Estación de paso
Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.
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