Estación de paso
Reforma educativa: libretos, máscaras, actores
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 16/11/2017)
A lo largo del actual sexenio, la disputa por la legitimidad de las reformas en la educación básica que ha enfrentado rutinariamente al gobierno con sus críticos y opositores, se ha constituido como el ruido de fondo que domina el paisaje de las relaciones políticas entre sus diversos actores. Como es conocido, la agenda reformadora que inició en el marco del “Pacto por México” impulsado por el PRI, el PAN y el PRD al inicio del actual sexenio, colocó en el centro un ambicioso paquete de asuntos públicos que incluían el tema educativo. Un lustro después, es posible advertir en el horizonte político y de políticas el agotamiento del impulso inicial reformador, el brutal desgaste institucional y político de los actores, y un nuevo saldo de logros, fracasos, paradojas e incertidumbres en torno al futuro del proceso reformador en el sector educativo nacional.
Un balance provisional del análisis del diseño e implementación de las reformas obliga siempre a reconocer uno de los principios prácticos de todo ejercicio similar: se puede saber con alguna precisión y certeza como inician las reformas, pero nunca se sabe con seguridad como pueden terminar. Para el caso, los diagnósticos iniciales, la definición de los problemas, las estrategias y políticas reformadoras, contribuyeron a identificar los puntos críticos del proceso. “Recobrar la autoridad del Estado” se constituyó como el lema político central de las reformas, y eso significaba, a finales del ya lejano 2012, la recomposición de las relaciones políticas del oficialismo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El resultado, lo sabemos: la detención y encarcelamiento de la lideresa Elba Esther Gordillo, que representaba el tipo de relaciones de subordinación del gobierno federal y de los gobiernos estatales frente al poder de la burocracia sindical del elbismo y sus aliados dentro y fuera del sector educativo.
Pero ese episodio solo fue visto como una operación política indispensable para formular un paquete de cambios en el sector, que colocaron en el centro temas como la evaluación de la calidad educativa, el servicio profesional docente, y la gestión autónoma de la escuelas. Construido el andamiaje político básico para legitimar sus propuestas, el gobierno federal pasaba entonces a la instrumentación de las mismas, con la presión propia de los calendarios y relojes institucionales. Los tres puntos señalados concentraron el impulso reformador durante los primeros años y consumieron buena parte de las energías del oficialismo por colocar en el centro de su proyecto reformador un sentido claro de orientación, capaz de suscitar consensos básicos dentro y fuera del sector. El resultado fue la articulación de una coalición reformadora entre el gobierno y la nueva dirigencia del SNTE, apoyada por sectores significativos de los partidos políticos nacionales y con el beneplácito de no pocos sectores intelectuales, empresariales y de la opinión pública nacional.
Casi de inmediato, el escepticismo, la rebelión y las críticas hacia el modo y contenido de las reformas marcaron el territorio de la disputa. La agenda y los contenidos del proyecto reformador fueron criticados y frecuentemente descalificados por sus críticos, colocando en el mismo sitio al elbismo derrotado y desarticulado, a la beligerancia neo-corporativa de la CNTE, y a una difusa colección de liderazgos políticos y voces académicas más o menos autorizadas, distribuidas en diversos ámbitos mediáticos y académicos. Entre 2013 y 2015, asistimos a un espectáculo inusual, volcánico, ruidoso y en ocasiones incomprensible, que acompañó a las buenas intenciones y propósitos educativos con el juego rudo de las movilizaciones, protestas, bloqueos carreteros, huelgas.
El memorial de las reformas se tornaría trágico con los acontecimientos de Ayotzinapa y con las escenas de balaceras, encarcelamientos, secuestros de camiones, vandalismo, arrebatos de indignación moral e incapacidad gubernamental para convencer de sus acciones. El lenguaje de las amenazas y los chantajes colocó la luz de los reflectores mediáticos en el lado áspero de las reformas. En estos años duros, la educación se consolidó como una utopía institucional habitando una zona de conflictos y pleitos protagonizados por el gobierno y sus opositores, lo que provocó un desgaste acelerado de los recursos y de la legitimidad tanto del oficialismo como de sus oposiciones. Hoy, en el ocaso del peñanietismo, la soledad de los reformadores y el dramatismo de los críticos son los humores que suelen dominar tanto las hipótesis e ilusiones reformadoras como las profecías apocalípticas sobre su futuro.
Como todo espectáculo público, en el escenario educativo han coexistido libretos distintos, bailes de máscaras, cierto maniqueísmo de salón y la “democratización de la vacuidad” -como señalaba el cáustico Ciroan respecto a las disputas políticas de las élites de la sociedad francesa del siglo XVIII-, estampas que se han convertido en las imágenes factuales del proceso. Un dualismo anecdótico (a favor/en contra) gobierna los relatos reformadores y opositores. Ello no obstante, los logros visibles y quizá perdurables del proceso tienen que ver con la legitimación de la evaluación educativa como ejercicio institucional (representada por la autonomía del INEE), con la necesidad de colocar en el largo plazo la trasformación de las prácticas educativas orientadas hacia los aprendizajes de los estudiantes y la autogestión escolar (dos de los rasgos del “Nuevo Modelo Educativo”), y con el reconocimiento del papel estratégico del profesorado en esta o en cualquier reforma educativa que se imagine.
Pero las lecciones del proceso también incluyen la legitimidad de la crítica y el escepticismo como instrumentos intelectuales de producción de las políticas reformadoras. La capacidad argumentativa y persuasiva del discurso reformador ha ido acompañada de la capacidad crítica de algunos de sus opositores. Aunque en el centro de ambos lados se encuentren la lucha por privilegios y derechos reales o imaginarios, el cálculo de costos y beneficios de las reformas, la producción de bandos de ganadores y perdedores relativos o absolutos, temporales o permanentes, de los cambios educativos sexenales, los logros del proceso reformador mexicano son significativos, aunque sus desafíos institucionales y alcances sociales permanezcan todavía en las penumbras del espectáculo.
Thursday, November 16, 2017
Gbernanza y desempeño en educación superior
Estación de paso
Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.
Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.
Thursday, October 19, 2017
De la cuna a la tumba
Estación de paso
¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.
¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.
Tuesday, September 26, 2017
Tirania de la contingencia
Estación de paso
Tiranía de la contingencia: 500 palabras.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 05/10/2017)
…el sagrado instinto de no tener teorías…
Fernando Pessoa, Libro del desasosiego
Los desastres naturales son misteriosos, dolorosos, incomprensibles y sus efectos sociales, lo sabemos muy bien, devastadores. En México, lo ocurrido con los sismos de nuestro septiembre negro (el del 7 y el del 19), nos vuelven a confirmar la fragilidad del suelo bajo nuestros pies, la reiteración del riesgo y la destrucción como costumbres fatales, ancestrales, parte de nuestras señas de identidad. No hay mucho que agregar a lo que muchos antes, durante y después de los acontecimientos han registrado, analizado, reflexionado y hasta propuesto. Tampoco me detengo en los elogios a la solidaridad, las críticas políticas y las monedas falsas que se han puesto a circular en torno al desempeño de las autoridades y de los ciudadanos durante la coyuntura fatal. Solo agrego 500 palabras asociadas al desastre. Nombrarlas es, quizá, una forma de reclamo, un intento de exorcismo verbal frente a la magnitud del infortunio, una manera de asomarse al precipicio que, otra vez, nos ha colocado de frente a las fuerzas de la naturaleza y a los nuevos dilemas y desafíos sociales, económicos y políticos de la reconstrucción y el desarrollo.
****************
Polvo. Piedras, concreto. Vapor, gas, humo. Fierros retorcidos, vidrios rotos, papeles, mangueras. Ropa. Cascos, luces, fogatas. Policías, marinos, soldados. Cámaras, reporteros, teléfonos celulares, ciudadanos. Silencio. Espectáculo. Puños cerrados. Plegarias, gritos, voces. Calor, humedad. Sangre, cuerpos mutilados. Dolor, alegría, desolación. Esperanza, desamparo, horror, miedo. Incertidumbre, fe, solidaridad, valentía, locura temporal, organización, anarquía. Simulacros, realidades. Palabras, promesas, compromisos. Retórica del desastre.
Oxígeno. Oraciones. Redes sociales, televisión, radio, periódicos. Impulsos, cálculos. Método, improvisación, reproches, reclamos. Entereza, ansiedad, angustia, desesperación. Ilusiones. Escepticismo, pesimismo, optimismo. Grisura. Oscuridad. Pavimento. Postes caídos, edificios derribados, luces apagadas, autos aplastados. Demolición. Salvamento. Aire. Perros. Cielo nublado. Abrazos. Comida, botellas, mantas. Escala y profundidad. Patrullas, camiones, grúas. Demolición, reconstrucción. Palabras al vacío. Abismos. El extraño lenguaje de la crisis.
Agua. Recuerdos. Nostalgia. Sed de lo perdido. Muerte. Milagros. Fantasmas, evocaciones, símbolos. Derrumbes, resistencias, negaciones. Sabores: acidez, amargura, dulzura. Cercanía y distancia. Densidad y liviandad. Peso muerto. Olores. Impresiones, imágenes, vistazos. El orden natural de las cosas. Sorpresa y mortalidad. Destrucción súbita de usos y costumbres. Todo lo sólido se disuelve en el aire. Ignorancia y conocimiento. Calendarios, relojes. Brevedad. Tiranía del tiempo. Fragilidad, precariedad, fortaleza. Ánimo. Sombras. Oscuridad. Simplicidad y complejidad. Asombro. Anatomía del colapso.
Acero. Incredulidad. Corazón de las tinieblas. Fracturas, grietas, fisuras. Nada. Nostalgia de la muerte. Tragedia, farsa, drama. El corazón secreto del reloj. Terror, temor. El libro de los muertos. Incomprensión, dispersión, atención. Los muertos nos acompañan. Máscaras, rostros, gestos. Cansancio. Ojos bien abiertos. Bostezos. Furia. Tierra suelta. Pedazos. Miradas perdidas. Compasión. Hincarse. Levantarse. Levitar. Imaginar. Soñar. Septiembre negro. Tristeza infinita. Crónica de instantes. El rostro cruel del cataclismo. Miseria. Historias, relatos, narrativas múltiples de la destrucción.
Plástico. Luz. Pesadillas. Coraje. Dudas. ¿Por qué? Futuro y pasado. Presente interminable. Deslumbramiento, iluminación, ceguera. Explosión. Losas. Tumbas. Héroes. Intuición. Siluetas. Almas, multitudes, soledades. Extrañeza. Rapiña, oportunismo, rescates. Mezquindad. Fachadas de piedras húmedas. Diablos, demonios, ángeles. Creencias, consuelo, dolor. Inmensidad y locura. Rituales del caos. Olores, instintos. Masa y poder. Susto, calma, paz. El imperio de las formas. Infierno. La fortuna, el destino, la virtud. Distopías, utopías. Dictadura de la confusión. Ubicuidad de los escombros. Sociología del desastre.
Óxido. Lluvia. Viaje al fin de la noche. Horizontes perdidos. Alucinación. Dormir, descansar. Pertenencias, patrimonio, proyectos. Utilidad. Inquietud. Insomnio. Espera. Bálsamo. Hospitales, ambulancias. Explicaciones, ausencias, infortunios. Muletas, camillas, sirenas nocturnas. Edificios, departamentos, casas. Anuncios, rumores, murmullos, impotencia. Bicicletas, pasos. Brevedad de los instantes. Heridas y cristales. Gravedad. Correr, permanecer. Fragilidad. Aguantar. Soportar. Asumir. Suelo. La vida y la muerte. Desconcierto. Recostarse. El delicado sonido del colapso. El color ocre de la desgracia.
Plomo. Duelo. Pasión. A pesar de todo. Identidad. Orgullo. Lágrimas. Fragmentos. Sonrisas, incredulidad. Llamadas nocturnas. Júbilo y duelo. Seriedad y maldición. Dios no existe. Pensar, hacer, actuar. Ruidos. El activismo como brújula. Jóvenes. Palas, picos, máquinas. Fracaso, errancia, extravío. La memoria, el olvido. Manos, brazos. Lentitud. Lámparas. Cadáveres, cuerpos. Huesos de sepia. Pesado registro de las confusiones. Infelicidad colectiva. Sociedad del riesgo. Violencia. Somnolencia. Inventario de calamidades. La coalición de los vivos. El azar como tiranía de la contingencia.
Thursday, September 21, 2017
Sociología de la desigualdad (2)
Estación de paso
Sociología de la desigualdad (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 21/09/2017)
Diversos estudios muestran cómo uno de los efectos simbólicos y prácticos del acceso a la educación superior es el desvanecimiento de las “marcas de clase” de estudiantes de origen social diverso, un efecto particularmente claro en el caso de las universidades públicas a raíz de su consolidación como modernas instituciones mesocráticas. El acceso a una carrera universitaria en espacios públicos permite a los individuos el ingreso a un espacio poli-clasista, habitado por jóvenes pertenecientes a diversos estratos sociales, que interactúan cotidianamente en campus universitarios donde aprenden rápidamente a formarse, de manera paralela, como adultos, como ciudadanos y como profesionistas. Las experiencias de socialización académica son también trayectorias de socialización intelectual y política, y la experiencia universitaria suele ser, en un sentido amplio y profundo, una experiencia cultural, enriquecedora y formativa social e individualmente.
Pero en los espacios privados de la educación superior ocurren otras cosas. En los miles de establecimientos educativos de bajo costo que han proliferado por las grandes y medianas ciudades del país, acuden muchos de aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades públicas pero que no disponen de medios para costear una carrera en las universidades de elite. Ahí se encuentran jóvenes que combinan estudios y trabajo, que pertenecen a estratos bajos y medios de la sociedad, y que buscan obtener un título en condiciones que se adapten a sus horarios laborales y circunstancias vitales individuales. Con más frecuencia de lo que se imagina, la decisión de estudiar en esos pequeños establecimientos de no más de 500 estudiantes que se concentran en dos o tres carreras de alta demanda, en condiciones de precariedad de sus instalaciones y profesorados, obedece también a un cálculo deliberado de los interesados: la flexibilidad de sus horarios facilita la realización de los estudios.
La composición social del estudiantado parece reducir su variación en el caso de los establecimientos de costo medio y mayores exigencias académicas de ingreso, que ofrecen más carreras pero frecuentemente con horarios menos flexibles. Aquí se ha configurado una demanda que intenta diferenciarse de los establecimientos baratos pero que no tiene las condiciones de pagar los precios de las matrículas y cubrir las exigencias académicas de las universidades de elite. Ello explica la expansión de un importante conjunto de instituciones privadas locales, nacionales e internacionales que ofrecen espacios y oportunidades a esos segmentos de la demanda.
Las universidades de alto costo colocan como filtros de entrada el precio y las trayectorias escolares previas de los estudiantes. La exclusividad constituye la señal de su prestigio institucional. Las universidades de elite forman los espacios donde el poder del privilegio se convierte en la principal fuente de su legitimidad. No hay ahí espacios pluri-clasistas, sino que predomina el afán mono-clasista determinado fuertemente por el origen social y la clase económica de pertenencia. A pesar de las becas y apoyos que algunas de estas instituciones ofrecen a los estudiantes de talento y bajos recursos, su proporción es mínima respecto al total.
Lo que tenemos entonces es un territorio de contrastes: con la masificación de la educación superior, sus establecimientos y carreras albergan distintos tipos de estudiantes, marcados por orígenes sociales, condiciones económicas y capitales culturales desiguales y distintos. La educación superior es un espacio de configuración de “circuitos de precariedad” en zonas rurales no metropolitanas y algunas urbanas (como les ha denominado el investigador Miguel Casillas, de la Universidad Veracruzana), que coexisten con circuitos de supervivencia y circuitos de opulencia ubicados generalmente en las grandes zonas urbanas del país. Esos rasgos parecen acentuarse con los comportamientos sociales e institucionales de los diversos actores que coexisten en estos circuitos, comportamientos que obedecen a intereses, creencias y expectativas en conflicto.
¿Qué tipo de comportamientos? Los que tienen que ver con la búsqueda del prestigio y la reputación de las instituciones de educación superior. Una pregunta que aguarda por respuestas es: ¿a qué instituciones prefieren enviar a sus hijos los estratos política o económicamente significativos de la sociedad mexicana? Antiguamente, según los clásicos estudios de Roderic Ai Camp, la clase política mexicana prefería a las universidades públicas por encima de las privadas como espacios de formación superior de sus hijos. La clase política de los tiempos del nacionalismo revolucionario, y buena parte de sus oposiciones de izquierda o de derecha, formaban como abogados, ingenieros, médicos o arquitectos a sus hijos en las universidades públicas. Lo mismo hacía buena parte de la clase empresarial (la burguesía, en términos clásicos) con sus vástagos. Sólo algunas universidades privadas representaban marginalmente las preferencias educativas de las elites de poder.
Pero en los años de la transición política y de las reformas económicas las cosas cambiaron. De manera silenciosa, las preferencias éticas y estéticas de las clases sociales respecto de la formación universitaria se transformaron dramáticamente. Hoy, no solo buena parte de los hijos de las clases dirigentes políticas y económicas suelen formarse en las universidades privadas de elite, en México o en el extranjero, sino que lo mismo ocurre con los hijos de los propios funcionarios y profesores de las universidades públicas que prefieren, en proporciones no menores, las ventajas reales o simbólicas de la educación privada respecto de las que ofrece, u ofrecía, la escuela pública.
Las razones y circunstancias de los cambios en las preferencias educativas pueden ser múltiples. La elección de los círculos de opulencia educativa es una característica de los imaginarios e intereses de las nuevas elites mexicanas. El hecho de que los últimos tres presidentes del país sean egresados de universidades privadas es un dato que confirma la tendencia. Esta transformación de prácticas y preferencias educativas legitima a la desigualdad educativa como parte del fenómeno más extenso y profundo de la desigualdad social.
Sociología de la desigualdad (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 21/09/2017)
Diversos estudios muestran cómo uno de los efectos simbólicos y prácticos del acceso a la educación superior es el desvanecimiento de las “marcas de clase” de estudiantes de origen social diverso, un efecto particularmente claro en el caso de las universidades públicas a raíz de su consolidación como modernas instituciones mesocráticas. El acceso a una carrera universitaria en espacios públicos permite a los individuos el ingreso a un espacio poli-clasista, habitado por jóvenes pertenecientes a diversos estratos sociales, que interactúan cotidianamente en campus universitarios donde aprenden rápidamente a formarse, de manera paralela, como adultos, como ciudadanos y como profesionistas. Las experiencias de socialización académica son también trayectorias de socialización intelectual y política, y la experiencia universitaria suele ser, en un sentido amplio y profundo, una experiencia cultural, enriquecedora y formativa social e individualmente.
Pero en los espacios privados de la educación superior ocurren otras cosas. En los miles de establecimientos educativos de bajo costo que han proliferado por las grandes y medianas ciudades del país, acuden muchos de aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades públicas pero que no disponen de medios para costear una carrera en las universidades de elite. Ahí se encuentran jóvenes que combinan estudios y trabajo, que pertenecen a estratos bajos y medios de la sociedad, y que buscan obtener un título en condiciones que se adapten a sus horarios laborales y circunstancias vitales individuales. Con más frecuencia de lo que se imagina, la decisión de estudiar en esos pequeños establecimientos de no más de 500 estudiantes que se concentran en dos o tres carreras de alta demanda, en condiciones de precariedad de sus instalaciones y profesorados, obedece también a un cálculo deliberado de los interesados: la flexibilidad de sus horarios facilita la realización de los estudios.
La composición social del estudiantado parece reducir su variación en el caso de los establecimientos de costo medio y mayores exigencias académicas de ingreso, que ofrecen más carreras pero frecuentemente con horarios menos flexibles. Aquí se ha configurado una demanda que intenta diferenciarse de los establecimientos baratos pero que no tiene las condiciones de pagar los precios de las matrículas y cubrir las exigencias académicas de las universidades de elite. Ello explica la expansión de un importante conjunto de instituciones privadas locales, nacionales e internacionales que ofrecen espacios y oportunidades a esos segmentos de la demanda.
Las universidades de alto costo colocan como filtros de entrada el precio y las trayectorias escolares previas de los estudiantes. La exclusividad constituye la señal de su prestigio institucional. Las universidades de elite forman los espacios donde el poder del privilegio se convierte en la principal fuente de su legitimidad. No hay ahí espacios pluri-clasistas, sino que predomina el afán mono-clasista determinado fuertemente por el origen social y la clase económica de pertenencia. A pesar de las becas y apoyos que algunas de estas instituciones ofrecen a los estudiantes de talento y bajos recursos, su proporción es mínima respecto al total.
Lo que tenemos entonces es un territorio de contrastes: con la masificación de la educación superior, sus establecimientos y carreras albergan distintos tipos de estudiantes, marcados por orígenes sociales, condiciones económicas y capitales culturales desiguales y distintos. La educación superior es un espacio de configuración de “circuitos de precariedad” en zonas rurales no metropolitanas y algunas urbanas (como les ha denominado el investigador Miguel Casillas, de la Universidad Veracruzana), que coexisten con circuitos de supervivencia y circuitos de opulencia ubicados generalmente en las grandes zonas urbanas del país. Esos rasgos parecen acentuarse con los comportamientos sociales e institucionales de los diversos actores que coexisten en estos circuitos, comportamientos que obedecen a intereses, creencias y expectativas en conflicto.
¿Qué tipo de comportamientos? Los que tienen que ver con la búsqueda del prestigio y la reputación de las instituciones de educación superior. Una pregunta que aguarda por respuestas es: ¿a qué instituciones prefieren enviar a sus hijos los estratos política o económicamente significativos de la sociedad mexicana? Antiguamente, según los clásicos estudios de Roderic Ai Camp, la clase política mexicana prefería a las universidades públicas por encima de las privadas como espacios de formación superior de sus hijos. La clase política de los tiempos del nacionalismo revolucionario, y buena parte de sus oposiciones de izquierda o de derecha, formaban como abogados, ingenieros, médicos o arquitectos a sus hijos en las universidades públicas. Lo mismo hacía buena parte de la clase empresarial (la burguesía, en términos clásicos) con sus vástagos. Sólo algunas universidades privadas representaban marginalmente las preferencias educativas de las elites de poder.
Pero en los años de la transición política y de las reformas económicas las cosas cambiaron. De manera silenciosa, las preferencias éticas y estéticas de las clases sociales respecto de la formación universitaria se transformaron dramáticamente. Hoy, no solo buena parte de los hijos de las clases dirigentes políticas y económicas suelen formarse en las universidades privadas de elite, en México o en el extranjero, sino que lo mismo ocurre con los hijos de los propios funcionarios y profesores de las universidades públicas que prefieren, en proporciones no menores, las ventajas reales o simbólicas de la educación privada respecto de las que ofrece, u ofrecía, la escuela pública.
Las razones y circunstancias de los cambios en las preferencias educativas pueden ser múltiples. La elección de los círculos de opulencia educativa es una característica de los imaginarios e intereses de las nuevas elites mexicanas. El hecho de que los últimos tres presidentes del país sean egresados de universidades privadas es un dato que confirma la tendencia. Esta transformación de prácticas y preferencias educativas legitima a la desigualdad educativa como parte del fenómeno más extenso y profundo de la desigualdad social.
Thursday, September 14, 2017
El enigma catalán
El enigma catalán: apuntes de forastero
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos on line, 13/09/2017)
How the become clairvoyant
That´s what I want to know
Just tell me where to sign
And point me where to go
(Robbie Robertson, How to Become Clairvoyant, 2011)
1.
El año pasado (2016) y hasta el primer mes del 2017 tuve la oportunidad de realizar una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante ese tiempo, pude constatar la endiablada complejidad política del tema de la independencia que reclaman no pocos ciudadanos, partidos y organizaciones de Cataluña, un reclamo que se nutre con diversa intensidad de relatos históricos, mitos fundacionales, afrentas políticas, delirios nacionalistas, identidades culturales, y diversos paquetes de razones políticas y económicas. Todo depende a quien se le pregunte, en qué momento y bajo qué circunstancias. Partida por la mitad, la sociedad catalana -de Barcelona a Girona, de Tarragona o Sitges a Badalona, en el barrio del Born, del Gótico o en el del Raval-, asiste y participa en el procés protagonizado por el Govern catalán, la alcaldía de Barcelona, y el gobierno nacional español.
El espectáculo político tiene y tendrá implicaciones serias, sea cual sea su desenlace después del referéndum convocado para este próximo 1 de octubre. Fraguado a fuego lento desde hace años, el reclamo independentista admite múltiples lecturas. No sólo es una conjura radicalista, impulsada por una constelación de organizaciones ultras encabezadas por la CUP (Candidatura d´Unitat Popular), que lo es; no sólo es el fruto de la torpeza política, la indolencia o la intolerancia mostrada por el Gobierno español, en particular por el oficialismo del Partido Popular encabezado por Rajoy, que también lo es; tampoco es el resultado (malo) de la incapacidad de la izquierda socialista española tradicional (PSOE), o de la ambigua orientación populista que domina a Podemos, por buscar una salida negociada a las tensiones entre Barcelona y Madrid, que también lo es. Estas lecturas están hoy en el centro de la lucha por la legitimidad del reclamo independentista catalán, y son ejercicios que simbolizan y imprimen significado a la tensión política de la cuestión catalana contemporánea.
2.
Algunas de las imágenes más potentes del conflicto son visibles, están pegadas en las fachadas de muchos de los pisos de las calles y avenidas barcelonesas. Las banderas catalanas (esteladas) cuelgan de los balcones de las avingudas, las travesseras y las carrers de la ciudad. También se pueden observar en los partidos del Barsa en el Camp Nou, o en cualquier concierto de música electrónica celebrado en algún foro de las playas del mediterráneo de la Barceloneta. Con frecuencia, se observan también frases como “libertad”, “dignidad”, “felicidad”, “justicia”. En comparación, las expresiones unionistas, españolistas, son escasas, aunque las hay. Las movilizaciones independentistas son multitudinarias, mientras que las unionistas son muy pocas. El clima de la época parece abrumadoramente dominado por las utopías nacionalistas e independentistas que impulsa el Govern y sus aliados, que hablan con entusiasmo y convicción de la formación de una “nación de países catalanes” (que incluyen, por ejemplo al Principado de Andorra, en donde también se habla catalán).
Pero la vida catalana, como todas, está hecha de rutinas y prácticas habitualmente ajenas o alejadas de las pasiones y los intereses de la lucha entre los protagonistas políticos del pleito. La cotidianidad no es gobernada por la dicotomía independencia/unión, entre la identidad entre Catalunya o España. En los mercados, en las escuelas y en las universidades, la vida fluye con los asuntos prácticos, que tiene que ver con una intensa fusión entre lo regional y lo nacional. El pan con tomate se come con jamón ibérico, lo mismo que los jóvenes y niños catalanes pasan con fluidez asombrosa de su lengua materna al español (castellano), todos los días en los espacios públicos y privados, en el metro, la escuela, en el futbol, en las calles. La vida cultural y el comercio se funden en las conversaciones cotidianas, en las terrazas de Las Ramblas, las celebraciones de día de Sant Jordi o de la Diada (el día nacional catalán), coexisten con celebraciones religiosas que rápidamente se han vuelto laicas, como en muchas otras partes del mundo.
La intensa migración de los últimos años ha llenado barrios enteros de Barcelona y de sus alrededores de familias extensas y bulliciosas de paquistaníes, marroquíes, hindúes, senegaleses, ecuatorianos, coreanos, chinos, argentinos o dominicanos. Y es sorprendente la probada capacidad de inclusión de la sociedad catalana de grupos de orígenes culturales y sociales tan diversos, que se combina con la elástica capacidad de adaptación de estos grupos al contexto local.
Si uno pasa por Poble Sec (el barrio donde nació Serrat), la sensación de estar en un micro-mundo alejado de las pasiones independentistas/españolistas es muy clara. El célebre Teatro Apolo, o el de El Molino, separados solamente por la avenida Parel-lel del barrio de El Raval, significan para el forastero un espacio urbano de convivencia que nada o poco tiene que ver con el clima político de la época. El termómetro de las pasiones y de los intereses depende en buena medida del territorio, de las poblaciones, de los barrios. Lo intuían Marx y Engels, lo decía Norbert Elias, lo describía Manuel Vázquez Montalbán (nacido justamente en El Raval), lo cantaba el propio Serrat recorriendo las calles empinadas que conducen al Montjuic.
3.
La épica independentista se funda en una retórica incendiaria, apasionada, que es, o pretende ser, a la vez ética, cultural, moral y política. Detrás de ellos coexisten una constelación de discursos específicos, que van del anarquismo antisistema al nacionalismo, del populismo al antineoliberalismo, de la crítica a la democracia representativa a las virtudes del asambleísmo. Eso se expresa en una multitud de agrupaciones políticas muy extrañas, que configuran un mapa político muy difícil de descifrar para un forastero. Junts pel Sí, CUP, Catalunya Si que es Pot, PDeCAT, ERC, Podem Catalunya (que se ha transformado en Catalunya en Comú), conforman algunas de las organizaciones que habitan el barroco panorama político catalán de la coyuntura. Ahí se anidan historia viejas y nuevas, narrativas encontradas, grupos y grupúsculos que se han unido por la cerrazón del partido popular, por la incapacidad de la izquierda socialista, por el espíritu de la época, por las creencias, por la experiencia, por la desesperación, el temor, por las ganas de creer en algo, impulsados por las ansiedades de la negociación o por las pasiones de la ruptura.
Las claves de entendimiento del desafío independentista combinan historia, política y sociología. Sus raíces penetran en el pasado monárquico y franquista, y contienen episodios de resistencia, de rebeldía y de fracasos políticos y culturales tanto de Catalunya como de España. La configuración de corrientes y expresiones políticas obedecen a una lógica de negociación y autonomía entre partidos locales, regionales y nacionales, que se ha resuelto con el reconocimiento del estatuto autonómico incluido en la constitución española de 1978, pero que se refleja en la construcción de equilibrios inestables entre Madrid y Barcelona desde la era previa y posterior a los Juegos Olímpicos de 1992, que se suele considerar un momento significativo en la historia de las relaciones entre Catalunya y España. Sin embargo, para no pocos analistas españoles y catalanes, el punto clave es situar el problema como autonomía o como independencia. Pero el hecho es que las circunstancias y los acontecimientos derrotaron poco a poco el tema autonómico para colocarlo como un tema independentista, y los grupos moderados parecen haber sido derrotados por los grupos radicales de ambos bandos.
4.
En medio de la anárquica invasión turística que ha desbordado desde hace años la vida en la ciudad, los debates políticos sobre el independentismo catalán han llenado el espacio público (medios y redes sociales, espacios televisivos) de posiciones encontradas. Una creciente intolerancia se ha expandido entre analistas y liderazgos locales, entre académicos serios y políticos profesionales. Más allá de las fronteras de Catalunya, la intensidad de ese debate solo se mantiene quizás en Madrid, donde se suele mirar el conflicto como una amenaza más que como una oportunidad de transformación y modernización del formato democrático español. El dilema democracia o dictadura se ha instalado en el imaginario y los relatos políticos de ciertos protagonistas y analistas del pleito. El acto del terrorismo yihadista del verano pasado en Las Ramblas solo añadió mayor complejidad al clima político local y europeo. En esas condiciones, las soluciones posibles –es decir, negociadas- se han hecho terriblemente más complejas.
Añadir sangre y víctimas mortales al momento catalán solo confirmó el hecho de que el terror puede aparecer en cualquier lugar y circunstancias, pero las reacciones políticas de la coyuntura indicaron un evento inesperado, una especie de milagro político: la imagen de unión del President Puigdemont, la alcaldesa Ada Colau, el Rey Felipe y al Presidente Rajoy, parecía un rasgo de prudencia y optimismo frente a la tragedia del verano catalán, y la posible negociación de la agenda independentista. Pero muy pronto ese rasgo se disipó cuando el Parlament aprobó y confirmó la decisión de que el próximo 1 de octubre se celebrará el referéndum independentista, a lo que el gobierno de Rajoy respondió con una nueva acusación de ilegalidad del acto solicitando la intervención del Tribunal Constitucional.
5.
El 1 de octubre se ha convertido por efecto de la retórica, las decisiones y los hechos en una fecha fatal para el presente y el futuro del proceso independentista. El largo pleito político y judicial que por lo menos desde 2015 acompaña con especial intensidad el fenómeno tendrá su momento crítico y definirá el futuro de las relaciones entre Cataluña y de España. Hay por lo menos tres escenarios probables. El primero, la celebración del referéndum sin la aprobación del Tribunal Constitucional y el gobierno español. El segundo, la decisión del Parlament de suspender, cancelar o aplazar la consulta, debido a las presiones judiciales y/o políticas, dentro y fuera de Catalunya. El tercero es la intervención policiaca del gobierno nacional para impedir a toda costa la celebración del acto, apoyada muy probablemente por la resolución de las máximas instancias judiciales españolas. Hoy, como canta Robertson -el emblemático líder de The Band-, solo un acto de clarividencia sería capaz de leer correctamente las señales y puntos de referencia del drama catalán.
En cualquiera de estos escenarios, o de sus probables combinaciones e implicaciones, alguien o algunos perderán en el juego. Sin embargo, en los tiempos en que los plebiscitos y referéndums parecen ejercicios cargados por el diablo, los resultados pueden ser desagradables y política, institucional, y socialmente costosos para todos los participantes. Para Catalunya y España, y en especial para las elites políticas que hoy rigen sus destinos y construyen sus pleitos, las palabras pronunciadas en los años ochenta por el politólogo español Juan Linz de que España había sido capaz de crear, desde las entrañas mismas del franquismo y luego con la democracia, un Estado pero no una Nación, volverán a sonar como campanadas a la medianoche.
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos on line, 13/09/2017)
How the become clairvoyant
That´s what I want to know
Just tell me where to sign
And point me where to go
(Robbie Robertson, How to Become Clairvoyant, 2011)
1.
El año pasado (2016) y hasta el primer mes del 2017 tuve la oportunidad de realizar una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante ese tiempo, pude constatar la endiablada complejidad política del tema de la independencia que reclaman no pocos ciudadanos, partidos y organizaciones de Cataluña, un reclamo que se nutre con diversa intensidad de relatos históricos, mitos fundacionales, afrentas políticas, delirios nacionalistas, identidades culturales, y diversos paquetes de razones políticas y económicas. Todo depende a quien se le pregunte, en qué momento y bajo qué circunstancias. Partida por la mitad, la sociedad catalana -de Barcelona a Girona, de Tarragona o Sitges a Badalona, en el barrio del Born, del Gótico o en el del Raval-, asiste y participa en el procés protagonizado por el Govern catalán, la alcaldía de Barcelona, y el gobierno nacional español.
El espectáculo político tiene y tendrá implicaciones serias, sea cual sea su desenlace después del referéndum convocado para este próximo 1 de octubre. Fraguado a fuego lento desde hace años, el reclamo independentista admite múltiples lecturas. No sólo es una conjura radicalista, impulsada por una constelación de organizaciones ultras encabezadas por la CUP (Candidatura d´Unitat Popular), que lo es; no sólo es el fruto de la torpeza política, la indolencia o la intolerancia mostrada por el Gobierno español, en particular por el oficialismo del Partido Popular encabezado por Rajoy, que también lo es; tampoco es el resultado (malo) de la incapacidad de la izquierda socialista española tradicional (PSOE), o de la ambigua orientación populista que domina a Podemos, por buscar una salida negociada a las tensiones entre Barcelona y Madrid, que también lo es. Estas lecturas están hoy en el centro de la lucha por la legitimidad del reclamo independentista catalán, y son ejercicios que simbolizan y imprimen significado a la tensión política de la cuestión catalana contemporánea.
2.
Algunas de las imágenes más potentes del conflicto son visibles, están pegadas en las fachadas de muchos de los pisos de las calles y avenidas barcelonesas. Las banderas catalanas (esteladas) cuelgan de los balcones de las avingudas, las travesseras y las carrers de la ciudad. También se pueden observar en los partidos del Barsa en el Camp Nou, o en cualquier concierto de música electrónica celebrado en algún foro de las playas del mediterráneo de la Barceloneta. Con frecuencia, se observan también frases como “libertad”, “dignidad”, “felicidad”, “justicia”. En comparación, las expresiones unionistas, españolistas, son escasas, aunque las hay. Las movilizaciones independentistas son multitudinarias, mientras que las unionistas son muy pocas. El clima de la época parece abrumadoramente dominado por las utopías nacionalistas e independentistas que impulsa el Govern y sus aliados, que hablan con entusiasmo y convicción de la formación de una “nación de países catalanes” (que incluyen, por ejemplo al Principado de Andorra, en donde también se habla catalán).
Pero la vida catalana, como todas, está hecha de rutinas y prácticas habitualmente ajenas o alejadas de las pasiones y los intereses de la lucha entre los protagonistas políticos del pleito. La cotidianidad no es gobernada por la dicotomía independencia/unión, entre la identidad entre Catalunya o España. En los mercados, en las escuelas y en las universidades, la vida fluye con los asuntos prácticos, que tiene que ver con una intensa fusión entre lo regional y lo nacional. El pan con tomate se come con jamón ibérico, lo mismo que los jóvenes y niños catalanes pasan con fluidez asombrosa de su lengua materna al español (castellano), todos los días en los espacios públicos y privados, en el metro, la escuela, en el futbol, en las calles. La vida cultural y el comercio se funden en las conversaciones cotidianas, en las terrazas de Las Ramblas, las celebraciones de día de Sant Jordi o de la Diada (el día nacional catalán), coexisten con celebraciones religiosas que rápidamente se han vuelto laicas, como en muchas otras partes del mundo.
La intensa migración de los últimos años ha llenado barrios enteros de Barcelona y de sus alrededores de familias extensas y bulliciosas de paquistaníes, marroquíes, hindúes, senegaleses, ecuatorianos, coreanos, chinos, argentinos o dominicanos. Y es sorprendente la probada capacidad de inclusión de la sociedad catalana de grupos de orígenes culturales y sociales tan diversos, que se combina con la elástica capacidad de adaptación de estos grupos al contexto local.
Si uno pasa por Poble Sec (el barrio donde nació Serrat), la sensación de estar en un micro-mundo alejado de las pasiones independentistas/españolistas es muy clara. El célebre Teatro Apolo, o el de El Molino, separados solamente por la avenida Parel-lel del barrio de El Raval, significan para el forastero un espacio urbano de convivencia que nada o poco tiene que ver con el clima político de la época. El termómetro de las pasiones y de los intereses depende en buena medida del territorio, de las poblaciones, de los barrios. Lo intuían Marx y Engels, lo decía Norbert Elias, lo describía Manuel Vázquez Montalbán (nacido justamente en El Raval), lo cantaba el propio Serrat recorriendo las calles empinadas que conducen al Montjuic.
3.
La épica independentista se funda en una retórica incendiaria, apasionada, que es, o pretende ser, a la vez ética, cultural, moral y política. Detrás de ellos coexisten una constelación de discursos específicos, que van del anarquismo antisistema al nacionalismo, del populismo al antineoliberalismo, de la crítica a la democracia representativa a las virtudes del asambleísmo. Eso se expresa en una multitud de agrupaciones políticas muy extrañas, que configuran un mapa político muy difícil de descifrar para un forastero. Junts pel Sí, CUP, Catalunya Si que es Pot, PDeCAT, ERC, Podem Catalunya (que se ha transformado en Catalunya en Comú), conforman algunas de las organizaciones que habitan el barroco panorama político catalán de la coyuntura. Ahí se anidan historia viejas y nuevas, narrativas encontradas, grupos y grupúsculos que se han unido por la cerrazón del partido popular, por la incapacidad de la izquierda socialista, por el espíritu de la época, por las creencias, por la experiencia, por la desesperación, el temor, por las ganas de creer en algo, impulsados por las ansiedades de la negociación o por las pasiones de la ruptura.
Las claves de entendimiento del desafío independentista combinan historia, política y sociología. Sus raíces penetran en el pasado monárquico y franquista, y contienen episodios de resistencia, de rebeldía y de fracasos políticos y culturales tanto de Catalunya como de España. La configuración de corrientes y expresiones políticas obedecen a una lógica de negociación y autonomía entre partidos locales, regionales y nacionales, que se ha resuelto con el reconocimiento del estatuto autonómico incluido en la constitución española de 1978, pero que se refleja en la construcción de equilibrios inestables entre Madrid y Barcelona desde la era previa y posterior a los Juegos Olímpicos de 1992, que se suele considerar un momento significativo en la historia de las relaciones entre Catalunya y España. Sin embargo, para no pocos analistas españoles y catalanes, el punto clave es situar el problema como autonomía o como independencia. Pero el hecho es que las circunstancias y los acontecimientos derrotaron poco a poco el tema autonómico para colocarlo como un tema independentista, y los grupos moderados parecen haber sido derrotados por los grupos radicales de ambos bandos.
4.
En medio de la anárquica invasión turística que ha desbordado desde hace años la vida en la ciudad, los debates políticos sobre el independentismo catalán han llenado el espacio público (medios y redes sociales, espacios televisivos) de posiciones encontradas. Una creciente intolerancia se ha expandido entre analistas y liderazgos locales, entre académicos serios y políticos profesionales. Más allá de las fronteras de Catalunya, la intensidad de ese debate solo se mantiene quizás en Madrid, donde se suele mirar el conflicto como una amenaza más que como una oportunidad de transformación y modernización del formato democrático español. El dilema democracia o dictadura se ha instalado en el imaginario y los relatos políticos de ciertos protagonistas y analistas del pleito. El acto del terrorismo yihadista del verano pasado en Las Ramblas solo añadió mayor complejidad al clima político local y europeo. En esas condiciones, las soluciones posibles –es decir, negociadas- se han hecho terriblemente más complejas.
Añadir sangre y víctimas mortales al momento catalán solo confirmó el hecho de que el terror puede aparecer en cualquier lugar y circunstancias, pero las reacciones políticas de la coyuntura indicaron un evento inesperado, una especie de milagro político: la imagen de unión del President Puigdemont, la alcaldesa Ada Colau, el Rey Felipe y al Presidente Rajoy, parecía un rasgo de prudencia y optimismo frente a la tragedia del verano catalán, y la posible negociación de la agenda independentista. Pero muy pronto ese rasgo se disipó cuando el Parlament aprobó y confirmó la decisión de que el próximo 1 de octubre se celebrará el referéndum independentista, a lo que el gobierno de Rajoy respondió con una nueva acusación de ilegalidad del acto solicitando la intervención del Tribunal Constitucional.
5.
El 1 de octubre se ha convertido por efecto de la retórica, las decisiones y los hechos en una fecha fatal para el presente y el futuro del proceso independentista. El largo pleito político y judicial que por lo menos desde 2015 acompaña con especial intensidad el fenómeno tendrá su momento crítico y definirá el futuro de las relaciones entre Cataluña y de España. Hay por lo menos tres escenarios probables. El primero, la celebración del referéndum sin la aprobación del Tribunal Constitucional y el gobierno español. El segundo, la decisión del Parlament de suspender, cancelar o aplazar la consulta, debido a las presiones judiciales y/o políticas, dentro y fuera de Catalunya. El tercero es la intervención policiaca del gobierno nacional para impedir a toda costa la celebración del acto, apoyada muy probablemente por la resolución de las máximas instancias judiciales españolas. Hoy, como canta Robertson -el emblemático líder de The Band-, solo un acto de clarividencia sería capaz de leer correctamente las señales y puntos de referencia del drama catalán.
En cualquiera de estos escenarios, o de sus probables combinaciones e implicaciones, alguien o algunos perderán en el juego. Sin embargo, en los tiempos en que los plebiscitos y referéndums parecen ejercicios cargados por el diablo, los resultados pueden ser desagradables y política, institucional, y socialmente costosos para todos los participantes. Para Catalunya y España, y en especial para las elites políticas que hoy rigen sus destinos y construyen sus pleitos, las palabras pronunciadas en los años ochenta por el politólogo español Juan Linz de que España había sido capaz de crear, desde las entrañas mismas del franquismo y luego con la democracia, un Estado pero no una Nación, volverán a sonar como campanadas a la medianoche.
Thursday, September 07, 2017
Sociología de la desigualdad
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Sociología de la desigualdad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 07/09/2017)
Lo sabemos desde hace tiempo: las posibilidades de que los hijos de las familias mexicanas más pobres lleguen a cursar estudios universitarios son muy bajas. Si, además, esos niños y niñas nacen en el seno de familias indígenas que viven en condiciones de aislamiento geográfico, que repiten una y otra vez las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones enteras, las posibilidades son francamente remotas. La herencia negra de la desigualdad es justamente esa: la pobreza crónica de millones de familias urbanas y rurales mexicanas coloca a las nuevas generaciones en condiciones de muy difícil acceso a los beneficios teóricos y prácticos que proporciona la educación superior: estatus, ingreso, movilidad social ascendente, mejores condiciones de adaptación a entornos laborales inestables, mayores posibilidades de compartir los costos y beneficios de la participación política y el desarrollo social.
Los datos al respecto son abrumadores. Economistas, demógrafos, antropólogos y sociólogos han documentado con amplitud el hecho de que el acceso a la educación superior es hoy, fácticamente, un privilegio más que un derecho o una oportunidad. Que sólo 3 o 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años estén inscritos en alguna modalidad de la educación superior es un dato que revela la punta del iceberg de la desigualdad socio-educativa. Si uno lo mira por origen social o por grupos de ingreso económico, los datos son más dramáticos: 1 de cada 10 individuos pertenecientes a los grupos más pobres logra ingresar a la educación superior, contra 6 de cada 10 de los grupos de más alto origen social (escolaridad de los padres) y más alto ingreso económico (los ubicados en los deciles o quintiles superiores empleados convencionalmente en las mediciones de distribución del ingreso).
Hoy, los años de escolaridad promedio de la población mexicana son de 9 años, es decir, alcanzamos el tercer año de secundaria. Según datos del INEE, incrementar en un grado la escolaridad promedio nos lleva una década. Eso significa que, para alcanzar la escolaridad mínima obligatoria derivada de la reforma al artículo tercero constitucional acordada hace unos años, la educación media superior (es decir, 12 años de escolaridad), nos llevará más o menos treinta años. Tal vez, para el año 2047, el destino educativo nos alcance, aunque sea solo en promedio.
Pero como todos los promedios, los datos son engañosos. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, donde las tasas de escolarización superior y los años de escolaridad general son más elevados que los de regiones como Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Los rostros de la desigualdad social son también los rostros de la desigualdad educativa. Y a pesar de la expansión acelerada de instituciones públicas y privadas, del incremento de las matrículas universitarias y no universitarias, de políticas y programas más o menos ambiciosos y eficaces de cobertura, calidad y equidad dirigidas a la educación superior, los avances son muy lentos, y los rezagos y déficits se acumulan en el horizonte social, político y de políticas.
Estos datos generales indican que el país arrastra desde hace mucho tiempo (es decir, muchos sexenios) el rezago acumulado y la inequidad en el acceso como factores de la desigualdad educativa. El problema del acceso a la educación superior tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los niveles básicos del sistema, especialmente en la secundaria, donde los índices de reprobación, de deserción y de baja eficiencia terminal son los más altos de todo el sistema educativo. Ahí se truncan la posibilidades de “movilidad educativa ascendente” de millones de jóvenes, que quedan sin oportunidades de escolarización posterior, o lo hacen en condiciones muy difíciles. Su incorporación temprana a empleos temporales, precarios y mal pagados, situados abrumadoramente en la informalidad, se combina con entornos sociales y familiares que sellan frecuentemente el círculo de hierro de la pobreza: ignorancia, adicciones, paternidades o maternidades no deseadas, marginación, frustración y abandono.
Según datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” dado a conocer por el CONEVAL la semana pasada, entre 2010 y 2014 se incrementó ligeramente el número de jóvenes en condición de pobreza, al pasar a representar del 46 al 47% del total. Pero el fenómeno reciente a considerar es que el desempleo entre los jóvenes con mayores niveles educativos es un nuevo desafío para las políticas sociales. Según los datos, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta la licenciatura se encuentran ocupados (53.9%), y, de ésos, casi 6 de cada 10 “no tiene acceso a servicios de salud”, y “cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.”
Desde la economía política de la desigualdad, estas cifras ilustran el tamaño de los déficits cuantitativos de inclusión de los jóvenes a la educación superior y al empleo digno, y muestran la magnitud de los problemas de la desigualdad entre quienes han alcanzado ingresar a la educación superior. Una mirada más cualitativa, desde la sociología de la desigualdad, en torno a la configuración de los circuitos de opulencia, de supervivencia y de precariedad que caracterizan hoy a la educación terciaria mexicana, nos muestra los rostros poli-clasistas y mono-clasistas del acceso a las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias, de educación superior. En la próxima colaboración, exploraremos con algún detalle esos rostros.
Sociología de la desigualdad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 07/09/2017)
Lo sabemos desde hace tiempo: las posibilidades de que los hijos de las familias mexicanas más pobres lleguen a cursar estudios universitarios son muy bajas. Si, además, esos niños y niñas nacen en el seno de familias indígenas que viven en condiciones de aislamiento geográfico, que repiten una y otra vez las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones enteras, las posibilidades son francamente remotas. La herencia negra de la desigualdad es justamente esa: la pobreza crónica de millones de familias urbanas y rurales mexicanas coloca a las nuevas generaciones en condiciones de muy difícil acceso a los beneficios teóricos y prácticos que proporciona la educación superior: estatus, ingreso, movilidad social ascendente, mejores condiciones de adaptación a entornos laborales inestables, mayores posibilidades de compartir los costos y beneficios de la participación política y el desarrollo social.
Los datos al respecto son abrumadores. Economistas, demógrafos, antropólogos y sociólogos han documentado con amplitud el hecho de que el acceso a la educación superior es hoy, fácticamente, un privilegio más que un derecho o una oportunidad. Que sólo 3 o 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años estén inscritos en alguna modalidad de la educación superior es un dato que revela la punta del iceberg de la desigualdad socio-educativa. Si uno lo mira por origen social o por grupos de ingreso económico, los datos son más dramáticos: 1 de cada 10 individuos pertenecientes a los grupos más pobres logra ingresar a la educación superior, contra 6 de cada 10 de los grupos de más alto origen social (escolaridad de los padres) y más alto ingreso económico (los ubicados en los deciles o quintiles superiores empleados convencionalmente en las mediciones de distribución del ingreso).
Hoy, los años de escolaridad promedio de la población mexicana son de 9 años, es decir, alcanzamos el tercer año de secundaria. Según datos del INEE, incrementar en un grado la escolaridad promedio nos lleva una década. Eso significa que, para alcanzar la escolaridad mínima obligatoria derivada de la reforma al artículo tercero constitucional acordada hace unos años, la educación media superior (es decir, 12 años de escolaridad), nos llevará más o menos treinta años. Tal vez, para el año 2047, el destino educativo nos alcance, aunque sea solo en promedio.
Pero como todos los promedios, los datos son engañosos. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, donde las tasas de escolarización superior y los años de escolaridad general son más elevados que los de regiones como Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Los rostros de la desigualdad social son también los rostros de la desigualdad educativa. Y a pesar de la expansión acelerada de instituciones públicas y privadas, del incremento de las matrículas universitarias y no universitarias, de políticas y programas más o menos ambiciosos y eficaces de cobertura, calidad y equidad dirigidas a la educación superior, los avances son muy lentos, y los rezagos y déficits se acumulan en el horizonte social, político y de políticas.
Estos datos generales indican que el país arrastra desde hace mucho tiempo (es decir, muchos sexenios) el rezago acumulado y la inequidad en el acceso como factores de la desigualdad educativa. El problema del acceso a la educación superior tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los niveles básicos del sistema, especialmente en la secundaria, donde los índices de reprobación, de deserción y de baja eficiencia terminal son los más altos de todo el sistema educativo. Ahí se truncan la posibilidades de “movilidad educativa ascendente” de millones de jóvenes, que quedan sin oportunidades de escolarización posterior, o lo hacen en condiciones muy difíciles. Su incorporación temprana a empleos temporales, precarios y mal pagados, situados abrumadoramente en la informalidad, se combina con entornos sociales y familiares que sellan frecuentemente el círculo de hierro de la pobreza: ignorancia, adicciones, paternidades o maternidades no deseadas, marginación, frustración y abandono.
Según datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” dado a conocer por el CONEVAL la semana pasada, entre 2010 y 2014 se incrementó ligeramente el número de jóvenes en condición de pobreza, al pasar a representar del 46 al 47% del total. Pero el fenómeno reciente a considerar es que el desempleo entre los jóvenes con mayores niveles educativos es un nuevo desafío para las políticas sociales. Según los datos, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta la licenciatura se encuentran ocupados (53.9%), y, de ésos, casi 6 de cada 10 “no tiene acceso a servicios de salud”, y “cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.”
Desde la economía política de la desigualdad, estas cifras ilustran el tamaño de los déficits cuantitativos de inclusión de los jóvenes a la educación superior y al empleo digno, y muestran la magnitud de los problemas de la desigualdad entre quienes han alcanzado ingresar a la educación superior. Una mirada más cualitativa, desde la sociología de la desigualdad, en torno a la configuración de los circuitos de opulencia, de supervivencia y de precariedad que caracterizan hoy a la educación terciaria mexicana, nos muestra los rostros poli-clasistas y mono-clasistas del acceso a las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias, de educación superior. En la próxima colaboración, exploraremos con algún detalle esos rostros.
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