Fonseca y la épica de los hachazos

Estación de paso

Rubem Fonseca: la épica de los hachazos

Adrián Acosta Silva

En resumen: las personas son todas unas cretinas
R. Fonseca, “El asesino de los corredores”

(Señales de humo, Radio U. de G., 06/11/2014)

Rubem Fonseca, el gran narrador, novelista y cuentista brasileño, es un escritor duro, directo y despiadado. Como todos los poetas, pertenece al bando del diablo (Lord Byron dixit), y algún tipo de acuerdo debe tener con ese personaje siniestro y fascinante para escribir como escribe. No hay otra explicación. Sus relatos está poblados por personajes comunes que practican hábitos no tan comunes: son ladrones, asesinos, proxenetas, escritores sin éxito, detectives abrumados, amantes confundidos, mujeres sin suerte, abogados sin escrúpulos, policías corruptos, periodistas desencantados. Desde sus primeros cuentos y relatos como Los prisioneros (1963), pasando por Pasado Negro (1986) hasta su libro de cuentos más reciente, Amalgama (Cal y Arena, 2014, México), la obra del escritor brasileño más importante, prolijo e interesante de las últimas cinco décadas explora a golpe de hachazos los misterios de los comportamientos humanos, los deseos y las fantasías que están detrás de las decisiones cotidianas de personajes múltiples y contradictorios que deambulan solitarios en grandes ciudades brasileñas, de Rio de Janeiro a San Paulo, de Minas Gerais a Porto Alegre. Sin contemplaciones ni concesiones de ninguna especie, la escritura de Fonseca es de una arquitectura narrativa elaborada a base de la combinación de realismo crudo y ficción refinada, de retratos en blanco y negro de las pasiones, las razones y las contradicciones de la vida contemporánea de los individuos.

Contra las tendencias dominantes de las escrituras de bestseller y libros de autoayuda, de mensajes optimistas y superación personal que proporcionan inspiraciones para el éxito o “para una vida de prosperidad y abundancia”, Fonseca se adentra no en la bondad intrínseca de los hombres o en la ilustración de los claroscuros de las vidas humanas, sino en los laberintos francamente malditos de la vida de los hombres y mujeres que desfilan en sus relatos. La violencia y la misantropía son las claves de la obra fonsequiana. En Amalgama, encontramos ladrones con principios morales absolutos, que no matan mujeres ni enanos; hombre feos pero ricos obsesionados con el olor, las texturas y el sabor de la vagina de las mujeres; hombres atormentados por sueños y pesadillas que terminan seduciendo a su psicoanalista, mujeres hermosas de rodillas bonitas y racionalidades frías; muchachas embarazadas que abandonan a bebés deformes; mujeres que convencen a sus amantes para que asesinen a su propia madre; hombres que destrozan con bombas a sus hijos; personajes que saben cuando una persona es mala con sólo verles la cara; hombres chimuelos y desesperados que terminan por mentarle la madre a su terapeuta; mujeres pequeñas, pecosas y cabezonas que terminan por incendiar la casa de su vecina; hombres que matan gatos en los parques.

Los 34 brevísimos cuentos y relatos reunidos en Amalgama configuran una atmósfera literaria cargada de reflexiones, impresiones y emociones de individuos que caminan al borde del abismo, que hablan siempre en primera persona, y que son capaces de vivir con las rutinas monótonas y aburridas de las grandes ciudades. En “El ciclista”, por ejemplo, un hombre que trabaja entregando productos de belleza a domicilio, está convencido de que andar en bicicleta por la ciudad proporciona una buena idea del mundo. “Las personas son infelices, las calles están estropeadas y huelen mal, todo mundo tiene prisa, los autobuses siempre están llenos de gente fea y triste”. Lo peor de todo eso, según narra el ciclista, es que “las personas malas, las que golpean a sus hijos y a sus mujeres, siempre orinan en los rincones de las calles”.

La pobreza suele ser el paisaje permanente de sus relatos. Mendigos y pordioseros son personajes infaltables de los cuentos de Fonseca, hombres de “ojos ansiosos de perro callejero” que en noches oscuras “se cogen a las rameras en un rincón”, para sentir “un alivio agónico que los libera de angustias más horribles” (“Noche”); hombres que viven en barracas miserables que matan a los ricos y descubren que la felicidad existe (“Los pobres y los ricos”). Pero también aparecen tartamudos criados por tías “muy buenas y muy jorobadas”, que sueñan con prácticas de sadismo y venden sus casas a desconocidos para descubrir los peligros de soñar despiertos (“Devaneo”). Escritores desesperados por crear una obra exitosa, un best seller, convencidos de que escribir es algo más que representar o expresar una historia: “es urdir, tejer, zurcir palabras, no importa si es una receta médica o una pieza de ficción” (“Escribir”). Misóginos psicóticos que únicamente acechan a mujeres con falda y que odian a las mujeres de pantalones (“El acechador”). Individuos atrapados en crisis psicóticas que intentan aliviar con psicoanalistas, medicinas y asesinatos.

A sus casi 90 años, los cuentos de Fonseca conservan el aire inquietante de un escritor hipnótico, un viejo artesano de las ideas y el lenguaje, que utiliza las hachas afiladas de las palabras y de la imaginación para penetrar en historias breves y deslumbrantes. El hacha como instrumento de escritura, el hacha como parte del arte finísimo de la brevedad. La obra de Fonseca como épica del lenguaje luminoso y estimulante de la literatura, una obra tallada a mano con la meticulosidad y paciencia de un viejo relojero trabajando en una habitación alumbrada únicamente por la luz de las velas.

Apología del equilibrista

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Apología del equilibrista
Adrián Acosta Silva
Uno de los oficios en desuso es el de equilibrista. Usualmente, uno podría admirar a esos personajes en casi cualquier circo, admirando la sangre fría con la que recorren cables de acero colocados a alturas respetables. Pero hoy, con la crisis de los circos y la expansión de esa ola moralista de prohibir la utilización de animales en el espectáculo circense, el oficio del equilibrista es un oficio en vías de extinción, una actividad de hombres y mujeres acostumbrados a caminar en el vacío. Por eso, que uno de los herederos de la famosa dinastía Wallenda cruce abismos entre ambos lados del Cañón del Colorado, o entre dos edificios a más de 200 metros de altura, es un eficaz aunque fugaz recordatorio de un oficio noble, arriesgado y fascinante. ¿Qué pensará el equilibrista cuando cruza el vacío? ¿Qué fuerza guía sus pasos? ¿Cómo domina el miedo, el temor a un paso en falso? En este oficio no cabe el error, ni la simulación, ni la cobardía. Antes bien, es el arte de controlar la ansiedad, de calcular cada movimiento, de jugar con la vida a cada paso con precisión milimétrica y nervios de acero, desde la fría soledad de las alturas.

Nuestro corazón de las tinieblas

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Nuestro corazón de las tinieblas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus Milenio, 24/10/2014)
En el contexto de la coyuntura de estupor e indignación por los conocidos sucesos de Iguala, el Presidente Peña Nieto declaró que “estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto” (Milenio, 16/10/2014). Esas palabras, pronunciadas desde Los Pinos, se acumularon a las frases toda-ocasión que se utilizan por el oficialismo (priista, perredista o panista, lo usan igual) desde hace varias décadas: Estado de Derecho, Imperio de la Ley, Fuerza del Estado. Es una retórica que intenta colocar una intención central, o un buen propósito, o una ilusión nacional: asegurar el correcto orden moral, jurídico y político de la sociedad mexicana, una idea liberal que se remonta a los objetivos que se plantearon desde, por lo menos, la Constitución de 1824, que se expresó nuevamente en la de 1857 y en la de 1917, hasta alcanzar la narrativa política de los inicios del siglo XXI mexicano. En otras palabras, es una intencionalidad que nos ha llevado casi 200 años en tratar de implementarla, con resultados decepcionantes a la luz de la imaginación de nuestra elites políticas, dirigentes y de poder.
El problema central de los objetos del deseo de la clase política, de los empresarios y de no pocos sectores de intelectuales y de las clases medias urbanas contemporáneas, es definir con alguna precisión que significa la traducción de un noble principio liberal en un contexto que produce comportamientos que no se ajustan a los enunciados categóricos del imperio de la ley o del Estado de derecho. Más aún, no es sólo la debilidad retórica de las frases citadas la que explica su sistemático incumplimiento empírico, sino la capacidad de la autoridad estatal para hacer valer su influencia en los comportamientos de los ciudadanos en general, y en específico para inhibir la acción de las bandas, grupos, tribus y pandillas de depredadores que han aparecido en los últimos años en distintos lugares de la República, como en Michoacán, Guerrero o Tamaulipas.
Se trata de mirar con otros anteojos los problemas sociales relacionados con los estallidos de violencia, barbarie y sangre que hemos atestiguado recientemente en distintos territorios de la geografía nacional, y que ahora vuelven a ponerse en escena con los acontecimientos de Guerrero. Algunos de estos anteojos han interpretado el caso como un “crimen de Estado”, un conjunto de hechos producidos por la participación, la negligencia, la omisión o el descuido por parte del Estado, que explica la proliferación de los grupos criminales que azotan diversas regiones del país. Otros, interpretan los mismos hechos como el efecto de la penetración de esos grupos en las instituciones estatales, particularmente en el ámbito del eslabón más débil del estado mexicano: los gobiernos municipales rurales o semiurbanos como es el caso de Iguala, en Guerrero, o de Apatzingán, en Michoacán, o de Jilotlán de los Dolores, en Jalisco.
Sin embargo, también puede arriesgarse una interpretación adicional: la ausencia del Estado. Es decir, la virtual inexistencia de las instituciones estatales explica la expansión y consolidación de prácticas depredadoras gobernadas por la ley del más fuerte, el más corrupto o el más violento. Desde esta perspectiva, no es la acción o inacción del Estado lo que explica la violencia y al expansión de prácticas criminales, ni las estrategias de penetración o los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades locales lo que detona comportamientos violentos de grupos específicos, sino que es justamente el vacío de autoridad derivado de la inexistencia del Estado lo que explica la legitimidad de la violencia y el crimen como motores de un orden social distinto, y rival, al que se imaginan no pocos intelectuales, políticos y funcionarios, incluido el Presidente.
La ausencia del Estado se revela dramáticamente con el secuestro, la muerte violenta o la desaparición de los ciudadanos. El poder de los depredadores se incrementa en contextos de una autoridad pública, estatal, débil o francamente inexistente, que se revela en usos y costumbres dominados no por el imperio de la ley o el estado de derecho sino por la amenaza, el chantaje y el miedo de unos grupos o individuos sobre otros.
Por ello la muerte, el temor y la amenaza, se han instalado desde hace tiempo en el corazón de las tinieblas de nuestro orden social. Configuran las emociones y acciones que gobiernan los comportamientos anómicos de los asesinos, sentimientos, usos y costumbres incubadas pacientemente desde hace mucho tiempo. Tienen evidencias, prácticas y territorios específicos, donde se configuran postales de horror y muerte como las fosas de Iguala y la suerte que parecen haber corrido los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esas postales producen efectos en los pensamientos, las emociones y las mentalidades que se amontonan hoy frente a las imágenes de cada uno de los cadáveres que son extraídos de los cementerios clandestinos que se han encontrado en el norte de Guerrero. Y es lo que ha llevado a no pocos ciudadanos y autoridades hacia “un deseo, triste y airado, de acción”, para decirlo en palabras de Joseph Conrad. Después de todo, como el mismo Conrad escribió en Nostromo: “La acción es consoladora. Es enemiga del pensamiento y las ilusiones halagüeñas. Sólo en el ejercicio de la actividad podemos encontrar la sensación de dominar a las Parcas”.
Ese activismo es lo que vemos emerger en el escándalo político, público y mediático de las últimas semanas. Se alimenta generosamente de las hogueras de la indignación moral, del miedo y la desesperación de individuos, familias y comunidades, con el ruido de fondo de la ausencia virtual del Estado, de su debilidad práctica y su retórica de ilusiones y vaguedades. Bien mirado, sólo la acción política, colectiva, dirigida hacia la construcción de una estatalidad sólida, puede traducir los principios del Estado liberal y social en prácticas de justicia, igualdad, libertad y seguridad para los ciudadanos. De otro modo, la ley de plomo y sangre seguirá dominado el corazón de las tinieblas de nuestras realidades y pesadillas hobbesianas.

Hojas de otoño

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Hojas de otoño
Adrián Acosta Silva
(Señales de Humo, Radio U. de G., 9 de octubre, 2014.)
Dos acontecimientos sociopolíticos han marcado con sus hojas el otoño mexicano, y ambos involucran a estudiantes de instituciones públicas. De un lado, la movilización de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en el Distrito Federal, motivada por la reforma al reglamento interno de esa organización académica; por el otro, la protesta de los estudiantes normalistas rurales en Iguala, Guerrero, que fue motivada por las demandas de reconocimiento de sus exigencias a los gobiernos estatal y federal. Como se sabe, el primero se encaminó hacia una negociación relativamente rápida y eficaz entre el gobierno federal y los estudiantes. La otra, hasta donde se sabe, ha terminado muy mal: con el secuestro y, al parecer, el asesinato de los jóvenes desaparecidos.
Ambos acontecimientos tienen origen, actores y contextos claramente distintos. Ello no obstante, ambos parecen unidos por un mismo problema “estructural”, digamos. Ese problema es el de la gobernabilidad de las instituciones educativas, es decir, la capacidad de diferenciar, equilibrar, encausar los conflictos y eventualmente resolver las demandas estudiantiles por parte del gobierno de las instituciones educativas. Una larga tradición mexicana (y latinoamericana) en el gobierno de la educación superior, ha consistido en incorporar la voz y los intereses de los estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades, como un mecanismo para discutir y legitimar muchas decisiones de política institucional. Reformas académicas, distribución presupuestal, mejora en las condiciones de trabajo y estudio de profesores y alumnos, pero también pronunciamientos políticos, solidaridades con causas varias, honores y homenajes a personajes e instituciones, forman parte de las acciones y temas que son tratados rutinariamente en los órganos de gobierno universitario.
El otro caso es distinto. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, al igual que muchos otros estudiantes normalistas del país, han mostrado una rebeldía sistemática contra las reformas a la educación básica, que se mezclan con exigencias corporativas cuasi-gremiales en torno a la asignación automática de plazas docentes, mejores condiciones de estudio, y más apoyos para la incorporación de nuevos estudiantes normalistas. De orígenes sociales bajos y medios, estas franjas de estudiantes han sido sistemáticamente excluidas de cualquier negociación con los gobiernos estatal y federal, y el brillo de las reformas educativas peñanietistas no ha logrado ocultar la rebelión de las masas de activistas que se manifiestan rutinariamente en carreteras, plazas y calles de pueblos y ciudades, moviéndose siempre en los bordes imprecisos de la violencia, la ilegalidad y la legitimidad.
Los acontecimientos de las últimas semanas en la capital del país y en el poblado guerrerense mostraron dos estilos de resolución de los problemas de gobernabilidad. Uno se resolvió pacífica, políticamente, de manera veloz, y con la participación estelar, escenográfica y un tanto dramática del propio Secretario de Gobernación; la otra, se enfrentó en los peores términos imaginables: con la represión ejercida por un grupo conformado por una mixtura fatal de poderes públicos locales con grupúsculos paramilitares formados al calor de actividades delictivas desde hace muchos años. Una fue dirigida para desactivar políticamente el conflicto del Politécnico a partir de la aceptación de las 10 demandas enarboladas por los estudiantes, que incluyeron la renuncia de la Directora General del Instituto; la otra, con la represión, y, al parecer, el asesinato de casi medio centenar de estudiantes normalistas, cuyos cuerpos han comenzado a aparecer en fosas clandestinas situadas en los cerros guerrerenses.
Las implicaciones de ambos acontecimientos marcan rumbos distintos y contradictorios para la política mexicana. Las lecciones politécnicas sugieren, una vez más, que está sobre la mesa el problema del gobierno de las instituciones académicas; las lecciones de Iguala, por el otro lado, sugieren que la figura del “México Bronco” es algo más que una metáfora antigua y lejana. Una implica el desafío de revisar, repensar y renovar los mecanismos de la gobernabilidad de las instituciones de educación superior, diferenciando contextos y fortaleciendo la gestión institucional; la otra implica colocar en la agenda del orden político local y nacional básico el asunto de la expansión de las organizaciones de asesinos en territorios específicos, y su interacción corrosiva con los gobiernos estatales y municipales. En ambos casos, el tema del Estado realmente existente asoma su rostro bifronte. De un lado, un Estado que actúa de manera eficaz y legítima para enfrentar una movilización estudiantil, y resuelve rápidamente sus demandas; del otro, un Estado capturado por tribus caciquiles y criminales, que enfrenta con secuestros y asesinatos las demandas de un grupo de estudiantes de las regiones más pobres del país. Una muestra las propiedades civilizatorias de un Estado moderno; la otra, el rostro hobbesiano de las sociedades sin Estado. Ambos acontecimientos forman parte de las hojas secas de otoño que cubren la superficie de estos años de violencia y política.

Lecciones politécnicas del otoño mexicano

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Lecciones politécnicas del otoño mexicano

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus-Milenio, 9 de octubre, 2014)

¿Habrá la diferencia de edades creado infiernos sin salida, delirios de posesión, laberintos de trampas y mentiras abyectas?
Sergio Pitol, Vals de Mefisto


El conflicto estudiantil que estalló en el IPN hace unas semanas a raíz de la reforma al reglamento interno por parte de sus autoridades institucionales, casi coincidió con la conmemoración del 46 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero entre ambos acontecimientos hay no solamente una distancia temporal de casi medio siglo, sino también una enorme diferencia en los contextos, los actores y las demandas que postulan los estudiantes. Solo una lectura heroica (que en estas coyunturas suelen abundar entre activistas, analistas y medios) puede trazar una línea directa de continuidad entre los acontecimientos del otoño del 68 y los del otoño del 2014.

Esa distancia, sin embargo, no oculta un problema, digamos, estructural de las universidades públicas mexicanas. Y el IPN es, para todos los efectos prácticos, una universidad. Ese problema tiene que ver con la gobernabilidad universitaria, es decir, con la capacidad para diferenciar, procesar y equilibrar las demandas y las respuestas del sistema de gobierno universitario. Una larga tradición universitaria, que arranca con el movimiento de Córdoba de 1918 y su célebre Manifiesto Liminar, ha consistido en incorporar la voz de los estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades, como un dispositivo de legitimidad de las decisiones institucionales. Ello explica la construcción de un esquema de gobernabilidad basado en búsqueda de la representación democrática de los intereses de los estudiantes en el gobierno universitario. Es lo que se conoce como la construcción del co-gobierno universitario, en el cual los estudiantes conforman un sector representado y representable en los órganos políticos, de gobierno de las universidades.

Esa configuración histórica ha producido la expansión de diversas fórmulas de gobernabilidad (corporativas, clientelares, democráticas, paritarias, prebendarias), asociadas a comportamientos y prácticas que, en ocasiones, han llevado a una marcada apatía política entre los estudiantes o a la construcción de férreos dispositivos de control corporativo sobre los distintos sectores universitarios, pero también, en el otro extremo, al endurecimiento de los intereses corporativos de estudiantes, de profesores y sindicatos. Las reformas a los reglamentos, o la reforma hacia casi cualquier cosa por parte de las autoridades universitarias -es decir sus rectores o directores y sus máximos órganos de gobierno (Consejos Universitarios)-, incluyendo la misma elección o designación de rectores, ha detonado conflictos de ingobernabilidad que suelen dar marcha atrás a las reformas, a las tomas de posesión de autoridades institucionales, o a cambios mayores o menores en las universidades públicas. El conflicto de la UACM del 2013, o los conflictos de 1996-1997 y el de 1999 en la UNAM, son ejemplos representativos de cómo una decisión legítima de las autoridades y órganos de gobierno universitario puede traducirse en clave de ingobernabilidad institucional.

La oposición hacia el cambio en el reglamento interno del IPN forma parte de esa lógica de bloqueo hacia una reforma institucional que viene “desde arriba”, como suele denominarse a estas iniciativas entre los activistas estudiantiles. Bien visto, el conflicto se detonó por dos razones esenciales: primero, por la modificación de los planes de estudios de las carreras profesionales (la “tecnificación de la educación superior”, como fue calificada por los estudiantes movilizados), y por el otro, la exigencia de participación de los estudiantes en estas decisiones académicas. Al calor del conflicto se añadieron la críticas hacia el deterioro del estatus de la formación profesional del IPN, y la exigencia de la renuncia de su Directora General, hasta alcanzar los 10 puntos del pliego petitorio que los estudiantes demandaron a las autoridades federales, y que fueron resueltas rápidamente (y por lo que se ve, satisfactoriamente) por la propia Secretaría de Gobernación.

No hay que olvidar, sin embargo, que el IPN tiene como órgano máximo, colegiado de gobierno institucional, un Consejo General Consultivo, en el cual los estudiantes tiene una participación del 13%, contra 26% de los académicos y el 59% de los directivos, más un 2% de la representación sindical. Además, están los órganos de gobierno de “segundo orden”: los Consejos Técnicos Consultivos Escolares, en los cuales se tratan asuntos académicos como la modificación de planes de estudio, y donde los estudiantes tienen una presencia importante, aunque no mayoritaria ni paritaria. Si es vista en clave de las “repúblicas universitarias”, en donde la composición del gobierno debería reflejar un adecuado equilibrio de la representación (puestos) de los diversos sectores de la institución, esta composición evidencia una suerte de sub-representación de los intereses estudiantiles y una sobre-representación de las posiciones directivas.

Pero ello ha ocurrido en prácticamente todas las universidades públicas en los últimos treinta años. La necesidad de fortalecer la gestión directiva ha llevado a tensiones constantes con la necesidad de la representación democrática; en otras palabras, la necesidad de la gobernabilidad democrática universitaria enfrentada “fatalmente” con la necesidad de la gestión efectiva y la gobernanza institucional. Esa tensión se expresa nuevamente hoy y aquí en el conflicto del Politécnico Nacional. ¿Cómo conciliar esas tensiones? ¿Reformando la estructura de la toma de decisiones para garantizar una legitimidad basada en la representación democrática? O, caso contrario, ¿fortalecer la eficiencia de la gestión directiva disminuyendo o debilitando la lógica de la representación con estabilidad por la lógica de la eficacia con conflicto? Autonomía vs. heteronomía, gobernabilidad vs. gobernanza institucional, forman parte de los dilemas que se han jugado en el IPN en estos días del otoño mexicano, cuyos frutos de temporada son los déficits de deliberación pública y política sobre el tema de la distribución, la concentración y el ejercicio del poder en las universidades públicas mexicanas.

Jóvenes hasta la tumba

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Jóvenes hasta la tumba
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus Milenio, 25 de septiembre, 2014)
Desde hace ya muchos años, circula profusamente la noción de que la juventud es una obligación (casi) moral, una actitud frente a la vida, un conjuro efectivo contra la nostalgia, la memoria y el pesimismo. Las cruzadas sanitaristas contra el envejecimiento, la insistencia pública o privada para practicar sistemáticamente ejercicio y alimentarse saludablemente, la proliferación anárquica de espacios, productos y tratamientos anti-edad (crossfit, vitaminas, antioxidantes, liftings, spa´s, botox, cremas, esencias, hierbas, pócimas, brebajes), la condena en tono regañón hacia el abuso del cigarro, las drogas y el alcohol, forman parte innegable de esa cruzada trans-milenaria. Gobiernos y empresas, autoridades educativas, asociaciones ciudadanas y partidos políticos, se han encargado de insistir con obsesión extraña de que debemos mantenernos por siempre jóvenes, por quién sabe qué y por cuáles misteriosas razones.
Paradoja mayor: cuando todos los estudios y datos disponibles marcan el envejecimiento imparable de la población, aparece el griterío que reclama por la juventud eterna, por la necesidad de mantenernos jóvenes hasta la tumba. Nunca como hoy la esperanza de vida se ha alargado tanto, pero quizá tampoco nunca como hoy se ha venerado tanto la ilusión por mantenernos por siempre jóvenes. La manía surgió desde hace tiempo, con la juvenilización de la cultura popular y de la sociedad de masas, y se confirmó en los últimos años con la multiplicación de extrañas asociaciones entre la frescura, la innovación y la imaginación humana como sinónimos o atributos imperecederos de juventud; paralelamente, se ha desarrollado una condena velada, abierta o políticamente incorrecta frente a la idea de lo decrépito, lo tradicional y lo indeseable de la vejez de las cosas, entre ellas, la edad de los humanos. La actualización del viejo dicho de renovarse o morir se ha impuesto como lema y como norma. El problema es que para hoy y para el futuro, lo que tenemos es un escenario de envejecimiento sin precedentes en la historia humana.
Hasta principios del siglo XX, la esperanza de vida era de sólo 35 años en México. Hoy, un siglo después, es de 76 (y de 78 años para las mujeres). Muchos de nuestros bisabuelos y abuelos (ellos y ellas) murieron antes de llegar a los 60 años de edad. Una combinación de menos hijos por pareja y de extensión de las esperanzas de vida de la población en general, hace que más jóvenes y muchos más adultos habitan los pueblos y ciudades mexicanas. La transición demográfica es una transición imparable y silenciosa: la sociedad de niños y jóvenes de los 2 primeros tercios del siglo XX, ha cedido el paso sin pausas pero sin prisas a la sociedad de jóvenes y adultos del siglo XXI.
En ese contexto de envejecimiento general se ha reproducido la exigencia por prácticas saludables. Mantenerse jóvenes y vigorosos como un asunto de salud pública, casi como una “política de estado”, lo que eso signifique y casi a cualquier costo. Pero no es sólo una ocurrencia o un cálculo de política pública desde el Estado o una nueva vertiente de negocios impulsados por las manos invisibles o enguantadas del mercado. En el campo de la cultura se ha cultivado desde hace tiempo esa adoración por la juventud, una nostalgia por la juventud perdida, un elogio a los jóvenes y sus prácticas, sus rituales y expectativas. Y ningún género como el rock desarrolló tanto la idea de que esa música era la nueva fuente de la eterna juventud, la noción de que las guitarras eléctricas, los pianos y baterías acompañaban la inauguración de una nueva época, dominada por los jóvenes. El rock le metió duro a esa droga: Forever Young, “Por siempre joven”, el himno dylaniano de los sesenta, expresa bien esa adicción.
Que tengas siempre cosas que hacer
que tus pasos siempre sean rápidos
que tengas las cosas claras
cuando corran vientos de cambio
Que tu corazón siempre esté alegre
que siempre te rían las gracias.
Que siempre permanezcas joven
siempre joven, siempre joven…
Dylan, el viejo, tal vez se arrepentiría hoy de sus impulsos juvenilistas. Pero ese espíritu adorna bien el reclamo por la juventud eterna o prolongada que hoy nos invade en forma de mercancías, hábitos y espacios urbanos. Los gobiernos construyen parques lineales, cuadrados o redondos como espacios para fortalecer la cohesión social, los hábitos de vida saludables, la búsqueda de la armonía y la felicidad asociada imaginariamente al deporte masivo. Más aún: si uno mira bien a nuestras ciudades grandes y pequeñas, una nueva república ha nacido: la república de los gimnasios. Por todos lados, pequeños y grandes establecimientos ofrecen caminadoras, pesas, bicicletas fijas, barras, baños saunas, acompañados de servicios de nutriólogos, diagnósticos de masa corporal, dietas, entrenadores de salud. Algunos nunca cierran sus puertas, y muchos abren desde que amanece hasta bien entrada la noche. Por ahí circulan esteroides, pastillas y brebajes extraños para ayudar a los ejercitadores a mantenerse por siempre en forma, jóvenes y saludables. Muchachas y muchachos, señores y señores, no pocos adultos en plenitud y adultos mayores (desde hace tiempo le llaman así a los ancianos), acuden rutinariamente a esos lugares, contratan servicios, alimentan sus ilusiones. Parafraseando a Keats: una belleza terrible ha nacido: la industria del anti-envejecimiento, el nuevo pacto fáustico para una sociedad de Dorians Greys, la búsqueda de la utopía, o la maldición del conde Drácula: ser jóvenes eternamente, renacer cada noche una y otra vez, hasta que el destino nos alcance.

Universidad y nacionalismo

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Universidad y nacionalismo
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 11 de septiembre, 2014)

Una de las características distintivas de las relaciones entre el nacionalismo y las universidades contemporáneas -es decir, las que se fundaron o re-fundaron a lo largo del siglo XX mexicano- es la ambigüedad. Es una característica incómoda tanto para quienes ven en la universidad un espacio de fortalecimiento de la identidad nacional, como para aquellos que la imaginan como el instrumento por excelencia de la internacionalización y el cosmopolitismo. Pero la vaguedad de las relaciones entre una ideología y una institución no es nueva ni reciente, y se explica principalmente por dos factores. De un lado, la necesidad simbólica por construir una identidad que imprima sentido social e institucional a las universidades. Por la otra, la búsqueda de una legitimidad reconocida por el régimen político y por la propia sociedad nacional. Además, esa ambigüedad se fortalece por el carácter intrínsecamente universalista, cosmopolita de la propia universidad. Es decir, la universidad, como figura institucional, está atrapada entre dos fuerzas poderosas. De un lado, es una organización que actúa en un contexto nacional específico, el que le imprime condicionamientos y determinaciones que forjan una identidad institucional inequívocamente nacional o incluso regional y local, en donde por la “raza hablará el espíritu”, según el famoso lema unamita. Por el otro, son instituciones impulsadas para mantenerse como “casas abiertas al tiempo” (como reza el hermoso lema de la Universidad Autónoma Metropolitana), políticamente pluralistas, académicamente multidisciplinarias, e inevitablemente universalistas en sus interacciones con otras universidades y otras realidades internacionales.
Una revisión a la historia reciente de las universidades públicas mexicanas nos revela esa tensión permanente entre la lógica del nacionalismo político y la lógica del universalismo institucional. El nacionalismo tiene un origen europeo, particularmente francés y alemán, un reclamo patriótico para someter el ego de los individuos a los imperativos categóricos de la nación, en donde el individuo debe “escuchar las voces del suelo y de los muertos”, como escribió el pensador Maurice Barrés en 1897. Pero en América Latina, el nacionalismo en formación encontró otras cosas. En el largo siglo XIX la lucha entre conservadores y liberales colocó a las viejas universidades coloniales en el centro de una feroz disputa política. Herederas de las formas de organización académica y de gobierno de la corona española, las reales y pontificias, o reales y literarias universidades que se instalaron en la Nueva España entre el siglo XVI al XVIII, fueron habitada por las ideas, las prácticas y los intereses de la iglesia católica, lo que les imprimió un sentido profundamente conservador y, en palabras de los liberales mexicanos, incluido por supuesto Benito Juárez, no eran sino centros de organización de la reacción al movimiento independentista iniciado en 1810. Por lo tanto, la llegada de los liberales el poder significaba el cierre de las universidades en México, Guadalajara, Puebla o Morelia. Por el contrario, cuando asumían los conservadores el poder, dichas instituciones eran nuevamente abiertas. A lo largo de ese siglo convulsivo, en que coexisten 24 instituciones de educación superior en todo el territorio nacional, la universidad se convirtió en rehén de las disputas políticas entre facciones y elites, y ello explica su debilidad institucional, y el surgimiento de otro tipo de instituciones –los Institutos de Ciencias-, que intentaban plasmar el espíritu del positivismo y de la ciencia como los ejes de una nueva educación superior para el país.
Pero con el nacimiento del nuevo siglo, en la agonía del porfiriato, el célebre grupo de los científicos se planteó el proyecto de refundación de una nueva universidad como símbolo de la modernización del país. Así, como se sabe, en la celebración del primer centenario de la independencia de México, Justo Sierra impulsa el proyecto de creación de la Universidad Nacional de México, no como el renacimiento de la vieja Real y Pontificia universidad, anclada en ritos y tradiciones dogmáticas y conservadoras, sino como otra institución, símbolo del progreso y de la modernidad, del universalismo mexicano y de la búsqueda de la verdad. Para Sierra, la tarea fundamental de la nueva universidad era la de “nacionalizar la ciencia” y “mexicanizar el saber”. Pero la larga lucha revolucionaria que se desarrolla entre 1910 y 1920 imprimirá otra concepción a la universidad, una concepción que se desarrollará con vigor intelectual a lo largo del casi todo el siglo XX. Esa concepción será organizada y definida con claridad por José Vasconcelos en 1920: la idea de la universidad como expresión de la sustitución de “las antiguas nacionalidades, que son hijas de la guerra y la política, con las federaciones constituidas a base de sangre e idioma comunes”. “Por mi raza hablará el espíritu” se convertirá entonces en “la expresión de una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima”.
Las universidad nacional, y las 10 universidades estatales que se crearán a lo largo de la primera mitad del siglo XX, encontrarán en esa “idea” de la universidad un punto de referencia para desarrollar sus propios proyectos institucionales, algunos en clara coincidencia con el proyecto vasconcelista, otras en abierta confrontación con ese mismo proyecto. Al mismo tiempo, el régimen posrevolucionario mexicano impulsará un sistema de dominación basado no solamente en la estructuración de un hiper-presidencialismo corporativista y autoritario a través de un partido político (PRI), sino también por la construcción de un dispositivo simbólico y discursivo nacionalista, frecuentemente xenófobo, una ideología capaz de articular e imprimir sentido de pertenencia e identidad a una sociedad al mismo tiempo predominantemente rural pero emergentemente urbana, a una economía campesina en transición a una economía industrial, a una sociedad de valores tradicionales fincados en la familia y la religión a una sociedad en búsqueda de valores relacionados con el respeto a la autoridad del estado y del orden político posrevolucionario.
Pero la crisis del modelo político del Estado de la Revolución iniciado tempranamente con el movimiento estudiantil de 1968, reveló los límites de ese nacionalismo. Desde el campus universitario se organiza un reclamo deliberado y poderoso, un movimiento de rebelión que cuestionaría las bases mismas de la legitimidad de un régimen que se proclamaba a sí mismo como único e irrepetible, nacionalista y democrático. La reforma política de los setenta y la crisis económica de los ochenta, confirmarían el ocaso del viejo nacionalismo revolucionario. En ese contexto, la universidad pública mexicana atravesaría por una crisis de identidad, al desvanecerse en el horizonte político-cultural el nacionalismo con el cual había coexistido, mexicanizando la cultura y el saber mundial, y, a la vez, universalizando el talento, los símbolos y las artes, las ciencias y las humanidades cultivadas, reproducidas o creadas por la sociedad mexicana.