CONACYT: Polvo en el viento

Diario de incertidumbres Del Conacyt al Conahcyt: formas, fondos y polvo en el viento Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 11/05/2023) https://suplementocampus.com/del-conacyt-al-conahcyt-formas-fondos-y-polvo-en-el-viento/ La atropellada, confusa y caótica sesión del senado de la república celebrada durante la larga noche del día difícil del 28 de abril merece colgarse como pieza del museo de los humores políticos mexicanos de los años del obradorismo. Ahí, entre el montón de iniciativas aprobadas de madrugada del día 29 en un escenario inusual -el patio del palacio de Xicóténcantl-, y sólo con la presencia del oficialismo, se aprobó la nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que, para decirlo en breve, significó el triunfo (¿momentáneo?) de los políticos y los burócratas sobre los científicos (o una parte de ellos). La maquinaria autocrática, convenientemente aceitada durante los años del obradorismo, funcionó con eficiencia, a toda velocidad, de madrugada, en espacios que permitieron funcionar sin oposiciones, ruidos mediáticos ni molestas interferencias técnicas o jurídicas. Mientras que la oposición tomaba el salón de plenos y las oficinas de la junta de coordinación política del senado para impedir la sesión, el oficialismo salía a la calle, se reunía con el presidente en palacio nacional, y celebraba con júbilo el preludio del espectáculo nocturno, con todo y fotografías del momento. Horas más tarde, ante el beneplácito presidencial, los senadores de su partido y sus aliados consumaron la tarea. Más allá de las postales de ocasión -que por sí mismas merecen ser tratadas con atención, por lo que son y lo que representan-, importa revisar la idea central, el procedimiento y el contenido de la iniciativa del oficialismo en el tema de la ciencia. El cambio del nombre del Conacyt por el de Conahcyt no es solo de siglas, pero importa, pues codifica las realidades e ilusiones de un cambio institucional. Pero la manera en que se aprobó la iniciativa del ejecutivo revela las prácticas de un proceso legislativo desaseado, incompleto, contradictorio y potencialmente ilegal, salvo que la abrumada corte suprema de justicia diga otra cosa en el futuro inmediato. La intención central de la reforma al Conacyt es que los beneficios de la ciencia y la tecnología deben ser universales, para todos, no solo para algunos. La idea es que el neoliberalismo científico impide esos beneficios. Por lo tanto, la ciencia neoliberal es el problema, y la nueva ley (humanista, universalista) es la solución. El problema del problema es que nunca ha quedado claro que significa “ciencia neoliberal”, ni tampoco que es eso de “ciencia humanista”, “humanismo” ni “universalismo” científico. La ciencia es una creatura humana, no alienígena, producto de la racionalidad y el discernimiento, que distingue la metafísica, la superstición y la magia de la racionalidad científica, tiene un alto componente histórico, no actúa en el vacío social ni tampoco es para consumo privado. Sus beneficios son universales y su acceso está limitado por factores no científicos (brechas de escolaridad de la población, desigualdad social, monopolios industriales). La retórica de la nueva ley es profusa, confusa y contradictoria. Para diferenciarse de la “épica neoliberal” centrada en el mercado, opone la “épica comunitarista” centrada en las comunidades. Aboga por el reconocimiento de la “pluralidad epistemológica” de los saberes y conocimientos, contraria a la diferenciación de epistemologías científicas basadas en métodos rigurosos, discutidos, evaluados y revisados por comunidades epistémicas organizadas. En cuanto a los contenidos, merecen destacarse por lo menos dos que tienen que ver con la hechura de decisiones estratégicas. Por un lado, el gobierno del denominado “sistema nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación”. Del otro, la gobernanza del mismo sistema. El primero tiene la característica de una Junta de Gobierno de diseño claramente vertical y centralizada en el gobierno federal, donde se incluyen asientos con voz y voto a 13 secretarías federales, incluyendo a las secretarías de la defensa y de marina, para ponerse a tono con la racionalidad castrense que el obradorismo ha marcado como sello de su administración. Deja fuera a las instituciones académicas como la UNAM, el IPN, a las universidades estatales,o la ANUIES, y reagrupa a los centros públicos de investigación como agencias (¿oficinas?) incorporadas a las secretarías federales que correspondan. Los académicos y sus organizaciones, están fuera del esquema de gobierno del sistema, y solo serán considerados a invitación del Consejo Nacional, o del director o directora en turno, con voz pero sin voto. En lo que respecta a la gobernanza se desprende un diseño barroco (“democrático” afirma la ley), de arriba a abajo, donde múltiples instancias federales, estatales y municipales, instituciones públicas autónomas y no autónomas, participarán en la elaboración de programas y planes en distinta escala, en el marco de las prioridades y programas estratégicos contemplados en la “Agenda Nacional” que deberá ser diseñada y aprobada por el Conahcyt. Quedan en el aire cuestiones como la capacidad que pueden tener los municipios -el eslabón históricamente más débil de nuestro federalismo- para formular programas y prioridades en el ámbito científico o tecnológico alineados con la Agenda Nacional y sus expresiones estatales. Estas dos dimensiones del poder institucional del Conahcyt (gobierno/gobernanza) están en el centro del litigio sobre los alcances y eficacia gubernativa de la nueva legislación científica, pues implican un claro desplazamiento del funcionariado federal sobre las comunidades científicas. No obstante, al igual que cualquier ordenamiento jurídico, las leyes no equivalen a las políticas. Ninguna ley tiene efectos mágicos en los comportamientos institucionales y sociales, incluyendo los científicos. La traducción de la ley en políticas tiene une brecha de implementación que requiere de actores, condiciones, instrumentos y recursos, que aparecen enunciados como listados de buenas intenciones sin contenidos específicos. Si la forma es fondo, lo que puede apreciarse con el procedimiento de aprobación y los contenidos de la nueva ley es la confirmación de la lógica autocrática que gobierna la hechura de las decisiones gubernamentales. Proporciona la fotografía de un artefacto legislativo que revela contrahechuras de forma y de fondo, dominadas por las prisas y urgencias presidenciales, oscurecidas por la densa capa de polvo en el viento que domina desde hace tiempo el paisaje político de la temporada.