Jalisco: la disputa por la nave

Estación de paso Jalisco: La disputa por la nave Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 19/08/2021) https://suplementocampus.com/jalisco-la-disputa-por-la-nave/ Desde hace unos días, la aprobación de una iniciativa del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco ha provocado un ruidoso conflicto entre las autoridades de la U. de G. y el gobierno estatal. La iniciativa plantea una reasignación de 140 millones de pesos que ya se había acordado programar para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, para destinarlos a la construcción de un hospital civil en el municipio de Tonalá, al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. El episodio es más que una lucha por la distribución del presupuesto público estatal. Significa una acción política que forma parte de los juegos de poder entre la U. de G. y el gobierno jalisciense. El argumento del oficialismo local, encabezado por el gobernador Alfaro y su partido (MC), es que esa reasignación es indispensable para ampliar las capacidades de atención a la salud pública de una parte importante de la población jalisciense. La postura oficial de las autoridades universitarias es que esa decisión rompe acuerdos ya tomados y significa “una violación a la autonomía universitaria”. Estamos frente a la construcción de dos relatos encontrados sobre la causa y origen del conflicto presupuestal, pero que ocultan la profunda naturaleza política del desencuentro. La historia reciente de las relaciones políticas entre la universidad y el gobierno estatal es una historia de alianzas y rupturas, de pragmatismo, incertidumbre y cálculo, de legitimidades en tensión y equilibrios inestables entre los actores directos del pleito, acompañados por los coros, voces y apoyos de actores periféricos al conflicto. Existen por lo menos tres elementos a considerar para comprender los alcances e implicaciones de la disputa: el contexto postelectoral, la coyuntura de la crisis, y la lógica de los actores políticos involucrados. El primero tiene que ver con los saldos del proceso electoral de julio en la entidad, donde el oficialismo alfarista logró mantener el dominio del congreso local para el próximo trienio (2021-2024), así como el triunfo en la mayor parte de los municipios metropolitanos. Asimismo, un partido político local de reciente creación (Hagamos) impulsado por universitarios cercanos al padillismo (esa coalición de poder identificada con el liderazgo de Raúl Padilla), logró mantener el registro en su primer proceso electoral y tendrá 2 representantes en el congreso estatal, en las regidurías de uno o dos ayuntamientos metropolitanos y algunos más en el resto del estado. Aunque esa representación es más que nada testimonial, la conformación del congreso y de las fuerzas políticas locales (donde el morenismo se mantuvo como la segunda fuerza electoral estatal), anticipa un escenario de competencia en la perspectiva del proceso electoral de 2024, donde se renovarán los poderes en el ámbito federal, estatal y municipal. El segundo elemento a considerar es el tono metálico de la coyuntura. La creación del partido Hagamos a finales de 2020 surgió de una discreta ruptura de la alianza que las autoridades formales y fácticas de la U. de G habían mantenido con el alfarismo desde su elección como gobernador de Jalisco en 2018, y que se hizo muy clara en la gestión local de la crisis pandémica desde marzo del 2020. Esa ruptura distanció a los aliados y colocó al alfarismo y al padillismo en posiciones enfrentadas. En esta coyuntura, los recientes acercamientos entre el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador, que han (¿habían?) mantenido una relación áspera desde el comienzo del sexenio obradorista, parecen tener como punto de unión (y negociación) el interés por debilitar la figura del exrector Padilla (1989-1995) y la ruptura de la coalición hegemónica que encabeza en la U. de G. Ese cambio de alianzas, de realineamiento de la agenda de prioridades, vuelve a confirmar que la política real, mundana, es un oficio de ajedrecistas, estibadores y tramoyistas, no de ángeles. Pero es quizá el tercer elemento el que ayuda a comprender mejor el sentido y alcances del pleito. La lógica política es siempre una lógica difusa, cambiante, expresada en declaraciones públicas, negociaciones privadas y encuentros secretos entre los actores protagónicos, donde las fanfarrias, los valses y la música de cañerías forman la pista sonora de los rituales propios de los juegos del poder. Para el caso de Jalisco, el oficialismo político intenta ganar la partida minimizando la capacidad de influencia de su adversario, imprimiendo un sentido de justicia y beneficio público a la construcción de un nuevo hospital en Guadalajara. Para las autoridades universitarias, se trata de presentar la reasignación presupuestal como una traición a acuerdos tomados, como un atentado contra la autonomía universitaria, la ciencia y la cultura. Son posicionamientos propios del juego de espejos de la acción política, y no es claro como se sostendrán esas argumentaciones en las arenas movedizas de la política local en los próximos días y semanas. En cualquier caso, el conflicto entre la U. de G y el gobierno estatal sobre la distribución de los dineros públicos representa las tensiones que se ocultan detrás del espectáculo de máscaras y disfraces de la política jalisciense. No se trata de una lucha entre proyectos diferentes, del dilema entre salud pública versus ciencia y cultura universitaria, de la renuncia a alianzas que quizá estaba comenzando a ser demasiado costosas para los ocasionales compañeros de viaje. Bien visto, se trata de un pleito que revive tensiones viejas y desencuentros recientes, pero que puede tener un precio elevado no sólo para los contendientes sino fundamentalmente para las instituciones involucradas. La naturaleza del conflicto expresa lenguajes de poder, palabras que revelan creencias, intereses y razones legítimas que determinan las condiciones para una posible negociación de las posiciones. Pero en política, diría Montaigne “no se trata de charlar, sino de conducir la nave”. La disputa por la nave: esa es la cuestión.

Precariedad y bienestar

Estación de paso Precariedad laboral en las Universidades del Bienestar Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 05/08/2021) La semana pasada (29 de julio), el diario El Sol de México publicó una nota que mencionaba “el despido de 115 docentes adscritos a 70 sedes” de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG). La información se basaba en las declaraciones que varios de los afectados habían hecho públicas al ser “despedidos sin previo aviso”, señalando el trato “déspota” por parte de la directora general de las UBBJG, Raquel Sosa, respecto de sus reclamos. Un día después, la propia Dra. Sosa señaló en una nota de prensa que esas acusaciones eran “infundadas”, ya que es “usual” el proceso de revisión cada seis meses de los convenios laborales con los docentes de esas universidades, en los cuales se evalúa la idoneidad de los perfiles y puestos de los docentes para renovar, o no, dichos convenios. Afirmaba que, dada la naturaleza de la institución, los docentes “no firman contratos, sino convenios” de trabajo. Hay varios antecedentes respecto de los problemas de las relaciones laborales de los docentes de las UBBJG. Denuncias de despidos, reducción de salarios, precariedad laboral, malas condiciones en la infraestructura de muchas de las sedes que hasta ahora se han inaugurado en todo el país, se han conocido desde el inicio de este programa prioritario del gobierno federal. Esas denuncias y conflictos muestran la poca claridad sobre los perfiles y las condiciones laborales de los docentes de esas universidades públicas. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus perfiles y trayectorias? ¿En que condiciones trabajan? ¿Cuál es su salario y que prestaciones reciben? En el sitio web de esas instituciones (https://ubbj.gob.mx) no aparece ninguna información al respecto. En una rueda de prensa celebrada en mayo de 2020, la directora mencionó que ya funcionaban para ese tiempo “100 sedes con 815 docentes”. Hoy, según datos de febrero de este año (2021), se sabe que existen 140 sedes, con una matrícula total de 28,087 estudiantes, pero no se sabe cuántos profesores trabajan ni en que condiciones. No obstante, se puede estimar que ya superan los mil trabajadores docentes adscritos a esas universidades. Siendo una institución pública federal, se esperaría una información mucho más detallada y precisa del profesorado que labora en esas escuelas, pero esos datos básicos no están disponibles, o no son de fácil acceso. El problema es delicado, pues se trata del principal recurso institucional para la atención de las labores de enseñanza y aprendizaje de los distintos programas educativos que ofrecen las UBBJG. La sistemática contratación temporal del personal académico es contradictoria con un enfoque de derechos, condiciones dignas y estabilidad laboral de los trabajadores de esas universidades. Lo que tenemos, por el contrario, es una política de precariedad laboral instalada en el centro mismo del principal y prácticamente único proyecto del gobierno lopezobradorista para la educación superior. Tratar a los profesores como eventuales, o como una suerte de personal académico de confianza, apelando a sus compromisos éticos o morales con el papel de las UBBJG en la cuarta transformación nacional, revela no sólo un arraigado prejuicio contra los derechos laborales de sus trabajadores, sino también cierta concepción del trabajo docente como una labor moral y comunitaria que refleja los valores y principios de la 4TN, y no como una profesión académica apreciada y remunerada adecuadamente. Esa política de precarización del trabajo docente es justificada como parte de los principios de austeridad proclamados por el oficialismo en turno. Ello explica el desinterés gubernamental por fortalecer académica e institucionalmente a las UBBJG a través de la constitución de una planta académica estable y comprometida con los propios objetivos de esas universidades. Bajo los vientos retóricos de la cuarta transformación, la precarización constituye una clara señal de retroceso en el enfoque de derechos laborales de los trabajadores educativos, esa señal que en los años setenta se constituyó como la bandera de lucha del sindicalismo universitario mexicano, con la cual varios de los impulsores de las UBBJG forjaron sus propias trayectorias políticas. Hoy, precarización y austeridad dominan el enfoque gubernamental sobre la naturaleza institucional de las Universidades del Bienestar. Y no deja de ser paradójico que los enunciados del bienestar social que atraviesan toda la narrativa del transformacionismo coexistan con prácticas que lesionan o afectan los derechos de los trabajadores de las universidades que representan fielmente las creencias e intereses del gobierno para el campo de la educación superior pública del país.

Adiós a la prepa

Estación de paso Graduaciones: adiós a la prepa. Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 15/07/2021) Las fiestas de graduación son siempre un espectáculo que combina alegrías instantáneas, nostalgias prematuras y preocupaciones futuras. La noche del viernes pasado, por ejemplo, en Zapopan, Jalisco. Que cientos de jóvenes preparatorianos se organicen durante casi un año para celebrar el acontecimiento y reunirse en un salón de fiestas para bailar, cenar y bromear no es algo inusual. Pero que lo hagan en el contexto de la larga crisis sanitaria que los ha confinado a sus casas y los alejó de sus escuelas durante más de la mitad de sus trayectorias escolares en el nivel medio superior es relativamente sorprendente. Pese a la incertidumbre, los llamados de alerta por la confirmación de la tercera ola de contagios, los riesgos advertidos y probados de la enfermedad, los jóvenes sólo querían divertirse al ritmo de la música de Bad Bunny, de Cristian Nodal, de Harry Styles, Los Ángeles Azules, y alguna banda sinaloense o un mariachi para cerrar una experiencia escolar y vital que los marcará para siempre. Festejar en medio de una tragedia o una crisis tampoco es raro. Puede ser visto como un ritual de sanación y olvido, un acto de rebeldía o de resistencia frente a acontecimientos que simplemente serían insportables como horizonte permanente e ineludible. Por ello, los comportamientos estudiantiles durante la pandemia han sido heterógeneos y contradictorios a la luz de las confusas expectativas gubernamentales y los sombríos pronósticos sanitarios. En entornos dominados por la inseguridad, la diversificación de las violencias o el pesimismo, muchos jóvenes celebraron con jolgorios su salida de las prepas en muchas partes del país. Después de todo, los festejos de graduación representan, entre otras cosas, los ritos de paso de la adolescencia a la adultez, donde nuevas decisiones e incertidumbres conformarán los itinerarios vitales de los jóvenes. No hay explicaciones fáciles ni instantáneas para estos comportamientos. Pero una hipótesis plausible es que a lo largo de la pandemia las emociones se convirtieron en razones. Ni advertencias ni temores impidieron que muchachas y muchachos que egresaron de la prepa e ingresaron casi al mismo tiempo a la ciudadanía política se reunieran para festejar junto con sus familias el fin del bachillerato. Después de todo, hay que recordar que hoy sólo 63 de cada 100 jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad están inscritos en alguna modalidad de nivel medio superior en el país, y se estima que de cada 100 estudiantes que ingresaron a primero de primaria en el ciclo escolar 2000-2001, 69 ingresaron al primer año de preparatoria 9 años después, y 12 años más tarde solo 42 egresaron de ese nivel escolar. Ese grupo poblacional es el que festeja en este verano el adiós a la prepa. Durante este ciclo escolar egresaron 1.4 millones de estudiantes de nivel medio superior. Ellos representan el 70% de los que ingresaron hace tres años a las casi 21 mil preparatorias generales o tecnológicas instaladas en toda la república. 12 de cada 100 reprobaron en algún momento de la prepa, y 10 de cada 100 abandonaron sus estudios a lo largo de sus trayectorias escolares en este nivel. Según la encuesta realizada por el INEGI hace unos meses sobre el impacto del COVID-19 en la educación, en este nivel las dos causas proncipales de abandono y reprobación tuvieron que ver con la falta de recursos económicos o por razones de salud de los estudiantes o de sus familiares cercanos. Justo por ello, estudiantes y familias celebran este verano el final de la preparatoria. Muchos no lo hicieron y probablemente no lo harán en los próximos años ni nunca. Culminar la escuela es un logro simbólico y práctico, el cierre de una experiencia que marca las posibilidades y oportunidades futuras para miles de jóvenes. El optimismo insobornable de los jóvenes egresados alimenta la complejidad de un horizonte nublado para muchos adultos. Y esa actitud y las emociones que con frecuencia la acompañan forman las reservas racionales, sentimentales y morales que algunas franjas de la sociedad mexicana han formado en los años duros de la crisis económica y sanitaria que se mezcla con la polarización política y las fracturas profundas de la cohesión social. Frente a éstas imágenes, quizá tenga razón el poeta catalán Joan Margarit cuando escribió, hace algunos años: “La juventud son ojos que reflejan el futuro sin verlo” (Excursión).

Nueva educación: ideas e ilusiones

Estación de paso ¿Nueva educación?: ideas e ilusiones Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 01/07/2021) https://suplementocampus.com/nueva-educacion-ideas-e-ilusiones/ Una de las ideas que han comenzado a circular con fuerza en los últimos años en México y en otros países es la de construir “una nueva educación”. Es una idea surgida en el prolongado contexto de crisis de las capacidades formativas, cohesivas e integradoras que tradicionalmente se asocian a la formación escolar desde el nivel básico hasta el superior. Se trata de un contexto de déficits acumulados agravado por la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, en el cual las rutinas, las prácticas y los procesos de aprendizaje se vieron dramáticamente alterados por la interrupción de las clases presenciales. Las situaciones de crisis suelen ser percibidas como la oportunidad para introducir cambios e innovaciones en los sistemas educativos. Y el enunciado de una “nueva educación” surge a la vez como descubrimiento, como intencionalidad y como ilusión. El gobierno federal actual lanzó desde el comienzo la idea de la “nueva escuela pública” como el centro de su política educativa, como la respuesta a la crisis educativa heredada por los “regímenes neoliberales y corruptos” que le precedieron. Rectores universitarios y directivos de escuelas afirman que la experiencia de la virtualización educativa de la crisis pandémica ha cambiado las cosas para siempre. “Ya nada será igual”, se suele afirmar, refiriendose específicamente a la “inevitable” combinación de modalidades presenciales y remotas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El problema con la idea, las intencionalidades y las ilusiones que revela es de orden conceptual pero también de orden práctico. ¿Qué significa “nueva educación” o “nueva escuela pública”?. ¿Combinación de modalidades presenciales, semipresenciales y no presenciales en los procesos de enseñanza/aprendizaje? ¿Formación “integral y flexible”? ¿Reorganización de las curriculas y programas educativos, sustitución de métodos pedagógicos, formación de un nuevo tipo de profesorado? ¿Es la renovación de escuelas, la reforma de los espacios escolares, nuevas formas de gestión escolar? ¿O es una manera distinta de coordinar desde el poder público el sistema, los subsistemas y las instituciones educativas? ¿Es todo eso combinado? Hasta ahora, no hay respuestas claras a estas interrogantes. Ni en el confuso Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 ni en el programa sectorial de educación 2020-2024, ni en la retórica cotidiana de rectores y directivos existe una definición clara y compartida del carácter novedoso de la idea enunciada. Pero a la ambigüedad de la idea hay que agregar las dificultades prácticas de un sistema heterógeneo cuyos comportamientos institucionales suelen ser paradójicos y contradictorios. En educación superior, por ejemplo, existen más de 3 mil instituciones universitarias y no universitarias, públicas y privadas, cuya naturaleza, orientación y lógicas de funcionamiento son extraordinariamente complejas. Hoy se ofrecen casi 22 mil programas de licenciatura y 8, 200 programas de posgrado (que incluyen especialidades, maestrías y doctorados), donde estudian 4.5 millones de estudiantes y laboran más de 400 mil profesores. ¿Qué significa una “nueva educación” para un sector multidimensional que opera en poblaciones, territorios y contextos institucionales tan diversos? La idea de una nueva educación supone que existe una suerte de vieja educación que es identificada como la causa profunda de los problemas de aprendizaje, eficiencia, adaptación, equidad, pertinencia o calidad que hoy se advierten en educación superior. Pero la tensión entre lo nuevo y lo viejo no se resuelve celebrando la novedad como exorcismo de lo tradicional, lo antiguo, lo viejo. Y la tarea no es sencilla para los promotores entusiastas o discretos de la nueva educación. No se trata sólo de modernizar o innovar las tecnologías del aprendizaje (mediante la expansión del uso de plataformas, inteligencia artificial, algoritmos, aplicaciones), sino también de observar las condiciones sociales e institucionales en las que operan las tecnologías de información y la comunicación asociadas la revolución digital en el ámbito educativo. Pero la importancia de una idea radica “no en cuán novedosa sea, sino cuán novedosa llegue a ser”, ha afirmado el historiador Peter Watson en su monumental “Ideas. Historia intelectual de la humanidad”. Es decir, no importa tanto cuál sea su definición, su origen o significado, sino el impacto que puede llegar a tener a lo largo del tiempo. Eso ocurre con la idea de la nueva educación que circula con rapidez entre algunas de nuestras élites y dirigentes educativos. Se enuncia pero no se explica, y su traducción como política institucional o como política pública aguarda aún por argumentos, evidencias, recursos y tiempo (ese maldito factor) para su imaginaria instrumentación.

El extraño caso del Dr. Gertz

Estación de paso El extraño caso del Dr. Gertz Adrián Acosta Silva (Campus Mllenio, 17/06/2021) https://suplementocampus.com/el-extrano-caso-del-dr-gertz/ La noticia de que el actual Fiscal General de la República fue nombrado como investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores corrió como reguero de pólvora entre medios de comunicación y círculos científicos del país. Asombro, incredulidad, indignación, caracterizaron algunas de las primeras reacciones frente a la nota, mientras que otras fueron de sorpresa, indiferencia o desinterés. Por lo que se sabe, el nombramiento fue el resultado de un largo litigio personal emprendido por el Doctor en Derecho por la UNAM (aunque,según el comunicado oficial emitido por el CONACYT el viernes 11 de junio Gertz acumula “tres doctorados”), para lograr que el Sistema Nacional de Investigadores lo aceptara como uno de sus miembros. Luego de ser rechazado en varias ocasiones por la comisiones evaluadoras que se encargan de dictaminar los méritos de los aspirantes para cumplir con los criterios de calidad de sus trayectorias académicas, y tras entablar “7 querellas, 2 juicios de nulidad y 5 juicios de amparo”, el Dr. Gertz argumentaba motivos de discriminación, por lo que interpuso una demanda a la CONAPRED, que luego envió una recomendación al CONACYT para que se re-evaluara la trayectoria del ahora Fiscal. De manera veloz, el CONACYT integró una comisión que resolvió otorgar, bajo el principio de “igualdad y no discriminación” el máximo nivel del SNI al Dr. Gertz, como compensación (“reparación de daño”) por los 11 años en que el funcionario fue rechazado en el Sistema, por motivos discriminatorios y no académicos. (https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-222.html) ¿Qué motiva a un político o funcionario destacado, que forma parte de la élite política del país, a buscar insistentemente durante más de una década el reconocimiento institucional, público, de sus méritos académicos o científicos? Como es de conocimiento público, el Dr. Gertz es un abogado que se ha dedicado más a las funciones de gobierno y a construir cierta trayectoria política, que a la paciente, árida y discreta labor de investigación, a la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas o libros dictaminados por editoriales prestigiadas, sujetos a evaluaciones de “doble ciego”, o a impartir clases y dirigir tesis de pregrado o posgrado. Baste mirar los criterios de evaluación que hoy aplica el CONACYT a los que aspiran a ingresar, permanecer o promoverse entre los niveles del SNI para percatarse que el Dr. Gertz dificílmente podría ser considerado siquiera como nivel 1. Pero el asunto es curioso y representa las creencias de lo que significa la vida acadèmica para quienes desempeñan cargos públicos o políticos. Como muchos otros políticos y funcionarios de diferentes gobiernos, en distintas escalas y campos de acción, el Dr. Gertz ha publicado con alguna frecuencia artículos de opinión en periódicos o revistas, dictado conferencias y charlas, ha redactado alguna biografía de algún personaje histórico, publica de vez en cuando algún capítulo en obras colectivas. Lo más cercano a la vida académica del actual Fiscal es haber imparido clases en algunas universidades públicas y privadas, y ser nombrado Rector de la Universidad de Las Américas en Puebla, un cargo que Gertz desempeñó en una etapa donde no fue invitado o no estuvo interesado en continuar en la función pública o en el mundo volátil y fangoso de la política. La búsqueda de la legitimidad académica asociada al reconocimiento público de sus méritos académicos o científicos es el motivo que impulsa a no pocos de nuestros políticos y funcionarios a dedicar sus litigos y empeños a la obtención de esas medallas de la república de la ciencia en México. En sus imaginarios y vidas prácticas, significan el pase de entrada para pertenecer a una élite cientifica, al linaje de una oligarquía académica, y eso, se supone, otorga autoridad, prestigio, distinción, estatus, a quienes portan esas preciadas medallas. El dinero asociado al nombramiento en realidad, para ellos, no importa, como lo muestra el comunicado del CONACYT respecto al Dr. Gertz. Lo que importa es lo que simboliza: el reconocimiento institucional del talento intelectual y las contribuciones del aspirante al desarrollo de la ciencia, la tecnología o las humanidades. Pero hay también un poderoso componente subjetivo, relacionado con el ego de muchos de los políticos que obtienen doctorados y buscan en el SNI el ascensor social adecuado para sus pretensiones y aspiraciones académicas o científicas. Tiene que ver con la vanidad, el curriculum vitae, la imagen pública, esas drogas a las que son adictos tantos intelectuales y académicos del vecindario local, nacional o mundial. Y eso recuerda siempre la frase pronunciada al final por el magnífico personaje que Al Pacino protagoniza en El abogado del diablo: “Ah, la vanidad. Sin duda, mi pecado favorito”. Drogas o pecados, juegan el mismo papel adictivo, son opio puro para los intelectuales, los políticos o los investigadores uiversitarios. El caso de Gertz, como otros antes que él, representa esa mezcla de vanidad personal y legitimidad académica que significa para algunos la pertenencia al SNI. El problema es que el caso, el proceso y el resultado agrega un grano de sal a la gestión del CONACYT y a sus relaciones con diversos sectores de las comunidades científicas, comunidades que reconocen en el SNI el principal mecanismo meritocrático, no igualitario ni político ni hereditario, que tenemos para el desarrollo científico y tecnológico, lo que eso signifique. El extraño caso del Dr. Gertz es un punto que ilumina los recovecos políticos, judiciales y burocráticos que alimentan los símbolos, prácticas y representaciones que estructuran el lado obscuro del orden institucional de las políticas científicas en nuestro país.

La invención del futuro

Estación de paso La invención del futuro Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 03/06/2021) https://suplementocampus.com/la-invencion-del-futuro/ Hace unos días fue publicado el reporte “España 2050. Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, organizado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España (https://we.tl/t-6jDvo9052N). Se trata del resultado de un ambicioso estudio realizado entre 2020 y 2021 por más de un centenar de expertos y expertas de diversas disciplinas (economía, ciencias ambientales, demografía, sociología, historia, ciencia política, derecho), convocados desde La Moncloa por el gobierno español para discutir el futuro de ese país en el contexto europeo y global. El informe es “un llamado al diálogo, a la reflexión y a la acción colectiva” de la sociedad española en tiempos donde la polarización y la confrontación habitan el ánimo público. Ese propósito, por sí mismo, es una contribución política relevante para mirar con otros anteojos las posibilidades de construir un futuro habitable y seguro para los españoles. El documento está realizado como un ejercicio de “prospectiva estratégica” y tiene como foco el desarrollo de una “gobernanza anticipatoria” (GA), un enfoque que concentra la atención en la capacidad sistémica de gobiernos y sociedades para enfrentar formas de cambio complejas y aceleradas. Su potencia analítica se desprende de un vínculo estrecho entre política y prospectiva, gestión en red, uso de sistemas de retroalimentación para moniterar y ajustar las políticas de la acción pública. La GA se basa en sistemas masivos de procesamiento de información y conocimiento para toma de decisiones (big data, ciencia de datos), y la formulación de indicadores cuantificables basados en evidencia empírica para evaluar cumplimiento de metas y objetivos de las políticas. España 2050 identifica 9 desafíos centrales: “elevar la productividad económica; conquistar la vanguardia educativa; mejorar la formación y recualificación de la población; conversión de una sociedad neutra en carbono, sostenible y resilente al cambio climático; un estado de bienestar para una sociedad más longeva; promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible; resolver las deficiencias del mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas; reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social; preparar las bases del bienestar futuro”. La hechura del ejercicio tiene dos objetivos: a) “Mejorar la comprensión de los desafíos y oportunidades sociales, económicos y medioambientales que enfrentará el país en las próximas décadas”; y b) “Generar, a partir de una diálogo multiactor, una estategia nacional de largo plazo que permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía del futuro”. A partir de los 9 desafíos y de estos dos grandes objetivos, el documento enumera más de 200 propuestas agrupadas en 12 ejes, e identifica 50 objetivos e indicadores específicos, que reúnen tres características fundamentales: que sean “cuantificables”, “ambiciosos pero realistas”, y “actualizables”. El propósito del proyecto es converger antes de 2050 en los niveles de desarrollo del grupo denominado como “UE-8”, el que comprende a los ocho países con mejores niveles de prosperidad económica y bienestar social de la Unión Europea: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, y Suecia. Es decir, se trata de que España pase de compartir la media de desarrollo de los 27 países que hoy integran la UE, a los niveles de prosperidad de los 8 países más desarrollados de Europa. Ese es el futuro deseable para la España contemporánea, dibujado por los expertos y por parte de las élites políticas de una sociedad que, como otras en el mundo, pasa desde hace tiempo por una transición múltiple que se expresa en el incremento de conflictos sociales, tensiones políticas y desigualdades económicas. La forma y el contenido de este ejercicio prospectivo es una muestra alentadora de la interacción cooperativa que puede existir entre la ciencia y el gobierno, entre científicos y políticos. Es un ejercicio que importa como proceso y como resultado, y que puede servir de referencia para países como México. En tiempos donde la diatriba y la descalificación, el pesimismo, la violencia y los empujones dominan el ánimo público, la invención del futuro es una estrategia inteligente para calibrar la dimensión de los déficits de los problemas colectivos pero también para reconocer los avances acumulados en el pasado remoto o reciente. Y aunque el futuro social nunca se puede predecir ni profetizar, el hecho mismo de pensar y discutir ideas y proyectos sobre el futuro es un esfuerzo intelectual y político civilizatorio, pertinente para organizar políticas, acciones y agendas. Después de todo, el presente -todo presente- está cargado de futuros probables, posibles o indeseables, pero su construcción es siempre un proceso social, una mezcla de voluntad política, capacidades institucionales, y un poco de fortuna. El futuro puede ser “una vida, un lugar, una vez”, “un bosque oscuro tan extraño como el tiempo”, escribió alguna vez Thomas Wolfe. Ese tiempo es un territorio colonizado frecuentemente por el imperio de las ilusiones e intenciones, dictadas por pasados nostágicos, por profecías políticas o por enunciados que anticipan catástrofes. Pero también es el resultado de inercias sociales, errores políticos o contingencias naturales. Es un espacio habitado por la incertidumbre, la confusión, por el pesimismo o por el optimismo de individuos y grupos. Pero en cualquier caso, el futuro existe, y el presente siempre está poblado de futuros. Su significado y contenidos dependen, en parte, de la vountad y capacidad para identificarlos, pero también por el sentido de relevancia que tienen para las élites políticas, sociales o científicas para construirlo o modificarlo. España 2050 es un ejercicio que podría ser útil como espejo para un ejercicio similar para México en estos tiempos extraños.

Gobernar el futuro

Estación de paso Gobernar el futuro Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 20/05/2021) The world is old, the world is gray Lessons of life can´t be learned in a day I watch and I wait and I listen while I stand To the music that comes from a far better land Bob Dylan, ´Cross the Green Mountain Cuando se piensa en el futuro, la imaginación puede ser el límite, pero las prácticas gobiernan el cálculo de las estrategias para su construcción. Pensar el futuro es un ejercicio intelectual y emocional (espiritual en lenguaje antiguo), alimentado por el malestar con los presentes o pasados remotos o recientes. Creencias, intereses, expectativas, símbolos, significados se ponen en juego y se colocan en el centro de los esfuerzos por identificar escenarios, actores, decisiones, fines y medios. En ese sentido, imaginar el futuro es un proceso social de consecuencias políticas; el futuro es siempre una hechura política. ¿Qué tipo de futuros se perfilan en los próximos años en la educación superior, en el contexto de la crisis multidimensional ocurrida entre 2020 y 2021?. La premisa fundamental de cualquier ejercicio prospectivo es el reconocimiento de que ese sector experimenta los efectos de un largo ciclo de pérdidas. Las cosas han cambiado dramáticamente en el transcurso de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, obligando a los principales actores del sector -gobierno, directivos de instituciones de educación superior, analistas, estudiantes, profesores- a adoptar estrategias de gestión de crisis para una coyuntura que se transformó con el tiempo en una nueva estructura de restricciones, imposibilidades y constreñimientos. En esas condiciones, la gestión de la crisis educativa ha sentado las bases de su propio futuro como espacio institucional y como territorio de la acción social. Las huellas de la crisis alcanzan aguas profundas. Abandono escolar, aprendizajes inciertos, procesos de socialización interrumpidos en términos culturales, políticos y académicos, desconcierto frente a las nuevas realidades laborales, disminución de las oportunidades vitales, configuran parte de la nueva complejidad social que enfrenta la educación superior. Los comportamientos de este sector han tenido que ajustarse a entornos poblados de incertidumbre y ansiedad, temor y confusión. Frente a un escenario de fatiga socio-institucional inédito para las viejas y nuevas generaciones de estudiantes, directivos y profesores, el orden de las cosas (formado por el imperio de hábitos, rutinas, costumbres) tuvo que adaptarse al ritmo metálico de la crisis. Pero la coyuntura no trajo en sí misma los problemas de acceso, equidad o deserción escolar, los bajos niveles de aprendizaje, la rigidez de las instituciones escolares, o la falta de oportunidades laborales para estudiantes o egresados de la educación superior. Esos problemas ya estaban ahí antes de la crisis. La pandemia los agudizó, los ha hecho más evidentes y graves. El eje explicativo del fenómeno descansa en las estructuras de desigualdad social que se manifiestan nuevamente como desigualdades educativas en las condiciones en que los diversos estratos, grupos y clases sociales enfrentan la crisis. El conocido “efecto mateo” (los que tienen más, ganan más) vuelve a aparecer en el horizonte interpretativo como la causa explicativa de los ganadores y perdedores absolutos o relativos de las condiciones de deterioro de la educación superior. Para los optimistas, la crisis ha significado también oportunidades. El uso de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la educación a distancia, el empleo masivo de plataformas virtuales, computadoras, teléfonos inteligentes, permitió a estudiantes y profesores establecer un nuevo esquema de enseñanzas/aprendizajes más flexible e individualizado. Pero como en el caso de la desigualdad social, esos dispositivos y tecnologías ya existían antes de la pandemia, aunque su acceso también era y es muy distinto para las distintas poblaciones que habitan la educación superior. Como ilustran los datos de la reciente encuesta aplicada por el INEGI sobre el impacto del COVID-19 en la educación, el costo de la desigualdad de origen explica en buena medida el costo de la crisis educativa superior. Hoy se habla, otra vez, del futuro. En situaciones críticas, el futuro es un fruto exótico, una excentricidad propia de intelectuales y políticos, una droga provocada por la desesperanza, un acto escapista para imaginar la posibilidad y factibilidad de otro tipo de orden para los individuos y sus comunidades y sociedades. Para la educación superior, el desafío es doble. De un lado, se trata de realizar el recuento de los déficits acumulados en el pasado reciente y los daños causados por la pandemia entre las instituciones, las comunidades académicas y los entornos sociales que explican el sentido, las relaciones y contribuciones de la educación superior para un futuro ominoso. Del otro lado, se trata de valorar las herencias de un pasado inhóspito y de un presente incierto en la construcción de un futuro distinto, mejor, para este sector. En cualquier caso, el desafío mayor de la educación superior es gobernar el futuro. Y esa es una labor política y de políticas públicas, no el efecto de fuerzas naturales o inercias institucionales. Si gobernar es dirigir y conducir, el gobierno del futuro requiere de la combinación de voluntad política y capacidad intelectual, de información y conocimiento, de intuición, cálculo y razonamiento. La responsabilidad de la generación de la crisis es asegurar mejores condiciones y mayores oportunidades a los jóvenes de hoy y del futuro. Luego de un largo período de confinamiento y contingencias, de muertes y enfermedad, de acumulación de pérdidas económicas y sociales catastróficas, y de un entorno de violencia que afecta a universitarios y no universitarios, el rostro del futuro puede ser la expresión modernizada de las estructuras oxidadadas de la violencia, la desigualdad y la pobreza, o la oportunidad de imaginar y trabajar en la construcción de un futuro diferente. Pero ningun futuro imaginable o posible para la educación superior se construye sobre las ruinas del presente. Su factibilidad depende de tiempo, ideas, proyectos y circunstancias. La experiencia pandémica ha alterado las percepciones de la temporalidad social y las oportunidades políticas de la educacion universitaria, colocando en el centro la necesidad de una agenda postcrisis que sea capaz de imponer la racionalidad de las decisiones sobre la influencia de los “espirítus animales” que siempre aparecen en el mundo de las relaciones sociales y políticas. Justo por ello, quizá sea el momento de mirar hacia el futuro como una manera de organizar razones y pasiones, tratando de escuchar los sonidos de “la música que viene de una tierra mejor”, como sugiere con parsimonia y prudencia el doctor Dylan.