Educación superior:el mapa y el territorio (2)

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Educación superior: el mapa y el territorio (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 27/07/2017)
En la anterior colaboración se propuso que la educación superior contemporánea en México es un territorio que requiere de cartógrafos hábiles en la elaboración de brújulas y mapas. Es un ejercicio siempre útil para identificar problemas, causalidades y alternativas de posibles intervenciones institucionales, públicas o privadas. Luego de revisar el tema del financiamiento, es necesario contextualizar ese punto en el marco de los otros tres temas cardinales del mapa imaginario de la educación superior: gobierno, autonomía y calidad.
Gobierno. Uno de los puntos permanentemente aludidos pero sistemáticamente eludidos de la discusión sobre la coordinación de las acciones y políticas de la educación superior mexicana es el tema del gobierno del sistema. La gobernabilidad y la gobernanza de las IES son las dos dimensiones principales del tema general Es decir, por una lado, como evitar “que todos los actores se pongan bravos al mismo tiempo”, como se puede definir en términos coloquiales el concepto de gobernabilidad; por el otro, como identificar objetivos, estrategias y acciones comunes que permitan articular un sistema que, en términos estrictos, no existe, sino que es un conglomerado confuso de instituciones y establecimientos cuyas algunas partes están más o menos coordinadas que otras.
El tema gubernamental tiene que ver con normas y leyes, pero también con capacidades políticas de gestión y coordinación institucional. En ambos casos, la educación superior padece desde hace tiempo un déficit de gobierno que parece obedecer tanto a la ambigüedad del entorno regulatorio general, como al comportamiento institucional basado en la búsqueda intencionada o aleatoria de recompensas y recursos asociados a la competencia por mercados específicos (en el caso de las IES privadas), o por recursos públicos siempre escasos (en el caso de las IES públicas).
En cualquier caso, el déficit de gobierno significa también déficit de autoridad. Y la construcción de una autoridad estable, legítima y eficiente en la educación superior es el desafío crucial de hoy y del futuro.
Autonomía. La gran herencia del movimiento reformista de Córdoba de 1918 fue el de la autonomía ligada al co-gobierno universitario. A la luz, o la sombra, de casi un siglo de reformas amparadas en el célebre Manifiesto Liminar, se construyeron imaginarios, hábitos, rutinas y prácticas universitarias asociadas a la idea de una república universitaria democrática, libre, soberana y financiada obligatoriamente por el Estado. La expansión universitaria fue posible gracias a la legitimación política de la autonomía en diversos territorios nacionales y locales, una legitimación que fue acompañada por diversas formas de representación social de la universidad como mecanismo de movilidad social, como distribuidor institucional de oportunidades vitales, y como espacio de construcción de sentidos de pertenencia e identidad para estratos y grupos sociales medios de la población.
Sin embargo, la proliferación de efectos perversos o no deseados de la autonomía universitaria (ideologización y politización, resistencia a reformas, conservadurismo), y el ascenso desde finales del siglo pasado de un paradigma de políticas universitarias basado en la rendición de cuentas, el financiamiento condicionado y la evaluación, significó la disminución de los grados de autonomía de las universidades públicas. Hoy, nadie sabe muy bien que significa la autonomía en un contexto donde la evaluación y los condicionamientos presupuestales actúan como restricciones permanentes o como jaulas de hierro de las decisiones universitarias, o donde los procesos de mercadización determinan el comportamiento institucional de los establecimientos de educación superior de Chiapas o de Oaxaca, de la ciudad de México o Guadalajara, de Baja California o Sonora.
Calidad. Uno de los puntos de coincidencia de buena parte de las preocupaciones de la educación superior mexicana es la búsqueda obsesiva del “santo grial” de la calidad, como le llamó alguna vez Wietse de Vries. Y sin embargo, bien visto, lo que se ha adueñado del imaginario y las prácticas institucionales de la educación superior mexicana es una retórica difusa que hace referencia a varios tipos de calidades, de distintas características, contenidos y alcances. Junto a ello, se ha desarrollado una extraña manía muy mexicana por colocar en el mismo nivel y sitio institucional las posiciones en los rankings de los recursos públicos extraordinarios con certificaciones de procesos administrativos (ISO´s), el número de miembros del sistema nacional de investigadores con la conectividad informática y la “virtualización” de las universidades.
La evaluación de la calidad, la multiplicación de indicadores de medición del desempeño de instituciones, grupos e individuos se ha adueñado de los planes institucionales de desarrollo de las universidades públicas y privadas, y de instituciones no universitarias de distinta orientación y perfil. Y no es fácil escapar a la lógica de plomo de la “integralidad” (y no de lógicas estratégicas amplias y flexibles), de la búsqueda de los reconocimientos, los prestigios y los recursos financieros asociados al reconocimiento de las calidades que buscan distintos organismos gubernamentales (SEP, CONACYT) y no gubernamentales (FIMPES, CENEVAL, COPAES, CIIES).
Los cuatro temas propuestos son parte de los ejercicios cartográficos que veremos desplegarse en los próximos meses. Son herramientas que pueden ayudar a definir agendas y proyectos sobre la educación superior mexicana y del futuro. No es claro que predominen hoy ideas de cambio en la manera en que se definen los temas señalados. Son embargo, todo ejercicio intelectual implica definiciones mínimas y balances puntuales, capaces de imprimir sentido práctico y de futuro a la resolución de los grandes problemas educativos nacionales. Las campañas electorales que se avecinan son justamente eso: oportunidades para colocar e el tablero de las posibilidades propuestas y proyectos que ayuden a definir, o consolidar, un nuevo paradigma de políticas para la educación superior mexicana.

Educación superior: el mapa y el territorio

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Educación superior: el mapa y el territorio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 13/07/2017)
El inminente inicio de las campañas electorales del 2018 en nuestro país significa la vuelta al primer plano de una etapa de rituales que culminará, si todo sale bien, en la elección de un nuevo presidente y quizá de un nuevo oficialismo político a partir del 1 de diciembre del próximo año. En esa movilización rutinaria de partidos, grupos políticos formales y fácticos, medios y ciudadanos, organizaciones sociales y militantes de las más diversas causas, se configurarán agendas, se promoverán intereses, se prometerán ilusiones y se ofrecerán compromisos sobre (casi) cualquier cosa. Las ocurrencias y los arrebatos retóricos, la demagogia y los buenos deseos, las inefables estupideces y, quizá, algunas ideas interesantes, se constituirán como el ruido de fondo de campañas de partidos y candidatos. La educación en general, y la superior en particular, se constituirán como arenas de debate que perfilarán propuestas y programas para el período 2018-2024.
En el campo universitario los posicionamientos políticos han comenzado a ser públicos desde hace algunos meses. Como ha sucedido en los últimos cinco procesos electorales presidenciales (desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pasando por las campañas de Zedillo, Fox y Calderón), las universidades por su propia cuenta o a través de sus organizaciones representativas (ANUIES, FIMPES) han organizado foros para externar propuestas, ideas, reflexiones. En un territorio extenso y accidentado poblado por casi 4 mil instituciones que albergan a más de 7 mil establecimientos públicos y privados, universitarios y no universitarios, habitados cotidianamente por más de 4 millones de estudiantes y 365 mil profesores, en donde se ofrecen casi 7 mil 500 programas de licenciatura y posgrado, es indispensable el uso de mapas y brújulas para identificar tensiones, dilemas, problemas y posibles alternativas de solución.
Ideas dominantes, usos y costumbres, rutinas y estructuras más o menos estables caracterizan la vida cotidiana de los distintos territorios de la educación superior mexicana contemporánea. La disputa por los liderazgos políticos que se avecina permitirá eventualmente fijar los términos del debate sobre el tema, generalmente construido sobre mapas imaginarios formados por una mezcla complicada de datos, experiencias, creencias e ideologías. Después de todo, es probable que justamente por esta mezcla de impurezas, los mapas suelan ser más interesantes que el territorio (Michel Houellebecq dixit).
Las coordenadas básicas del ejercicio tienen que ver con la identificación de cuatro puntos cardinales: financiamiento, gobierno, autonomía y calidad. Ellos forman el mínimo irreductible de los asuntos críticos que configuran el mapa de las decisiones y posiciones políticas y de políticas que suelen dominar el debate, las discusiones y los intereses de los actores que protagonizan las prácticas cotidianas de la vida universitaria mexicana. Por supuesto, hay temas cruciales que también habría que considerar en el mapa, como son la cobertura, la equidad en el acceso, la rendición de cuentas, la organización del curriculum, las condiciones del profesorado universitario, la investigación y el posgrado, o la normatividad. Sin embargo, esos serían puntos “geográficos” de referencia territorial del mapa, no sus puntos cardinales de orientación.
Financiamiento. Todos los actores prácticamente coinciden que señalar que el financiamiento a la educación superior es irregular, insuficiente y cuya principal ausencia es que no tiene una perspectiva de largo plazo. Las universidades públicas y la ANUIES han insistido desde hace muchos años en que es necesaria una “política de Estado” en el tema del financiamiento público, una política “sustentable”, “transexenal” y “plurianual”, que se sostenga a pesar de las crisis y vaivenes de la disponibilidad presupuestal y de los ritmos de crecimiento del PIB, de la macroeconomía y otras “externalidades”. Las IES privadas, por su parte, reclaman mayores libertades para fijar sus costos de matrícula y facilidades fiscales para ofrecer sus servicios, en un mercado que tiene muchos nichos de oferta y demanda, algunos consolidados, otros por descubrir. En este punto del mapa hay más intereses y buenos deseos que propuestas de realismo político, que implican decisiones y acciones que siempre afectan a alguna parte de los intereses involucrados.
La experiencia de los últimos sexenios muestra que, salvo períodos específicos, el tema del financiamiento público ha sido rutinario, sin cambios estratégicos y obsesionado con la lógica del financiamiento extraordinario ligado a recompensas y castigos al desempeño institucional (paradójicamente una lógica extraordinaria que, con la fuerza de los usos y costumbres burocráticas sexenales, ya forma parte de los cálculos ordinarios de las instituciones). La expansión de la oferta privada ha ocurrido también en un contexto de opacidad fiscal y baja regulación pública, lo que implica que se conoce muy poco el monto y comportamiento de los financiamientos privados en la educación superior mexicana.
Pero el tema del financiamiento tiene que ser contextualizado en el marco más amplio de los temas del gobierno, la autonomía y la calidad de la educación superior. Para decirlo en breve, esos temas se pueden sintetizar en tres grandes afirmaciones generales: a) padecemos un déficit de gobierno que significa también un déficit de autoridad en el campo de la educación superior; b) la autonomía universitaria se encuentra sujeta desde más de dos décadas a un paradigma de políticas basado en la evaluación y la rendición de cuentas, que se traduce en un conservadurismo institucional persistente; y c) la calidad institucional de la educación superior es un campo ambiguo y contradictorio que mezcla retóricas difusas y prácticas confusas. A estos tres puntos del mapa dedicaremos la próxima colaboración.

¡Fiesta en el Campus!

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¡Fiesta en el Campus!
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos en línea, 09/07/2017)
Con entusiasmo envidiable, el Gobernador de Jalisco inauguró, junto con un inefable y pequeño ejército de funcionarios, promotores y organizadores, el “Campus Party 2017”, un evento que desde hace varios años se celebra en Guadalajara y se anuncia como el más importante del mundo en su género. Talleres, presentaciones, conferencias sobre nuevas tecnologías, aplicaciones, empresas tecnológicas, coaching, información sobre patentes, asesorías de planes de negocios para nuevas empresas. Todo eso se junta durante tres días en un gigantesco espacio comercial dedicado indistintamente a ferias de libros y de muebles, exposiciones de moda y artículos para el hogar, negocios de ferretería y muebles de baño, juguetes y artículos para mascotas.
No es claro para que se reúnen durante tres días miles de jóvenes para conversar y jugar sobre sus gustos, aficiones y novedades. Tampoco porqué el gobierno federal, el estatal y una universidad pública (la U. de G.) patrocinan un evento privado, y un gobernador eufórico promueve con alegría (y varios miles de pesos en becas para los participantes), la “fiesta en el campus” como una expresión de innovación, de creatividad, de productividad, de imaginación, de reunión de talentos jóvenes que auguran con certeza un futuro promisorio para todos. Parece más claro el interés de los organizadores privados por promover sus empresas (Campus Party, en tanto “Marca Registrada”, entre ellas), por ofrecer contratos de trabajo a algunos jóvenes (“oportunidades”, dicen ellos), por vender la vieja ilusión de que el presente está en manos de los jóvenes y de las propiedades casi milagrosas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para potenciales “emprendimientos” (“start-ups”). Pero resulta aún más extraño que algunos periodistas y analistas deslumbrados por el espectáculo dediquen su atención al evento como “el futuro de la economía”, como la fuente potencial de salvación de nuestros males productivos y financieros, como las “semillas” de una era imaginaria de prosperidad económica y felicidad tecnológica, que solo requieren de algo parecido a entornos ecológicos adecuados para su pleno florecimiento. El texto del usualmente mesurado periodista tapatío Diego Petersen al respecto no tiene desperdicio (“Sembrar futuro”, El Informador, 06/07/2017), lo mismo que el de otro periodista local, habitualmente crítico, Jaime Rodríguez Barrera (“Campuseros abarrotan la Expo a sus 30”, Milenio-Jalisco, 07/07/2017).
Un nuevo lenguaje rebosante de anglicismos habita esos eventos masivos. “Internet de las cosas”, “Networking”, “Big data”, “Smart cities”. Coexisten con conceptos viejos e hipótesis enmohecidas como la “triple hélice”, que no sirven mucho para explicar la realidad de las cosas, pero sí para prometer una y otra vez un presente desperdiciado y futuros llenos de posibilidades, al alcance de (casi) todos. En el abultado programa del evento se anuncian cosas como “e-Sports”,”Creando negocios eficientes en 5 pasos”, “Robótica social”, “Hacker space”, “Dificultades tecnológicas para la conquista del Planeta Marte”, incluso emocionantes competencias de drones. La retórica del novedismo se impone, proyectos con nombres alucinantes, concursos, rifas, becas. Las palabras como pociones mágicas verbales para nombrar lo que no existe.
La legitimación política de los negocios asociados al fetichismo tecnológico parece estar en el centro de este y otros eventos similares, que se realizan lo mismo en Seattle que en Shanghai, en París o en Nueva Delhi. Y eso ocurre y seguirá ocurriendo con o sin la participación de universidades públicas y gobiernos, de sus estudiantes, profesores y funcionarios. Alejadas cada vez más de la ciencia y el razonamiento científico clásico y contemporáneo, las nuevas tecnologías parecen adquirir vida propia en manos de empresarios listos y jóvenes hambrientos en busca de oportunidades de trabajo. Una vaga sensación de búsqueda de milagros flota en los relatos de eventos como el Campus Party, en su publicidad, en el impresionismo que suscita entre no pocos observadores y cronistas, en el ánimo festivo, entusiasta y lúdico que invade la imaginación y las palabras de los promotores del evento. Dell, Lenovo, IBM, Google, Oracle, Facebook, Whatsapp, Amazon, empresas y proyectos para hacer buenos negocios, como patrocinadores, como actores o como grupos de interés, forman el paisaje de fondo, o las fronteras infranqueables, o los Big Brothers de la fiesta en el campus.
Seguro. Frente al escepticismo como ánimo público, la fe en la tecnología, la retórica de la innovación, el comienzo de una nueva era, el emprendurismo como aceite de serpiente. Es el signo de los tiempos. Seguramente.

La batalla de Budapest

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Libertad académica y legitimidad política: la batalla de Budapest
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 29/06/2017)

La veloz expansión de la educación superior privada en el mundo ha revivido polémicas viejas con anteojos nuevos. La dicotomía público-privado, que usualmente se asociaba a la dicotomía mayor Estado-Mercado, se desvaneció aceleradamente en el curso de las reformas estatales y de los mercados desde finales del siglo pasado. Hoy, muchas universidades privadas cumplen funciones públicas y no pocas universidades públicas se comportan como si fueran privadas La dicotomía se ha vuelto un continuum, en donde la posición en el eje público-privado es una cuestión de grado, no una posición fija e invariable en uno u otro extremo.
Estos reposicionamientos universitarios han generado nuevas paradojas políticas. En el caso venezolano, por ejemplo, las universidades públicas están enfrentadas desde hace años con los gobiernos chavistas por sus iniciativas de controlar políticamente a las principales universidades públicas y privadas locales. En el otro extremo, el gobierno de Hungría lanzó desde abril pasado una iniciativa para clausurar universidades privadas como la Universidad Centro Europea (CEU, por sus siglas en inglés), mediante una reforma a la legislación que regula y autoriza la creación de instituciones privadas de educación superior.
El caso de la CEU es representativo de lo que ocurre en distintos territorios locales. Fundada en 1991 a iniciativa y con los fondos del multimillonario norteamericano George Soros (por cierto, de origen húngaro), la Universidad es una institución acreditada por la State University of New York (SUNY). Con cerca de 1,500 estudiantes fundamentalmente de posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, la CEU fue diseñada como un espacio de discusión filosófica, política y de políticas públicas, donde confluyen de estudiantes y profesores de todo el mundo, y sus programas se imparten fundamentalmente en inglés. Es un ejemplo institucional de una universidad global, internacional y multicultural, en la que una buena parte de sus estudiantes reciben becas de la fundación Soros, que incluyen el pago de la matrícula anual, que ronda los 12 mil euros.
En abril pasado, el parlamento húngaro aprobó una ley que coloca como requisito a cualquier institución extranjera de educación superior instalada en el país demostrar que en su país de origen funcione una institución similar. En el caso de la CEU, aunque sus estudios son avalados por la SUNY, no tiene una sede en los Estados Unidos, lo que ante los ojos de la nueva legislación la convierte en una institución ilegal y, por tanto, sujeta a clausura. En esas circunstancias, el actual Rector de esa universidad, el intelectual liberal canadiense Michael Ignatieff, ha lanzado una voz de alerta que ha suscitado la simpatía de diversas personalidades en todo el mundo. No obstante su carácter de universidad privada, el caso de la CEU representa una experiencia donde las promesas de la educación superior se encuentran en tensión permanente con los intereses y conflictos entre gobiernos, universidades y empresas en la disputa sobre la legitimidad de esas instituciones.
En un artículo publicado la semana pasada (20/06/2017) en el diario español El País, Ignatieff propuso una serie de reflexiones en torno a las relaciones entre la libertad académica y las libertades democráticas en las universidades, basado en el actual conflicto entre la CEU y el gobierno húngaro (“La libertad académica bajo amenaza”). http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/16/actualidad/1497623549_769312.html)
Como Rector en funciones de esa universidad, el autor de libros como Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política (Taurus, 2014), alerta sobre los peligros que se ciernen sobre esa y otras universidades en el mundo, distinguiendo las amenazas externas y las internas. Las del primer tipo tienen que ver con el financiamiento y la supervisión por parte de empresas y gobiernos, mientras que las segundas están relacionadas con la legitimidad académica e intelectual de las universidades. Unas tienen que ver con las restricciones políticas o los intentos de censura y control desde el mercado o desde el Estado; las otras tienen que ver con el ethos universitario y el compromiso social de las universidades.
El argumento central de Ignatieff es que lo que está en juego en el caso de la universidad húngara es la libertad académica universitaria, es decir, el conjunto de valores y prácticas que configuran la autonomía intelectual que caracteriza a las universidades modernas desde por lo menos el siglo XIX. En el caso de la CEU confluyen tanto los intentos gubernamentales de controlar la libertad universitaria como los riesgos de un entorno habitado por prejuicios, ignorancia y anti-intelectualismo, una complicada mezcla a la que se agrega con alguna frecuencia la erosión de las prácticas académicas universitarias y el desvanecimiento de sus impactos sociales.
Las implicaciones de las reflexiones de Ignatieff rebasan las fronteras de Budapest, de Hungría o de la Europa continental. En los tiempos en que la charlatanería, los oportunismos y el oscurantismo más pedestre se adueñan de no pocas franjas del ánimo público, las universidades parecen constituir el último y único reducto de la inteligencia colectiva, del conocimiento, la cultura y la ciencia. La duda, la especulación y los hallazgos encuentran en estas instituciones espacios verdaderamente privilegiados para distinguir la verdad de la mentira, la ciencia de la metafísica y la fe, la crítica de las lisonjas al poder.
Claridad y compromiso intelectual, defensa de las libertades académicas y rendición de cuentas, forman parte de los valores modernos asociados a las universidades, en especial de las públicas pero también de las privadas. Las reflexiones de Ignatieff a raíz del caso de la Universidad Centro Europea pueden resultar pertinentes para la coyuntura crítica que atraviesa esa universidad, pero pueden extenderse con matices al conjunto de las universidades contemporáneas.

Cofrecillo de dos llaves

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Cofrecillos de dos llaves
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 15/07/2017)
En el origen de las universidades está la disputa por los reconocimientos y los privilegios asociados al prestigio y a las relaciones de poder de unos sobre otros. Títulos y diplomas, sellos y borlas, togas y birretes, simbolizan el acceso de ciertos individuos a los secretos del saber universitario. Por ello, hoy como ayer, concluir estudios universitarios es motivo de una celebración, de una fiesta compartida entre los egresados universitarios y sus amigos y familiares. La obtención de un título es el símbolo de un trofeo de poder (una licencia para ejercer una profesión), fruto de las oportunidades sociales y de los méritos individuales, la construcción de un estatus que puede y debe ser exhibido y compartido, un ritual que mezcla costumbres arraigadas y “tradiciones inventadas”, como les llamaba Hobsbawn.
La experiencia práctica y la sociología de la educación ya lo han estudiado abundantemente. El poder del saber legitima al poseedor de un título universitario con una posición de ventajas comparativas en relación a muchos otros. La masificación de la educación superior experimentada con fuerza desde los años posteriores a la segunda guerra mundial significó la expresión socio-demográfica de un proceso de “modernización espontánea” de la educación superior mexicana y de muchas otras en el mundo. Por vez primera en su historia, la universidad dejaba de ser un espacio capturado por una élite para convertirse en una institución mesocrática, donde los primeros miembros de clases sociales y genealogías familiares enteras lograban ingresar a alguna carrera universitaria, llegando a las puertas de la universidad para obtener un título que les permitiría distinguir su nombre y persona de muchos otros. Las puertas de la movilidad social ascendente se abrían para estratos y grupos sociales que no gozaban de los privilegios de la sangre ni de la herencia de fortunas acumuladas por sus antepasados familiares.
Las propiedades casi mágicas que se atribuyen a los títulos y certificados educacionales son legendarias. Hay un fenómeno de fetichización de los diplomas que tienen su encanto e historia educativa y social. Pero el hecho es que la habilitación profesional y académica va inevitablemente asociada a la posesión de esos papeles, pues son la única forma de acreditar saberes y poderes. De ahí se deriva el diseño de instituciones y procedimientos celosos del cumplimiento de los requisitos académicos, legales y administrativos que regulan la expedición de los sellos y las firmas que van al calce de cualquier tipo de documentación universitaria, y la inevitable y engorrosa burocratización de dichos procesos.
En el pasado de las universidades medievales y coloniales, la autoridad del rector significaba la expresión legal y legítima de su poder institucional para admitir estudiantes universitarios, nombrar profesores y expedir títulos que acreditaban saberes. Historias y leyendas negras de firmas apócrifas de documentos, que incluían la compra de títulos y diplomas, habían sembrado desconfianzas sobre egresados y titulados de universidades como Bolonia, Salamanca, Santo Domingo o México. Por ello, los gobiernos monárquicos y la iglesia católica idearon las bulas papales y decretos reales como filtros para garantizar la legitimidad de los estudios universitarios.
Pero ello no bastaba. En las propias universidades, rectores y claustros acordaron incluir como procedimiento habitual los sellos de las universidades correspondientes como los símbolos máximos de la legalidad y legitimidad de las “licencias para enseñar” (licentia docenti) que se otorgaban a los estudiantes que culminaban sus cursos universitarios en Europa o en las colonias hispanoamericanas de los siglos XVI al XVIII. Esos sellos se guardaban celosamente en “cofrecillos de dos llaves”. Una la tenía el rector, como autoridad máxima de la universidad. La otra la tenía el secretario, el maestrescuela o el consiliario (así, con “s”), que eran representantes de la autoridad del claustro universitario. Ello aseguraba, teóricamente, que nadie pudiera tener acceso al cofrecillo de manera separada, puesto que uno de los poderes siempre vigilaba al otro.
Ese mecanismo se consolidó a lo largo del tiempo. Se incorporaron después reglamentos para el uso de las borlas, cuyos colores simbolizan el nivel de estudios y las disciplinas, pero también se agregaron el uso de los lemas, las togas y de los birretes. Luego, cada disciplina y profesión agregará banderas, lemas, cánticos, símbolos particulares. El mundo de las representaciones de los saberes universitarios se plasmará en espacios, monumentos, papeles, firmas y rituales, en una historia iconográfica poco explorada pero de suyo fascinante.
Hoy se confirma la permanencia de esos antiguos procedimientos y celebraciones. Los cofrecillos de dos llaves se han multiplicado en todo el mundo académico, revestidos de nuevas reglas, apariencias y contenidos.También ha permanecido la larga historia de plagios, simulaciones y falsificaciones que está detrás de la acreditación de saberes y “competencias”, como suele decirse en lenguaje académico y burocrático moderno. La posesión de un título universitario ya no es ninguna garantía de movilidad social ascendente ni mecanismo de entrada que asegure un puesto, una posición en el empleo público o privado. La extensión de la escolarización hacia el posgrado parece ser el efecto de esa suerte de devaluación de los títulos de la licenciatura en varias disciplinas y profesiones. Pero eso es parte de otra historia.

Olor a establo

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Olor a establo
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 01/06/2017)

Flota la impresión de que, hasta no hace mucho tiempo, la política era un asunto de profesionales. Difícilmente ingresaban a la política abierta y militante aquellos cuyos intereses vitales, intelectuales o laborales, estaban situados en otros horizontes, actividades o espacios. La constitución de una “clase política” dedicada de manera casi exclusiva a vivir del ejercicio del gobierno y de la gestión de la incertidumbre y los conflictos es un dato histórico. Sin embargo, la modernización de la actividad a partir de la existencia de instituciones públicas, ideologías y partidos es producto del prolongado siglo XX, con sus revoluciones, sus utopías y distopías, sus democracias, autoritarismos y dictaduras.
Pero desde finales del siglo pasado experimentamos un acelerado proceso de desprofesionalización política en la vida social, no sabemos si como causa o como efecto del desvanecimiento de las estructuras de relaciones simbólicas y prácticas entre gobernantes y gobernados, para decirlo en lenguaje antiguo. La irrupción de empresarios, académicos, intelectuales, periodistas, comerciantes, actrices, actores o payasos (de oficio) en la vida política parece obedecer a un cambio lento, estructural y persistente en la naturaleza misma de la política y sus formas organizadas. Esa irrupción no es completamente nueva, pero parece haberse incrementado de manera significativa en los años de la transición y el cambio político del autoritarismo a lo que sea que hoy tenemos. El combustible de la desconfianza en la política y en los políticos tradicionales (con sus escándalos de corrupción, ineficiencia y abusos) parece alimentar de lejos ese fenómeno de desprofesionalización. Sus resultados son más o menos evidentes: el imperio de los políticos-amateurs ha llegado para sustituir al antiguo reino de los políticos-profesionales.
La profesionalización política es, o era, producto de un lento proceso de socialización política, de acumulación de aprendizajes y experiencias individuales y colectivas. Un político profesional no suele ni solía ser aquel que estudió la ciencia política o la filosofía política, aunque no pocos de los motivos que expresan los estudiantes que hoy deciden inscribirse a esas carreras universitarias tienen que ver con la (ingenua) posibilidad de que, conociendo las teorías o los métodos de las ciencias políticas y del gobierno, se puedan construir trayectorias profesionales justamente en el campo político.
En realidad, la formación política exige más conocimiento surgido de las experiencias vitales en la gestión de conflictos que del conocimiento académico de la política como fenómeno social. Son legendarios los casos donde filósofos o politólogos brillantes suelen ser pésimos políticos. Igualmente, son probados los casos donde ex líderes sindicales, campesinos o estudiantiles, caudillos carismáticos o caciques de pueblo con pocos o nulos niveles de escolarización suelen acabar siendo buenos políticos profesionales. Hay por supuesto distintas combinaciones y tipos de políticos: el político ilustrado y sofisticado, el político bravucón e ignorante, el político oportunista, el corrupto, el pragmático, el ingenuo, el honesto, el utópico, el mesiánico.
Pero tanto profesionales como amateurs alimentan la ilusión del cambio, de la prosperidad, del bienestar, de que representan mejor que nadie las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos. Muchos se asumen como prestadores de un servicio cuasi-filantrópico a la comunidad, como “facilitadores” entre ciudadanos y gobierno para resolver problemas, derechos y demandas. Pero los profesionales de todos los tiempos suelen distinguir con alguna claridad a la política (sus valores, sus mecanismos, sus reglas, sus prácticas) como el espacio de lo posible, no como el reino de lo deseable. Los amateurs, por el contrario, suelen navegar con las banderas coloridas del voluntarismo como instrumento de construcción de lo deseable, con la retórica de la pureza volitiva como mecanismo casi único y exclusivo de transformación social.
Por ello, los políticos alemanes de la posguerra solían asociar los procesos de socialización política al “olor a establo” de sus correligionarios para distinguirlos de los oportunistas y arribistas que nunca faltan. El olor como filtro y mecanismo de distinción, como frontera simbólica que aseguraba la cohesión y la confianza de las organizaciones políticas. Hoy, la crisis de representación de partidos y políticos profesionales ha cambiado la regla y de lo que se trata es de desinfectar cualquier olor a establo de los espacios políticos. La política ha dejado de ser un oficio para convertirse en un estorbo. Nadie quiere asumirse como político sino como ciudadano. La “ciudadanización” del poder político, (el “empoderamiento” ciudadano) es el discurso emblemático de una ilusión que vende bien desde hace tiempo, una caracterización que aleja el olor añejo y rancio (para muchos, nauseabundo) de la política profesional-tradicional, para dar paso a la política-amateur noble, pura y bienintencionada. El viejo y buen Maquiavelo en el siglo XVI, o el acucioso observador que era Gaetano Mosca a finales del siglo XIX, sustituidos en el siglo XXI por los entusiastas promotores del marketing político, el arte de vender imágenes y frases de éxito, la oferta de la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos.
El problema, si lo hay, es que amateurs o profesionales, los políticos son, como lo han sido siempre, una “minoría organizada”, como les denominaba Mosca. Como tal, los políticos conforman el núcleo dirigente de la “clase gobernante”, distinta de las “clases gobernadas”. En tal carácter, los políticos tienen que lidiar con burocracias, intereses y pasiones de otros políticos y muchos ciudadanos, con las dificultades prácticas de la separación de los poderes, el engorroso cumplimiento de leyes y reglamentos, la búsqueda infatigable de acuerdos, el ejercicio cotidiano de protocolos y rituales, navegando siempre en las aguas turbias de la incertidumbre y bajo la determinación de las grandes fuerzas invisibles de las estructuras.
Pero hoy los gobernantes que se asumen como no-políticos intentan prescindir de partidos, ideologías y programas. Lo suyo no son las ideas sino las frases de toda ocasión, pescadas al vuelo en filosofías de farmacia. Rehuyen el debate, se mofan de la historia, se burlan de sus adversarios y antecesores. Creen estar inventando una nueva Historia, eficiente, diáfana, siempre coyuntural, superficial, simple, paradójicamente, anti-política. Es el tiempo de los nuevos ilusionistas.

Morenismo universitario

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Moralidad, pequeñas reformas y escuelas universitarias
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 18/05/2017)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6791:moralidad-pequenas-reformas-y-escuelas-universitarias&Itemid=349

El pasado 6 de mayo, según nota publicada en el periódico virtual “Sucedió en Oaxaca”, la coordinadora nacional del “Programa de escuelas universitarias” del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Raquel Sosa (que también es investigadora de la UNAM), inauguró en el municipio oaxaqueño de Zaachila “seis nuevas universidades financiadas por MORENA”. Estas escuelas (en realidad, no son universidades, pues se concentran exclusivamente en la docencia técnica y profesional), se suman a otras nueve ya existentes en otras regiones del país. (http://sucedioenoaxaca.com/2017/05/06/inauguran-en-zaachila-6-universidades-financiadas-por-morena/)
La nota firmada por Elisa Ruiz actualiza la situación del proyecto de escuelas financiadas por los servidores públicos afiliados a ese partido, un ambicioso proyecto anunciado por la propia Dra. Sosa en febrero de 2016. Hoy, según el discurso pronunciado en Zaachila durante el acto inaugural de 6 escuelas universitarias en los municipios oaxaqueños de Huahutla de Jiménez, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Ciudad Ixtepec, Jalapa del Marqués, Jalapa de Díez, y en el mismo Zaachila, MORENA sostiene cinco escuelas en otras tantas delegaciones de la Ciudad de México (Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan, Azcapotzalco y Xochimilco), y otras 4 en entidades como Tabasco (Comacalco), Campeche (Calkini), Yucatán (Valladolid), y el Estado de México (Texcoco).
El perfil de estas escuelas está orientado hacia la “interculturalidad y sustentabilidad de las carreras que ofrecen”. Y las carreras mismas son variadas: ingeniería, derecho, “medicina integral y salud comunitaria”, contabilidad y administración pública, y educación normalista, para el caso de las escuelas situadas en la CDMX. Para el caso de comunidades no urbanas de Oaxaca, Tabasco, Campeche o Yucatán, hay una “escuela superior”, una de “agricultura y agronomía”, y otra “normal intercultural bilingüe”.
La oferta del morenismo se basa en las propuestas generales que Andrés Manuel López Obrador ha planteado desde finales del 2015, y forman parte de sus estrategias de penetración y organización en el campo educativo. Ya sabemos que anunció recientemente que, de triunfar en las elecciones presidenciales del año próximo, desmontará la reforma educativa del actual gobierno. Y en educación superior plantea que su modelo descansará en la experiencia de las 15 escuelas que desde el año pasado comenzó a inaugurar en distintas localidades del país.
Hasta donde es conocido, se trata de una oferta privada de pequeñas escuelas técnicas y profesionales, que no tienen costo para sus estudiantes ni tampoco restricciones en el acceso. Un grupo de funcionarios locales afines al morenismo donan parte de sus salarios como servidores públicos para financiar el sostenimiento de esas escuelas, que según ha dicho la coordinadora del programa, ya cuentan, en su mayoría, con el RVOE. En cambio, no se sabe muy bien cómo funciona la organización de las escuelas, cual es su estatuto jurídico, su infraestructura y condiciones físicas, quienes son sus directivos, profesores y estudiantes, como se relacionan con las autoridades educativas locales o federales, ni cuáles son los criterios con los cuales se decide la oferta de carreras que ofrecen. Tampoco la Dra. Sosa ni el líder de su partido (López Obrador) han explicado públicamente que posición tienen frente al que fue su proyecto educativo más ambicioso en la educación superior cuando era Jefe de Gobierno en el D.F. (la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM), que desde hace tiempo padece de problemas financieros y de abandono político por parte del lopezobradorismo.
De hecho, en su más reciente libro 2018. La salida (Planeta, 2017), AMLO no menciona ni una sola vez ni la experiencia de la UACM ni el proyecto de las escuelas universitarias que desde el año pasado comenzó a fundar su partido. Se entiende que, siendo un texto de promoción política, el tono general del libro sea un llamado a votar por AMLO promovido por el propio AMLO y, como tal, el lenguaje del líder expriista y experredista se centra en la dramatización política y en la simplificación de diagnósticos, argumentos y propuestas en prácticamente todos los temas de la agenda pública, incluido el de la educación superior.
Para su autor, el principal problema que enfrenta la educación superior es “el abandono de los jóvenes”. Sin dar datos ni cifras específicas, AMLO propone que “por humanismo, justicia y seguridad, es urgente incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio” (p.230). ¿Su propuesta?: el programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Citando la experiencia del presidente Roosevelt durante la Gran Depresión, AMLO afirma que “se iría casa por casa inscribiendo a los jóvenes, incorporándolos al trabajo y al estudio” (no dice si se les preguntará a los jóvenes su opinión, por lo que suena a una suerte de leva educativa), y toda la educación que imparta el Estado “será gratuita en todos los niveles”, incluyendo por supuesto el superior. ”No habrá rechazados, habrá cien por ciento de inscripción y se suspenderán las exámenes de admisión que no sirven para evaluar los conocimientos y capacidades sino para excluir de los centros universitarios a la gran mayoría de los aspirantes, normalizar la insuficiente inversión pública y justificar así la privatización de la enseñanza superior” (p. 231).
Como se sabe, la retórica lopezobradorista no suele detenerse en los detalles, sino que se concentra en la denuncia y el ofrecimiento de un nuevo proyecto político y social. Sin embargo, la omisión de la experiencia de la UACM y la puesta en marcha de las 15 escuelas universitarias patrocinadas por MORENA, aguardan una explicación puntual sobre lo que esta fuerza política y su caudillo y líder están pensando sobre una política nacional de educación superior que sea distinta a la que hemos observado en los últimos cinco sexenios.