El (misterioso) tren de las reformas en educación superior

Estación de paso
El (misterioso) tren de las reformas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 13/02/2014)
Mientras se discuten las implicaciones de las adecuaciones a las reformas educativas impulsadas por el gobierno federal en el nivel básico, la educación superior mexicana aún aguarda señales más claras del rumbo de la política educativa sexenal. Por lo pronto, con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 ha comenzado un proceso de rediseño de políticas que aún esperan a ser planteadas con mayor contundencia, brevedad y claridad por parte de la agencia federal responsable de su diseño e instrumentación (la Subsecretaría de Educación Superior). Sin embargo ya se están dando a conocer algunos avances importantes al respecto.
En el comunicado 0/7 emitido el primer día de febrero, la SEP dio a conocer los “Programas de apoyo para fortalecer la calidad de la educación superior en el país” para este mismo año, 2014. Se enumeran cuatro grandes fondos: a) el “Fondo para elevar la calidad de la educación superior”, en el nivel del pregrado y el posgrado; b) el “Programa de apoyo del Desarrollo de la Educación Superior”, con proyectos estratégicos como el de la profesionalización docente, la diversificación de la oferta educativa, y la vinculación y pertinencia de los programas de formación; c) el “Programa de estímulos al personal docente”; y d) El “Fondo de apoyo para el saneamiento financiero para la atención a los problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE´S).”
A primera vista se reconoce un esfuerzo por concentrar la acción del gobierno federal y de las universidades en sólo 4 grandes programas y fondos, contrario a la tendencia de los sexenios pasados en los cuales predominó una fragmentación continua de los instrumentos federales, cuyo extremo fue el sexenio calderonista, donde se diseñaron 18 programas de este tipo orientados por la focalización extrema de problemas asociados con la asignación de fondos federales extraordinarios. Dada la naturaleza compleja de los problemas de la educación superior, donde las relaciones entre los distintos componentes de los asuntos críticos poseen fronteras imprecisas, la lógica de la focalización se impuso sin muchos argumentos a una lógica de generalización estratégica. El envejecimiento del profesorado, por ejemplo, es a la vez un problema financiero, académico y laboral, además de un problema de derechos sociales.
Este esfuerzo de concentración, sin embargo, no basta por sí mismo para coordinar de mejor manera ni para hacer más eficaz la acción gubernamental. Se pueden concentrar las acciones en un solo programa o en veinte, pero si no se coloca un énfasis estratégico más que operativo en el programa, los riesgos de la ineficacia y de la burocratización de la acción pública se pueden mantener e incrementar en el corto plazo. Aquí, la fórmula más exitosa de intervenciones públicas suele estar asociada a la simplificación, a la flexibilidad, a la descentralización y una buena dosis de sentido común, además de un incremento sostenido de los recursos públicos para garantizar resultados.
Una buena señal es el extraño y silencioso desvanecimiento del “Programa Integral de Fortalecimiento Institucional”, el célebre PIFI, una invención foxista que se alargó durante dos sexenios completos, y que se convirtió por la vía de los hechos en un espacio de negociación y ajuste de buena parte de los fondos de financiamiento extraordinario a las universidades públicas estatales. Sin embargo, el PIFI es un fantasma que aún se aparece en los cuatro nuevos programas anunciados por la SEP. Duplicidades burocráticas, falta de sentido común académico, simulación, ineficacia y pocos resultados estratégicos, son parte de la herencia de un programa pretencioso que nunca fue ni planificador ni integral ni fortalecedor de las funciones sustantivas de la universidad, sino una forma de condicionamiento gubernamental que poco a poco se alimentó de los déficits académicos, las urgencias financieras y la penurias administrativas de las propias universidades. Ello no obstante, el fantasma del PIFI se sigue apareciendo en las oficinas de planeación de las universidades públicas.
A poco más de un año del inicio de la administración peñanietista, el diseño de los nuevos programas dirigidos a la educación superior y en particular a las universidades públicas parecen atrapados en las inercias de su propio pasado. Y aunque ya se sabe, o se intuye, que ninguna política pública surge del vacío histórico, también es posible afirmar que toda política implica una evaluación de su pasado inmediato, ese pasado que, según afirmaba Alfonso Reyes, “es siempre el enemigo”. En ausencia de esa evaluación crítica, no hay ni puede haber rupturas claras con las herencias de los últimos veinte años de políticas de educación superior, y las “nuevas” políticas serán solamente la continuidad de lo que se ha hecho en el campo universitario en los últimos tiempos, para bien y para mal. En esas circunstancias, el viejo y a veces misterioso tren de las reformas en la educación superior seguirá siendo una suerte de tren a la deriva, recorriendo una ruta imprecisa de acciones públicas que no pasan por las estaciones críticas de la educación universitaria, entre las que se encuentran el aseguramiento de un financiamiento público sostenible en el tiempo, la renovación generacional de la planta académica, el incremento sustancial y no inercial de la cobertura, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y estudio de los jóvenes universitarios.