España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia

Estación de paso

España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus-Milenio, 05/05/2016)


La coyuntura universitaria española está marcada inevitablemente por tres factores estratégicos: el prolongado estancamiento económico, la incertidumbre político-electoral, y los efectos del pasado reciente de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Partido Popular (PP) representado por Mariano Rajoy. En el primer caso, el bajo crecimiento económico y las altas tasas de desempleo oscurecen cualquier optimismo sobre las posibilidades de desarrollo de corto plazo de la economía española, lo que afecta principalmente al empleo no profesional pero que también limita severamente las posibilidades de empleo de los egresados universitarios. En el ámbito político, luego de las elecciones generales celebradas en diciembre pasado, y del hecho de que los partidos políticos representados en el parlamento español no pudieron ponerse de acuerdo para formar una coalición capaz de nombrar a un nuevo gobierno para el período 2016-2020, lo que se avecina es la convocatoria a nuevas elecciones generales el próximo 26 de junio. Más allá de los dimes y diretes, de la distribución de las culpas y responsabilidades que impidieron que los actores políticos pudieran acordar un “pacto de mínimos” -como lo señaló acertadamente en medio de la tormenta mediática la filósofa Victoria Camps (El País, 28/04/2016)-, lo que implica la celebración de las elecciones de verano es la posible formulación de nuevas propuestas sobre la educación superior española.

Pero la otra fuente de malestar por el estado de las cosas en la educación terciaria tiene que ver con los efectos de las políticas impulsadas por el gobierno de Rajoy en los últimos años, expresadas en la “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”, LOMCE). Amparadas, o justificadas, en algunas recomendaciones extraídas de Bolonia o de Lisboa, y de la experiencia reciente de las reformas de la educación terciaria en algunos países de la Unión Europea, las iniciativas de cambio del gobierno del PP se centraron en elevar la calidad de la enseñanza superior, fortaleciendo la evaluación y la selectividad del estudiantado universitario, acortando los ciclos de formación en el pregrado, a la vez que instrumentado severas medidas de restricción y control presupuestario a las universidades. En otras palabras, el gobierno de Rajoy actuó como suele hacerlo cualquier gobierno conservador: impulsando cambios sistémicos recortando al mismo tiempo el financiamiento público.

Sus efectos en el ámbito educativo superior ya se han notado al aplazar, entre otras cosas, la propuesta gubernamental de reducir a 3 años la formación profesional en el pregrado y fijar en 2 años más la obtención de un posgrado (maestría) para los estudiantes universitarios españoles. Es el programa conocido como “3+2” y que ha suscitado no pocas controversias entre los rectores y especialistas de la educación superior española, y también protestas y movilizaciones entre varias franjas de estudiantes de diversas universidades en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Esta propuesta se convirtió en los últimos años en uno de los ejes de la política educativa gubernamental. Implica varios momentos y procesos: la aplicación de un examen a los egresados del bachillerato para revalidar sus conocimientos; la identificación de sus perfiles académicos y sus posibilidades para ingresar a los programas profesionales o técnicos que combinen sus intereses personales con las ofertas institucionales en las distintas universidades españolas; el incremento de las exigencias de calidad en la formación con las “notas de acceso” a las carreras, sobre todo en las de alta competencia en el ingreso (medicina, derecho, algunas ingenierías); la instrumentación de políticas institucionales de admisión que respondan a los intereses tanto de las instituciones como de las Comunidades Autónomas; la reorganización de la estructura y las ofertas curriculares de los programas para acortarlos significativamente (1 año) ampliando y fortaleciendo el nivel de la especialización y el posgrado (aumentando en un año ese ciclo). Todas estas implicaciones fueron formuladas con carácter de obligatorio (LOMCE) por parte del gobierno desde hace casi 3 años, pero fueron cuestionadas desde el principio tanto por sectores estudiantiles como por parte de los mismos Rectores de muchas universidades públicas, aglutinados en el Consejo de Rectores de las Universidades de España (CRUE).

En medio de los escándalos de corrupción y de la falta de acuerdos para nombrar un nuevo gobierno general, las propuestas del gobierno del PP entraron en una fase de estancamiento político. El CRUE ha logrado negociar con el Ministerio de Educación dos cosas importantes. Primero, que no se haga tabla rasa en la obligatoriedad de aplicar la fórmula 3+2 a todos los programas profesionales, dada la diversidad de su naturaleza y complejidad disciplinaria y de las características de sus procesos de acceso y formación (por ejemplo, diferenciar las carreras de medicina o de ingeniería respecto de los programas de psicología, nutrición o turismo). El otro punto de negociación ha sido el de los tiempos de instrumentación de la propuesta: aplazar un año más el análisis para valorar con cuidado y prudencia las condiciones, posibilidades y circunstancias financieras, organizacionales y académicas de una nueva reforma curricular universitaria tanto a nivel nacional como sub-nacional e institucional.

Esos temas seguramente estarán en la agenda del nuevo proceso electoral español, y obligarán a los actores a tomar posiciones frente a las reformas y sus posibles implicaciones. Habrá también que ver cómo explican y argumentan esas posiciones los partidos y sus nuevas coaliciones frente al malestar educativo que hoy extiende sus sombras en los campus universitarios de España. Sin embargo, todo apunta a que la combinación del estancamiento económico con los resultados político-electorales de junio exigirán a los actores del campo educativo superior un nuevo “acuerdo de mínimos” que permita delinear mejores escenarios futuros paras las universidades españolas en el contexto europeo. Después de todo, tal vez los fierros oxidados de la democracia puedan servir para la construcción de una visión estratégica de la educación superior.