Autonomías universitarias (2): gobernanza y políticas

Diario de incertidumbres Autonomías universitarias (2): Gobernanza y políticas Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 01/10/2026) https://suplementocampus.com/autonomias-universitarias-ii-gobernanza-y-politicas/ Según el breve recorrido sociohistórico de las autonomías universitarias ofrecido en la colaboración anterior, se pueden apreciar los diversos perfiles institucionales que caracterizan las autonomías de las 31 universidades públicas estatales y federales creadas en el siglo XX, que a lo largo de su historia combinan diversos tipos de autonomías y heteronomías en las esferas políticas, académicas y organizativas de cada institución. Para el nuevo siglo (2001-2020), surgieron seis nuevas universidades. Tres de ellas se establecieron en la capital del país: la Universidad de la Ciudad de México en 2001 (fundada inicialmente sin autonomía jurídico-política, pero sí organizacional y académica, que en 2005 se convirtió en autónoma), la Universidad Rosario Castellanos fundada en el año 2019 (que en 2024 se convirtió en Nacional), y la Universidad de la Salud (2020). Además, por iniciativa federal, se crearon en 2019 las Universidades para el Bienestar Benito Juárez Garcìa, que hoy cuentan con 215 sedes distribuidas en todo el país. Estas últimas instituciones no cuentan con autonomía política. Es de destacar que a lo largo del presente siglo también fueron creadas otro tipo de universidades públicas estatales que forman parte de las plataformas regionales de educación superior del país. Una de ellas es la Universidad Estatal de Sonora, creada por el gobierno de esa entidad en 2012. Otra, la Universidad Autónoma de Occidente, en Sinaloa, designada así desde el año 2018. Vista en perspectiva, la autonomía política, académica y organizacional de las universidades públicas ha permitido la expansión y diversificación de sus funciones sustantivas y sus presencias territoriales. En cada entidad federativa, las universidades estatales y federales han configurado redes institucionales inaugurando escuelas, facultades, centros universitarios y programas académicos e institutos de investigación entre diversas poblaciones micro regionales, con el propósito no solo de ofrecer mayores oportunidades de estudios superiores a las juventudes de esos territorios, sino también para emprender proyectos de investigación y vinculación de las universidades con dichos entornos. A lo largo del último siglo las autonomías universitarias son fuente de oportunidades de movilidad social que coexisten ocasionalmente con conflictos y tensiones con los poderes públicos y con actores políticos en distintas escalas y contextos. También generan agendas institucionales relacionadas con los cambios en las formas de gobernanza y financiamiento establecidas por los distintos regímenes de políticas públicas (patrocinio benigno y negligente, modernizadores, evaluadores de la calidad, centrados en la ampliación del acceso y cobertura), que han obligado a las universidades a ajustar o adaptar sus comportamientos y prácticas institucionales a las reglas del juego de las políticas. No obstante, uno de los límites persistentes a las autonomías tiene que ver las políticas federales de financiamiento público. Y desde hace más de una década, el financiamiento ha descendido paulatinamente en términos reales, lo que provoca un deterioro lento pero persistente de las condiciones que hacen posible el ejercicio efectivo de la autonomía política, académica y organizativa universitaria. Al mismo tiempo, las universidades han realizado un esfuerzo significativo por incrementar sus matrículas y diversificar sus programas de licenciatura y posgrado, manteniendo su calidad ante las agencias encargadas para su acreditación y aseguramiento (COPAES, CIIES, SECIHTI). Según datos de ANUIES, se estima que entre 2018 y 2026 la matrícula de las universidades públicas ha crecido en un 18 por ciento, mientras que el financiamiento público ha disminuido en casi un 30% en términos reales. Esta disparidad obedece a la cancelación de las bolsas extraordinarias de financiamiento disponibles para la gestión de diversos problemas estructurales de las universidades (infraestructuras, jubilaciones, pensiones, equipamientos), lo que se refleja en un déficit acumulado de gastos de operación que rebasa ya los 55 mil millones de pesos. (https://suplementocampus.com/anuies-e-instituciones-publicas-exigen-financiamiento-suficiente-y-seguridad-para-las-comunidades-universitarias/). En estas condiciones, los grados de autonomía universitaria han disminuido significativamente y la gobernanza universitaria tiende más a la resiliencia que a la innovación. Las condiciones de austeridad impuestas por el gobierno federal a las universidades públicas se expresan en comportamientos heterónomos y ajustes pragmáticos a financiamientos insuficientes. Frente a la expansión de nuevas tecnologías, demandas sociales sostenidas de acceso a las universidades, condicionamientos políticos de diversa magnitud y alcance, y combinación de condiciones permanentes de austeridad presupuestal con persistencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que reciben, las autonomías universitarias han cambiado de rostro. En ese contexto, emerge una agenda de cambios en las expectativas y perfiles socioculturales de las nuevas juventudes mientras se agudizan los problemas de aprendizajes efectivos, abandonos tempranos de estudios o de inserción laboral de los egresados. Estos temas forman parte de la agenda de gestión institucional que aguardan por definiciones sustantivas que permitan un balance reflexivo y crítico de los déficits y futuros de las autonomías políticas, intelectuales, académicas y organizativas de las universidades públicas. Hoy, el proceso de la implementación de las disposiciones de la Ley General de Educación Superior aprobada en 2021, que coloca en el centro las ideas de gratuidad y obligatoriedad de la educación terciaria de carácter público como principios generales de las políticas federales en el sector, han llevado a las universidades a reformar sus capacidades de gestión autonómica para dar cumplimiento a esos principios, aunque lo hacen en condiciones de una severa austeridad presupuestal que se ha consolidado en los hechos como el principal instrumento gubernamental de debilitamiento del poder autónomo universitario. La causalidad profunda de ese debilitamiento tiene que ver con la desconfianza de no pocos círculos de las nuevas y viejas élites políticas y económicas sobre las capacidades de las universidades para enfrentar los retos de gratuidad y universalización de la educación superior, y del escepticismo abierto o soterrado sobre las libertades académicas que dan sentido a la autonomía universitaria. Bajo ese clima de exigencias, condicionamientos y desconfianzas se registra una suerte de reforma lenta y silenciosa de los significados, contenidos y alcances de las autonomías universitarias. La formulación de una agenda de reflexión y acción sobre el tema despunta como una tarea sustantiva de las propias universidades para el presente y el futuro de sus transformaciones deseadas y posibles.