U de G: Reforma universitaria y fatiga institucional

Diario de incertidumbres U de G: reforma y fatiga institucional Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 08/02/2024) https://suplementocampus.com/udeg-reforma-y-fatiga-institucional/ En la agitada noche del 31 de diciembre de 1993, la aprobación por unanimidad de una nueva ley orgánica para la Universidad de Guadalajara por parte del Congreso de Jalisco garantizaba el rumbo jurídico de una importante reforma académica y organizacional para esa institución. Al día siguiente, el 1 de enero de 1994, la nueva ley se publicaba en el diario oficial del gobierno estatal. Con la sustitución de la ley anterior, que databa del año 1952, la U de G iniciaba una época de cambios que prometía un mejor futuro no sólo para la universidad sino también para la sociedad jalisciense. Era la fiesta de las ilusiones. La aprobación de la ley significaba a la vez la culminación y el inicio de un difícil, conflictivo y áspero proceso de cambios impulsado por la rectoría de Raúl Padilla López en los años previos a la decisión del pleno del congreso. A lo largo de los primeros cuatro años de su rectorado (1989-1995), cabildeos constantes con funcionarios federales de la SEP, de Gobernación y de Hacienda, con diputados locales, con el gobernador electo Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992), y luego con el gobernador sustituto Carlos Rivera Aceves (1993-1995), marcaron la intensa agenda política de Padilla para promover y sumar apoyos al proyecto reformador. En el mapa interno, los cambios en la geografía de las emociones y las razones políticas dominaban el espíritu de la época. Reajustes tribales, cambios en las alianzas tradicionales, sustitución de organismos representativos de los intereses universitarios tanto estudiantiles como sindicales, pleitos públicos y reclamos privados, toma de edificios, marchas, paro de labores, eran expresiones del complicado proceso de reconstrucción política de los liderazgos universitarios. La coalición padillista emergente colocó sus ideas y sus intereses al frente de los cimientos políticos de la reforma universitaria que se implementaría entre 1994 y 1995, y se consolidaría en los años posteriores. Legalidad y legitimidad fortalecieron la coalición. La nueva ley orgánica y la legitimidad política de los liderazgos reformadores marcarían los crujidos, las tensiones y la lógica de los cambios durante las tres décadas siguientes. Este año (2024) la U de G celebra el inicio de aquella reforma. Con los claroscuros de siempre, es posible identificar logros y déficits acumulados y emergentes en el transcurso del proceso reformador. Se pueden enumerar elementos significativos de una reforma que se ha sostenido a través de seis administraciones estatales de diferente origen político (PRI/PAN/MC), y bajo la sombra de distintas políticas federales en el campo de la educación superior. Son logros que, sin embargo, se acompañan de algunas señales de fatiga institucional. 1. Una expansión sostenida. El proyecto de red universitaria que impulsó la reforma se ha mantenido a lo largo de tres décadas. Hoy, existen escuelas preparatorias de la U de G en 110 de los 126 municipios de Jalisco, y funcionan 18 centros universitarios metropolitanos y regionales de educación superior ubicados en prácticamente todas las zonas urbanas del estado. Las implicaciones sociales, económicas y políticas de esta expansión son importantes en las escalas estatal y microregionales. 2. Legitimidad social. La matrícula ha crecido de manera constante en todas las regiones de Jalisco. Hoy, la U de G absorbe una matrícula total de más de 300 mil estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado, cuando en 1994 esa matrícula era de 195 mil. La transición demográfica ha alcanzado a la universidad en estos años, y se ha incrementado la población de entre 15 y 23 años en condiciones de incorporarse a la universidad. Desde hace décadas, la U de G es la institución estatal más demandada en el acceso por miles de estudiantes jaliscienses cada semestre. 3. Consolidación de la profesión académica. La población académica también ha crecido. En 1994 el conjunto del profesorado se componía de menos de 10 mil personas, donde el 90% eran profesores de asignatura y no existía la figura de investigador. Hoy, casi 18 mil profesores e investigadores integran la planta académica de la universidad, de los cuales 5 mil son de tiempo completo (incluyendo a 2,800 investigadores), 11 mil de asignatura y el resto (1,600) son técnicos académicos. El 70% de los investigadores universitarios son miembros del SNII. 4. Autonomía política. La dimensión política de la autonomía de la universidad fue contemplada en la ley del ´94, en la cual, por primera vez, la decisión de nombramiento del rector dependía del consejo general universitaria y no, como en la ley anterior, de la decisión del gobernador en turno. Esto incrementó la cohesión del poder institucional alrededor de la coalición promotora de la reforma, aunque han existido episodios de confrontación interna y múltiples tensiones externas con actores políticos locales y nacionales. La reforma de la U de G coincidió en el tiempo aunque no en las circunstancias con otros procesos reformadores de universidades públicas autónomas estatales como las de Sonora, Puebla o la Veracruzana, e influyó en otras más. No obstante, la peculiaridad de la reforma jalisciense fue la articulación de una lógica política alrededor de un personaje protagónico (Raúl Padilla), quien se erigió no solo como una figura con un poder institucionalizado, sino también como un gestor político de causas intra y extrauniversitarias. Con su inesperado fallecimiento en abril del año pasado, a la edad de 68 años, la reforma culminó un prolongado ciclo de adaptaciones a entornos complejos. Hoy, una nueva etapa de transición marca el presente y el futuro de la red universitaria. Ninguna reforma es para siempre, y desde hace tiempo se notan síntomas de fatiga institucional en la universidad. Temas como las condiciones del personal académico (insuficiencia, envejecimiento, pensiones y jubilaciones, falta de oportunidades a académicos jóvenes), problemas en la enseñanza y la investigación, vinculación con los entornos culturales, sociales y laborales, políticas de innovación educativa, o crónicos problemas de financiamiento, configuran una agenda que apunta hacia la necesidad de cambios institucionales protagonizados por ideas, actores y lenguajes diferentes, en un contexto estatal y nacional dominado desde hace tiempo por los vientos furiosos de la polarización política.