La crisis de la U. de G. Nexos 371

La crisis de la U. de G.
Adrián Acosta Silva

¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado?(...) Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres.(…) Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles.
Jorge Luis Borges, Ficciones
El Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara es uno de los espacios universitarios más hermosos del país. Originalmente construido como escuela primaria (1915), y posteriormente entregado por el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara (1938), el edificio es la sede de la rectoría de la universidad desde los primeros años cuarenta del siglo pasado. En su interior, la magistral cúpula “El hombre pentafásico” y el mural “El pueblo y los líderes”, pintados por José Clemente Orozco entre 1936 y 1939, evocan no sólo la desmesura del muralismo mexicano, con sus desbordadas alegorías e imágenes llenas de color y dramatismo, sino que también son postales que provocan solemnidad, silencio, quizá hasta cierta intimidación. La duela y las butacas de madera, los pasamanos y las pequeñas escaleras que conducen al recinto están perfectamente conservadas, aún con el uso rudo que los funcionarios y académicos universitarios y sus frecuentes invitados suelen dar al recinto. Por aquí han pasado en los últimos años Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Tomás Eloy Martínez, Nélida Piñón, Olga Orozco. Han pronunciado charlas y discursos memorables Carlos Monsiváis, Rubem Fonseca, Sergio Pitol, Nicanor Parra, Augusto Monterroso, Juan Gelman, Tomás Segovia. Han desfilado también por aquí Luis Donaldo Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Castillo Peraza, Giovanni Sartori, Gilberto Rincón Gallardo. Se han celebrado decenas de foros, presentaciones de libros, seminarios, coloquios, conferencias, premiaciones; se han realizado rituales de graduación de universitarios, y homenajeado a ilustres universitarios en funerales de cuerpo presente. Es un espacio relativamente pequeño (caben unas doscientas personas en la parte de abajo y quizá otras tantas en las galerías superiores), pero es definitivamente espectacular, sobrio, imponente.
Este es el recinto donde regularmente se celebran las sesiones del Consejo General Universitario (CGU), el “máximo órgano de gobierno de la universidad” como suele denominarse. Y ahí es el lugar donde el viernes 29 de agosto se escenificó un escándalo memorable, en que la mayor parte de sus miembros decidieron destituir al Rector General, Carlos Briseño Torres electo apenas a principios de 2007. En una accidentada sesión, en la que culminaron de alguna forma la cadena de pleitos, pequeños escándalos, declaraciones de corrupción, autoritarismo, denuncias y críticas entre los directivos universitarios acumuladas pacientemente desde hace un año antes, el Rector declaró intempestivamente clausurada la sesión a la que había convocado unos días atrás, por lo que poco más de dos tercios de los consejeros universitarios, decidieron inmediatamente destituir al Rector General por graves faltas a la ley orgánica y al estatuto general universitario. Un capítulo de un largo pleito público y privado estaba cerrado ese viernes por la noche, cuando luego de casi 10 horas de gritos, aclamaciones, chiflidos y decenas de intervenciones, los universitarios decidieron levantar una minuta ante notario público para comunicar a las autoridades del estado el nombramiento de un nuevo rector.
¿Qué ocurrió en la U. de G.? ¿Qué explica la batalla, las palabras, los actos, los gritos? ¿Quiénes son sus actores, sus protagonistas, sus fantasmas? ¿Cuáles son los intereses, las ambiciones y los cálculos que habitan el corazón secreto de una universidad pública que ha protagonizado en el pasado escenas de violencia y política? Al calor de las disputas interuniversitarias, estas preguntas adquieren significados distintos y encontrados, por lo que se vuelve complicado construir una explicación más o menos completa del proceso, el contexto y los resultados observados.
Mientras alguien reconstruye con tenacidad de arqueólogo y paciencia de relojero lo ocurrido con el pasado reciente de la U. de G., propongo tres niveles de análisis del pleito institucional universitario, con el ánimo más de comprender que de enjuiciar un fenómeno evidentemente complejo. Son un nivel teórico, otro político y uno práctico. El primero es un intento de ubicar el conflicto universitario como un problema de poder y gobernabilidad institucional, dada una concepción de la esfera política de la universidad como resultado de la configuración de los equilibrios entre redes organizadas de poder. El segundo nivel es estrictamente político-institucional, en el que sus actores principales juegan posiciones y calculan riesgos, intentando establecer reglas, límites y distancias entre los universitarios políticamente activos. El tercer nivel es práctico: quiénes son los pleitistas y cuáles son sus argumentos. Los tres niveles están cruzados por el conflicto de intereses que se han desarrollado en la universidad en los últimos años, entre grupos, redes de poder y códigos de comunicación sobre diversas concepciones y visiones de la universidad. Sostendré un argumento central: el conflicto es resultado de las tensiones acumuladas entre las trayectorias burocráticas, políticas y académicas que habitan la vida universitaria desde 1989, en que comenzó una reforma institucional de grandes propósitos y resultados imperfectos. Dicha reforma nació asociada a un esquema de gobernabilidad dominada por una coalición política estructurada a partir de una figura (Raúl Padilla López (RPL), con territorios y áreas más o menos definidos, y con actores que colocaron sus ambiciones e intereses en la construcción de una nueva institucionalidad combinada, en el terreno político, con la obtención de varios beneficios legítimos y algunas recompensas inconfesables.
Una aproximación teórica: política y gobierno universitario
Las universidades públicas mexicanas son, quizá como ninguna otra institución de educación superior, instituciones de poder. Por su papel en la vida regional y local, por sus miembros y organizaciones, por los recursos que consumen, o por los papeles simbólicos y prácticos que desempeñan, las universidades públicas son instituciones centrales en el ordenamiento social y político de las regiones y de los estados. Su peso específico en la vida local es tal vez significativamente mayor que el de las universidades nacionales como el IPN o la UNAM, en parte porque siguen siendo instituciones formadoras de elites locales (profesionales, científicos, artistas, políticos), a pesar de la competencia creciente de las universidades privadas en las regiones.
En estos contextos, poblados por intereses externos e internos, los grupos y los individuos encuentran incentivos importantes para articular sus esfuerzos y construir proyectos de carácter estrictamente político. Con una desigual densidad académica, las prácticas docentes, de investigación y discusión cotidianas son más bien escasas, y son opacadas o sustituidas por áridas luchas por la obtención de puestos y representaciones políticas, gremiales o burocráticas. El resultado es una fuerte tendencia hacia la politización de la vida académica y administrativa de la universidad, pues ahí se obtienen prestigios y recursos que permiten a los individuos y a sus grupos de adherentes y simpatizantes incrementar su influencia en la distribución del poder universitario. Se forman así las universidades como un conjunto de redes organizadas de poder que coexisten ambiguamente con la vida académica de todos los días, en donde profesores e investigadores suelen ver de reojo, desinterés o franco escepticismo la vida política de la universidad.
Ello explica la estructuración de un poder de las representaciones políticas por encima de los prestigios académicos, en que la gestión de la universidad se desarrolla en un esquema de gobernabilidad institucional basado en la formación de bloques, sectas, camarillas o cofradías de muy diverso perfil y origen. El estudiantado y el profesorado universitario es la base de la renovación de las generaciones políticas universitarias. De líder estudiantil a funcionario universitario y de ahí a encabezar una red propia o conseguir llamar la atención de los partidos políticos o los gobernantes en turno para alcanzar una diputación, una regiduría, un puesto público. Ese es el itinerario político de formación de la clase dirigente universitaria tapatía por lo menos desde los años sesenta. Y la figura más ilustrativa de dichas trayectorias anteriores y posteriores al conflicto es la del exrector Raúl Padilla López, uno de los personajes que habitan las imágenes de conflictividad y los consensos universitarios tapatíos de los últimos años y meses.
La fórmula política: la coalición padillista
La historia de ascenso de Raúl Padilla en la vida universitaria es más o menos conocida. Primero líder estudiantil hasta alcanzar la presidencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) en 1977-1979, luego funcionario universitario (1982-1989) y luego rector de la universidad (1989-1995), RPL impulsó a su llegada a la rectoría un ambicioso proyecto de reforma académica y administrativa que incluyó una ruptura con el grupo hegemónico anterior, encabezado por Álvaro Ramírez Ladewig (ARL). Heredero de las tradiciones corporativas y prácticas francamente mafiosas de la FEG, el esquema político que sostenía la fuerza de ARL se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la vida académica de la universidad, pero también una fuerza de bloqueo al crecimiento político de RPL. La lenta incorporación de académicos e intelectuales prestigiados a la U. de G. (Emilio García Riera o Fernando del Paso son representativos de esa afirmación), junto con el impulso a la Feria Internacional de Libro o la Muestra de Cine, y el diseño de una reforma institucional que incluía un cambio organizacional basada en la departamentalización, una reforma académica centrada en la creación de una carrera académica para el profesorado y la investigación, y la descentralización en red de la oferta de estudios universitarios en todo el estado de Jalisco, se combinaron para formar simpatías y consensos internos y externos para avanzar en la reforma encabezada por RPL.
En este proceso, el rompimiento con el viejo grupo hegemónico dominado por ARL era una ruptura pero también una señal y un proyecto. Se trataba de modernizar y renovar a la U. de G. dotándola de nuevas capacidades institucionales en la esfera académica y de una nueva forma de conducción política. Algunos miembros de las izquierdas universitarias antaño opositoras o críticas a la FEG, diversas corrientes del PRI, otras universidades públicas, intelectuales destacados, apoyaron el proyecto de RPL, legitimando poderosamente la idea misma de cambio universitario.
Internamente, se comenzó a formar una red de liderazgos y grupos con territorios institucionales más o menos marcados. Miembros diversos de disciplinas y unidades académicas y administrativas se incorporaron a esas redes, o formaron otras, y para finales del rectorado de RPL se había transitado de un modelo de bloque o de mafia, hacia un esquema de coalición política, en el que las redes poseen cierta autonomía relativa y su punto de unión es la figura de RPL. Esta coalición discute, debate, negocia posiciones y puestos, recursos y prestigios, dentro y fuera del marco institucional. Aunque varias de las decisiones estratégicas descansan en la influencia directa de RPL (como la de elegir el candidato a Rector General o los rectores de los 14 centros universitarios temáticos y regionales que componen la Red Universitaria), muchas de las decisiones cotidianas y otras significativamente importantes descansan en las interacciones y acuerdos que se procesan entre las redes y sus liderazgos.
La estructuración y estabilidad de esta coalición descansa en el grado de cohesión que puede representar el liderazgo de RPL, y por ello puede considerarse como una forma política coligada, una “coalición padillista”. La vida política universitaria ha estabilizado sus costos de transacción fijando reglas y códigos, y asumiendo los costos de perdedores y ganadores (que los hay) en este esquema. Esta figura se encuentra en el centro del esquema de gobernabilidad institucional desde hace casi veinte años, y explica la centralidad de RPL en la vida institucional y local. Carlos Briseño Torres, el rector depuesto a finales de agosto, es una criatura de esta coalición, no su némesis, como el mismo ha intentado explicar y justificar desde que inició el conflicto con la mayor parte de los integrantes de los órganos de gobierno (consejo de rectores y consejo general universitario). Como producto de esa relación, lo que tenemos es una señal poderosa bajo el cielo político universitario: el agotamiento de las capacidades normativas y cohesivas del padillismo. No se trata de un derrumbe inminente, ni de una catástrofe anunciada, sino quizá del lento desvanecimiento de las virtudes cohesivas de una figura y un proyecto, producto tanto del fortalecimiento tendencial aunque opaco de la vida académica universitaria, como de la pérdida de vitalidad de una generación que se aproxima al crepúsculo de sus logros y aportaciones a la política universitaria.
La pócima práctica: puestos, dinero y representaciones
La política es un juego de ajedrecistas, no de ángeles. Y la política universitaria no escapa de esta afirmación vieja. Las piezas del juego son los puestos, el dinero y las representaciones, y de lo que se trata es de establecer relaciones duraderas y estables entre las piezas. En un contexto de salarios estancados, fatigas laborales, envejecimiento del profesorado, politización y burocratización de la vida universitaria, la pócima secreta de la política universitaria descansa en la combinación del acceso a los puestos, los recursos y las representaciones formales y simbólicas de los actores universitarios. De eso está compuesto el piso duro de la política universitaria tapatía, y el conflicto descansa en buena medida en la disputa por estos recursos. Briseño y el briseñismo emergente y rápidamente extinto es la expresión más cruda de cómo la ambición y las limitaciones intelectuales y políticas se conjugaron para desnudar una lucha por el poder universitario sin un proyecto académico-institucional y sin acceso a las piezas estratégicas del juego. Luego de ser parte de la coalición, Briseño y sus consejeros se separaron para formar una camarilla que apostó a la construcción de alianzas con sectores opositores al padillismo (principalmente entre el PAN representado por el gobernador Emilio González), y con una promoción desbordada de su imagen y palabras en la prensa local. Su estrategia consistió en personalizar el conflicto universitario, colocando a RPL como el causante principal del bloqueo a sus acciones, y presentando la crisis universitaria como una dicotomía entre el poder legítimo del rector versus el poder informal de RPL. Por su parte, la coalición padillista basó su estrategia justamente en la despersonalización del enfrentamiento con Briseño, colocando el conflicto como un problema entre un rector autoritario incapaz de respetar a los órganos de gobierno colegiado de la universidad, y las exigencias de colegialidad de las decisiones institucionales planteadas por la mayoría de los integrantes de esos órganos de gobierno. En esas circunstancias, la coalición jugó con todos sus recursos para derrotar a un adversario que nunca tuvo la capacidad para cohesionar a los contrarios a la coalición, ni pudo convencer a sus aliados externos en sus estrategias para canalizar el pleito hacia el fantasma o la figura de RPL.
Eso, en parte, era de esperarse. Figura opaca y deslucida en su pasado padillista, Briseño llegó a la rectoría con las reglas que le permitieron alcanzar una silla en la mesa principal de la política universitaria. Sus desmesuradas alabanzas públicas y privadas a RPL (lisonjeras y un tanto impúdicas) poco antes y poco después de ser nombrado rector, anticipaban que la decisión del CGU de nombrarlo consolidarían el éxito político de la coalición en la U. de G. Hoy sabemos que los elogios públicos ocultaban una imaginación secreta que acariciaba con ilusión y ambición la hora del derrocamiento y del triunfo entre ovaciones de universitarios y no universitarios. Para su desgracia, el 29 de agosto salía del Paraninfo por la puerta trasera, escoltado por sus guardias y una decena de sus fieles, mientras que a otros de sus asesores lo despedía una multitud de estudiantes con insultos y patadas en el trasero. Al día siguiente, entre lágrimas, el rector depuesto lamentaba su situación frente a las cámaras y micrófonos que unos días todavía antes reproducían su lenguaje triunfalista, ganador, mientras las pinturas de Orozco atestiguaban, una vez más, el espectáculo de la política universitaria.
Aunque el conflicto sigue en la pista judicial, la historia política de la U. de G. parece marcada irremediablemente por una coyuntura que muestra las fuerzas y debilidades de la coalición padillista. Pero también anticipa una lección y marca una ruta. La lección es que la política y el gobierno universitario no pueden seguir siendo el centro de la vida institucional, sino que es la vida académica la que debe ocuparlo y caracterizar a una de las universidades públicas más importantes del país. Los elevados costos de las transacciones políticas en la U. de G. que muestra el conflicto apuntan hacia una reforma de los esquemas de gobierno y de gobernabilidad de la vida universitaria tapatía, en la que se incremente el peso de los académicos en los órganos de gobierno. Pero esa reforma institucional tendría que estar centrada en la evaluación sin concesiones de los logros, déficits y efectos perversos de la reforma universitaria de 1989-1994. Ese parecería el contexto adecuado para mejorar las condiciones de una discusión indispensable en la construcción de una institucionalidad que favorezca al desarrollo académico y la responsabilidad pública de la U. de G. Una gobernabilidad centrada en lo académico y que descanse, como toda gobernabilidad política, en umbrales positivos de eficacia, legitimidad y estabilidad de la vida universitaria, y que permita responder de mejor manera a un contexto local y nacional de exigencias múltiples e incertidumbres corrosivas.