Reforma universitaria: el espejo español

Diario de incertidumbres Reforma universitaria: el espejo español Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 16703/2023) https://suplementocampus.com/reforma-universitaria-el-espejo-espanol/ A lo largo del siglo XXI, las universidades han experimentado los efectos de un cambio profundo de sus entornos sociales, económicos y políticos. Esos efectos se expresan en distintas esferas, escalas e intensidades. Las funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión y gobierno institucional configuran un entramado extraordinariamente complejo de tensiones que se desarrollan en contextos de autonomías sujetas permanentemente a ciclos de crisis económicas, acumulación de desconfianzas gubernamentales, múltiples restricciones financieras, y permanentes incertidumbres políticas. Profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios gestionan esas tensiones de manera rutinaria, mediante diversas estrategias y con diferentes resultados. Los modos en que las universidades se han adaptado a estos entornos dependen de sus historias y contextos locales y nacionales. La “era de la resiliencia” (como le ha llamado el sociólogo Jeremy Rifkin) parece ser adecuada para describir lo que ocurre en las universidades públicas en prácticamente todo el mundo. No obstante, los gobiernos nacionales juegan un papel determinante en la manera en que las universidades gestionan las crisis y enfrentan sus cambios y desafíos académicos, organizacionales o políticos. La experiencia mexicana reciente se condensa en los propósitos, contenidos y alcances de la Ley General de Educación Superior (LGES) aprobada en abril de 2021, cuyo proceso de implementación navega entre incertidumbres financieras, vacíos organizativos y restricciones políticas. Pero hay otras experiencias similares en el mundo, y una de las más recientes es el caso de España, donde la semana pasada se aprobó por mayoría parlamentaria (182 votos a favor contra 157 en contra y 8 abstenciones), la nueva “Ley Orgánica del Sistema Universitario” (LOSU). Este ordenamiento es un triunfo político de la coalición PSOE/Unidas Podemos, resultado de un prolongado proceso de discusión, debate y análisis iniciado en 2018, cuando fue electo el gobierno del socialista Pedro Sánchez. El principal impulsor de la reforma fue Manuel Castells, quien fungió como Ministro de Universidades durante dos años (2020 y 2021), y que continuó Joan Subirats en ese mismo cargo desde 2022. Apoyada por la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), y por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, un espacio compuesto por el Ministerio y las Comunidades Autónomas españolas), la nueva ley parece cubrir la legitimidad indispensable para su instrumentación. Esa historia política de la reforma universitaria tiene su encanto, pero lo que cabe destacar ahora es su contenido y alcances. En primer lugar hay que subrayar que es la tercera reforma universitaria ocurrida en democracia. La primera ocurrió en 1983 (“Ley de reforma universitaria”, LRU) impulsada por el PSOE durante el gobierno de Felipe González, una reforma que sustituyó a la “Ley de Ordenación de la Universidad Española” de 1943, elaborada durante la larga dictadura franquista. La LRU fue vigente hasta 2001, cuando se aprobó un nuevo ordenamiento jurídico (la “Ley Orgánica Universitaria”), bajo el gobierno del PP encabezado José María Aznar, vigente hasta 2023. La nueva LOSU sustituye justamente a este ordenamiento. En segundo lugar, hay que revisar los objetivos, alcances y contenidos de la LOSU. Los objetivos son tres: “mejorar la calidad de la universidad, incorporar mecanismos para acabar con la precarización del personal, y elevar el financiamiento del sistema universitario al 1% del PIB” (La Vanguardia, 09/03/2023). Los medios para alcanzar tales objetivos son básicamente cinco: otorgar más becas estudiantiles y limitar el precio de grados y maestrías; elevar presupuestos públicos del gobierno nacional y las comunidades autónomas; democratizar la gobernanza universitaria; garantizar la estabilidad de la carrera académica; reconocer la oferta académica de formaciones cortas (“microcredenciales”). La nueva legislación implica varios desafíos importantes. Pasar de 0.7% actual al 1% del PIB en el 2030 supone destinar miles de millones de euros más a las universidades, un esfuerzo de financiamiento público donde confluyen tanto el gobierno nacional como las comunidades autónomas. El reconocimiento de microcredenciales para competencias profesionales y experiencia laboral implica el ensanchamiento y flexibilidad de programas y titulaciones universitarias para atender, entre otros, a jubilados y poblaciones estudiantiles no tradicionales. También se requiere el fortalecimiento de las agencias de evaluación de la calidad que ya funcionan en las comunidades autónomas. En términos del profesorado, se establecen programas para resolver la precariedad laboral de los profesores auxiliares y del personal administrativo, lo que abre la puerta a nuevas plazas para jóvenes investigadores, profesores y administrativos. En términos de la democratización de la gobernanza y la gestión institucional, se establece la extensión de 4 a 6 años de duración de los períodos rectorales, de carácter “improrrogable y no renovables”. Además, se fijan como requisitos para ser rector tres elementos ineludibles: demostrar 3 sexenios dedicados a la investigación, 3 quinquenios como docentes, y 4 años de experiencia de gestión universitaria en cargos unipersonales. Asimismo, se plantea que la elección del rector sea por sufragio universal pero ponderado de las comunidades universitarias, algo que, sin embargo, ya ocurre desde hace años en muchas universidades españolas. La LOSU aprobada contiene elementos interesantes bajo el contexto de las universidades españolas y europeas. La visión sistémica coexiste con la autonomía de las universidades y sus comunidades, donde decisiones de carácter político como lo es la elección de un rector con un perfil predominantemente académico, se convierte en una regla relevante para la gestión universitaria, algo que, por ejemplo, contrasta con lo que ocurre con no pocas universidades públicas mexicanas y latinoamericanas. Pero la idea de la gobernanza democrática universitaria no se agota con las formas de participación en la elección del rector. Tiene que ver con el método y el fondo del proceso de toma de decisiones, con la representación ponderada de estudiantes, profesores, egresados, trabajadores y funcionarios, y con el desempeño académico de las universidades. Esto es algo que contrasta fuertemente con las voces que, desde el punto de vista de intereses político-partidistas, pugnan desde hace tiempo por cambiar las formas de gobierno de las universidades públicas mexicanas. La reforma universitaria española puede ser un buen marco comparativo, un espejo, de lo que ocurre con las universidades públicas mexicanas.

Evaluar y gobernar

Diario de incertidumbres Evaluar y gobernar Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 2/03/2023) https://suplementocampus.com/evaluar-y-gobernar/ A lo largo del siglo XXI, dos procesos estructurales han dominado el comportamiento institucional de la educación superior mexicana. De un lado, el proceso, o procesos, de evaluación de las universidades públicas. Del otro, los cambios en las formas y estilos de gobierno de dichas instituciones. Ambos procesos han contribuido a la comprensión de las transformaciones en los comportamientos políticos y organizacionales universitarios de las últimas tres décadas. Nuevos actores, arreglos y políticas re-configuraron durante este período un régimen autonómico que obedece (entre contradicciones, tensiones y conflictos) tanto a la lógica de la evaluación como a la lógica de la gobernanza institucional. La irrupción de ambos procesos cambiaron las reglas del juego institucional. Incentivos como el dinero y el prestigio modificaron con diversa intensidad y magnitud las percepciones y expectativas de las comunidades universitarias y de sus autoridades respecto a los desempeños individuales, grupales y colectivos. La evaluación, que primero fue vista como una amenaza o franca violación a la autonomía universitaria durante los primeros años noventa del siglo pasado, se convirtió con el paso del tiempo en un nuevo repertorio de rutinas, usos y costumbres entre funcionarios y académicos universitarios. Las exigencias gubernamentles de mayor eficiencia, coordinación y cooperación en las decisiones institucionales mezclaron el tradicional co-gobierno universitario al gerencialismo en la conducción de los asuntos universitarios. La música de fondo de estas transformaciones fue dominada por las tonalidades de la “Nueva Gestión Pública”, la búsqueda cuasi-obsesiva de la calidad, la aplicación pragmática de la teoría de los incentivos, y la competencia regular por recursos financieros extraordinarios. Estas experiencias y procesos de evaluación y gobernanza de la educación superior son los temas de un par de libros recientemente públicados (2022), por ANUIES, en su colección “Temas de Hoy”. Uno es Evaluación institucional de la educación superior.Definciones, modelos y experiencias, cuyos autores son Mario Rueda y Angélica Buendía. El otro es El gobierno de la universidad desde la perspectiva de la Teoría de la Agencia, de la autoría de Mario Alarcón. Ambos textos ofrecen una mirada pertinente no solo a las teorías y enfoques sobre los temas señalados, sino también un examen empírico de algunos de sus efectos institucionales. En el caso del texto de Rueda y Buendía -dos reconocidos estudiosos de la educación superior mexicana-, el foco de interés es revisar los modelos y políticas de evaluación de la educación terciaria aplicados a lo largo de las últimas tres décadas, vinculados fuertemente a la acreditación y aseguramiento de la calidad académica de las universidades públicas. Dirigido a lectores interesados en la investigación sobre el tema, pero también a los actores institucionales de los procesos de planeación y evaluación universitaria, el libro ofrece un panorama amplio y actualizado sobre los dilemas y tensiones de las teorías y experiencias evaluativas, especialmente en el caso de las universidades públicas autónomas. Esta revisión incluye la discusión sobre los distintos significados de la evaluación y de la calidad, algunos de sus distintas dimensiones y alcances, sus usos para la proliferación de los rankings internacionales sobre las universidades, la descripción de los actores y agencias relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad tanto al nivel del pregrado como del posgrado. El texto reconstruye la historia de un lenguaje que llegó con la idea de la modernización de la educación superior, un lenguaje que marcó nuevas narrativas sobre viejos problemas de la educación terciaria mexicana. Desde esta perspectiva, y parafraseando a von Clausewitz, la evaluación se convirtió en la continuación de la política por otros medios. En el caso del libro de Alarcón -un joven académico chileno estudioso del gobierno de organizaciones complejas como la universidad-, el interés se centra en examinar los procesos de gobernanza desde la perspectiva de la teoría de la agencia, una aproximación que coloca el foco en las relaciones de dependencia entre el “agente” (directivos, funcionarios universitarios) y el “principal” (organos colegiados, grupos y comunidades frente a los cuales los directivos gestionan asuntos de interés colectivo para la organización). Desde este perspectiva, se examina la coexistencia entre las tradicionales formas colegiadas del gobierno universitario y los modos gerenciales que arribaron con las políticas de modernización de la educación superior en América Latina desde los años noventa. Una suerte de neo-contractualismo entre las universidades y sus entornos modificó los viejos arreglos institucionales entre las universidades y el Estado basado en el modelo de patrocinio beningno y negligente, para dar lugar a un condicionamiento financiero basado en la evaluación de resultados. Pero también se modificaron los arreglos internos de la distribución de la autoridad y el poder en las universidades públicas. Esa historia reciente del gobierno universitario está en el centro explicativo del libro de Alarcón, una historia realizada desde la lente conceptual de las relaciones agente-principal. Ambos textos ayudan explicar las articulaciones entre la evaluación y el gobierno universitario. Bajo un nuevo marco de regulaciones normativas y restricciones fácticas, la evaluación se constituyó como un elemento central en la conducción de los procesos académicos y administrativos de la vida universitaria. Aunque sus resultados fueron heterogéneos y no poca veces difusos y contradictorios, los límites de la autonomía universitaria fueron reconfigurados tanto por los procesos de evaluación como de la nueva gobernanza institucional. Hoy, bajo la sombra de un entorno internacional, político y de políticas diferente, las reglas del juego parecen desvanecerse sin un horizonte claro de nuevos arreglos institucionales. En el caso mexicano, a pesar de la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, los viejos fantasmas de la ingobernabilidad se combinan con la burocratización o irrelevancia de la evaluación en la hechura de las políticas públicas, mientras nuevos desafíos políticos, organizativos y académicos se acumulan rápidamente dentro y fuera de los campus universitarios. Aunque la evaluación se mantiene como una práctica burocrática, su sentido como herramienta de gobernanza institucional parece desvanecerse entre nuevas incertidumbres políticas, crónicas restricciones financieras, y endurecimiento de añejas desconfianzas de las élites gubernamentales nacionales y subnacionales.

ECOES: problemas y desafíos

Diario de incertidumbres ECOES: problemas y desafíos Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 16/02/2023) https://suplementocampus.com/ecoes-problemas-y-desafios/ Uno de los proyectos del gobierno actual en educación superior es la creación del “Espacio Común de Educación Superior” (ECOES), derivado de declaraciones políticas como el “Acuerdo Nacional para la Transformación de la Educación Superior” (2019), o de los esfuerzos de implementación de las disposiciones normativas contenidas en la Ley General de la Educación Superior (2021). Como muchas otras cosas en este campo, las intenciones transformadoras no son nuevas. Si se examinan los antecedentes del proyecto en México y en el mundo, la idea de la movilidad de estudiantes y profesores universitarios nació casi al mismo tiempo que las universidades medievales y coloniales, en las cuales los intercambios académicos fueron una parte sustancial de la conformación de las élites dirigentes (religiosas, políticas, intelectuales) de las sociedades imperiales y coloniales, un proceso que, luego de los independentismos y republicanismos del siglo XIX, continuaría como parte del imaginario y las prácticas universitarias. La novedad de lo viejo radica en la vestidura y el lenguaje al uso. Si en el pasado reciente la internacionalización se constituyó como el aceite de serpiente de las políticas de movilidad, el proyecto del ECOES redefine el significado de la internacionalización como “internacionalización solidaria”, y revive la idea de que la movilidad nacional y regional de profesores y estudiantes es un mecanismo que asegura una mejor calidad de las formaciones universitarias, permite disminuir desigualdades sociales y profesionales, mejora las oportunidades de adquirir capitales intelectuales y académicos, y fortalece redes interinstitucionales de cooperación. La idea tiene su propia complejidad y significados, pero se sostiene sobre una representación básica: la movilidad de alumnos y maestros entre programas nacionales de instituciones distintas agrega valor público a las funciones sociales universitarias. Reflexionar sobre las dimensiones, factibilidad y alcances del proyecto ECOES es el objeto de una novísima publicación del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad (IISUE) de la UNAM: El Espacio Común de Educación Superior. Notas preliminares para su diseño e implementación. Se trata de un pequeño libro (121 páginas), dirigido a promover un debate informado sobre el contenido y definiciones básicas de una idea no sólo antigua sino también en muchas ocasiones ambigua y difusa. Ahí, sus autores (Hugo Casanova Cardiel, Alejandro González Ledesma, Javier Mendoza Rojas e Ilse Castro Zavaleta), establecen no solo algunos antecedentes internacionales y nacionales sobre el tema, sino también una síntesis del marco normativo mexicano al respecto, una descripción del contexto y complejidad del sistema nacional de educación superior, los posibles escenarios futuros del ECOES, las bases organizativas del proyecto, y una propuesta de políticas y programas específicos para su funcionamiento práctico. El documento es una aportación útil para el proceso de diseño y operación de un proyecto que hasta ahora trata solamente de un conjunto de enunciados normativos asociados a la “transformación” de la educación terciaria. Resalta la parte de los antecedentes mexicanos y las experiencias internacionales. De las “Declaraciones” de Villahermosa (1971) y de Tepic (1972) de la ANUIES, hasta el “Programa para la Movilidad de la Educación Superior en América del Norte” derivado del Tratado de Libre Comercio (1994), pasando por experiencias similares en Europa como el programa “Erasmus” (1987) o la “Declaración de Bolonia” (1999). Esto confirma el hecho de que la idea de la movilidad nacional o internacional de estudiantes y profesores no surge del vacío, sino que hay experiencias y antecedentes importantes al respecto.. El texto sugiere varias pistas sobre el calibre de los desafíos financieros, organizativos y políticos de la iniciativa del ECOES. El primero tiene que ver con el presupuesto. El otro se relaciona con la gobernanza del Espacio. Y el tercero, con las políticas y los instrumentos del proyecto. Estos tres elementos están en el corazón de las propuestas desarrolladas en el texto, y permiten elaborar algunas notas adicionales al vuelo. Respecto del financiamiento, el principal obstáculo es la factibilidad de que el gobierno federal, los estatales y las IES puedan destinar un fondo básico que soporte las becas y apoyos destinados a promover la movilidad nacional de profesores y estudiantes. Dada la crónica escasez de recursos públicos a las universidades, y el hecho de que aún no se ha constituido el “Fondo Nacional de Educación Superior” previsto en uno de los transitorios de la LGES desde el 2021, no se ven muchas posibilidades de considerar bolsas de financiamiento específicas, estables y suficientes para el ECOES. Subordinado a las prioridades de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior incluídas en la LGES, resulta complicado destinar recursos adicionales para la instrumentación del ECOES en los próximos años. En términos de gobernanza, se propone que sea el Conaces (Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior) el espacio de coordinación que organice la toma de decisiones estratégicas del proyecto. Aquí, uno de los puntos de tensión tiene que ver con la autonomía de las universidades públicas, las cuales tienen poca influencia en ese órgano de gobierno. Y en las escalas estatales, los gobiernos locales también son actores que juegan un papel importante, a menudo como contrapeso de las universidades estatales. Tampoco hay incentivos claros para que las IES públicas participen en el proyecto. Pero son los programas e instrumentos los que constituyen el núcleo de factibilidad del ECOES. En el texto se definen dos intrumentos centrales: el “Marco Nacional de Cualificaciones” (MNC), y el “Sistema Nacional de Asignación, Acreditación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos” (SNAATCA). También se proponen programas y reglamentos nacionales que permitan “armonizar” las legislaciones estatales e institucionales sobre el tema de la movilidad, diferenciando subsistemas, niveles e instituciones. En conjunto, estas propuestas deben ser analizadas por el Conaces, y luego esperar a ser adaptadas en las escalas estatales e institucionales. Traducir la retórica de los acuerdos y las normas en políticas y acciones nunca es un camino fácil. Y la acumulación de los déficits financieros y políticos de la educación superior mexicana complica aún más las posibilidades de proyectos como el ECOES, que corre el riesgo de ser sólo una experiencia más en el gran panteón de las buenas intenciones.

Espectáculo y repertorio

Diario de incertidumbres México, hoy: espectáculo y reparto Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 02/02/2023) https://suplementocampus.com/mexico-hoy-espectaculo-y-reparto/ En el teatro de la era obradorista, los actores protagonizan una tensión permanente gobernada por el enfrentamiento entre la lógica del oficialismo y la de sus oposiciones. A veces, parafraseando a Oscar Wilde, la política (como la vida) es “un gran espectáculo pero con un reparto deplorable”, donde las descalificaciones, los gritos e insultos presidenciales habitan el lenguaje de la época. En la colaboración anterior, hablamos del perfil protagónico del oficialismo en este espectáculo de baja calidad pero de alta intensidad. Ahora revisamos el perfil de los liderazgos de sus oposiciones políticas. PRI: un liderazgo cuestionado. Los escándalos de corrupción del sexenio pasado (2012-2018), afectaron las representaciones sociales de un partido fracturado por conflictos internos. En esas circunstancias, el liderazgo representado por un exgobernador estatal (Alejandro Moreno, “Alito”) se abrió paso entre las ruinas y escándalos del priismo, hasta alcanzar la jefatura del partido. Sin embargo, muy pronto nuevos pleitos sacudieron este liderazgo y llevaron a la crisis de la alianza electoral de “Va por México” luego de las elecciones intermedias del 2021. Un liderazgo frágil y debilitado por nuevos escándalos expresa las contradicciones del partido hegemónico de la política mexicana postrevolucionaria. PAN: un liderazgo fragmentado. Luego del contundente triunfo electoral de MORENA en 2018, el PAN sufrió una crisis institucional expresada en pleitos, fracturas y abandonos de distintas figuras y corrientes que habían coexistido entre tensiones durante los años dorados del panismo como gobierno nacional (2000-2012. La figura de Marko Cortés como presidente del partido, representa el intento por evitar las fracturas internas pero también por salvar del naufragio electoral del partido a nivel nacional y subnacional impulsando una política de alianzas con el PRI y el PRD. PRD: un liderazgo testimonial. Quizá el impacto mayor del triunfo electoral del obradorismo lo experimentó el dramático “vaciamiento” del PRD. Luego de la fuga de militantes y corrientes afiliadas al liderazgo de AMLO, el partido surgido de las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 enfrentó una profunda crisis político-electoral. El abandono del obradorismo de las filas del PRD en 2013 a raíz de la firma del acuerdo del “Pacto por México”, significó un desfondamiento de militantes y corrientes, que terminarían por reagruparse en un nuevo partido (MORENA), que superaría en 2015 los votos del PRD y en 2018 alcanzaría el triunfo presidencial. La figura triste de Jesús Zambrano aparece como el aliado más débil y prácticamente testimonial en la alianza “Va por México”. MC: un liderazgo solitario. Luego de participar junto con el PAN y el PRD como parte de la alianza electoral “Por México al frente” en las elecciones federales del 2018, para 2020 el partido re-fundado como Movimiento Ciudadano en 2011 decidió participar sin alianzas nacionales en las elecciones intermedias de 2021. El liderazgo de Clemente Castañeda expresa el cálculo partidista de caracterizar la imagen de ese partido como diferente de los partidos tradicionales y de MORENA, y que le reditúa en votos y simpatizantes, sobre todo a partir de sus triunfos electorales en gubernaturas en estados como Jalisco (2018) y Nuevo León (2021). Se trata de un liderazgo solitario orientado a fortalecer la identidad de ese partido entre las fuerzas opositoras al morenismo, pero también entre los escépticos a las otras opciones partidistas. Traducciones contextuales en la educación superior La conclusión de la compleja situación política mexicana de los años del obradorismo es una hipótesis interpretativa elaborada al filo del último tercio del gobierno obradorista: el oficialismo obradorista y su narrativa transformacionista es una ilusión poderosa, cuyo fortalecimiento es directamente proporcional al estancamiento de las narrativas opositoras que se han desarrollado luego de las elecciones intermedias del 2021. Un ingrediente clave de estas relaciones entre el oficialismo y sus oposiciones es el perfil de los liderazgos políticos partidarios, un espacio en el que los comportamientos dispersos de la oposición palidecen frente a la férrea disciplina presidencialista que hasta hoy el obradorismo impone al partido en el poder, gobernada por la “ceguedad maquinal, clausura de juicio, palo de ciego”, como se refería Don Manuel Azaña a esos comportamientos político-burocráticos. En estas circunstancias, una alternativa posible para cambiar los equilibrios entre las fuerzas políticas es la posibilidad de una grave fractura al interior del oficialismo de cara a la selección del candidato o candidata presidencial del obradorismo para las elecciones federales del 2024. Esta hipótesis tendría como condición el endurecimiento de las protestas y movlizaciones políticas y sociales que caracterizan el orden político mexicano contemporáneo, surgidas de factores causales derivados de la oxidación de estructuras y prácticas de gestión de los intereses de una sociedad fragmentada y desigual. La ineficacia gubernamental y la debilidad sistémica de la gestión política de los asuntos públicos en temas como la seguridad pública, la violencia, la educación, el práctico estancamiento económico experimentado desde el 2015, la desigualdad de oportunidades de movilidad social ascendente entre poblaciones y territorios diversos, configura un escenario poco favorable a la solución política de los problemas públicos. Aquí permanece latente la tensión entre el poder social y el orden político del México contemporáneo. Es una nueva transición entre la democratización y el autoritarismo o, más específicamente, entre una democracia representativa y pluralista y una “democracia desfigurada” (como define Nadia Urbinati a los populismos contemporáneos), gobernada por un sistema de partido hegemónico de tendencias autocráticas. Es una clásica disputa por la legitimidad de proyectos en un horizonte convulsivo y confuso, en el cual no cabe, como apuntaba Gramsci hace casi un siglo, la indiferencia política. ¿Cuál es el escenario que este contexto impone a la educación superior? ¿Como se traducen esas tensiones en los campus universitarios? ¿Cuáles son sus efectos, determinaciones o influencias en la “política de las políticas” de la educación superior? Según es fama, la política siempre es un juego que se desarrolla en el corto plazo, pero sus resultados son visibles hasta el final del partido. Eso también ocurre en la educación superior, de lo cual trataremos en las próximas colaboraciones.

David Crosby (1941-2023): el hombre que olvidó su nombre

David Crosby (1941-2023): el hombre que olvidó su nombre Adrián Acosta Silva (Laberinto-Milenio, 28/01/2023) https://www.milenio.com/cultura/laberinto/david-crosby-el-hombre-que-olvido-su-nombre Hace unos días (el 18 de enero) murió el cantante y compositor David Crosby, una de las últimas leyendas del rock-folk norteamericano. Su voz suave, armoniosa y cálida acompañó los sonidos del rock de los años sesenta y setenta a través de dos de los grupos más emblemáticos de la época norteamericana del género: The Byrds, y Crosby, Stills, Nash y Young (CSNY). Metodista insobornable (le metió duro a todo tipo de drogas y al alcohol), el californiano nacido en la ciudad de Los Ángeles fue uno de los más célebres representantes de la generación de los baby-boomers de la posguerra, cuyas trayectorias vitales son un muestrario de excesos, creatividad, genialidad, tragedias y decepciones de la época de las flores, el pacifismo, el hippismo, y el ambientalismo de primera generación de muchos de los nacidos al final de la segunda posguerra mundial en la costa oeste de los Estados Unidos. Mi primer contacto con el sonido de Crosby fue en mi adolescencia, en los primeros años setenta en Mazatlán, cuando un grupo de amigos de Guadalajara nos fuimos a pasar unos días a ese puerto del pacífico. Recuerdo que en la grabadora de un mazatleco se tocaba un recién desempacado cassete de CSNY (4 way street), donde la voz suave y la guitarra acústica de Crosby entonaban “Laughing”, una discreta canción de amor acompañada por los poderosos riffs de Stills y Young. Luego de eso, inmediatamente pude comprar el LP (“vinyl”, le dicen ahora) Dèja Vú, el más célebre de las obras de CSNY, donde Crosby incluye una canción de su autoría con un título propio de los aires alucinantes del barrio Haight-Ashbury de San Francisco: “Almost cut my hair”. El enorme bigote y la cabellera ensortijada de Crosby fue el emblema de su figura a lo largo de su carrera de 6 décadas, en la que grabó 11 discos como solista (8 de estudio y 3 en vivo), más los grabados con sus grupos de origen. Desde el deslumbrante If a Could Only Remember My Name…, de 1971, hasta el sobrio For Free, de 2021, Crosby se mantuvo nadando entre las aguas superficiales y profundas del rock, con apariciones esporádicas junto a otros de sus antiguos compañeros de The Byrds o de CSNY, aunque también grabó un par de discos, en 2001 (Just Like Gravity) y en 1998 (CPR), con una banda formada por él mismo (CPN, siglas de Crosby, Pehar y Raymond). Prisionero de sus excesos, rebeldías y alucinaciones, Crosby encajó bien con la atmósfera de reclamos vigorosos y optimismos desbordados del hippismo, como dibuja con curiosidad y buenas maneras el exlíder de The Band, Robbie Robertson, en su Testimony (Neo Person, Madrid, 2017), libro autobiográfico donde desfilan entre sus memorias de juventud personajes extravagantes y un poco locos como el propio Crosby. A finales de los años setenta, éste pasaba por su propia temporada en el infierno. Atrapado por las drogas y el alcohol se encontraba en un permanente estado de paranoia y ansiedad, asegurando que alguien lo quería matar. Con el asesinato de John Lennon en 1980, Crosby emprendió una enfermiza cruzada personal por su propia salvación recorriendo frenéticamente varias ciudades de Estados Unidos desde California y Nueva York hasta Florida, donde fue detenido por la policía con un arma en la mano, convencido de que el siguiente en la lista de asesinados célebres era él. Luego de unos días en la cárcel, lo que se sabe es que se sometió a una terapia de desintoxicación que finalmente le salvaría de sus paranoias y muy probablemente de la muerte. Posteriormente, entraría en una prolongada etapa de soledad y aislamiento, lo que explica que después de su lanzar su primer disco en 1971 solamente grabara dos discos de estudio en 1989 y en 1993 (Oh, Yes I Can, y Thousands Roads), aunque colaborara en algunos más como colaborador o invitado de varios cantantes y grupos. Luego atraviesa por otro extenso período de silencio que se alargará durante casi 20 años, interrumpido solamente con algunas esporádicas apariciones en vivo, y la grabación en 1999 de un disco en que se reunieron CSNY (Looking Forward). Pero es en la segunda década del siglo XXI cuando Crosby el viejo (ya había alcanzado sus propios años setenta, con esposas y exesposas, nueras, hijos y nietos), grabaría lo que son quizá los mejores discos de su trayectoria. Entre 2014 y 2021 lanzó 5 discos de gran factura estílistica y consistencia letrística, de arreglos sofisticados donde participaron guitarristas como Mark Knopfler y cantantes como Joni Mitchell: Croz (2014), Lighthouse (2016), Sky Trails (2017), Here if You Listen (2018), y For Free (2021). Son las postales de la madurez brillante de un músico veterano que plantea dudas, explora sonidos nuevos, siembra sospechas y escepticismos corrosivos sobre las viejas y nuevas generaciones, sobre los tiempos malditos de la guerra, el trumpismo o la pandemia, pero también recordatorios puntuales de las promesas no cumplidas, las esperanzas e ilusiones que alimentaron los sueños, delirios y pesadillas de la Woodstock Nation. El año pasado, a sus 80 años de edad y luego de la pandemia, Crosby formó un nuevo grupo -The Lighthouse Band-, junto con jovenes y talentosos músicos como Mike League, Becca Stevens y Michelle Willis. Había ofrecido algunos conciertos en los Estados Unidos, recorriendo las venas de la melancolía, la nostalgia y el optimismo que resurgieron con fuerza en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Denver luego del trumpismo y la pandemia. Uno de esos conciertos, celebrado en noviembre del año pasado en el histórico Teatro Capitol de Port Chester, NY, fue grabado y será presentado por estos días. Será el último disco en el que escuchemos la guitarra y la voz de un músico entrañable. La muerte de Crosby es uno más de los clavos de ataúd del rock clásico. A principios del año, la muerte de Jeff Beck había sumado otro, recordando la inevitable mortalidad de los héroes de las voces y guitarras que estructuraron las grandes leyendas rockeras. A sus 81 años, el sonido de coros y guitarras acústicas que acumuló durante su trayectoria, hacen de Crosby el artesano que configuró una parte de las hechuras básicas de un género que ahora, con algunas brillantes excepciones, languidece con explicaciones pero sin remedio. Quedan por ahí Dylan, McCartney, Springsteen, Clapton, Young, Stills, Patti Smith, Van Morrison, Paul Simon, Mick Jagger, Keith Richrads, John Mayall, como algunos de los últimos representantes de una era que se apaga inexorablemente, poco a poco. Hechizado por el mar californiano, Crosby fue un amante de los barcos y las velas, de las travesías nocturnas y las exploraciones marinas. A bordo de su nave Calypso, vivió una parte de sus reposos, excesos y alucinaciones, acaso a la búsqueda de constatar las palabras decimonónicas de Rimbaud: “Sé de cielos que estallan en rayos, sé de trombas, resacas y corrientes, sé de noches…del Alba”. Y tal vez un epitafio digno de Crosby se pueda desprender de una de las líneas de El barco ebrio: “Los ríos me han llevado, libre, adonde quería”.

México hoy: gobierno y oposición

Diario de incertidumbres México, hoy: gobierno y oposición Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 19/01/2023) https://suplementocampus.com/mexico-hoy-gobierno-y-oposicion/ Impulsada por la rebelión electoral antineoliberal encabezada por AMLO y su partido en 2018, una forma simbólicamente distinta de concepción y ejercicio del poder político se instaló en palacio nacional apoyada por el predomino del partido del presidente en el legislativo federal. Los tiempos del gobierno dividido fueron sustituidos por el tiempo del gobierno cuasi-unificado. El oficialismo morenista logró, mediante diversas estrategias y tácticas -algunas de legalidad dudosa, otras de pragmática negociación política con partidos minúsculos como el PVEM, el PT y el PES-, traducir la coalición electoral “Juntos haremos historia” en una coalición legislativa que ha apoyado sistemáticamente las iniciativas presidenciales, mostrando un alto grado de disciplina partidaria en las votaciones parlamentarias. Ello no obstante, en las elecciones federales intermedias del 2021, el obradorismo no alcanzó su objetivo estratégico: controlar las dos terceras partes de la cámara de diputados para obtener una mayoría calificada y asegurar el éxito de sus iniciativas durante la segunda mitad de su mandato (2021-2024). En estos años, las protestas, bloqueos y movilizaciones callejeras se han mantenido e incluso incrementado durante los años de la “nueva” transición (o ciclo, o etapa) política mexicana. Como ha sugerido el antropólogo Claudio Lomnitz, esas movilizaciones son producto de un doble desplazamiento de carácter estructural: por un lado, las reformas económicas de clara orientación neoliberal experimentadas entre 1989 y 2018, y por otro las reformas político-electorales ocurridas durante el mismo período. Fue una clásica transición bifronte: una fue económica, la otra política. Ambas, sin embargo, confluyeron en un mismo resultado: la desarticulación/desmantelamiento de un sistema de gestión política y corporativa de los asuntos económicos y políticos. Las nuevas reglas de la economía de mercado y las nuevas reglas de la competencia política desmontaron las bases de la obediencia política del viejo régimen basada en un extenso sistema formal o fáctcio de intremediaciones políticas, y a los comportamientos asociados a la economía mixta correspondientes a la lógica de dominación de un sistema de partido hegemónico (PRI). A lo largo de esos años, la oposición política liderada por López Obrador fue alimentándose de las pequeñas y grandes fracturas de los partidos “transicionistas” (PRI/PAN/PRD), pero también del malestar social provocado por la desigualdad, la corrupción, la pobreza y el hartazgo. Visto a la distancia, el antiguo orden político posrevolucionario experimentó un largo proceso de desprendimiento y fragmentación de los mecanismos de cohesión y negociación de los intereses en disputa. Algunas franjas de las organizaciones corporativas tradicionales, sindicatos y grupos locales se fueron sumando a las filas del obradorismo, cuya retórica captó muy bien las causas del malestar en dos frases emblemáticas: “corrupción” y “mafias del poder”. Instalado como oficialismo político, el obradorismo cambió los términos del código gobierno/oposición. El fortalecimiento del liderazago presidencial, la activación de sus poderes constitucionales y meta-constitucionales, el apoyo de un partido político disciplinado que apoya sin reservas las iniciativas presidenciales, conjuntamente con una tercia de partidos aliados, le ha permitido al obradorismo ejercer un poder que resalta claramente en el contexto de una oposición política débil, frecuentemente confundida y desarticulada. Ese giro en la política nacional configuró la hechura de una nueva élite gobernante cohesionada por el poder presidencial, que coexiste con las élites dirigentes y de poder económico que surgieron a lo largo de los últimos treinta años, y que de manera pragmática han negociado sus intereses en el proyecto de la “Cuarta Transformación Nacional”. Las claves de la oposición La oposición política al oficialismo obradorista se ha configurado en torno a cuatro partidos principales: PRI, PAN, PRD y MC. Los tres últimos partidos construyeron en 2018 una alianza electoral (“Por México al frente”) orientada a disminuir o contrarestar los apoyos a MORENA y sus aliados, tanto a nivel federal como en las escalas estatales y municipales. Para las elecciones de 2021, el PRI se sumó a la alianza “Va por México” junto con el PAN. El PRD, sin embargo, MC, decidió mantenerse desde 2020 como partido sin alianzas en los comicios electorales federales, aunque ha mantenido coaliciones en algunas elecciones estatales y municipales. Estas oposiciones no fueron suficientes para alcanzar la mayoría relativa en la cámara de diputados en las elecciones del 2021, pero sí para impedir que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada que había conquistado mediante diversas maniobras en 2018. En esas circunstancias, el endurecimiento de las posiciones y reclamos de las oposiciones se ha acompañado frecuentemente de movilizaciones nacionales y locales, bloqueos, protestas, manifiestos y desplegados públicos. En las aguas profundas de estas expresiones yace un amasijo de ideas, creencias, intereses y prácticas que alimentan las narrativas oposicionistas, pero que no conforman una plataforma ideológica coherente, articulada y eficaz en contra del oficialismo. Quizá ese es el precio mayor de las coaliciones electorales y políticas opositoras: el desdibujamiento de las identidades partidistas de las organizaciones a favor de la construcción de una imaginaria y difusa identidad opositora. Si la retórica presidencial está dominada por un maniqueísmo rústico, iluminado en código binario (buenos/malos, conservadores/progresistas, pueblo/élites, neoliberales/transformadores, corrupción/pureza), las retóricas opositoras se alimentan de códigos enfrentados con la narrativa obradorista (pluralismo/uniformidad, democracia/autoritarismo, autonomía/heteronomía). Se trata de un esfuerzo narrativo por contener los alcances de la hegemonía obradoriana y ofrecer una alternativa a poblaciones y sectores que no se identifican con el oficialismo. Sin embargo, luego de cuatro años de contrastes entre estas oposiciones, la identidad neopopulista parece más clara que la identidad oposicionista. Una se alimenta no sólo de imágenes sino también de políticas clientelares para legitimar el ejercicio del poder gubernamental a través de programas sociales y proyectos institucionales dirigidos a poblaciones pobres. La otra es más difusa y desarticulada, que se alimenta básicamente de las insuficiencias, desvíos e ineficacias del ejercicio gubernamental a lo largo de los últimos cuatro años. Una ofrece la imagen de un país con transformación política y bienestar popular. Otra, de imágenes de un cambio regresivo y destructivo, de una sociedad fracturada, donde el malestar social y la confusión política se han acumulado y profundizado.

México hoy

Diario de incertidumbres México, hoy: protestas sociales y orden político Campus Milenbio, 05/01/2023 El mundo se cierra fríamente con la materialidad de los hechos (David Huerta, Apuntes del tiempo oscuro) Las manifestaciones políticas representan formas específicas de poder social. Organizadas usualmente por grupos y redes en torno a determinados reclamos, demandas o exigencias, son formas de acción directa no sólo más visibles, sino en ocasiones también útiles para sus promotores tanto como incómodas para sus detractores. Simbolizan ideas políticas, creencias, voces y actores que promueven la inclusión/legitimación de ciertos temas e intereses en la esfera pública. Esas prácticas incluyen cierre de calles, bloqueos, toma de instalaciones, huelgas, paros, marchas grandes o pequeñas, mitines en lugares públicos, desplegados y manifiestos en medios públicos y privados. Activistas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y laicas, asociaciones no gubernamentales, son quienes usualmente utilizan este recurso como forma de protesta, de exigencias de atención a demandas generales o específicas, reclamos políticos o, en tiempos electorales, promoción de candidaturas a puestos de representación popular. Una larga historia de estas manifestaciones de poder organizado en el mundo habitan las trayectorias de legitimación de las protestas públicas y las movilizaciones políticas en la hechura de las democracias y dictaduras, autoritarismos y autocracias contemporáneas. Desde hace varios años, esas formas de manifestación se han expandido de manera acelerada en muchos contextos locales. Son exhibiciones de poder pero también espectáculos públicos, esfuerzos encaminados a compartir preocupaciones privadas, grupales, tribales o mafiosas como intereses comunitarios o colectivos. Muchas siguen los cauces tradicionales y otras son bastante nuevas. Ya no son solamente recursos utilizados por sindicatos y partidos para presionar a patrones por aumentos salariales o la mejora de condiciones de trabajo, o reclamos vigorosos a gobiernos nacionales o locales para reconocer y ejercer derechos, sino también por organizaciones que representan una agenda más amplia y diversificada: contra el cambio climático, por los derechos de las comunidades lésbico-gays, protestas por la violencia contra las mujeres, por la defensa de los animales, contra la construcción de obras públicas, por la defensa del medio ambiente, contra la violencia criminal, por demandas de seguridad pública, por la paz en ciudades, barrios, pueblos, escuelas. Se trata de expresiones públicas de la diversificación de los intereses, percepciones y opiniones de sociedades complejas, heterogéneas y desiguales, es decir, conflictivas y contradictorias. En esas movilizaciones late el corazón político del orden social. Si las sociedades son vistas como un conjunto difuso de redes organizadas de poder, la política se constituye como un territorio de límites imprecisos y cambiantes, donde confluyen distintos intereses, ideas y pasiones, zonas en los cuales esas redes visibilizan su poder e influencia en momentos y espacios concretos. Como sugirió el historiador británico Eric Hobsbawn en algún momento, las movilizaciones sociales incluyen fiestas, rebeliones, desafíos colectivos y organizados, que apuntan siempre a la posibilidad, o la ilusión, de nuevos ciclos o etapas de la historia social. Suelen ser el mecanismo causal de cambios y adaptaciones institucionales, de reformas, de transformaciones grandes o pequeñas. Son también el principio o el final de etapas, ciclos o fases del desarrollo político, que incluyen desenlaces democráticos o autoritarios según sean los contextos y tradiciones nacionales o locales. La arquitectura de la estatalidad y de los regímenes políticos democráticos tradicionales cruje con la multiplicación de los reclamos, y nuevas ofertas políticas se desarrollan entre las fisuras o las ruinas de las estructuras tradicionales de gestión de los conflictos que los gobiernos han configurado en el pasado reciente. Esa suerte de “fenomenología del conflicto” predomina entre las tensiones que caracterizan la transición entre el neoliberalismo y el neopopulismo, o, para decirlo en términos más clásicos, entre la democracia y el autoritarismo, o viceversa. En el caso mexicano, esta nueva transición se asienta, como todas, sobre las herencias de la anterior. La ansiedad y la prisa de las nuevas élites del poder político -el conformado bajo la difusa retórica de la “cuarta transformación nacional”-, urgidas por edificar un nuevo ordenamiento político nacional, supone que este es el producto, o la expresión, de un nueva realidad social, o, más específicamente, representa una construcción política peculiar sobre la realidad social mexicana del pasado reciente. Cada vez parece más claro que esa narrativa política sobre la existencia de un nuevo orden social está compuesta por distintos tipos de conflictividades, cuyas causas son múltiples y difusas. La instituciones tradicionales (partidos, sindicatos, gobiernos nacionales y subnacionales, congresos, órganos judiciales, organizaciones civiles) parecen insuficientes para contener y gestionar los conflictos cotidianos. Existe una suerte de arritmia entre la velocidad y amplitud de la diversificación de las demandas sociales, y la capacidad de gestión institucional para satisfacer reclamos y exigencias. Eso, hace medio siglo, fue denominado por un trío de autores más o menos famosos (Crozier, Huntington y Watanuki) como la crisis de las democracias liberales y representativas, cuya causa más importante era un déficit de gobernabilidad, es decir, un desequilibrio (o desajuste) entre el crecimiento exponencial de las demandas sociales y las limitaciones institucionales de los recursos de gestión asociados a la capacidad de respuesta de los sistemas políticos de las democracias liberal-representativas. Pero los orígenes de las movilizaciones públicas pueden ser muy diferentes. Las formas clásicas son de protestas difusas contra el gobierno, contra el orden político, o contra un estado de cosas que se aprecian como indeseables, inservibles o insuficientes. Hay otras de signo distinto: las promovidas por los gobiernos para legitimar su propio desempeño. Unas son de protesta; otras de celebración. Y en México tuvimos ambas en un solo mes (noviembre de 2022): la defensa del INE, organizada por diversas oposiciones políticas, y la del apoyo a la cuarta transformación nacional justo en el cuarto año del gobierno obradorista, organizada por el oficialismo morenista. Multitudinarias, ruidosas y espectaculares, esas movilizaciones callejeras son el espejo de dos formas enfrentadas de expresión de la conflictividad política mexicana acumulada durante los últimos años. Y por supuesto son expresiones que no surgieron del vacío político-social, sino que se incubaron en las condiciones forjadas a fuego lento en el pasado reciente.