Estación de paso
Becarios
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 24/05/2018)
Desde su origen medieval, las universidades desarrollaron un complicado entramado de relaciones entre estudiantes y profesores que derivaron de las viejas prácticas de los oficios entre aprendiz y maestro. Dado su origen corporativo –la universidad como una corporación o comunidad de practicantes especializada en el mismo oficio (leer y escribir)-, esa relación de aprendices-alumnos/profesores-maestros, se constituyó como el núcleo duro del orden institucional universitario, un núcleo que se mantiene el centro de la vida escolar universitaria desde hace más de nueve siglos.
Con la revolución académica de principios del siglo XIX, en la cual la enseñanza, la investigación y los aprendizajes se consolidaron como el paradigma dominante de la educación superior, los aprendices se convirtieron en estudiantes-becarios y los profesores-investigadores en tutores. Incorporarse a las tareas de enseñanza e investigación se convirtió en la principal ruta de acceso a la ciencia y a la tecnología, una ruta generalmente pavimentada por el camino de las becas o patrocinios públicos o privados. Con el ascenso del Estado del Bienestar, el derecho a la educación se constituyó como uno de los pilares de las políticas sociales, que incluyeron la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza pública, que contemplaron casi desde el principio sistemas nacionales de becas para los sectores que por su origen social o por méritos individuales (o ambas) debían ser apoyadas mediante transferencias financieras públicas directas (a los individuos) o indirectas (a los programas o instituciones de adscripción de los estudiantes).
En ese contexto surge la figura del becario moderno, un estudiante generalmente universitario que en virtud de su ciudadanía, origen social, méritos académicos o capacidades intelectuales, es considerado por el Estado o por las propias instituciones universitarias como un individuo con el derecho a ser apoyado para realizar sus estudios. Esa figura ha adquirido legitimidad y representación entre las comunidades académicas universitarias en México. Se sabe que mediante diversos programas –federales, estatales, municipales, institucionales- los jóvenes estudiantes mexicanos pueden tener acceso a diversos tipos de apoyos públicos y privados para mejorar el acceso, la permanencia y tránsito por los estudios técnicos, de licenciatura o de posgrado en las diversas instituciones nacionales de educación. Sin embargo, poco se sabe de las prácticas de los becarios, el sentido de su trabajo, las condiciones de su desempeño, los resultados que se obtienen.
Según datos registrados en el Anexo del 5º. Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, durante el ciclo escolar 2016-2017 se otorgaron un total de 7.7 millones de becas a los niños y jóvenes mexicanos de todos los niveles educativos. De ese total, 6.1 millones corresponden al Programa de Inclusión Social (PROSPERA)- que se distribuyen mayormente en los niveles educativos básicos: primaria y secundaria-, 525 mil son becas de “manutención” (lo que antes era PRONABES), y poco más de un millón corresponden a “otras becas”. En este último rubro se consideran las 151 mil becas de nivel superior que se otorgaron en 2017, de las cuales poco más de 58 mil son las de becarios de posgrado del CONACYT.
Los datos son apenas la puerta de entrada al análisis del “becariato” mexicano moderno. Como parte de las políticas de accesibilidad al derecho a la educación, las últimas seis administraciones federales han instrumentado diversos programas de becas públicas para los jóvenes mexicanos. Existen actualmente tres grandes tipos de becas y de becarios: las de manutención, las ”científicas”, y para estudios de posgrado. Las primeras se destinan básicamente a estudiantes de licenciatura universitaria, con el propósito de apoyar gastos de transporte y alimentación durante su trayecto escolar. Las segundas se dirigen a la contratación de auxiliares de investigación en proyectos dirigidos por investigadores consolidados (SNI). Las terceras son la de los estudiantes que fueron aceptados en programas de posgrado reconocidos en el Padrón de Posgrados de Calidad del CONACYT.
Pero existen también un conjunto amplio y heterogéneo de becas públicas y privadas de las cuales no tenemos datos precisos (o incluso, no existen datos). Muchos gobiernos estatales y no pocos municipales destinan una fracción de sus presupuestos al otorgamiento de becas para el nivel medio superior y superior en sus respectivos territorios y poblaciones. Asimismo, las propias universidades públicas suelen destinar un porcentaje de sus recursos al otorgamiento de becas a sus estudiantes, ya sea en forma de apoyos para compra de artículos escolares, alimentación, transporte, o mediante la condonación de pagos de matrícula semestral o anual a los estudiantes que así lo soliciten. Las becas privadas que manejan instituciones educativas particulares, bancos o fundaciones, muchas veces bajo la forma de becas-crédito, también forman parte del complicado universo de los becarios mexicanos.
Es difícil hablar entonces de un sistema nacional de becas. Tenemos en el mejor de los casos un sistema federal de becas, que coexiste con conjuntos dispersos de becas y de becarios en los ámbitos locales, públicos y privados. Sin embargo, no existe un registro sistemático de seguimiento de becarios que permita conocer con mayor precisión y profundidad sus distintos tipos y perfiles, sus trayectorias, sus desempeños, sus comportamientos y prácticas. Aunque existen esfuerzos notables de investigación en torno a casos específicos –programas, escuelas, algunas instituciones-, no disponemos de un sistema de información que permita construir conocimiento sobre los miles de jóvenes que son apoyados con recursos públicos o privados a través de becas. Ahora que se anuncia una suerte de programa universal de becas para todos los jóvenes (“queremos tener becarios y no sicarios”, ha dicho en reiteradas ocasiones en buen modo político-electoral el puntero AMLO), quizá sea el momento de avanzar en la configuración de un verdadero sistema nacional de becas que incluya información básica para el conocimiento del becariato mexicano del siglo XXI.
Thursday, May 24, 2018
Friday, May 11, 2018
Historia local de la infamia
Estación de paso
Historia local de la infamia
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 10/05/2018)
Desde hace mucho tiempo la desaparición de cientos (¿miles?) de jóvenes ha dejado de ser parte ocasional de la nota roja para asentarse como asunto cotidiano de las postales políticas y sociológicas de nuestra época. Son estampas de tiempos malditos, forjados lentamente bajo el clima ominoso de la crisis de violencia e inseguridad pública que parece haberse asentado en todo el país, donde el tema de las desapariciones se ha colocado en el centro de los reclamos, preocupaciones y ansiedades de muchas zonas de nuestra vida pública. Nunca como hoy, los jóvenes desaparecidos, de Ayotzinapa a Guadalajara, pasando por los cientos de casos que nunca aparecen o capturan poco la atención en los espacios mediáticos virtuales y tradicionales, se han convertido en uno de los puntos críticos de la abultada agenda de los déficits mexicanos contemporáneos.
La crisis de inseguridad es una de las dimensiones del la crisis del Estado mexicano. Disolver en ácido, desmembrar o reducir a cenizas los restos de jóvenes secuestrados y asesinados con saña inaudita, es tan sólo la lúgubre nota final de un fenómeno que ha rebasado de lejos la capacidad estatal de proporcionar mínimos de seguridad pública a sus ciudadanos. Una mezcla fatal de corrupción, impunidad, ineficiencia, ineficacia e indolencia se encuentra en el centro de la erosión de la capacidad del Estado mexicano para inhibir, controlar y abordar la bestia indomable de la violencia homicida que exhiben los grupos de depredadores que deambulan por ciudades y pueblos mexicanos.
La magnitud y complejidad del fenómeno es de suyo evidente. Revela una historia de descomposición moral y social, una era de anomia que se ha ensañado particularmente con los jóvenes de entre 15 y 29 años, según lo expresan los datos de las propias autoridades. El registro de denuncias y el conteo siniestro de cadáveres se han convertido en la única acción pública posible, fuentes inquietantes de información para tratar de entender y construir alguna explicación al abismo negro de las desapariciones. Se multiplican los lamentos, las carpetas de investigación, las hipótesis criminales. Sin embargo, las mismas preguntas laten en el ánimo sombrío de la vida pública: ¿por qué está ocurriendo? ¿porqué aquí y ahora? ¿qué tipo de causalidad explica los hechos? ¿por qué no se resuelven los casos? ¿cómo evitar que los rastros de sangre y muerte se multipliquen sin explicación, ni control, ni remedio?
Años de impunidad y extravíos políticos están detrás de cualquier explicación. Pero la guerra contra las drogas, la inexistencia del Estado de Derecho, el estancamiento económico, la persistencia de la desigualdad social, son explicaciones demasiado generales y banales para comprender las causas profundas de las desapariciones y asesinatos. Lo que tenemos enfrente es otra cosa. Es un espectáculo de horror y fatalidad social acumuladas, expresado por los cientos de sicarios y psicópatas que exhiben sus creencias y prácticas en redes y medios, en calles, en videos y canciones de rap.
El grado de crueldad que hemos visto supera cualquier otro espectáculo similar contemporáneo. Crueldad física y psicológica, desprovista de cualquier consideración moral, como práctica dominada por el cálculo del daño, por la exhibición del puro poder físico sobre víctimas inermes e inocentes. La estrategia de destrucción como arma contundente para pulverizar o disolver entre fuego y ácido cualquier resistencia a la autoridad impostada pero incontenible de los depredadores. Son pandillas de jóvenes secuestrando, matando y desapareciendo a otros jóvenes. Territorios de autoridades legítimas coexistiendo con la autoridad criminal de narcos, traficantes de blancas y de armas, secuestradores y extorsionadores de baja o alta ralea.
Individuos, tribus y organizaciones de eficiencia temible actuando en entornos de ineficacia brutal de policías locales, estatales y federales, de burocracias judiciales entrampadas y corruptas, de liderazgos políticos incapaces, incrédulos o confundidos por la magnitud de lo que ocurre frente a sus propios ojos. Sociedades locales dominadas por la rabia, la indignación o la impotencia. Pero también voces y grupos que solapan, toleran o justifican los hechos como meros problemas de individuos aislados, solitarios, que de alguna manera “encuentran lo que buscan”. Son los déficits del Estado combinados con los déficits de cohesión social largamente acumulados en los sótanos y márgenes de la cultura, la economía y la política.
Jóvenes matando jóvenes. El Mencho, el Cholo, el QBA, el Cochi, el Canzón. Individuos detrás de apodos que representan trayectorias surgidas en estados larvarios bajo climas de naturalización de la violencia, relatos de sangre y poder, épicas de la crueldad, búsqueda desesperada de opciones de movilidad social, de sentidos de pertenencia e identidad que no proporcionan ni la escuela, ni el trabajo, ni la religión, ni las familias ni las comunidades. Comportamientos que no son inhibidos por el temor ni a Dios ni al Estado. Son los rostros y hechos cotidianos que habitan nuestra propia, terrible, historia local de la infamia.
Historia local de la infamia
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 10/05/2018)
Desde hace mucho tiempo la desaparición de cientos (¿miles?) de jóvenes ha dejado de ser parte ocasional de la nota roja para asentarse como asunto cotidiano de las postales políticas y sociológicas de nuestra época. Son estampas de tiempos malditos, forjados lentamente bajo el clima ominoso de la crisis de violencia e inseguridad pública que parece haberse asentado en todo el país, donde el tema de las desapariciones se ha colocado en el centro de los reclamos, preocupaciones y ansiedades de muchas zonas de nuestra vida pública. Nunca como hoy, los jóvenes desaparecidos, de Ayotzinapa a Guadalajara, pasando por los cientos de casos que nunca aparecen o capturan poco la atención en los espacios mediáticos virtuales y tradicionales, se han convertido en uno de los puntos críticos de la abultada agenda de los déficits mexicanos contemporáneos.
La crisis de inseguridad es una de las dimensiones del la crisis del Estado mexicano. Disolver en ácido, desmembrar o reducir a cenizas los restos de jóvenes secuestrados y asesinados con saña inaudita, es tan sólo la lúgubre nota final de un fenómeno que ha rebasado de lejos la capacidad estatal de proporcionar mínimos de seguridad pública a sus ciudadanos. Una mezcla fatal de corrupción, impunidad, ineficiencia, ineficacia e indolencia se encuentra en el centro de la erosión de la capacidad del Estado mexicano para inhibir, controlar y abordar la bestia indomable de la violencia homicida que exhiben los grupos de depredadores que deambulan por ciudades y pueblos mexicanos.
La magnitud y complejidad del fenómeno es de suyo evidente. Revela una historia de descomposición moral y social, una era de anomia que se ha ensañado particularmente con los jóvenes de entre 15 y 29 años, según lo expresan los datos de las propias autoridades. El registro de denuncias y el conteo siniestro de cadáveres se han convertido en la única acción pública posible, fuentes inquietantes de información para tratar de entender y construir alguna explicación al abismo negro de las desapariciones. Se multiplican los lamentos, las carpetas de investigación, las hipótesis criminales. Sin embargo, las mismas preguntas laten en el ánimo sombrío de la vida pública: ¿por qué está ocurriendo? ¿porqué aquí y ahora? ¿qué tipo de causalidad explica los hechos? ¿por qué no se resuelven los casos? ¿cómo evitar que los rastros de sangre y muerte se multipliquen sin explicación, ni control, ni remedio?
Años de impunidad y extravíos políticos están detrás de cualquier explicación. Pero la guerra contra las drogas, la inexistencia del Estado de Derecho, el estancamiento económico, la persistencia de la desigualdad social, son explicaciones demasiado generales y banales para comprender las causas profundas de las desapariciones y asesinatos. Lo que tenemos enfrente es otra cosa. Es un espectáculo de horror y fatalidad social acumuladas, expresado por los cientos de sicarios y psicópatas que exhiben sus creencias y prácticas en redes y medios, en calles, en videos y canciones de rap.
El grado de crueldad que hemos visto supera cualquier otro espectáculo similar contemporáneo. Crueldad física y psicológica, desprovista de cualquier consideración moral, como práctica dominada por el cálculo del daño, por la exhibición del puro poder físico sobre víctimas inermes e inocentes. La estrategia de destrucción como arma contundente para pulverizar o disolver entre fuego y ácido cualquier resistencia a la autoridad impostada pero incontenible de los depredadores. Son pandillas de jóvenes secuestrando, matando y desapareciendo a otros jóvenes. Territorios de autoridades legítimas coexistiendo con la autoridad criminal de narcos, traficantes de blancas y de armas, secuestradores y extorsionadores de baja o alta ralea.
Individuos, tribus y organizaciones de eficiencia temible actuando en entornos de ineficacia brutal de policías locales, estatales y federales, de burocracias judiciales entrampadas y corruptas, de liderazgos políticos incapaces, incrédulos o confundidos por la magnitud de lo que ocurre frente a sus propios ojos. Sociedades locales dominadas por la rabia, la indignación o la impotencia. Pero también voces y grupos que solapan, toleran o justifican los hechos como meros problemas de individuos aislados, solitarios, que de alguna manera “encuentran lo que buscan”. Son los déficits del Estado combinados con los déficits de cohesión social largamente acumulados en los sótanos y márgenes de la cultura, la economía y la política.
Jóvenes matando jóvenes. El Mencho, el Cholo, el QBA, el Cochi, el Canzón. Individuos detrás de apodos que representan trayectorias surgidas en estados larvarios bajo climas de naturalización de la violencia, relatos de sangre y poder, épicas de la crueldad, búsqueda desesperada de opciones de movilidad social, de sentidos de pertenencia e identidad que no proporcionan ni la escuela, ni el trabajo, ni la religión, ni las familias ni las comunidades. Comportamientos que no son inhibidos por el temor ni a Dios ni al Estado. Son los rostros y hechos cotidianos que habitan nuestra propia, terrible, historia local de la infamia.
Thursday, April 26, 2018
Neopopulismo y neoliberalismo
Las formas del agua: neopopulismo y neoliberalismo
Adrián Acosta Silva
The power of reason, the top of the heap
Don Henley, Building the Perfect Beast
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8942
En los democráticos tiempos mexicanos que corren, los imaginarios políticos han adquirido una centralidad inevitable y quizá indiscutible. Cuentan por supuesto las interpretaciones, los lenguajes y sus ambigüedades, las prácticas electorales, pero destacan con fuerza la exhibición de creencias y símbolos de los candidatos, la retórica sonora de la competencia por votos que atraviesa el ámbito público nacional. Las distintas fuerzas y actores políticos emplean a fondo sus artefactos discursivos, sus spots, sus frases de cinco-diez-doce palabras para calificar y descalificar, para llamar la atención de los indecisos o convencer a los escépticos e infieles de la bondad de sus intenciones, de la racionalidad de sus causas, de la necesidad de sus propuestas.
El territorio está marcado por el dramatismo patriótico y la ansiedad nacionalista de los protagonistas del espectáculo de temporada. La coherencia entre palabras y hechos es irrelevante. Pero entre el estruendo y el escándalo, puede advertirse una dicotomía política clara en el torneo electoral: de un lado, los que advierten de los peligros del neopopulismo para el futuro de la República: del otro, los que insisten en que todos los males republicanos son culpa del neoliberalismo. Unos claman que votar por el nuevo populismo es votar por el pasado, una opción que es inviable, indeseable, incompatible para el futuro luminoso del país; la otra insiste en que justamente es el pasado reciente del país, dominado por el dogma neoliberal y sus políticas, las que ha hundido al país en la corrupción, la pobreza y la desigualdad. La dicotomía adquiere entonces la forma del agua. Es inasible, paradójica, pero curiosamente comparte un mismo punto de referencia: la crítica al pasado remoto y reciente.
Para los críticos de la Coalición encabezada por AMLO la amenaza del populismo forma parte del discurso del miedo. En redes y medios, el populismo es empleado como un insulto, en el mejor de los casos como una descalificación, dirigido a infundir temor entre electores indecisos. El populismo es dibujado como una bestia perfecta: un movimiento autoritario, caudillista, corrupto, ineficiente, xenófobo, nostálgico, capaz de conducir al país a una crisis sin precedentes, donde todos vamos a perder dinero, propiedades y libertades. Esa imagen del populismo se nutre indistintamente de mitos y noticias falsas, de hechos históricos y herencias institucionales, de creencias sólidas e ideologías ambiguas, de supuestos heroicos y de evidencias más o menos demostrables.
Esta armagasa ideológica multiforme es propia de la épica electoral, donde la simplificación y el maniqueísmo son monedas de curso legal. Sin embargo, tal vez conviene reconocer que la bestia del populismo tiene una dimensión histórica difícil de rebatir, con resultados relativamente positivos particularmente en México y en América Latina. Populistas fueron el cardenismo mexicano, el peronismo argentino y el varguismo brasileño, regímenes políticos y de políticas que impusieron/negociaron con las sociedades respectivas la construcción de las bases materiales, políticas e ideológicas de los regímenes nacional-populares, esas bases que permitieron que nuestras sociedades dejaran de ser la colección de pueblos pulqueros, azucareros o mineros que eran a principios del siglo XX. A su manera, el populismo puede ser visto como el primer gran experimento modernizador y desarrollista del siglo pasado.
¿Qué explica esa capacidad transformadora del populismo de “primera generación” y de los neopopulismos que emergieron hacia finales del siglo pasado como alternativas al predominio neoliberal? La identificación del gobierno de un líder con el pueblo como el centro simbólico del régimen político. Esa identificación explica la construcción de grandes partidos y organizaciones políticas nacionales, discursos nacionalistas que cohesionan a las masas con el Estado, la construcción de prácticas de intercambio frecuentemente centradas en relaciones corporativas, clientelares y patrimonialistas, donde líderes políticos, caudillos y caciques eran/son las representaciones empíricas del Estado (es decir la representación de la autoridad) en las escalas locales. La legitimidad populista fue y puede ser la expresión de un sistema político no pluralista pero eficaz, capaz de ofrecer reglas mínimas y garantías básicas a las clases y estratos de sociedades brutalmente desiguales.
El viejo y el nuevo populismo tiene sin embargo un lado oscuro: sus tendencias (casi) inevitables hacia el autoritarismo, su difícil reconocimiento de la pluralidad como un componente central de las democracias, su frecuente tendencia hacia la personalización de las relaciones políticas. Para el populismo de salón, el ejercicio del poder es siempre una práctica bajo condiciones controladas, gravitadas en el centro radial por la figura de un líder que siempre actúa en nombre del pueblo y contra sus enemigos internos y externos. Por ello, populismo, pluralismo y democracia son fuerzas que configuran en ocasiones equilibrios inestables y potencialmente catastróficos.
Pero a la bestia neo-populista le enfrenta otra bestia perfecta: la del neoliberalismo. Las reformas de mercado, la mitología de la competencia como el mecanismo más eficiente para la producción y distribución de bienes y servicios, la fobia al regulacionismo estatal, el endiosamiento del mercado, forman parte de sus señas de identidad, el número en la frente de la bestia. La racionalidad neoliberal inicia y se agota en la figura del homo economicus, donde bajo el supuesto de reglas e incentivos claros se producen teóricamente comportamientos económicos cooperativos y no depredadores.
Amparados en la forma neoliberal, se prometieron reformas estructurales, Estado de derecho, prosperidad, democracia, justicia. El salinismo en México, el menemismo en Argentina, se convirtieron en los símbolos más conocidos del credo neoliberal, aunque con raíces irrenunciables –por incapacidad, por pragmatismo o por cálculo- en el populismo de sus respectivos partidos políticos: el priismo y el peronismo. Si en los años ochenta y buena parte de los noventa predominó el neoliberalismo como una especie de pensamiento único entre las élites políticas predominantes, sus formas de operación política descansaron en los mecanismos tradicionales de la gobernabilidad populista. Sin duda, una paradoja maestra.
Hoy, el enfrentamiento entre las bestias del neopopulismo y el neoliberalismo acapara los reflectores electorales. Mientras que en América Latina el neoliberalismo –o lo que de eso quede- está de regreso en Argentina, en Chile o en Brasil, en México el péndulo parece estar de regreso con el neopopulismo. Una vez más, México es un caso a contrapelo de las corrientes políticas continentales. Mientras que el lulismo, el kirchnerismo o el chavismo (en su descompuesta versión madurista) parecen ir en retirada, el lopezobradorismo va al frente de la versión mexicana del neopopulismo. De aquí al primer domingo de julio, la lucha de bestias estará en el centro del espectáculo.
Adrián Acosta Silva
The power of reason, the top of the heap
Don Henley, Building the Perfect Beast
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8942
En los democráticos tiempos mexicanos que corren, los imaginarios políticos han adquirido una centralidad inevitable y quizá indiscutible. Cuentan por supuesto las interpretaciones, los lenguajes y sus ambigüedades, las prácticas electorales, pero destacan con fuerza la exhibición de creencias y símbolos de los candidatos, la retórica sonora de la competencia por votos que atraviesa el ámbito público nacional. Las distintas fuerzas y actores políticos emplean a fondo sus artefactos discursivos, sus spots, sus frases de cinco-diez-doce palabras para calificar y descalificar, para llamar la atención de los indecisos o convencer a los escépticos e infieles de la bondad de sus intenciones, de la racionalidad de sus causas, de la necesidad de sus propuestas.
El territorio está marcado por el dramatismo patriótico y la ansiedad nacionalista de los protagonistas del espectáculo de temporada. La coherencia entre palabras y hechos es irrelevante. Pero entre el estruendo y el escándalo, puede advertirse una dicotomía política clara en el torneo electoral: de un lado, los que advierten de los peligros del neopopulismo para el futuro de la República: del otro, los que insisten en que todos los males republicanos son culpa del neoliberalismo. Unos claman que votar por el nuevo populismo es votar por el pasado, una opción que es inviable, indeseable, incompatible para el futuro luminoso del país; la otra insiste en que justamente es el pasado reciente del país, dominado por el dogma neoliberal y sus políticas, las que ha hundido al país en la corrupción, la pobreza y la desigualdad. La dicotomía adquiere entonces la forma del agua. Es inasible, paradójica, pero curiosamente comparte un mismo punto de referencia: la crítica al pasado remoto y reciente.
Para los críticos de la Coalición encabezada por AMLO la amenaza del populismo forma parte del discurso del miedo. En redes y medios, el populismo es empleado como un insulto, en el mejor de los casos como una descalificación, dirigido a infundir temor entre electores indecisos. El populismo es dibujado como una bestia perfecta: un movimiento autoritario, caudillista, corrupto, ineficiente, xenófobo, nostálgico, capaz de conducir al país a una crisis sin precedentes, donde todos vamos a perder dinero, propiedades y libertades. Esa imagen del populismo se nutre indistintamente de mitos y noticias falsas, de hechos históricos y herencias institucionales, de creencias sólidas e ideologías ambiguas, de supuestos heroicos y de evidencias más o menos demostrables.
Esta armagasa ideológica multiforme es propia de la épica electoral, donde la simplificación y el maniqueísmo son monedas de curso legal. Sin embargo, tal vez conviene reconocer que la bestia del populismo tiene una dimensión histórica difícil de rebatir, con resultados relativamente positivos particularmente en México y en América Latina. Populistas fueron el cardenismo mexicano, el peronismo argentino y el varguismo brasileño, regímenes políticos y de políticas que impusieron/negociaron con las sociedades respectivas la construcción de las bases materiales, políticas e ideológicas de los regímenes nacional-populares, esas bases que permitieron que nuestras sociedades dejaran de ser la colección de pueblos pulqueros, azucareros o mineros que eran a principios del siglo XX. A su manera, el populismo puede ser visto como el primer gran experimento modernizador y desarrollista del siglo pasado.
¿Qué explica esa capacidad transformadora del populismo de “primera generación” y de los neopopulismos que emergieron hacia finales del siglo pasado como alternativas al predominio neoliberal? La identificación del gobierno de un líder con el pueblo como el centro simbólico del régimen político. Esa identificación explica la construcción de grandes partidos y organizaciones políticas nacionales, discursos nacionalistas que cohesionan a las masas con el Estado, la construcción de prácticas de intercambio frecuentemente centradas en relaciones corporativas, clientelares y patrimonialistas, donde líderes políticos, caudillos y caciques eran/son las representaciones empíricas del Estado (es decir la representación de la autoridad) en las escalas locales. La legitimidad populista fue y puede ser la expresión de un sistema político no pluralista pero eficaz, capaz de ofrecer reglas mínimas y garantías básicas a las clases y estratos de sociedades brutalmente desiguales.
El viejo y el nuevo populismo tiene sin embargo un lado oscuro: sus tendencias (casi) inevitables hacia el autoritarismo, su difícil reconocimiento de la pluralidad como un componente central de las democracias, su frecuente tendencia hacia la personalización de las relaciones políticas. Para el populismo de salón, el ejercicio del poder es siempre una práctica bajo condiciones controladas, gravitadas en el centro radial por la figura de un líder que siempre actúa en nombre del pueblo y contra sus enemigos internos y externos. Por ello, populismo, pluralismo y democracia son fuerzas que configuran en ocasiones equilibrios inestables y potencialmente catastróficos.
Pero a la bestia neo-populista le enfrenta otra bestia perfecta: la del neoliberalismo. Las reformas de mercado, la mitología de la competencia como el mecanismo más eficiente para la producción y distribución de bienes y servicios, la fobia al regulacionismo estatal, el endiosamiento del mercado, forman parte de sus señas de identidad, el número en la frente de la bestia. La racionalidad neoliberal inicia y se agota en la figura del homo economicus, donde bajo el supuesto de reglas e incentivos claros se producen teóricamente comportamientos económicos cooperativos y no depredadores.
Amparados en la forma neoliberal, se prometieron reformas estructurales, Estado de derecho, prosperidad, democracia, justicia. El salinismo en México, el menemismo en Argentina, se convirtieron en los símbolos más conocidos del credo neoliberal, aunque con raíces irrenunciables –por incapacidad, por pragmatismo o por cálculo- en el populismo de sus respectivos partidos políticos: el priismo y el peronismo. Si en los años ochenta y buena parte de los noventa predominó el neoliberalismo como una especie de pensamiento único entre las élites políticas predominantes, sus formas de operación política descansaron en los mecanismos tradicionales de la gobernabilidad populista. Sin duda, una paradoja maestra.
Hoy, el enfrentamiento entre las bestias del neopopulismo y el neoliberalismo acapara los reflectores electorales. Mientras que en América Latina el neoliberalismo –o lo que de eso quede- está de regreso en Argentina, en Chile o en Brasil, en México el péndulo parece estar de regreso con el neopopulismo. Una vez más, México es un caso a contrapelo de las corrientes políticas continentales. Mientras que el lulismo, el kirchnerismo o el chavismo (en su descompuesta versión madurista) parecen ir en retirada, el lopezobradorismo va al frente de la versión mexicana del neopopulismo. De aquí al primer domingo de julio, la lucha de bestias estará en el centro del espectáculo.
Poder, causas, intereses (2)
Estación de paso
El poder, las causas, los intereses (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 26/04/2018).
Durante tres gubernaturas consecutivas (1995-2012), el contexto político jalisciense experimentó una profunda transformación simbólica y práctica, durante la cual nuevos conflictos, tensiones y equilibrios marcaron el territorio de los intercambios entre sus diversos actores y fuerzas. La U. de G., como otras universidades públicas en otros contextos estatales, es un grupo de interés y un grupo de poder al mismo tiempo, clave para entender la dinámica política estatal. Durante los 18 años del panismo jalisciense, la coalición padillista hegemónica en la U. de G. mantuvo relaciones de tensión y conflicto con los gobernadores panistas en turno, relaciones marcadas por la lucha entre dos legitimidades: la de gobiernos democráticamente electos, y la de la autonomía política e institucional de la universidad, algo que Rollin Kent definió muy bien como “la disputa por la legitimidad” en el campo de la política y de las políticas de educación superior en Jalisco.
Desde la oposición política al oficialismo panista, RPL articuló una complicada y ecléctica red de alianzas con el PRI y con el PRD a nivel estatal y nacional, lo que le permitió tramitar sus intereses en ambos frentes, a través del impulso a candidaturas de funcionarios y diputados locales, federales y regidores municipales de origen universitario. Uno de los desenlaces de esa historia de tensiones fue conocido, dramático e inesperado: el suicidio de un exrector (Carlos Briseño) que fue seducido por los cantos de sirena del último gobernador panista (Emilio González), obsesionado por terminar con la carrera política de RPL y del “grupo universidad”, como el panismo y otras fuerzas políticas (y periodísticas) suelen caracterizar a la “coalición padillista”.
A lo largo de ese período de tensiones (poblado de múltiples anécdotas y microhistorias políticas), el poder de RPL, paradójicamente, se fortaleció de manera significativa. Las imágenes de cacique, líder legítimo, político visionario, empresario universitario, caudillo cultural, político astuto, se convirtieron en calificativos distribuidos heterogéneamente entre sus simpatizantes y detractores. Esos calificativos en sí mismos revelan la compleja caracterización que se puede hacer de RPL, de su trayectoria y representaciones, y de la comprensión del orden de lealtades que habita el corazón de las prácticas políticas en la U. de G. y en el régimen político jalisciense contemporáneo.
De lo que no parece haber duda es que Padilla es un político profesional que ha construido un capital político propio en el campo de la gestión cultural, un político heterodoxo que ha edificado su reputación con los códigos propios de la política, no con los de la fe religiosa. Negociar, cabildear, intercambiar favores y apoyos, distribuir recursos, impulsar algunas ideas y fortalecer algunos intereses, vetar adversarios y construir o saber escoger a sus enemigos, forman parte de los hábitos, usos y costumbres que explican las prácticas y los reflejos de la política real del padillismo, como expresión local del más viejo de los oficios, una expresión alejada de la política imaginaria, rebelde a las prescripciones normativas o a la moralina politológica, y muy cercana a la epidermis dura de la política práctica de todos los días. Por ello, su incursión en la ligas de la política nacional durante una campaña electoral reñida y complicada es un riesgo personal, profesional y político para RPL, pues pondrá en evidencia sus límites, incertidumbres y capacidades. Sería ingenuo o remoto suponer que esa decisión lo alejará de sus intereses políticos en Jalisco y en la U. de G. Lo que hará es hacer más compleja, y probablemente más interesante, la trayectoria política de Padilla y de las corrientes que le apoyan dentro y fuera de Jalisco.
Tal vez la experiencia de RPL en el ámbito cultural y político jalisciense puede ser un componente novedoso para repensar, discutir y debatir la política cultural nacional. La propuesta de ocho ejes que él mismo presentó en la conferencia de prensa del 4 de abril, en la cual Anaya anunció su incorporación a la Coalición que encabeza, sintetizan una agenda ambiciosa para colocar a la cultura como parte central de un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Esos ejes contemplan el fortalecimiento presupuestal al sector cultural, la reorganización (“reingeniería”) de la Secretaría de Cultura, el impulso a las industrias culturales, y nuevas formas de gobernanza y gestión en el sector cultural. Ya habrá oportunidad de conocer y comentar con más detalle los contenidos específicos de esas propuestas.
El poder, las causas, los intereses (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 26/04/2018).
Durante tres gubernaturas consecutivas (1995-2012), el contexto político jalisciense experimentó una profunda transformación simbólica y práctica, durante la cual nuevos conflictos, tensiones y equilibrios marcaron el territorio de los intercambios entre sus diversos actores y fuerzas. La U. de G., como otras universidades públicas en otros contextos estatales, es un grupo de interés y un grupo de poder al mismo tiempo, clave para entender la dinámica política estatal. Durante los 18 años del panismo jalisciense, la coalición padillista hegemónica en la U. de G. mantuvo relaciones de tensión y conflicto con los gobernadores panistas en turno, relaciones marcadas por la lucha entre dos legitimidades: la de gobiernos democráticamente electos, y la de la autonomía política e institucional de la universidad, algo que Rollin Kent definió muy bien como “la disputa por la legitimidad” en el campo de la política y de las políticas de educación superior en Jalisco.
Desde la oposición política al oficialismo panista, RPL articuló una complicada y ecléctica red de alianzas con el PRI y con el PRD a nivel estatal y nacional, lo que le permitió tramitar sus intereses en ambos frentes, a través del impulso a candidaturas de funcionarios y diputados locales, federales y regidores municipales de origen universitario. Uno de los desenlaces de esa historia de tensiones fue conocido, dramático e inesperado: el suicidio de un exrector (Carlos Briseño) que fue seducido por los cantos de sirena del último gobernador panista (Emilio González), obsesionado por terminar con la carrera política de RPL y del “grupo universidad”, como el panismo y otras fuerzas políticas (y periodísticas) suelen caracterizar a la “coalición padillista”.
A lo largo de ese período de tensiones (poblado de múltiples anécdotas y microhistorias políticas), el poder de RPL, paradójicamente, se fortaleció de manera significativa. Las imágenes de cacique, líder legítimo, político visionario, empresario universitario, caudillo cultural, político astuto, se convirtieron en calificativos distribuidos heterogéneamente entre sus simpatizantes y detractores. Esos calificativos en sí mismos revelan la compleja caracterización que se puede hacer de RPL, de su trayectoria y representaciones, y de la comprensión del orden de lealtades que habita el corazón de las prácticas políticas en la U. de G. y en el régimen político jalisciense contemporáneo.
De lo que no parece haber duda es que Padilla es un político profesional que ha construido un capital político propio en el campo de la gestión cultural, un político heterodoxo que ha edificado su reputación con los códigos propios de la política, no con los de la fe religiosa. Negociar, cabildear, intercambiar favores y apoyos, distribuir recursos, impulsar algunas ideas y fortalecer algunos intereses, vetar adversarios y construir o saber escoger a sus enemigos, forman parte de los hábitos, usos y costumbres que explican las prácticas y los reflejos de la política real del padillismo, como expresión local del más viejo de los oficios, una expresión alejada de la política imaginaria, rebelde a las prescripciones normativas o a la moralina politológica, y muy cercana a la epidermis dura de la política práctica de todos los días. Por ello, su incursión en la ligas de la política nacional durante una campaña electoral reñida y complicada es un riesgo personal, profesional y político para RPL, pues pondrá en evidencia sus límites, incertidumbres y capacidades. Sería ingenuo o remoto suponer que esa decisión lo alejará de sus intereses políticos en Jalisco y en la U. de G. Lo que hará es hacer más compleja, y probablemente más interesante, la trayectoria política de Padilla y de las corrientes que le apoyan dentro y fuera de Jalisco.
Tal vez la experiencia de RPL en el ámbito cultural y político jalisciense puede ser un componente novedoso para repensar, discutir y debatir la política cultural nacional. La propuesta de ocho ejes que él mismo presentó en la conferencia de prensa del 4 de abril, en la cual Anaya anunció su incorporación a la Coalición que encabeza, sintetizan una agenda ambiciosa para colocar a la cultura como parte central de un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Esos ejes contemplan el fortalecimiento presupuestal al sector cultural, la reorganización (“reingeniería”) de la Secretaría de Cultura, el impulso a las industrias culturales, y nuevas formas de gobernanza y gestión en el sector cultural. Ya habrá oportunidad de conocer y comentar con más detalle los contenidos específicos de esas propuestas.
Thursday, April 12, 2018
El poder, las causas, los intereses
Estación de paso
El poder, las causas, los intereses (1)
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 12/04/2018)
El anuncio que el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó la semana pasada de incorporar a su equipo de campaña a Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, ha causado diversas reacciones en la opinión pública. Algunos han visto el hecho como un acierto político, otros como un riesgo, algunos más como una noticia que habrá que tomar con las reservas del caso. Más allá de las interpretaciones contradictorias que se tienen sobre el hecho mismo, derivadas de filias, fobias y escepticismos propios del momento y de la temporada, quizá conviene poner en perspectiva el contexto y la trayectoria política de un personaje ciertamente destacado en la vida pública y política de Jalisco, para tratar de entender las causas y los intereses de su participación en el proceso electoral federal en el campo de las propuestas culturales que intenta desarrollar la coalición PAN/PRD/Movimiento Ciudadano.
Para nadie es desconocido el hecho de que RPL ha construido una importante trayectoria política dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara desde hace casi cuarenta años. Líder estudiantil de la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) durante el período 1977-1979, Padilla comenzó su carrera política a la sombra de su mentor Carlos Ramírez Ladewig, un político priista jalisciense asesinado a plena luz del día en las calles de la Colonia Moderna de Guadalajara el 12 de septiembre de 1975. Poco después de su presidencia en la FEG, y bajo los códigos y reglas del juego político universitario de los años setenta, RPL se convirtió en profesor y funcionario de la universidad entre 1979 y 1989, una década en la cual comenzó a construir una red política de alianzas en la U. de G. y en el entorno político jalisciense, lo que le permitió en 1989 ser electo Rector de su institución, a los 35 años de edad.
Como suele suceder en política, las claves de la trayectoria de Padilla se encuentran en su pasado, en los distintos momentos y coyunturas que configuraron una reputación contrastante, polémica, entre diversos grupos y corrientes políticas universitarias y jaliscienses. Licenciado en Historia, (egresado de la misma U. de G.), Padilla emprendió durante su rectorado una ambiciosa reforma institucional que culminó en la construcción de la Red Universitaria de Jalisco de la U.de G., un proyecto que colocó a la universidad en la lente política nacional. El origen, el diseño, y las implicaciones de ese proyecto reformador marcaron un punto de conflicto y ruptura con el grupo político que había cobijado la carrera de RPL durante su primeros años y que explica su llegada a la rectoría, un grupo liderado durante los años ochenta por Álvaro Ramírez Ladewig, hermano del mentor político de Padilla.
Antes y durante su función como Rector, RPL había impulsado dos proyectos culturales inicialmente modestos pero que luego se convertirían en emblemáticos de su poder, de sus causas e intereses: la Feria Internacional del Libro y la Muestra Internacional de Cine (ahora Festival). Situados en el ambiguo territorio ubicado entre la difusión académico-cultural universitaria y la gestión empresarial-profesional, ambos proyectos se convirtieron en representaciones de la trayectoria posterior de RPL luego de dejar la rectoría en 1995. Sin embargo, para Padilla era claro (o lo fue a lo largo de los primeros años de esos eventos) que la supervivencia de ambos proyectos y otros (por ejemplo, la construcción del Centro Cultural Universitario), dependerían fundamentalmente del apoyo político e institucional que pudiera construir desde la Universidad, pero también mediante la gestión permanente con actores políticos externos a la misma. En otras palabras, para RPL solo un sólido poder político permitiría la viabilidad y permanencia de sus proyectos institucionales. Eso explica lo que he denominado en otros espacios el proceso de configuración de la “coalición padillista”, una compleja red de grupos y alianzas intra y extrauniversitarias que explica el poder político estratégico de RPL (“El vino y los odres. Gobernabilidad y cambio institucional en la Universidad de Guadalajara”, U. de G., 2006).
Entre 1995 y 2012, con la llegada de la alternancia política en Jalisco, el PAN se constituyó como una fuerza política fundamental para la entidad y para el país. RPL fue electo diputado local plurinominal por el PRD en el período 1998-2001, posición desde la cual pudo experimentar los límites y posibilidades de su influencia en el nuevo mapa gobierno-oposición en Jalisco. Las lecciones fueron claras: sus habilidades políticas carecían del “don divino” al que se refería el viejo Weber para definir una de las fuentes de la legitimidad política: el carisma. Eso le llevó a abandonar el espacio de la política partidista abierta y pública, para concentrarse en el cultivo y desarrollo de una gestión política discreta pero efectiva en torno a múltiples proyectos e intereses específicos universitarios y no universitarios.
El poder, las causas, los intereses (1)
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 12/04/2018)
El anuncio que el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó la semana pasada de incorporar a su equipo de campaña a Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, ha causado diversas reacciones en la opinión pública. Algunos han visto el hecho como un acierto político, otros como un riesgo, algunos más como una noticia que habrá que tomar con las reservas del caso. Más allá de las interpretaciones contradictorias que se tienen sobre el hecho mismo, derivadas de filias, fobias y escepticismos propios del momento y de la temporada, quizá conviene poner en perspectiva el contexto y la trayectoria política de un personaje ciertamente destacado en la vida pública y política de Jalisco, para tratar de entender las causas y los intereses de su participación en el proceso electoral federal en el campo de las propuestas culturales que intenta desarrollar la coalición PAN/PRD/Movimiento Ciudadano.
Para nadie es desconocido el hecho de que RPL ha construido una importante trayectoria política dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara desde hace casi cuarenta años. Líder estudiantil de la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) durante el período 1977-1979, Padilla comenzó su carrera política a la sombra de su mentor Carlos Ramírez Ladewig, un político priista jalisciense asesinado a plena luz del día en las calles de la Colonia Moderna de Guadalajara el 12 de septiembre de 1975. Poco después de su presidencia en la FEG, y bajo los códigos y reglas del juego político universitario de los años setenta, RPL se convirtió en profesor y funcionario de la universidad entre 1979 y 1989, una década en la cual comenzó a construir una red política de alianzas en la U. de G. y en el entorno político jalisciense, lo que le permitió en 1989 ser electo Rector de su institución, a los 35 años de edad.
Como suele suceder en política, las claves de la trayectoria de Padilla se encuentran en su pasado, en los distintos momentos y coyunturas que configuraron una reputación contrastante, polémica, entre diversos grupos y corrientes políticas universitarias y jaliscienses. Licenciado en Historia, (egresado de la misma U. de G.), Padilla emprendió durante su rectorado una ambiciosa reforma institucional que culminó en la construcción de la Red Universitaria de Jalisco de la U.de G., un proyecto que colocó a la universidad en la lente política nacional. El origen, el diseño, y las implicaciones de ese proyecto reformador marcaron un punto de conflicto y ruptura con el grupo político que había cobijado la carrera de RPL durante su primeros años y que explica su llegada a la rectoría, un grupo liderado durante los años ochenta por Álvaro Ramírez Ladewig, hermano del mentor político de Padilla.
Antes y durante su función como Rector, RPL había impulsado dos proyectos culturales inicialmente modestos pero que luego se convertirían en emblemáticos de su poder, de sus causas e intereses: la Feria Internacional del Libro y la Muestra Internacional de Cine (ahora Festival). Situados en el ambiguo territorio ubicado entre la difusión académico-cultural universitaria y la gestión empresarial-profesional, ambos proyectos se convirtieron en representaciones de la trayectoria posterior de RPL luego de dejar la rectoría en 1995. Sin embargo, para Padilla era claro (o lo fue a lo largo de los primeros años de esos eventos) que la supervivencia de ambos proyectos y otros (por ejemplo, la construcción del Centro Cultural Universitario), dependerían fundamentalmente del apoyo político e institucional que pudiera construir desde la Universidad, pero también mediante la gestión permanente con actores políticos externos a la misma. En otras palabras, para RPL solo un sólido poder político permitiría la viabilidad y permanencia de sus proyectos institucionales. Eso explica lo que he denominado en otros espacios el proceso de configuración de la “coalición padillista”, una compleja red de grupos y alianzas intra y extrauniversitarias que explica el poder político estratégico de RPL (“El vino y los odres. Gobernabilidad y cambio institucional en la Universidad de Guadalajara”, U. de G., 2006).
Entre 1995 y 2012, con la llegada de la alternancia política en Jalisco, el PAN se constituyó como una fuerza política fundamental para la entidad y para el país. RPL fue electo diputado local plurinominal por el PRD en el período 1998-2001, posición desde la cual pudo experimentar los límites y posibilidades de su influencia en el nuevo mapa gobierno-oposición en Jalisco. Las lecciones fueron claras: sus habilidades políticas carecían del “don divino” al que se refería el viejo Weber para definir una de las fuentes de la legitimidad política: el carisma. Eso le llevó a abandonar el espacio de la política partidista abierta y pública, para concentrarse en el cultivo y desarrollo de una gestión política discreta pero efectiva en torno a múltiples proyectos e intereses específicos universitarios y no universitarios.
Reportaje/Entrevista del Correio Brasilienze con Adrián Acosta
Texto del reportaje/entrevista de Jorge Vasconcelos, del Correio Braziliense,a propósito del procesos electoral de México en 2018, con Adrián Acosta, publicada el 09/04/2018.
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/04/09/interna_mundo,672107/mexico-andre-manuel-lopez-obrador-da-largada-na-campanha-para-eleicoe.shtml
Thursday, March 22, 2018
Autonomía universitaria y seguridad pública
Estación de paso
Autonomía y seguridad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 22/03/2018)
Las comunidades universitarias no son ni han sido nunca ajenas a los problemas de inseguridad, criminalidad y violencia que aquejan hoy o anteriormente a la sociedad mexicana. Ser estudiante, profesor, trabajador o funcionario universitario no los vuelve inmunes a atracos, secuestros, extorsiones, asesinatos o amenazas por parte de delincuentes solitarios, grupos de ocasión o bandas organizadas. Durante los últimos años hemos confirmado como dentro y fuera de los campus universitarios públicos o privados de Guadalajara o de la Ciudad de México, en Ciudad Juárez o en Xalapa, en Culiacán o en Pachuca, en Hermosillo o en Ciudad Victoria, los crímenes contra miembros de esas comunidades se han multiplicado en el contexto de la atmósfera de inseguridad que se ha formado por la mezcla fatal de políticas fallidas, expansión de redes criminales, impunidad y corrupción policíaca. (Algunos más agregarían seguramente la degradación moral y la fala de valores, pero eso ya es otra cosa).
El asunto es delicado y tiene varias aristas. De un lado, el tema de la autonomía universitaria y el de la “extraterritorialidad” real o ficticia de sus campus e instalaciones. De otro lado, el tema de las prácticas de tolerancia hacia las actividades ilegales en las universidades, en especial la distribución, venta y consumo de drogas. Más allá, el tema de las características de los grupos de dealers y consumidores que son o pueden ser miembros de las propias comunidades universitarias, no individuos ajenos a ellas. Bien visto, en las universidades se ha construido desde hace mucho tiempo un “orden de seguridad”, que se basa en la tolerancia respecto de comportamientos que fuera de los campus suelen ser objeto de persecución policiaca y judicial, además de linchamientos morales y críticas a las amenazas en torno a la pureza simbólica de las comunidades universitarias.
Ese “orden se seguridad” universitario (por decirlo de algún modo), es a la vez simbólico y práctico. Una de las cosas que rápidamente se aprenden en la universidad es que hay que convivir cotidianamente con individuos o grupúsculos que viven al filo de la clandestinidad, ofreciendo un montón de cosas a los estudiantes y profesores. Pero otra de las cosas que también se aprenden es que entre ellos hay consumidores y compradores habituales de sustancias y objetos. En otras palabras, hay un mercado que explica los comportamientos de ofertas y demandas de drogas, objetos de dudosa procedencia (el robo de autopartes), e incluso, en no pocos casos, de armas. En los años setenta, por ejemplo, la banda de “Los Enfermos” en la Universidad Autónoma de Sinaloa, o los “fegosos” en la Universidad de Guadalajara (los miembros más violentos de la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG), exhibían, compraban o vendían armas entre sus comunidades, asesinaban, amenazaba o extorsionaban a sus rivales políticos, a veces con el amparo, la complicidad o la indiferencia de sus líderes políticos y de las autoridades universitarias y no universitarias.
El síndrome del 68 está en el centro imaginario de muchas de las reacciones que hay contra la intervención policiaca directa en las universidades públicas. Esta es la dimensión política del “orden de seguridad”. La violación de la autonomía universitaria es el reclamo que surge entre no pocos sectores cuando se invoca el tema de la seguridad pública en los campus. Y sin embargo, en las universidades públicas del país se han ensayado desde hace tiempo diversas fórmulas para combatir la inseguridad en sus instalaciones, que van desde la contratación de cuerpos privados de seguridad para controlar las entradas y salidas de las universidades –a veces inclusive armados-, o la instalación de rondines de policías locales en las periferias con ocasionales recorridos dentro de los campus, hasta la creación de cuerpos de seguridad propios –a veces sindicalizados y generalmente desarmados- que se limitan a observar y a tratar de inhibir los comportamientos delictivos en las universidades.
La experiencia contemporánea de las relaciones entre autonomía y seguridad en las universidades parece atravesar por un nuevo ciclo, alimentado por reclamos, críticas y temores reales o fundados sobre prácticas delictivas igualmente reales o imaginarias. Los asaltos, violaciones y asesinatos de estudiantes dentro y fuera de los campus, la penetración y legitimación de las actividades de raterillos, tribus y bandas organizadas que recorren los campus universitarios, son fenómenos que han levantado la voz de alerta entre no pocos sectores de la opinión pública, pero también entre autoridades y comunidades universitarias. La formulilla de que las policías –el gobierno- solo pueden actuar si las autoridades universitarias lo solicitan, o los reclamos de violación a la autonomía universitaria si las policías locales o federales se atreven a pisar el suelo sagrado de los campus, parecen ser cada vez más ilusiones que justifican las reticencias para pensar a fondo el tema de la inseguridad en las universidades públicas.
Aquí hay otro asunto –en realidad uno más- que habita la agenda política y de políticas de la educación superior universitaria. Revisar y aprender de experiencias, comparar, reunir evidencia, construir consensos mínimos, es una tarea fundamental de los gobiernos universitarios y de sus comunidades. Configurar un nuevo “orden de seguridad” universitario, asumiendo sus límites y tensiones, equilibrando ejercicio de libertades y umbrales de tolerancia, bajo principios elementales de claridad jurídica, de prudencia y una buena dosis de sentido común, es uno de los desafíos fundamentales de nuestras universidades públicas.
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