Autonomia universitaria y pedagogía presupuestal

Estación de paso
Autonomía universitaria y pedagogía presupuestal
Adrián Acosta Silva
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=14217:autonomia-universitaria-y-pedagogia-presupuestal&Itemid=349

¿Cómo se concibe el papel de la autonomía de las universidades públicas en el nuevo proyecto educativo nacional? ¿Cómo está eso de que no habrá rechazados en las universidades? ¿Cómo se relaciona la propuesta de creación de 100 nuevas universidades públicas con lo que ya hacen desde hace décadas las universidades públicas federales y estatales, las escuelas normales, los institutos y universidades tecnológicos en los distintos territorios del país? ¿Qué tipo de educación ofrecerán las nuevas universidades? ¿Harán investigación y difusión? ¿Qué tipo de profesores se contratarán? ¿Cómo se coordinarán? ¿Cuál es el papel de las instituciones particulares de educación superior en el nuevo proyecto educativo del sector terciario? ¿Cómo se articula la retórica del respeto a la autonomía universitaria con el diseño político del presupuesto federal?
La conferencia de prensa que ofreció la mañana del 12 de diciembre el Presidente, en la que presentó la iniciativa de cancelación de la reforma educativa del gobierno anterior no disipó las dudas y preocupaciones respecto a lo que ocurrirá con la educación superior en los próximos años. Las modificaciones propuestas al tercero constitucional no tocan para nada el tema, salvo que extiende la gratuidad de la educación a todos los niveles educativos, incluyendo el universitario. Y sin embargo, en el intercambio con los reporteros el Presidente afirmó sus promesas de campaña: educación universal y gratuita para todos, cero rechazados en las universidades públicas, creación de nuevas universidades públicas, becas para 300 mil jóvenes.
Sin entrar en detalles, el nuevo gobierno ha lanzado una declaratoria de intenciones articuladas a una (nueva/contra) reforma educativa en los cuales, de manera implícita, se afecta la autonomía de las universidades. En buena lógica, por ejemplo, el cero rechazados significa que las universidades deberán aceptar a todo aquel que solicite ingresar a alguna de sus carreras. Luego entonces, se suspenderán los exámenes de ingreso y selección que aplican dichas instituciones, ejerciendo su facultad para fijar políticas de admisión basadas en méritos académicos, disponibilidad de lugares y tipos de programas específicos. Resulta complicado entender como una promesa de campaña que ahora se traduce en programa de gobierno no disminuirá la autonomía académica de las universidades federales y estatales.
Parece ser que en la imaginación presidencial el problema no es de calidad sino de cantidad. Desde su perspectiva, las universidades no admiten a más estudiantes simplemente por falta de cupo. Luego entonces, hay que crear más instituciones y más aulas con más profesores para atender a todos los que solicitan ingreso, independientemente de su desempeño escolar, sus aptitudes y vocaciones, sus expectativas e intereses. Y aquí enseña la cola el diablo: ¿todos los que quieran estudiar medicina, abogacía o ingeniería civil tienen las capacidades y aptitudes escolares o intelectuales para hacerlo? ¿Todos los que quieran estudiar psicología, ciencia política, economía, física, o matemáticas, veterinaria, mercadotecnia o nutrición, deberán ser admitidos? ¿No hay reglas mínimas, elementales, de admisión y selección que deban discriminar a los solicitantes? ¿La equidad social y meritocrática en el acceso significa la “igualdad bruta” en el acceso?
Las implicaciones de la imaginación del nuevo oficialismo se nutren de una mezcla extraña de creencias, certezas e ilusiones. Hay algunas más o menos obvias: una profunda desconfianza o recelo del papel de las universidades públicas en las diversas entidades del país, la sensación de que reciben y gastan muchos recursos públicos con pocos resultados sociales, la certeza en que en las universidades anidan grupos e individuos asociados con las mafias del poder, prácticas de corrupción, irrelevancia de sus programas y proyectos de investigación, configuración de “fábricas de desempleados”. Pero al lado de esto se incluyen evidencias de que las universidades públicas se han convertido en instituciones de elite, pues rechazan a la gran mayoría de los solicitantes; hay manejos raros de los recursos, aunque las auditorias y fiscalizaciones sean positivas; bajo el paradigma de la políticas de calidad de los últimos años (2000-2018) el impacto de las universidades en la diminución de la pobreza y la desigualdad es ambiguo; el financiamiento público es insuficiente para resolver muchos de los problemas estructurales de las universidades.
Pero las nuevas políticas federales hacia las universidades no son solamente un asunto de imaginería y retórica. Es también un tema de decisiones y dinero. En perspectiva, la discusión sobre la autonomía universitaria inició con el presupuesto de egresos del 2019 que fue entregado al Congreso. Ahí se expresa lo que ya se temía: un descenso absoluto y relativo de los recursos a la educación superior. Segúh cálculos de la ANUIES, las IES federales tendrán 6.2 por ciento menos recursos en términos reales; las públicas estatales (que incluye a universidades, las de “apoyo solidario”, el Tecnológico Nacional de México, las tecnológicas y politécnicas), 3.2 por ciento menos (aunque aquí es el único rubro donde se incrementan en 471 millones en términos absolutos, quizá debido a la creación de las primeras universidades públicas anunciadas en la campaña presidencial); los subsidios extraordinarios a las universidades públicas bajan en un 43.6 por ciento; y el programa nacional de becas en un 52.6 por ciento.
De no modificarse el presupuesto enviado por el Ejecutivo al Legislativo en esta semana (que incluye no solamente más dinero al sector sino explicaciones elementales de los recortes brutales a los subsidios extraordinarios y a las becas, por ejemplo) estaríamos en presencia de una política que confirma que las universidades públicas no son prioridad para el nuevo gobierno. De ser así, la confusa retórica del oficialismo sobre la autonomía universitaria se resolverá con claridad en el severo trato político-presupuestal hacia la educación superior. La disputa entre la autonomía universitaria y el presupuesto federal se afirma como el eje de las tensiones de las relaciones entre el Estado y las universidades públicas, pero ahora bajo el tiempo nublado de la “cuarta transformación nacional”, donde la autonomía se lastima con el delicado sonido de la pedagogía presupuestal.
PS. Unas horas después de que este texto fuera enviado a publicación, el propio Presidente anunciaba que la disminución de los recursos federales a las universidades había sido “un error”, y que se corregiría de inmediato. La nueva propuesta presupuestal sería la misma, “en términos reales”, que la del 2018. Esta declaración se suma a las correcciones que el propio Presidente ha hecho de “errores anteriores”, como la de que en el borrador del presupuesto dado a conocer a fines de noviembre se contemplaba disminuir en 32% los recursos a la educación superior (“error de cálculo”), y la desaparición del término autonomía universitaria en la propuesta de reformas al tercero constitucional del 12 de diciembre (“error de dedo”). Por lo visto, habrá que acostubrarse a esta extraña dinámica que revela una mezcla sistemática de descuidos, impericias, provocaciones, prisas, y malhechuras químicamente puras del nuevo gobierno.