De la cuna a la tumba

Estación de paso
¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.