sus consejeros?
La frontera entre gobierno y sociedad es la misma que divide a los gobernantes y a los gobernados. En su visión más ortodoxa, el gobernar sin prestar atención a las demandas y reclamos ciudadanos conduce a los desfiladeros del autoritarismo, pero en sus versiones más heterodoxas conducen rápidamente a las aguas lodosas del populismo y de la demagogia. El llamado a la defensa colectiva de Los Colomos se sitúa en los terrenos accidentados de la confusión política, en los que los funcionarios asumen el papel de activistas, promotores de una causa que consideran noble, justa, acaso obvia.
Pero como se sabe, la consulta es un ejercicio de participación cívica que suele tener resultados predecibles. ¿Quién no va a estar de acuerdo en defender un bosque urbano? La sombra de la sospecha moral y cívica, de mala conciencia, se cierne sobre los que no estén de acuerdo en firmar la iniciativa. Los calificativos de anti-ambientalista, depredador, inmoral, cómplice de la destrucción, flotan en el imaginario de aquellos que tienen reservas frente a la consulta/cruzada defensora de los Colomos que ha convocado el mismísimo gobernador Sandoval. Pero las dudas persisten: ¿cómo fue posible que en el pasado reciente de la ciudad se autorizara la propiedad y posible construcción en un área urbana protegida? ¿Por qué no se toma la misma medida en otras áreas de crecimiento urbano caótico, gobernada por los intereses de especuladores y capitalistas inmobiliarios en otras zonas metropolitanas de la ciudad? En otras palabras, ¿qué políticas metropolitanas existen para que una acción específica –la defensa del bosque- se convierta sorpresivamente en el centro de la atención mediática y política de la coyuntura?.
He aquí un buen caso para la sociología de la acción pública, un caso para explorar las determinaciones sociales e institucionales que intervienen en los comportamientos gubernamentales que tratan de resolver problemas colectivos definidos políticamente como significativos para una sociedad. En el paisaje de la coyuntura local se pueden identificar algunas de esas determinaciones: la presión de otros actores políticos, en especial, de la oposición política que hoy gobierna la mayor parte de los municipios metropolitanos (aglutinados en el alfarismo y en el Partido Movimiento Ciudadano), pero también ciertas franjas de la opinión pública, las redes sociales, los conflictos con inmobiliarias y constructoras, opiniones de los ciudadanos que usan cotidianamente el bosque, más los imperativos categóricos que se desprenden de esas nuevas religiones en que se han convertido el ambientalismo y el social-civilismo, religiones que hoy parecen gobernar la acción y el cálculo político del ejecutivo jalisciense.

El miedo al Estado

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El miedo al Estado

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 4 de febrero, 2016.)

Hace poco más de una docena de años, después de cumplirse los 60 años del fallecimiento de José Stalin, el escritor británico Martin Amis publicó un inquietante libro al respecto. Koba el temible. La risa y los veinte millones (Anagrama, España, 2004), es un libro acerca del stalinismo en la hoy desaparecida Unión Soviética, pero es sobre todo una exploración en torno a la relaciones entre la tiranía y la libertad, la razón y la muerte, entre las emociones y las ilusiones. Es también una reflexión sobre uno de los soles negros del comunismo soviético, el verdadero mundo alternativo que muchos conocimos a través de los medios, de las discusiones políticas o de la imaginación propagandística prosoviética de los años de la guerra fría. Pero es tal vez, más que nada, un libro que tiene un propósito explícitamente político y moral: es un reclamo a los intelectuales occidentales de izquierdas del siglo XX por la indulgencia, tolerancia y ceguera con la cual trataron al régimen soviético y a uno de sus principales artífices, Joseph Stalin.

La revolución de octubre de 1917, la rusa, como se sabe, fue parte de un proyecto de transformación concebido a partir de la interpretación que Lenin hizo de los textos de Marx y Engels, difundidos en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Los bolcheviques se constituyeron como la potente fuerza organizada que mediante la persuasión y la violencia, el terror y la fuerza, demolió el régimen zarista y edificó el Estado soviético. No se sabía con exactitud, sin embargo, el alto precio que la población rusa pagó por esta estampida dirigida contra los zaristas, los intelectuales (a los que Lenin se refería como “la mierda de la nación”) y, sobre todo, contra los campesinos, el 90 por ciento de la población de todas las regiones que luego se agruparían en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un aforismo negro de Stalin sintetizaba bien la concepción que alimentaba la utopía bolchevique: “la muerte de un hombre es un hecho trágico, pero la muerte de un millón es simple estadística”. En el período del “gran terror” (1917-1953, del encumbramiento de Lenin a la muerte de Stalin), murieron veinte millones de personas bajo ésta lógica implacable.

Amis reconstruye el estalinismo desde la óptica que historiadores, cronistas y escritores célebres hicieron sobre el período. Pero también hay un poderoso componente personal: su padre fue un creyente sólido del comunismo soviético, un defensor convencido de que las noticias del terror soviético eran puras patrañas del imperialismo occidental, que luego, hacia el final de su vida, se convertiría al conservadurismo y anticomunismo más recalcitrante. Estos dos componentes, el “objetivo” y el “subjetivo” (para utilizar una formulilla tradicional), se entrelazan para darle fuerza argumentativa a las 291 páginas del libro, y para imprimir una enorme carga emotiva y descriptiva a la narrativa de Amis.

Otro aforismo negro de Stalin (“la muerte soluciona todos los problemas. No hay hombre, no hay problema”), revela también el núcleo duro del pensamiento soviético de la época. Demostraba su absoluto desprecio por la vida humana, pues el Proyecto (cuyas claves de entendimiento sólo conocían Stalin y sus acólitos) siempre justificaba la muerte y el terror de los demás. La colectivización forzada significó por ejemplo la destrucción (literal, no metafórica) del campesinado ruso, ucraniano o georgiano, lo que llevó a la peor hambruna ocurrida en tiempos de paz en la historia humana. Contra las resistencias y las protestas se aplicó el aforismo stalinista sin remordimientos, sin miramientos y con precisión mecánica.

Pero es quizá la dimensión del terror interiorizado la más temible de las herencias de Stalin, y en particular, el terror al Estado. Cualquiera podría ser objeto de prisión o muerte frente a lo sospecha simple de su infidelidad al Estado soviético. Por la acción de la checa (la policía secreta soviética, que luego se convertiría en la KGB), o de los vecinos, los condiscípulos, los maestros, o por algún camarada del partido, cualquier persona en cualquier lugar y circunstancias, podría ser acusada de conspiración, traición o debilidad burguesa. Las detenciones podrían ocurrir en cualquier momento y ser trasladado al Gulag, pero ocurrían con mayor frecuencia al anochecer, y entre los ciudadanos soviéticos se desarrolló una especial asociación entre el miedo y la noche, que procreó toda una generación de ciudadanos insomnes. Escribe Amis: “hace falta un poderoso esfuerzo de imaginación para tener una idea de lo que es un miedo que para millones de personas resulta invencible…ese miedo escrito en letras rojas en el cielo plomizo de Moscú, el miedo sobrecogedor al Estado”.

La experiencia del comunismo soviético y en particular, de la tiranía de Stalin, es una lección todavía por aprender, en un esfuerzo por dar la vuelta de página a la historia política moderna. Es un ejemplo espléndido por terrible de uno de los aforismos más conocidos del propio Marx: “la historia siempre se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa”. El fracaso comunista soviético, y de sus padres fundadores y acólitos locales y foráneos de antes y de ahora, quizá debería curar cualquier posibilidad de repetir el experimento. Pero es sólo, por supuesto, una hipótesis heroica. La muerte como posibilidad de purificación y edificación de una sociedad buena, justa, y feliz, como lo pretendió Stalin, es una ficción que raya en locura. Al final de cuentas, el terror stalinista fue, a la vez, una tragedia y una farsa, una ilusión y una pesadilla. A 73 años de la muerte de Stalin, el miedo al Estado es uno de los combustibles que alimentan la imaginación, las teorías y las prácticas del orden político contemporáneo.

La complejidad y el síndrome Humpty Dumpty

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La complejidad y el síndrome Humpty Dumpty
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 21 de enero, 2016.)
Desde hace tiempo, en las ciencias sociales de puso de moda un término que con el tiempo se convirtió en un concepto vaciado de significado: “complejidad”. Edgar Morin y Niklas Luhmann fueron, entre otros, dos de los autores más conocidos que impulsaron en los años ochenta y noventa del siglo pasado el uso del concepto para tratar de describir los problemas de las sociedades contemporáneas como problemas derivados del “incremento de su complejidad”. Morin se refería a la complejidad no como el antónimo de la simplicidad, sino como el incremento de la incertidumbre en la vida social, mientras que Luhmann se refería al mismo concepto como el “exceso de posibilidades de realización” en las interacciones humanas. El punto en común era el señalamiento de que los nuevos contextos de las relaciones sociales –políticos, económicos, culturales- habían desvanecido los referentes simbólicos y materiales que estructuraron el orden social durante la segunda mitad del siglo XX, y que habían dado paso a la era del individualismo más feroz (“la sociedad de los codazos”, como le llamó Ulrich Beck), o a la pérdida de sentido del papel de los individuos y sus expectativas en la vida social (la “sociedad líquida”, como la ha denominado Zygmunt Bauman).
Esa discusión penetró en el campo de la educación superior, tratando de identificar con las teorías de la complejidad los nuevos fenómenos observados en este campo. Pero muy rápidamente, el potencial explicativo del concepto se diluyó hasta convertirse en una clásica palabra cacha-todo. Los problemas de bajo crecimiento, de financiamiento insuficiente, de politización, de burocratización o de diversificación, se explicaron como los efectos o las causas (nunca queda claro hasta donde son causales o consecuenciales los problemas del sector) del incremento de la “complejidad sistémica”. Más bien, el abuso del concepto de complejidad condujo a una nueva era de la confusión en el lenguaje público: se usa complejidad como sinónimo de complicado, de difícil, de conflictividad real o potencial, y, en sus versiones más extremas y aún pedestres, de imposibilidad de comprender o hacer bien las cosas, de formular soluciones y alternativas para resolver los problemas coyunturales y estructurales del sector. En otras palabras, se invoca la “complejidad sistémica” como exorcismo de (casi) cualquier posibilidad de formular acuerdos políticos para modificar las políticas públicas que han lidiado con los problemas de la educación superior mexicana en las últimas tres décadas.
Los discursos políticos han encontrado así en el término una nueva forma de designar lo que no es fácil de resolver. Así, por ejemplo, el incremento del tamaño del sistema (más estudiantes, profesores y establecimientos) está asociado a una mayor “complejidad” institucional en términos de gestión y gobierno del sistema, a la multiplicación de las áreas de incertidumbre del sector, que conlleva a problemas de gestión de los recursos, de diseño e instrumentación de políticas para un sistema masificado, incoherente y a menudo contradictorio (en realidad, es un no-sistema). La complejidad se manifiesta, entre otras cosas, en la multiplicación de las ofertas públicas y privadas que ha producido una estratificación acelerada de los mercados educativos, en los cuales se desarrollan procesos diversos de formación profesional y técnica de diferente origen y características, y sólo en una parte menor del sistema (generalmente, las universidades públicas) se realizan cotidianamente las funciones sustantivas “clásicas” de la universidad: docencia, investigación, extensión y difusión. Los establecimientos e instituciones inspiradas en (o reformadas contra) los modelos napoleónicos y humboldtianos de la universidad, coexisten hoy con modelos de formación profesional de carácter técnico-instrumental, de bajo costo y consumo rápido.
La estructuración de estas nuevas ofertas y demandas educativas ha ocurrido en el contexto de procesos de sobre-regulación a las instituciones públicas y de sub-regulación/des-regulación de las instituciones privadas. Y ese es, quizá, el verdadero núcleo duro de la complejidad de la educación superior mexicana contemporánea: la multiplicación de los condicionamientos y restricciones a un sector en aras de la calidad, la evaluación y la eficiencia, combinado con la flexibilización de los incentivos para ampliar el número de jugadores que compiten en los mercados privados de la educación superior. Frente a este panorama, la complejidad no es, no puede significar lo que cada quien quiera que signifique, como diría a cualquier espectador el personaje de Humpty Dumpty en el país de las maravillas. La complejidad nueva o ya enmohecida de la educación superior requiere de una definición clara de las articulaciones político-institucionales que requiere una expansión equitativa de oportunidades y responsabilidades del sector.
A pesar de ello, la retórica de la complejidad parece haber llegado para quedarse en el campo político y de las políticas de la educación superior. No importa tanto su significado ni sus implicaciones semánticas, sino el hecho de que parece legitimar el conservadurismo de las prácticas de la gestión y los afanes, las preocupaciones y obsesiones de la instrumentación de las políticas en el sector. Después de todo, el síndrome Humpty Dumpty forma parte del ánimo público mexicano desde hace un buen rato, donde cada quien decide, según sea el humor, la relación entre las palabras y las cosas.

La hora del posgrado

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La hora del posgrado

Adrián Acosta Silva

(Campus Milenio, 07/01/2015)

La tendencia hacia la expansión del posgrado en México es uno de los rasgos característicos de la agenda contemporánea de la educación superior en nuestro país y en buena parte del mundo. En lo que va del siglo XXI, el crecimiento de la oferta de los programas de posgrado está asociado a un incremento de la demanda de jóvenes que buscan continuar sus estudios luego de egresar de la licenciatura universitaria, pero también de profesionistas ya no tan jóvenes que buscan reincorporarse tardíamente a una maestría o doctorado para mejorar su posición en el campo laboral, para reorientar sus intereses, ampliar sus capacidades o para satisfacer sus inquietudes profesionales, académicas o intelectuales.

Los cuatro o cinco años de la formación universitaria tradicional ya no parecen ser suficientes para la construcción de trayectorias académicas o profesionales que garanticen umbrales mínimos de “éxito” laboral. Los cambios en los humores de los mercados laborales, las tendencias hacia la precarización de los empleos, las nuevas necesidades simbólicas o reales de la sociedad del conocimiento, basadas en la especialización y en la innovación científica o tecnológica, son algunos de los factores que parecen incidir en la rápida expansión de los posgrados en nuestro país. Según datos recientes, hoy casi 300 mil estudiantes están inscritos en alguno de los más de 6,500 programas de maestría o de doctorado que se ofrecen en las instituciones públicas y privadas mexicanas. Además, según algunas proyecciones estadísticas, de continuar las tasas de crecimiento de la matrícula observadas en los últimos 15 años, hacia el año 2030 alcanzaremos la cantidad de 3 millones de estudiantes de posgrado en el país.

Esta expansión es por sí misma un desafío político, organizacional e institucional para la educación superior mexicana. La diversidad y heterogeneidad tanto de los programas como de los estudiantes que los cursan son parte de las características básicas de la expansión reciente que marcarán cualquier tipo de escenario futuro del posgrado nacional. Diversidad en términos de la naturaleza de las disciplinas y áreas del conocimiento de los posgrados, pero también del tipo de estudiantes que ingresan, transitan y egresan de dichos programas. Heterogeneidad en términos de la orientación y estructuración de las ofertas de maestrías y doctorados (profesionalizantes, de investigación o mixtas). Juegan también de manera importante factores institucionales como las capacidades académicas y de investigación de los establecimientos de educación superior públicos o privados que ofrecen los posgrados, o también si están inscritos o no en programas públicos de acreditación de la calidad como es el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP) del CONACYT.

¿Qué sabemos hoy del posgrado nacional? Hay cuatro hallazgos importantes cuando se revisan los datos generales al respecto. En primer lugar, que la mayor parte de los programas y de la matrícula se concentran en las modalidades de especialidad (abrumadoramente influidas por las médicas), y de maestría. La matrícula del doctorado ocupa una proporción minoritaria en el conjunto del posgrado. En segundo lugar, que sólo una cuarta parte de los posgrados están reconocidos por el PNCP; en otras palabras, el 75% de los programas que hoy se ofrecen no son sometidos a evaluación ni considerados de buena calidad por este instrumento federal de políticas. En tercer lugar, que la mayor parte de los posgrados son de orientación profesionalizante, no de investigación. Y finalmente, que la mayor parte de los programas y matrículas del posgrado nacional se concentran en las áreas de las Ciencias Sociales y Económicas (41%), de Humanidades y Ciencias de la Conducta (38%), seguidas de lejos por las de las Ciencias de la Ingeniería (9%), las Ciencias de la Salud (6%), Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra (3%), Biotecnología y Ciencias Agropecuarias (2%) y Biología y Química (1%).

Estos datos revelan, en principio, la enorme complejidad de los comportamientos académicos, estudiantes e institucionales del posgrado nacional, donde coexisten programas de formación de tiempo completo con programas de fines de semana, programas presenciales, virtuales o mixtos, basados fuertemente en la investigación o centrados predominantemente en la habilitación profesional, ofrecidos por instituciones públicas o privadas con fuerte tradición y prestigio en las áreas de formación ligadas al posgrado o, en el otro extremo, decenas de establecimientos de dudosa calidad que han encontrado en el posgrado nuevos nichos de mercado. Hay también, como ha ocurrido desde hace años en el nivel de licenciatura, la proliferación de establecimientos que ofrecen estudios de maestría y de doctorado en condiciones de rapidez y bajo costo, que utilizan como incentivo a la demanda el reconocimiento de las trayectorias profesionales de los solicitantes para habilitarlos en el corto plazo con títulos que los acrediten como nuevos maestros o doctores en el mercado académico y profesional.

Esta aproximación al análisis del posgrado requiere sin embargo de mayores y mejores instrumentos para determinar con mayor precisión el tipo de desafíos que requiere una política nacional, pública, de fortalecimiento, de reorientación o de innovación sobre el posgrado nacional. Necesitamos saber más sobre las motivaciones, las creencias, los perfiles y las expectativas de los estudiantes de ese nivel educativo en las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. Pero también requerimos mayor conocimiento sobre las trayectorias de ingreso, de tránsito y egreso de los diversos tipos de estudiantes de posgrado en el mundo laboral, profesional y académico, los factores institucionales que influyen en las decisiones de los individuos para ingresar a alguna modalidad del posgrado, o las contribuciones que los programas y sus egresados tienen en el desarrollo profesional, tecnológico o científico local, regional o nacional. En fin, requerimos de una visión más clara sobre lo que ocurre en el posgrado nacional para estar en condiciones de construir mejores escenarios futuros para una expansión regulada, deliberada y estratégica, del tipo de posgrado que más conviene al país.