Estación de paso
Días extraños
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/08/2018)
Instalados en plena transición intergubernamental, somos espectadores de un proceso que tiene su encanto. Es la despedida de un gobierno en funciones y la preparación de un nuevo gobierno que iniciará su ejercicio en unos poco meses. El tiempo político parece acelerarse, y las imágenes, los hechos y las palabras se amontonan en el registro de unos días caracterizados por una intensidad inusual, distinta a los rápidamente envejecidos días electorales, pero fundamental para tratar de entender el día a día de la política postelectoral mexicana.
La educación superior no escapa a esta impresión. Nombramientos anticipados, decisiones a consulta, anuncios de cambios y transformaciones mayores, de ajustes menores, van configurando el escenario político de las decisiones de políticas que habrán de tomarse para el próximo sexenio. Se habla ya de la creación de 100 nuevas universidades, del incremento de los presupuestos a las universidades públicas existentes, de políticas universalistas de admisión en la educación superior para los jóvenes mexicanos, de reformas al CONACYT y al Sistema Nacional de Investigadores. Demasiados temas, demasiadas tensiones, que pueden expresarse como crónica de conflictos anunciados, o como parte de acuerdos mínimos satisfactorios para los protagonistas de los hechos y las acciones.
Un punto especialmente interesante, y potencialmente conflictivo, es el tema de la relación entre el ejercicio tradicional de la autonomía universitaria y la construcción del proyecto alternativo de nación impulsado por el nuevo gobierno. Es una clásica tensión entre dos tipos de legitimidad: la de un gobierno democráticamente electo, y la que tratan de preservar las universidades públicas desde mediados del siglo XX. La primera, digamos, es gobernada por una lógica republicana, basada en el ejercicio de las facultades constitucionales que puede ejercer un gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos, a través del plan nacional de desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. La segunda es una lógica autonomista, basada en las libertades de crítica, de expresión y auto-organización de las prácticas académicas, de gobierno y de gestión que ejercen las universidades públicas federales y estatales, una autonomía garantizada incluso desde 1978 con reformas al artículo tercero constitucional.
Esas tensiones entre legitimidades distintas tienen su historia en México. Se remontan a finales de los años veinte y treinta del siglo pasado, cuando la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional se enfrentaba a la construcción del proyecto educativo impulsado por las elites dirigentes del Estado de la Revolución. La célebre polémica Caso-Lombardo, ocurrida en el contexto de la celebración del Congreso de Universitarios Mexicanos en 1933, derivó en el establecimiento de los códigos primarios de la confrontación política del campo de la educación superior: con el Estado o contra el Estado.
Pero los códigos prácticos de la negociación política suavizaron esas tensiones a partir de los años cuarenta. El reconocimiento del valor de la autonomía universitaria, y de la legitimidad del interés gubernamental por intervenir en la conducción de las políticas de educación superior, configuraron los arreglos institucionales básicos necesarios para la estabilidad institucional y la expansión de la educación superior a partir de los años sesenta. De alguna manera, la “era dorada” de la autonomía universitaria mexicana que ocurrió a lo largo de esos años (1940-1968), enfrentó una crisis de legitimidad luego del movimiento del 68, y reapareció con fuerza en los años setenta, con la creación de la última gran ola de universidades públicas federales y estatales en todo el país.
En el transcurso de los años ochenta y noventa, la crisis económica y la transición política modificaron los arreglos institucionales tradicionales entre las universidades y el Estado. En un contexto de restricciones presupuestales, de continuo crecimiento institucional y de formulación de nuevas reglas de políticas públicas para el sector, que alentaron la diversificación público/privado y la competitividad de los programas y de las instituciones, la autonomía universitaria fue cambiando de significados, contenidos y alcances. El neo-intervencionismo estatal se constituyó como el eje del ciclo emergente con estas nuevas políticas, basadas en la evaluación de la calidad y del financiamiento condicionado, competitivo y diferenciado. Nuevos organismos, agencias y actores se incorporaron al campo educativo terciario, y las universidades públicas experimentaron diversos procesos de reforma, como esfuerzos de adaptación al nuevo contexto político y de políticas.
Los primeros tres gobiernos de la era de la alternancia ocurridos con el arribo del siglo XXI continuaron interviniendo bajo los códigos del paradigma evaluador/supervisor/acreditador de la calidad de la educación superior mexicana. Asistimos al triunfo de la “república de los indicadores” sobre la república universitaria realmente existente, con sus penurias, sus dilemas, sus ansiedades e insuficiencias, expresadas en una colección variopinta de contradicciones, tensiones y paradojas sociales e institucionales. El saldo mayor de esta experiencia es que las universidades han disminuido significativamente sus grados de libertad y de autonomía institucional, y el Estado –el ejecutivo y el legislativo federal, y los ejecutivos y legislativos estatales-, ha incrementado la cantidad e intensidad de sus intervenciones.
Esto es parte de la experiencia reciente de la educación superior universitaria. Ahora que vuelven a soplar los vientos de las tensiones entre la autonomía universitaria y el proyecto de la cuarta gran transformación nacional, cierta sensación Déja Vú parece flotar en un escenario en pleno proceso de construcción. Son, sin duda, días extraños.
Monday, August 20, 2018
Wednesday, August 08, 2018
Aprendices
Estación de paso
Aprendices: la idea y las políticas
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 2 de agosto, 2018)
El Presidente electo y sus asesores comenzaron a operar en “modo transicional” al día siguiente de la elección. Eso significó una señal poderosa, y práctica, para dar la vuelta de página al “modo electoral” y preparar el camino del “modo gubernativo” que iniciará formalmente el 1 de diciembre. Entre una oleada de reuniones privadas, acercamientos políticos y declaraciones públicas, AMLO comenzó los contactos y conversaciones con sectores y actores clave de los distintos campos de políticas, para diseñar la agenda gubernamental de la “cuarta gran transformación nacional” que ha colocado en el centro de su relato político desde hace años.
Una de las muchas cosas que anunció en medio de este en ocasiones atropellado activismo postelectoral, es la de comprometer a los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial a contratar a jóvenes universitarios como aprendices en sus lugares de trabajo. El gobierno apoyaría a esos jóvenes con una beca de 3,600 pesos mensuales durante un tiempo determinado (no se ha precisado cuánto tiempo ni cómo), por lo que los empresarios no desembolsarían ni un peso. Esa es una manera de subsidiar a las empresas, que se beneficiarían de una mano de obra calificada y barata, pero también, presumiblemente, los jóvenes serían beneficiarios al poder desarrollar experiencia, competencias y habilidades laborales complementarias a sus estudios. En teoría, es un típico esquema de ganar-ganar: gobierno, empresas y jóvenes aprendices.
El problema, como siempre, son los detalles, enfoques y alcances de la idea. En primer lugar, está el problema de determinar qué jóvenes y qué sectores se podrían involucrar en este esquema de cooperación. Los estudios sobre jóvenes universitarios han proporcionado evidencias irrefutables de que la diversidad es la característica central de ese segmento, y eso incluye el modo como combinan estudios y trabajo a lo largo de su formación escolar. En las universidades públicas y en buena parte del sector público no universitario de la educación superior (centros técnicos profesionales, institutos tecnológicos, normales) la mayor parte de los estudiantes ya trabajan mientras estudian, y según algunas investigaciones empìricas, muchos de ellos manifiestan que lo hacen en espacios laborales coherentes con las carreras que estudian (por ejemplo, los ingenieros civiles, los contadores o los abogados, que suelen incorporarse tempranamente a despachos profesionales justamente como aprendices).
Esto significa que una parte importante de los potenciales beneficiarios del programa con empresarios ya tienen una experiencia laboral acumulada y valiosa, aunque escasamente reconocida. Sin embargo, existen también otro segmento de jóvenes que ya cuenta con becas que les permiten dedicarse de tiempo completo a sus estudios, a través de programas orientados deliberadamente a la mejoría de los indicadores institucionales de eficiencia terminal de la educación superior. Otros, son estudiantes de tiempo completo que no tienen becas (ya sea por su origen social alto, o porque no obtienen los promedios mínimos de calificación que exigen los programas de becas), y que, probablemente, serían el segmento más beneficiado de su incorporación como aprendices en empresas.
En segundo lugar estaría el tipo de organizaciones que participarían como los lugares de entrenamiento/capacitación laboral de los jóvenes. Quizá carreras como las ingenierías electrónicas, contaduría, administración de negocios, relaciones públicas, algunas especialidades del derecho, arquitectura, o agronomía, sean formaciones profesionales más o menos relacionadas con el sector privado de las empresas. Pero ¿qué pasa con las formaciones predominantemente públicas como la medicina o el derecho, o las que tiene su sitio laboral en la propia academia o en el sector educativo como los físicos, los matemáticos o los filósofos? ¿cómo articular los diversos tipos de empresas o espacios laborales con los diversos tipos de estudiantes? No hay empresas ideales ni estudiantes ideales. Lo que hay son empresas y estudiantes reales, diversos, complejos, que se forman en carreras universitarias concretas, con contextos laborales específicos.
Por último, está el asunto del sector público. Muchos estudiantes universitarios se incorporan o incorporarán a espacios laborales gubernamentales, sean federales, estatales o municipales, o en organismos públicos descentralizados. Algunos se instalarán en el sector educativo, mientras que otros –cada vez más- deciden prolongar sus estudios hacia la maestria o hacia el doctorado. ¿Como se contemplan estas realidades de los comportamientos estudiantiles en el programa de aprendices? ¿Qué pasa con los programas de prácticas profesionales que muchas instituciones de educación superior han introducido en la currícula de sus programas de licenciatura para mejorar la “empleabilidad” de sus estudiantes y egresados?
Detrás del proyecto de aprendices universitarios parece sonar la música de la “formación dual” que la experiencia alemana ha tratado de exportar a otras universidades y gobiernos, con escaso éxito debido a las condiciones en las que operan las relaciones de las empresas públicas y privadas y las universidades en ese país. Y ya se sabe que no es una buena idea tratar de transplantar modelos con todo y contextos. Tal vez por ello sea necesario una mayor cautela y más precisión conceptual y práctica de una idea que vale la pena ser discutida para proporcionar límites, sentido y factibilidad en su traducción institucional como política pública.
Aprendices: la idea y las políticas
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 2 de agosto, 2018)
El Presidente electo y sus asesores comenzaron a operar en “modo transicional” al día siguiente de la elección. Eso significó una señal poderosa, y práctica, para dar la vuelta de página al “modo electoral” y preparar el camino del “modo gubernativo” que iniciará formalmente el 1 de diciembre. Entre una oleada de reuniones privadas, acercamientos políticos y declaraciones públicas, AMLO comenzó los contactos y conversaciones con sectores y actores clave de los distintos campos de políticas, para diseñar la agenda gubernamental de la “cuarta gran transformación nacional” que ha colocado en el centro de su relato político desde hace años.
Una de las muchas cosas que anunció en medio de este en ocasiones atropellado activismo postelectoral, es la de comprometer a los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial a contratar a jóvenes universitarios como aprendices en sus lugares de trabajo. El gobierno apoyaría a esos jóvenes con una beca de 3,600 pesos mensuales durante un tiempo determinado (no se ha precisado cuánto tiempo ni cómo), por lo que los empresarios no desembolsarían ni un peso. Esa es una manera de subsidiar a las empresas, que se beneficiarían de una mano de obra calificada y barata, pero también, presumiblemente, los jóvenes serían beneficiarios al poder desarrollar experiencia, competencias y habilidades laborales complementarias a sus estudios. En teoría, es un típico esquema de ganar-ganar: gobierno, empresas y jóvenes aprendices.
El problema, como siempre, son los detalles, enfoques y alcances de la idea. En primer lugar, está el problema de determinar qué jóvenes y qué sectores se podrían involucrar en este esquema de cooperación. Los estudios sobre jóvenes universitarios han proporcionado evidencias irrefutables de que la diversidad es la característica central de ese segmento, y eso incluye el modo como combinan estudios y trabajo a lo largo de su formación escolar. En las universidades públicas y en buena parte del sector público no universitario de la educación superior (centros técnicos profesionales, institutos tecnológicos, normales) la mayor parte de los estudiantes ya trabajan mientras estudian, y según algunas investigaciones empìricas, muchos de ellos manifiestan que lo hacen en espacios laborales coherentes con las carreras que estudian (por ejemplo, los ingenieros civiles, los contadores o los abogados, que suelen incorporarse tempranamente a despachos profesionales justamente como aprendices).
Esto significa que una parte importante de los potenciales beneficiarios del programa con empresarios ya tienen una experiencia laboral acumulada y valiosa, aunque escasamente reconocida. Sin embargo, existen también otro segmento de jóvenes que ya cuenta con becas que les permiten dedicarse de tiempo completo a sus estudios, a través de programas orientados deliberadamente a la mejoría de los indicadores institucionales de eficiencia terminal de la educación superior. Otros, son estudiantes de tiempo completo que no tienen becas (ya sea por su origen social alto, o porque no obtienen los promedios mínimos de calificación que exigen los programas de becas), y que, probablemente, serían el segmento más beneficiado de su incorporación como aprendices en empresas.
En segundo lugar estaría el tipo de organizaciones que participarían como los lugares de entrenamiento/capacitación laboral de los jóvenes. Quizá carreras como las ingenierías electrónicas, contaduría, administración de negocios, relaciones públicas, algunas especialidades del derecho, arquitectura, o agronomía, sean formaciones profesionales más o menos relacionadas con el sector privado de las empresas. Pero ¿qué pasa con las formaciones predominantemente públicas como la medicina o el derecho, o las que tiene su sitio laboral en la propia academia o en el sector educativo como los físicos, los matemáticos o los filósofos? ¿cómo articular los diversos tipos de empresas o espacios laborales con los diversos tipos de estudiantes? No hay empresas ideales ni estudiantes ideales. Lo que hay son empresas y estudiantes reales, diversos, complejos, que se forman en carreras universitarias concretas, con contextos laborales específicos.
Por último, está el asunto del sector público. Muchos estudiantes universitarios se incorporan o incorporarán a espacios laborales gubernamentales, sean federales, estatales o municipales, o en organismos públicos descentralizados. Algunos se instalarán en el sector educativo, mientras que otros –cada vez más- deciden prolongar sus estudios hacia la maestria o hacia el doctorado. ¿Como se contemplan estas realidades de los comportamientos estudiantiles en el programa de aprendices? ¿Qué pasa con los programas de prácticas profesionales que muchas instituciones de educación superior han introducido en la currícula de sus programas de licenciatura para mejorar la “empleabilidad” de sus estudiantes y egresados?
Detrás del proyecto de aprendices universitarios parece sonar la música de la “formación dual” que la experiencia alemana ha tratado de exportar a otras universidades y gobiernos, con escaso éxito debido a las condiciones en las que operan las relaciones de las empresas públicas y privadas y las universidades en ese país. Y ya se sabe que no es una buena idea tratar de transplantar modelos con todo y contextos. Tal vez por ello sea necesario una mayor cautela y más precisión conceptual y práctica de una idea que vale la pena ser discutida para proporcionar límites, sentido y factibilidad en su traducción institucional como política pública.
Monday, July 23, 2018
Caravaggio: la invención del vacío
Caravaggio: la invención del vacío
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos digital,22/07/2018)
https://cultura.nexos.com.mx/?p=16345
Hace poco más de cuatrocientos años, el 18 de julio de 1610, fue encontrado un individuo moribundo en las afueras de Porto Ercole, por aquellos años una ciudadela española ubicada en la península del Monte Argentario, en las playas del Mediterráneo, a un día a caballo desde Roma. De aspecto andrajoso y enflaquecido, el individuo fue conducido a un hospital local dirigido por monjes, donde murió en el más completo abandono. Su cuerpo no fue reconocido ni reclamado por nadie, por lo que las autoridades del puerto asumieron que era el cadáver de uno de los cientos de pordioseros que por esos años deambulaban por la playa para dormir o para recoger deshechos. Unos días después del hallazgo, por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, muy cerca del ojo, el hombre fue identificado por uno de sus amigos como Michelangelo Merissi, el nombre verdadero del pintor mejor conocido como Caravaggio. A sus apenas 38 años de edad, la vida del pintor que representa la última etapa del renacimiento italiano, y que anticipa también el surgimiento del barroco, había finalmente sucumbido a una ruta suicida de excesos alcohólicos y sexuales, peleas feroces, hambre, enfermedades, excomuniones, amenazas, pleitos con otros pintores, con apostadores y hasta con reyes, papas y curas. Como narra uno de sus biógrafos, “sin la ayuda de Dios ni de los hombres murió tan miserablemente como había vivido”.
Pintor y asesino, genio y crápula, tahúr y sátiro. Las dualidades marcaron inexorablemente la vida del hijo de los Merissi, oriundos de Caravaggio, un pueblo cercano a la frontera con Venecia en la región de Lombardía, al norte de lo que hoy es Italia. Formado en la admiración por la pintura y escultura de Da Vinci y Miguel Ángel, durante su juventud, Caravaggio adquirió una habilidad extraordinaria para fijar su atención en los detalles minúsculos de los cuerpos y objetos, pero también para describir con belleza inusual la combinación de claroscuros, colores y escenas. La delicadeza de las facciones, la suavidad de los contornos de los ojos y bocas, las trayectorias imprecisas de arrugas y cicatrices, o las llaves de un carcelero, fueron atrapadas con una fuerza contundente por el pincel y la observación obsesiva, casi enfermiza, del nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571.
Hoy su pintura es reconocida como deslumbrante, universal y atemporal. Desafiante y provocadora, la creatividad del pintor milanés estaba a la par del ejercicio exquisito de su oficio, gobernado por un temperamento caudaloso, impetuoso e impulsivo. Sus cuadros representan el imaginario místico y religioso del final de la era medieval combinado con las prácticas mundanas de hombres, mujeres y niños, en escenas cotidianas, atormentadas y fantásticas. Su manejo de luces y sombras, el descubrimiento de las penumbras como el paisaje de la vida, el dibujo preciso de las expresiones corporales, de las texturas de la piel o el brillo del acero de espadas y cuchillos, el color de la sangre, las expresiones vitales y mortales de cabezas cercenadas.
Caravaggio reconstruye visualmente la geografía de los sentimientos de manera revolucionaria para los cánones de la pintura de la época. La curiosidad y la ingenuidad, el insomnio y la avaricia, la fe y la esperanza, la sorpresa, la amenaza y el chantaje, forman parte de las postales que iluminan toda la obra del mejor pintor del renacentismo y, para no pocos críticos, de toda la historia de la pintura occidental. Una ruptura espiritual e intelectual con los estilos dominantes de su era marca la ruta artística de sus obras, que se distribuyen en varias etapas o ciclos más o menos definidos (del naturalismo al realismo, del dramatismo a lo sombrío). Sus mecenas demandaron los encargos temáticos, pero él se hizo cargo de traducirlos en su propia clave estética. El resultado es la construcción de un itinerario vital marcado por la intensidad y la pasión, por la necesidad y el deseo, por la búsqueda y los hallazgos, por la creatividad pictórica asociada a una imaginación desbordada, múltiple y frecuentemente corrosiva.
El poder del arte es el poder del desconcierto y la sorpresa, ha sugerido el historiador Simon Schama. Y la obra de Caravaggio es justamente eso: la representación de una realidad que adquiere vida propia, una representación que no es un simple espejo o un mapa abstracto de los objetos mundanos, sino una forma de expresar visualmente la belleza insólita de personajes y cosas que se relacionan siempre de manera extraña y azarosa. El cráneo desnudo que reposa en la misma mesa en que un escribano copia pasajes de viejos pergaminos (San Jerónimo escribiendo, 1605), es muestra de esas atmósferas congeladas en el tiempo que, simultáneamente, parecen completamente vivas.
¿Cómo explicar el genio creativo del italiano? ¿Cuál es la fuente, el combustible vital, intelectual y emocional que explica sus expresiones artísticas? Atormentado y convulsivo, su temperamento fue una explosión creativa y a la vez destructiva, que terminó consumiendo su vida en una serie continua de violencia, excesos y pasiones, hipnotizado por la vida de los burdeles y los bajos fondos de Sicilia, Malta, Nápoles y Roma. Es la trayectoria de un artista que ayudó a conformar la primera modernidad que se recuerda. Fue un genio que alcanzaría la posterioridad y, a la vez, un asesino de ocasión.
A cuatro siglos de su muerte, las múltiples facetas del autor de la imponente David con la cabeza de Goliat (1605-1606) ¬¬--donde la cabeza cercenada del gigante es un autorretrato del propio Caravaggio, como una representación final de confesión y arrepentimiento sobre sus crímenes--, constituyen los testimonios del poderío artístico, racional y a la vez espiritual, de un pintor ya instalado en el piso exclusivo de la inmortalidad, de lo que no-morirá. Pero quizá la contribución mayor de sus obras, desde La Crucifixión de San Pedro (1601) a la Cabeza de Medusa (1598), de La vocación de San Mateo (1600) a Judith y Holofernes (1599), sea la incorporación del vacío absoluto como acompañante persistente de las vidas humanas, de las creencias religiosas y sus representaciones mundanas. Un vacío inexplicable, profundo y ubicuo, sin explicación ni remedio, asociado a la soledad, al desamparo, a la incredulidad. Tal vez eso sea la aportación artística e intelectual de Caravaggio a la pintura: la invención del vacío.
Monday, July 09, 2018
La hechura del nuevo gobierno: dichos y hechos
Estación de paso
La hora del lopezobradorismo: de los dichos a los hechos.
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 05/07/2018)
Ahora que todo apunta a que se consumó el triunfo electoral de la coalición “Juntos haremos historia” encabezada por AMLO, ha comenzado el complicado proceso de gobernar a una sociedad heterogénea a partir de las instituciones, las normas, las leyes, los recursos y presupuestos públicos realmente existentes. Atrás han quedado los 18 años de movilizaciones, campañas y conflictos pre, trans y postelectorales protagonizados por el ahora presidente electo. También han quedado en el pasado reciente los pleitos, la retórica incendiaria, los insultos, las descalificaciones, los debates, los golpes bajos y los escándalos altos que caracterizaron durante tres meses a las campañas electorales federales y locales en todo el país. Hoy, toca mirar hacia adelante y considerar con prontitud los relojes y calendarios que marcan la política y los procesos de gobierno en todos los campos de la acción pública. AMLO es, ahora sí, el presidente legal y legítimo de México, y no el presidente de opereta que fue electo y vitoreado por sus seguidores en el Zócalo en aquel tórrido verano postelectoral del 2006.
Dicen que no se pueden cosechar calmas sembrando vientos. Y eso puede justamente ocurrir al nuevo presidente electo, a sus consejeros y asesores, y a sus equipos de campaña. La coalición electoral tri-partidista que llevó al triunfo de AMLO, ha quedado desde ahora formalmente disuelta para tratar de convertirse en una suerte de coalición promotora de gobierno, instrumentadora de los cambios que AMLO prometió generosamente en campaña. Los beneficios de una estrategia cacha-votos alimentada por la retórica de la “mafia del poder” y que centró sus propuestas en considerar que la corrupción es la causa de todos nuestros males públicos, ahora tiene que absorber los costos de los pleitos, ambigüedades y vacíos que acompañaron también la obtención de los beneficios político-electorales de la campaña presidencial.
Dicen también que tener el poder no es lo mismo que ejercer el poder. La construcción de una candidatura triunfadora supone pactar con dios besando al diablo. Es construir una imagen apoyada en los soportes políticos de los aliados, sin reparar demasiado en la coherencia de las coaliciones, de los programas y de las promesas. El pragmatismo es el instrumento y la brújula de las campañas, asumiendo los riesgos de compañeros de viaje que podrían ser considerados indeseables en cualquier otra circunstancia. Pero el período postelectoral significa un rápido proceso de re-hechura de las alianzas ya no para ganar elecciones y mayorías, sino para gestionar los conflictos y los cambios de cara al proceso de gobierno, al acto de gobernar. A partir de ahora, diseñar decisiones de políticas públicas supone un conjunto de arreglos políticos estratégicos para que las políticas posean mínimos de factibilidad y de eficacia para el nuevo gobierno.
Dicen también que en una democracia electoral representativa y pluralista el ganador nunca gana todo. Y eso parece que ocurrirá otra vez en el caso mexicano. La oposición política al lopezobradorismo tendrá una ligera mayoría en el congreso, y partidos distintos a Morena han ganado gubernaturas, como es el caso de Jalisco, donde triunfó con comodidad Enrique Alfaro, postulado en solitario por el partido Movimiento Ciudadano. Eso significa que el nuevo ejecutivo federal tendrá que negociar permanentemente con la oposición para múltiples decisiones y acciones públicas, frente a un mapa muy complicado de intereses, actores y fuerzas políticas locales y nacionales. El fantasma del gobierno dividido y del presidencialismo débil vuelve a aparecer en el horizonte político nacional y eso significa siempre, para mal o para bien, la necesidad de ceder espacios, reconocer límites, potenciar alianzas, para tratar de mantener umbrales satisfactorios de gobernabilidad política y gobernanza institucional.
Esto ocurrirá en todos los campos de la acción pública, incluyendo por supuesto el de la educación. El significado de la “cancelación” de la reforma educativa tiene ahora que ser traducido y explicado con detalle y precisión. Ese spot de campaña le trajo a AMLO la confirmación de aliados, la simpatía de otros, y también le granjeó confirmar a viejos y nuevos adversarios. ¿Qué tipo de proyecto reformador, o restaurador, de la educación básica plantea el lopezobradorismo? ¿Quiénes serán sus aliados prácticos, tácticos y estratégicos? ¿Cómo se construirá la agenda y los contenidos de una nueva reforma educativa? Muy probablemente, el SNTE y la CNTE serán considerados como aliados potenciales del nuevo proceso reformador (o contra-reformador, o reformador de la reforma), pues los costos pueden o podrían ser muy altos para el nuevo gobierno.
En educación superior, las incógnitas rebasan con creces las respuestas. Más allá de las generalidades como las de admisión universal o la de becas para todos los jóvenes que promocionó generosamente AMLO en sus decenas de mítines y entrevistas, no se sabe muy bien ni el qué ni el cómo ni el cuándo, ni quiénes se encargaran de diseñar una propuesta de política educativa para este nivel que tenga que lidiar con temas como el de la calidad educativa, el financiamiento público, las bombas estalladas y las de relojería que son las pensiones y jubilaciones del profesorado universitario, la autonomía universitaria, el papel de las universidades privadas, el instrumental regulatorio adecuado para un sistema masificado y heterogéneo, las relaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, el papel y los perfiles del posgrado.
Dicen que prometer no empobrece, sino que lo que perjudica es cumplir. A partir de ahora, el desgaste del nuevo gobierno ha comenzado. Las ilusiones, promesas y anticipos verbales del candidato van a comenzar a pasar las pesadas facturas de las realidades de todos los días, en todos los temas. Las promesas del político en campaña tendrán que resolverlas como puedan los funcionarios del presidente electo. La abultada agenda de transformaciones del país que anunció AMLO tendrá que ser priorizadas y calendarizadas por operadores, asesores y consejeros. Lo interesante será saber cuáles son esas prioridades y cuántas de ellas podrán ser cumplidas.
La hora del lopezobradorismo: de los dichos a los hechos.
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 05/07/2018)
Ahora que todo apunta a que se consumó el triunfo electoral de la coalición “Juntos haremos historia” encabezada por AMLO, ha comenzado el complicado proceso de gobernar a una sociedad heterogénea a partir de las instituciones, las normas, las leyes, los recursos y presupuestos públicos realmente existentes. Atrás han quedado los 18 años de movilizaciones, campañas y conflictos pre, trans y postelectorales protagonizados por el ahora presidente electo. También han quedado en el pasado reciente los pleitos, la retórica incendiaria, los insultos, las descalificaciones, los debates, los golpes bajos y los escándalos altos que caracterizaron durante tres meses a las campañas electorales federales y locales en todo el país. Hoy, toca mirar hacia adelante y considerar con prontitud los relojes y calendarios que marcan la política y los procesos de gobierno en todos los campos de la acción pública. AMLO es, ahora sí, el presidente legal y legítimo de México, y no el presidente de opereta que fue electo y vitoreado por sus seguidores en el Zócalo en aquel tórrido verano postelectoral del 2006.
Dicen que no se pueden cosechar calmas sembrando vientos. Y eso puede justamente ocurrir al nuevo presidente electo, a sus consejeros y asesores, y a sus equipos de campaña. La coalición electoral tri-partidista que llevó al triunfo de AMLO, ha quedado desde ahora formalmente disuelta para tratar de convertirse en una suerte de coalición promotora de gobierno, instrumentadora de los cambios que AMLO prometió generosamente en campaña. Los beneficios de una estrategia cacha-votos alimentada por la retórica de la “mafia del poder” y que centró sus propuestas en considerar que la corrupción es la causa de todos nuestros males públicos, ahora tiene que absorber los costos de los pleitos, ambigüedades y vacíos que acompañaron también la obtención de los beneficios político-electorales de la campaña presidencial.
Dicen también que tener el poder no es lo mismo que ejercer el poder. La construcción de una candidatura triunfadora supone pactar con dios besando al diablo. Es construir una imagen apoyada en los soportes políticos de los aliados, sin reparar demasiado en la coherencia de las coaliciones, de los programas y de las promesas. El pragmatismo es el instrumento y la brújula de las campañas, asumiendo los riesgos de compañeros de viaje que podrían ser considerados indeseables en cualquier otra circunstancia. Pero el período postelectoral significa un rápido proceso de re-hechura de las alianzas ya no para ganar elecciones y mayorías, sino para gestionar los conflictos y los cambios de cara al proceso de gobierno, al acto de gobernar. A partir de ahora, diseñar decisiones de políticas públicas supone un conjunto de arreglos políticos estratégicos para que las políticas posean mínimos de factibilidad y de eficacia para el nuevo gobierno.
Dicen también que en una democracia electoral representativa y pluralista el ganador nunca gana todo. Y eso parece que ocurrirá otra vez en el caso mexicano. La oposición política al lopezobradorismo tendrá una ligera mayoría en el congreso, y partidos distintos a Morena han ganado gubernaturas, como es el caso de Jalisco, donde triunfó con comodidad Enrique Alfaro, postulado en solitario por el partido Movimiento Ciudadano. Eso significa que el nuevo ejecutivo federal tendrá que negociar permanentemente con la oposición para múltiples decisiones y acciones públicas, frente a un mapa muy complicado de intereses, actores y fuerzas políticas locales y nacionales. El fantasma del gobierno dividido y del presidencialismo débil vuelve a aparecer en el horizonte político nacional y eso significa siempre, para mal o para bien, la necesidad de ceder espacios, reconocer límites, potenciar alianzas, para tratar de mantener umbrales satisfactorios de gobernabilidad política y gobernanza institucional.
Esto ocurrirá en todos los campos de la acción pública, incluyendo por supuesto el de la educación. El significado de la “cancelación” de la reforma educativa tiene ahora que ser traducido y explicado con detalle y precisión. Ese spot de campaña le trajo a AMLO la confirmación de aliados, la simpatía de otros, y también le granjeó confirmar a viejos y nuevos adversarios. ¿Qué tipo de proyecto reformador, o restaurador, de la educación básica plantea el lopezobradorismo? ¿Quiénes serán sus aliados prácticos, tácticos y estratégicos? ¿Cómo se construirá la agenda y los contenidos de una nueva reforma educativa? Muy probablemente, el SNTE y la CNTE serán considerados como aliados potenciales del nuevo proceso reformador (o contra-reformador, o reformador de la reforma), pues los costos pueden o podrían ser muy altos para el nuevo gobierno.
En educación superior, las incógnitas rebasan con creces las respuestas. Más allá de las generalidades como las de admisión universal o la de becas para todos los jóvenes que promocionó generosamente AMLO en sus decenas de mítines y entrevistas, no se sabe muy bien ni el qué ni el cómo ni el cuándo, ni quiénes se encargaran de diseñar una propuesta de política educativa para este nivel que tenga que lidiar con temas como el de la calidad educativa, el financiamiento público, las bombas estalladas y las de relojería que son las pensiones y jubilaciones del profesorado universitario, la autonomía universitaria, el papel de las universidades privadas, el instrumental regulatorio adecuado para un sistema masificado y heterogéneo, las relaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, el papel y los perfiles del posgrado.
Dicen que prometer no empobrece, sino que lo que perjudica es cumplir. A partir de ahora, el desgaste del nuevo gobierno ha comenzado. Las ilusiones, promesas y anticipos verbales del candidato van a comenzar a pasar las pesadas facturas de las realidades de todos los días, en todos los temas. Las promesas del político en campaña tendrán que resolverlas como puedan los funcionarios del presidente electo. La abultada agenda de transformaciones del país que anunció AMLO tendrá que ser priorizadas y calendarizadas por operadores, asesores y consejeros. Lo interesante será saber cuáles son esas prioridades y cuántas de ellas podrán ser cumplidas.
Thursday, June 21, 2018
Corrupción académica
Estación de paso
Corrupción académica: ángeles y demonios
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus Milenio, 21/06/2018)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=11565:corrupcion-academica-angeles-y-demonios&Itemid=349
Ya se sabe: la vida académica no es ni ha sido nunca un lugar inmune a las prácticas de corrupción que existen en la sociedad general. Aunque los campus universitarios son representados como sitios apacibles asociados a la reflexión intelectual, la investigación científica y el debate político, la irrupción de pequeños escándalos mundanos sacude de vez en cuando la imagen de tranquilidad cotidiana en sus bibliotecas, aulas y edificios. Acoso, chantaje, sobornos, simulaciones, plagios académicos, mal uso de los dineros públicos, forman parte de la colección de comportamientos que se comentan en voz baja en diversas universidades, pero que provocan en ocasiones escándalos, escenas de indignación moral, reclamos airados a las autoridades, pleitos entre las comunidades universitarias, denuncias penales. Las causas son variadas, los hechos específicos múltiples, pero lo que destaca es el manto de invisibilidad individual y colectiva que cubre frecuentemente buena parte de esos comportamientos que lastiman la vida académica e institucional universitaria.
Ni los códigos del political correctness ni los protocolos de ética institucional han logrado inhibir la aparición de casos donde el plagio, el obsequio de calificaciones a cambio de favores sexuales, la laxitud en la elaboración de exámenes de grado o en la confección de tesis profesionales o aún de posgrado, aparecen en España, en México, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos o en Alemania. Es muy conocido el hecho de la existencia de políticos o funcionarios prominentes que, al mismo tiempo que se dedican a las labores propias de su oficio, estudian carreras o posgrados universitarios, tratando de obtener con ellos la legitimidad académica o intelectual que necesitan para fortalecer sus trayectorias políticas o burocráticas presentes o futuras. Tampoco es desconocido el hecho de que esposas o esposos, novios o novias, hijos o hijas de personajes importantes del gobierno o de las propias universidades, se les dispense un trato especial en sus años de formación universitaria, siendo objeto de deferencias escolares y excepciones académicas que facilitan su tránsito por la universidad.
Pero es en el sector de los “desheredados” donde las prácticas de corrupción encuentran un contexto de bajo riesgo y alta impunidad. Ahí la forma más burda de corrupción aparece en forma de acoso sexual. Las mujeres –en su mayoría estudiantes pero también no pocas profesoras- son el segmento que concentra abrumadoramente la mayor cantidad de prácticas de acoso por parte tanto de profesores más o menos respetados como de burócratas universitarios de alto o bajo rango. La denuncia suele ser una decisión muy cara para quienes son objeto del acoso pues, en tanto delito, supone careos, dichos, que difícilmente pueden ser comprobables.
Pero sea en el ámbito sexual, en el uso de los recursos públicos, o en el ámbito estrictamente académico la corrupción es una bestia multiforme. Desde hace tiempo el fenómeno dejó de ser solamente una colección de anécdotas y chismes para convertirse en un comportamiento social más complejo y profundo. Aunque los actos de corrupción son individuales y ocurren en contextos específicos, las dimensiones, componentes y alcances de esas prácticas forman parte del orden institucional universitario contemporáneo, y su magnitud se ha vuelto mayor debido a los procesos de masificación que la educación superior ha experimentado en los últimos treinta años. Después de todo, la universidad es una institución de poder, que confiere títulos, diplomas y certificaciones, que contribuye significativamente a la movilidad social ascendente, asigna posiciones y puestos, que recibe y distribuye recursos, que proporciona status, un sitio, un lugar, a los individuos y grupos en la vida social, política y académica.
Por ello, por ese poder institucional, la universidad se ha consolidado como un espacio política y socialmente apreciado. Ahí se configuran redes familiares y sociales que frecuentemente se expresan también como redes políticas, académicas y profesionales. Pero esta dinámica no se deriva automáticamente de una lógica de corrupción, pues la configuración del capital académico e intelectual de grupos e individuos pasa también por prácticas de probidad y exigencias éticas que se heredan de generación en generación en las distintas disciplinas científicas y campos profesionales que coexisten en la universidad. Ese es en realidad el núcleo duro, simbólico y práctico, de la legitimidad y prestigio institucional de la vida universitaria.
El problema de la corrupción es que no sabemos muy bien cómo identificarla y enfrentarla con eficacia. En el ámbito sexual, hay un orden institucional –un “orden de género”, dirían las especialistas del tema- que naturaliza el acoso y el chantaje como prácticas cotidianas, y se expresa en los códigos de comportamiento de profesores y autoridades, que supone complicidad y umbrales de tolerancia, digamos, muy elásticos. En el ámbito académico, hay también un orden que tiene que ver con el trato diferencial hacia políticos y famosos, pero que coexiste con los efectos perversos de las políticas de calidad que determinan los apoyos y recursos externos a las universidades: contratación de profesores con doctorados de dudosa reputación, exigencias de altas tasas de eficiencia terminal de estudiantes de licenciatura o posgrado, producción de indicadores de éxito laboral de los egresados. En el ámbito administrativo, el desvío de recursos, la malversación de fondos, son prácticas que muestran el lado más grotesco e irritante de la corrupción.
El fenómeno, sus evidencias, sus complejidades, están ahí. El problema es que no sabemos muy bien cómo reconocerlo y qué hacer con él. Cuando el orden institucional naturaliza o vuelve invisibles esas prácticas tenemos dificultades mayores para diferenciar, matizar, distinguir las distintas formas de corrupción universitaria. Y los actos de fe nunca son suficientes para exorcizar sus demonios sin expulsar también a nuestros ángeles.
Corrupción académica: ángeles y demonios
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus Milenio, 21/06/2018)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=11565:corrupcion-academica-angeles-y-demonios&Itemid=349
Ya se sabe: la vida académica no es ni ha sido nunca un lugar inmune a las prácticas de corrupción que existen en la sociedad general. Aunque los campus universitarios son representados como sitios apacibles asociados a la reflexión intelectual, la investigación científica y el debate político, la irrupción de pequeños escándalos mundanos sacude de vez en cuando la imagen de tranquilidad cotidiana en sus bibliotecas, aulas y edificios. Acoso, chantaje, sobornos, simulaciones, plagios académicos, mal uso de los dineros públicos, forman parte de la colección de comportamientos que se comentan en voz baja en diversas universidades, pero que provocan en ocasiones escándalos, escenas de indignación moral, reclamos airados a las autoridades, pleitos entre las comunidades universitarias, denuncias penales. Las causas son variadas, los hechos específicos múltiples, pero lo que destaca es el manto de invisibilidad individual y colectiva que cubre frecuentemente buena parte de esos comportamientos que lastiman la vida académica e institucional universitaria.
Ni los códigos del political correctness ni los protocolos de ética institucional han logrado inhibir la aparición de casos donde el plagio, el obsequio de calificaciones a cambio de favores sexuales, la laxitud en la elaboración de exámenes de grado o en la confección de tesis profesionales o aún de posgrado, aparecen en España, en México, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos o en Alemania. Es muy conocido el hecho de la existencia de políticos o funcionarios prominentes que, al mismo tiempo que se dedican a las labores propias de su oficio, estudian carreras o posgrados universitarios, tratando de obtener con ellos la legitimidad académica o intelectual que necesitan para fortalecer sus trayectorias políticas o burocráticas presentes o futuras. Tampoco es desconocido el hecho de que esposas o esposos, novios o novias, hijos o hijas de personajes importantes del gobierno o de las propias universidades, se les dispense un trato especial en sus años de formación universitaria, siendo objeto de deferencias escolares y excepciones académicas que facilitan su tránsito por la universidad.
Pero es en el sector de los “desheredados” donde las prácticas de corrupción encuentran un contexto de bajo riesgo y alta impunidad. Ahí la forma más burda de corrupción aparece en forma de acoso sexual. Las mujeres –en su mayoría estudiantes pero también no pocas profesoras- son el segmento que concentra abrumadoramente la mayor cantidad de prácticas de acoso por parte tanto de profesores más o menos respetados como de burócratas universitarios de alto o bajo rango. La denuncia suele ser una decisión muy cara para quienes son objeto del acoso pues, en tanto delito, supone careos, dichos, que difícilmente pueden ser comprobables.
Pero sea en el ámbito sexual, en el uso de los recursos públicos, o en el ámbito estrictamente académico la corrupción es una bestia multiforme. Desde hace tiempo el fenómeno dejó de ser solamente una colección de anécdotas y chismes para convertirse en un comportamiento social más complejo y profundo. Aunque los actos de corrupción son individuales y ocurren en contextos específicos, las dimensiones, componentes y alcances de esas prácticas forman parte del orden institucional universitario contemporáneo, y su magnitud se ha vuelto mayor debido a los procesos de masificación que la educación superior ha experimentado en los últimos treinta años. Después de todo, la universidad es una institución de poder, que confiere títulos, diplomas y certificaciones, que contribuye significativamente a la movilidad social ascendente, asigna posiciones y puestos, que recibe y distribuye recursos, que proporciona status, un sitio, un lugar, a los individuos y grupos en la vida social, política y académica.
Por ello, por ese poder institucional, la universidad se ha consolidado como un espacio política y socialmente apreciado. Ahí se configuran redes familiares y sociales que frecuentemente se expresan también como redes políticas, académicas y profesionales. Pero esta dinámica no se deriva automáticamente de una lógica de corrupción, pues la configuración del capital académico e intelectual de grupos e individuos pasa también por prácticas de probidad y exigencias éticas que se heredan de generación en generación en las distintas disciplinas científicas y campos profesionales que coexisten en la universidad. Ese es en realidad el núcleo duro, simbólico y práctico, de la legitimidad y prestigio institucional de la vida universitaria.
El problema de la corrupción es que no sabemos muy bien cómo identificarla y enfrentarla con eficacia. En el ámbito sexual, hay un orden institucional –un “orden de género”, dirían las especialistas del tema- que naturaliza el acoso y el chantaje como prácticas cotidianas, y se expresa en los códigos de comportamiento de profesores y autoridades, que supone complicidad y umbrales de tolerancia, digamos, muy elásticos. En el ámbito académico, hay también un orden que tiene que ver con el trato diferencial hacia políticos y famosos, pero que coexiste con los efectos perversos de las políticas de calidad que determinan los apoyos y recursos externos a las universidades: contratación de profesores con doctorados de dudosa reputación, exigencias de altas tasas de eficiencia terminal de estudiantes de licenciatura o posgrado, producción de indicadores de éxito laboral de los egresados. En el ámbito administrativo, el desvío de recursos, la malversación de fondos, son prácticas que muestran el lado más grotesco e irritante de la corrupción.
El fenómeno, sus evidencias, sus complejidades, están ahí. El problema es que no sabemos muy bien cómo reconocerlo y qué hacer con él. Cuando el orden institucional naturaliza o vuelve invisibles esas prácticas tenemos dificultades mayores para diferenciar, matizar, distinguir las distintas formas de corrupción universitaria. Y los actos de fe nunca son suficientes para exorcizar sus demonios sin expulsar también a nuestros ángeles.
Tuesday, June 19, 2018
La paradoja de AMLO
La paradoja de AMLO
Adrián Acosta Silva
Publicado en Nexos en línea 18/06/2018.
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9169
México es un país que parece ir nuevamente a contracorriente de las tendencias latinoamericanas. Hay que recordar que cuando en los años sesenta y hasta los ochenta del siglo pasado la mayor parte de los países de la región experimentaban regímenes dictatoriales que luego se convertirían en democráticos, en México se fortalecía un régimen semidemocrático o semi-autoritario, pero no dictatorial ni democrático. También hay que recordar que al inicio del siglo XXI, cuando en la mayor parte de los países destacaba el péndulo político hacia el anti-neoliberalismo y el neopopulismo de izquierdas -el lulismo en Brasil, el chavismo/madurismo en Venezuela, el evismo en Bolivia, el kirchnerismo en Argentina, el correismo en Ecuador-, en México se asistía a un proceso de democratización marcado por la influencia de las fuerzas políticas de la derecha y la persistencia del recetario básico del neoliberalismo económico desprendido del célebre Consenso de Washington (PRI 1994-2000, y PAN, 2000-2012).
Si esa característica se mantiene, con el caso del eventual triunfo de AMLO México se confirmaría como un caso de “excepción política” de las tendencias latinoamericanas. ¿Qué factores explican ese fenómeno en las circunstancias actuales? Hay tres elementos a considerar para tratar de entender el “fenómeno AMLO”: el clima de escepticismo social y político, el déficit de desempeño de la democracia mexicana, y el perfil y la trayectoria del proyecto político que ha construido pacientemente el lopezobradorismo en los últimos 18 años.
El primero de esos factores puede caracterizarse como un clima político dominado por el escepticismo y la desconfianza (un clásico “espíritu de época”) alimentado vigorosamente por la corrupción política, la persistencia de la desigualdad social, y el decepcionante desempeño de la economía mexicana a lo largo de la transición política de nuestro país. Ese clima también se nutre del descrédito de los partidos políticos tradicionales (PAN/PRI/PRD), y del comportamiento sistémico partidista construido a lo largo de las últimas dos décadas, lo que explica el hecho de que en la actual campaña presidencial exista un claro proceso de personalización y “despartidización” de las ofertas electorales.
En segundo lugar, la percepción de ineficacia institucional que la alternancia política (PAN 2000-2012) y el retorno del PRI (2012-2018), irradió entre los ciudadanos. Esa percepción tiene que ver con la relación entre política, justicia y economía, o para decirlo en términos más clásicos, ente democracia, seguridad y desarrollo. A ritmo lento, una suerte de sobrecarga de demandas económicas y reclamos sociales hacia la joven democracia mexicana se acumulan en el horizonte político-institucional del Estado, demandas que no han podido ser gestionadas ni resueltas satisfactoriamente por gobiernos democráticamente electos tanto a nivel federal como estatal y municipal. En otras palabras, las tensiones entre legitimidad política y eficacia institucional (el viejo síndrome de la ingobernabilidad) vuelven al centro explicativo del malestar de muchos sectores sociales respecto de la capacidad democrática para resolver los problemas de desigualdad, inequidad y corrupción que habitan el precoz desencanto político mexicano.
En tercer lugar, la presencia de un político profesional, carismático, que a lo largo de tres elecciones presidenciales (2006, 2012 y la actual) personaliza un proyecto que aspira a la reconstrucción de un pasado idealizado y en cierta manera nostálgico, pero que conjuga con una propuesta de un futuro luminoso habitado por promesas de crecimiento económico, honestidad y prosperidad, que impulsa la imagen de un país distinto, donde la corrupción es la causa de todos los males, y que aspira a una sociedad cohesionada, armónica y feliz (la “República amorosa”).
El principal acierto político y simbólico de la coalición que encabeza AMLO es una paradoja: reconocer que el mejor de los futuros posibles de México está en su pasado. En este sentido, AMLO representa un proyecto conservador/restaurador de cambio como apuesta hacia el futuro. Es algo así como la paradoja de AMLO. Muchos sectores sociales, intelectuales, políticos y empresariales, tradicionales y no tradicionales, se ha incorporado a este proyecto, construido personalmente por el propio López Obrador desde su primera participación como candidato presidencial en 2006, recorriendo de manera obsesiva, sistemática, rancherías, pueblos y ciudades a lo largo de los últimos doce años, con reuniones periódicas con grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, y con muchos líderes sindicales y políticos de prácticamente todas las regiones y de todas las corrientes políticas del país. De origen priista, luego perredista, y ahora morenista, AMLO es un personaje complejo, que transitó a las filas de la izquierda junto con otros prominentes priistas durante los años noventa, pero que nunca abrazó los principios ideológicos ni los clichés ni valores de las izquierdas marxistas mexicanas. En ese sentido, es un híbrido político e ideológico, un “animal” extraño entre las tierras de la izquierda mexicana (y latinoamericana), pero rápidamente “demonizado” por las fuerzas liberales y de las derechas políticas que hoy le enfrentan en la contienda presidencial.
La Coalición “Juntos haremos Historia” que encabeza AMLO se nutre de esos tres factores, que explican su fuerza pero también muestran sus debilidades. A partir de un diagnóstico catastrófico de lo que ha ocurrido con la sociedad y la economía mexicana desde los tiempos del salinismo (1988-1994), y de un proyecto caudillista de recuperación de la fuerza del poder presidencial en México, que combina con la ambigüedad ideológica del neopopulismo y del viejo nacionalismo mexicano, López Obrador reinventa un lenguaje y un discurso que parecen penetrar eficazmente en los sectores más decepcionados, desencantados o escépticos de la sociedad mexicana. El déficit de autoridad que se deriva de la crisis de legitimidad del régimen presidencialista mexicano, constituye el centro causal, simbólico y práctico, del proyecto lopezobradorista de recuperación de la confianza en la institución presidencial, lo que incluye claros desplantes autoritarios. Su distinción ciertamente maniquea, simplificadora, entre la “mafia del poder” y el “pueblo” parece encontrar respuesta entre sectores de ciudadanos que no ven en las coaliciones del PRI o del PAN alternativas consistentes, creíbles, para que las cosas cambien.
La Coalición encabezada por Anaya también apuesta por conquistar esos votos, pero el desgaste y las fracturas del panismo parece debilitar su credibilidad entre muchos ciudadanos. Por su parte, la coalición del oficialismo priista, encabezada por un camaleónico exfuncionario del gobierno de Peña Nieto (José Antonio Meade), que también fue parte del gabinete panista durante el foxismo y el calderonismo, no parece tener mucho atractivo entre las filas del malestar político mexicano. Finalmente, el “independentismo” relativo representado efímeramente por Margarita Zavala, y ahora por un personaje extraído de las catacumbas de la derecha más cerril que se incubó en la atmósfera anti-política y antigubernamental de los últimos años (Jaime Rodríguez, el “Bronco”), no parece encontrar mucho eco ni entre los jóvenes ni entre los adultos de la sociedad mexicana. En ese contexto, AMLO destaca a la vez como emblema, símbolo y personaje de una fuerza política capaz de ganar con claridad las elecciones presidenciales, pero que tendrá que lidiar con el “problema maldito” del gobierno dividido y la ineficacia gubernativa que ha caracterizado a la democracia mexicana durante las últimas dos décadas.
Adrián Acosta Silva
Publicado en Nexos en línea 18/06/2018.
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9169
México es un país que parece ir nuevamente a contracorriente de las tendencias latinoamericanas. Hay que recordar que cuando en los años sesenta y hasta los ochenta del siglo pasado la mayor parte de los países de la región experimentaban regímenes dictatoriales que luego se convertirían en democráticos, en México se fortalecía un régimen semidemocrático o semi-autoritario, pero no dictatorial ni democrático. También hay que recordar que al inicio del siglo XXI, cuando en la mayor parte de los países destacaba el péndulo político hacia el anti-neoliberalismo y el neopopulismo de izquierdas -el lulismo en Brasil, el chavismo/madurismo en Venezuela, el evismo en Bolivia, el kirchnerismo en Argentina, el correismo en Ecuador-, en México se asistía a un proceso de democratización marcado por la influencia de las fuerzas políticas de la derecha y la persistencia del recetario básico del neoliberalismo económico desprendido del célebre Consenso de Washington (PRI 1994-2000, y PAN, 2000-2012).
Si esa característica se mantiene, con el caso del eventual triunfo de AMLO México se confirmaría como un caso de “excepción política” de las tendencias latinoamericanas. ¿Qué factores explican ese fenómeno en las circunstancias actuales? Hay tres elementos a considerar para tratar de entender el “fenómeno AMLO”: el clima de escepticismo social y político, el déficit de desempeño de la democracia mexicana, y el perfil y la trayectoria del proyecto político que ha construido pacientemente el lopezobradorismo en los últimos 18 años.
El primero de esos factores puede caracterizarse como un clima político dominado por el escepticismo y la desconfianza (un clásico “espíritu de época”) alimentado vigorosamente por la corrupción política, la persistencia de la desigualdad social, y el decepcionante desempeño de la economía mexicana a lo largo de la transición política de nuestro país. Ese clima también se nutre del descrédito de los partidos políticos tradicionales (PAN/PRI/PRD), y del comportamiento sistémico partidista construido a lo largo de las últimas dos décadas, lo que explica el hecho de que en la actual campaña presidencial exista un claro proceso de personalización y “despartidización” de las ofertas electorales.
En segundo lugar, la percepción de ineficacia institucional que la alternancia política (PAN 2000-2012) y el retorno del PRI (2012-2018), irradió entre los ciudadanos. Esa percepción tiene que ver con la relación entre política, justicia y economía, o para decirlo en términos más clásicos, ente democracia, seguridad y desarrollo. A ritmo lento, una suerte de sobrecarga de demandas económicas y reclamos sociales hacia la joven democracia mexicana se acumulan en el horizonte político-institucional del Estado, demandas que no han podido ser gestionadas ni resueltas satisfactoriamente por gobiernos democráticamente electos tanto a nivel federal como estatal y municipal. En otras palabras, las tensiones entre legitimidad política y eficacia institucional (el viejo síndrome de la ingobernabilidad) vuelven al centro explicativo del malestar de muchos sectores sociales respecto de la capacidad democrática para resolver los problemas de desigualdad, inequidad y corrupción que habitan el precoz desencanto político mexicano.
En tercer lugar, la presencia de un político profesional, carismático, que a lo largo de tres elecciones presidenciales (2006, 2012 y la actual) personaliza un proyecto que aspira a la reconstrucción de un pasado idealizado y en cierta manera nostálgico, pero que conjuga con una propuesta de un futuro luminoso habitado por promesas de crecimiento económico, honestidad y prosperidad, que impulsa la imagen de un país distinto, donde la corrupción es la causa de todos los males, y que aspira a una sociedad cohesionada, armónica y feliz (la “República amorosa”).
El principal acierto político y simbólico de la coalición que encabeza AMLO es una paradoja: reconocer que el mejor de los futuros posibles de México está en su pasado. En este sentido, AMLO representa un proyecto conservador/restaurador de cambio como apuesta hacia el futuro. Es algo así como la paradoja de AMLO. Muchos sectores sociales, intelectuales, políticos y empresariales, tradicionales y no tradicionales, se ha incorporado a este proyecto, construido personalmente por el propio López Obrador desde su primera participación como candidato presidencial en 2006, recorriendo de manera obsesiva, sistemática, rancherías, pueblos y ciudades a lo largo de los últimos doce años, con reuniones periódicas con grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, y con muchos líderes sindicales y políticos de prácticamente todas las regiones y de todas las corrientes políticas del país. De origen priista, luego perredista, y ahora morenista, AMLO es un personaje complejo, que transitó a las filas de la izquierda junto con otros prominentes priistas durante los años noventa, pero que nunca abrazó los principios ideológicos ni los clichés ni valores de las izquierdas marxistas mexicanas. En ese sentido, es un híbrido político e ideológico, un “animal” extraño entre las tierras de la izquierda mexicana (y latinoamericana), pero rápidamente “demonizado” por las fuerzas liberales y de las derechas políticas que hoy le enfrentan en la contienda presidencial.
La Coalición “Juntos haremos Historia” que encabeza AMLO se nutre de esos tres factores, que explican su fuerza pero también muestran sus debilidades. A partir de un diagnóstico catastrófico de lo que ha ocurrido con la sociedad y la economía mexicana desde los tiempos del salinismo (1988-1994), y de un proyecto caudillista de recuperación de la fuerza del poder presidencial en México, que combina con la ambigüedad ideológica del neopopulismo y del viejo nacionalismo mexicano, López Obrador reinventa un lenguaje y un discurso que parecen penetrar eficazmente en los sectores más decepcionados, desencantados o escépticos de la sociedad mexicana. El déficit de autoridad que se deriva de la crisis de legitimidad del régimen presidencialista mexicano, constituye el centro causal, simbólico y práctico, del proyecto lopezobradorista de recuperación de la confianza en la institución presidencial, lo que incluye claros desplantes autoritarios. Su distinción ciertamente maniquea, simplificadora, entre la “mafia del poder” y el “pueblo” parece encontrar respuesta entre sectores de ciudadanos que no ven en las coaliciones del PRI o del PAN alternativas consistentes, creíbles, para que las cosas cambien.
La Coalición encabezada por Anaya también apuesta por conquistar esos votos, pero el desgaste y las fracturas del panismo parece debilitar su credibilidad entre muchos ciudadanos. Por su parte, la coalición del oficialismo priista, encabezada por un camaleónico exfuncionario del gobierno de Peña Nieto (José Antonio Meade), que también fue parte del gabinete panista durante el foxismo y el calderonismo, no parece tener mucho atractivo entre las filas del malestar político mexicano. Finalmente, el “independentismo” relativo representado efímeramente por Margarita Zavala, y ahora por un personaje extraído de las catacumbas de la derecha más cerril que se incubó en la atmósfera anti-política y antigubernamental de los últimos años (Jaime Rodríguez, el “Bronco”), no parece encontrar mucho eco ni entre los jóvenes ni entre los adultos de la sociedad mexicana. En ese contexto, AMLO destaca a la vez como emblema, símbolo y personaje de una fuerza política capaz de ganar con claridad las elecciones presidenciales, pero que tendrá que lidiar con el “problema maldito” del gobierno dividido y la ineficacia gubernativa que ha caracterizado a la democracia mexicana durante las últimas dos décadas.
Thursday, June 07, 2018
Reforma de Córdoba 1918-2018
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=11380:cordoba-1918-2018-vergueenza-y-libertad&Itemid=349
Estación de paso
Córdoba 1918-2018: vergüenza y libertad
Adrián Acosta Silva
En tan solo seis meses, entre marzo y octubre de 1918, una serie de acontecimientos ocurridos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, marcaría significativamente el espíritu intelectual y político de una época, un espectro que recorrería con diversas intensidades a las universidades públicas latinoamericanas y caribeñas. Expresión de rebeldía contra el statu quo universitario de principios de siglo, un grupo de estudiantes cordobeses, encabezados, entre otros, por Deodoro Roca –un destacado estudiante de derecho-, declararon una huelga general para impedir la elección de un rector, tomaron el frontispicio del edificio de la Universidad, enarbolaron la bandera de la Federación Universitaria de Córdoba, y, solo unos días después, proclamaron el célebre Manifiesto Liminar, la expresión simbólica más conocida del movimiento estudiantil que asumió la idea de la reforma de la universidad. Todo esto ocurrió en menos de una semana. La huelga inició el 15 de junio y el Manifiesto fue publicado el 21 de junio.
Fueron días seguramente intensos, ajetreados, difíciles. Fue el tiempo comprimido de una juventud que “ya no pide sino exige derechos”; que reclamaba la “revolución de las conciencias”; que acusaba la “insolvencia moral” de las autoridades universitarias; que afirmaba la certeza de que “estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana”. Frases poéticas y retórica incendiaria que habitan el corazón encendido del discurso que simboliza el Manifiesto. Palabras del mascarón de proa del movimiento reformista: “una vergüenza menos, una libertad más”. A raíz de ello, del impulso a un cambio en la orientación, la estructura y el funcionamiento de la configuración y prácticas de la universidad, emergería una agenda de transformaciones que incluiría el co-gobierno universitario, la autonomía, la docencia libre, la democratización, el libre acceso a la universidad, el reconocimiento por parte del Estado de la autoridad intelectual, social y política de la universidad en la construcción de las sociedades nacionales.
La épica cordobesa se extenderá a lo largo del subcontinente durante el siglo XX, aunque sus expresiones locales no fueron homogéneas. Se combinaría por ejemplo con la experiencia de la Universidad Nacional de México que refundara Justo Sierra durante el último año de la dictadura de Porfirio Díaz, y que en 1918 sobrevivía a duras penas entre las balas y cañones de la Revolución Mexicana, atrapada entre la retórica revolucionaria que le imprimiría Vasconcelos y la estirpe autonómica y liberal que le insuflara Justo Sierra. Muchos tipos de autonomías, de co-gobiernos, de estructuras y prácticas académicas se configurarían en los distintos territorios y poblaciones universitarias. Ello no obstante, Córdoba importa más por lo que representa que por lo que fue: la expresión de un reclamo paradójico, a la vez corporativo y liberal, para transformar una institución cuyo pasado colonial se expresaba en el agotamiento de sus formas de reclutamiento y sus prácticas escolares, su carácter oligárquico, su conducción despótica, su irrelevancia social, intelectual y política.
¿Qué representa hoy el movimiento estudiantil de Córdoba? ¿Qué significan hoy las demandas de autonomía, democratización universitaria, compromiso social, autogobierno, participación, que enarbolaron los estudiantes en el Manifiesto Liminar? ¿Cómo valorar los efectos, latinoamericanos de ese movimiento a un centenario de los acontecimientos? No resulta fácil ofrecer respuestas contundentes a estas preguntas. Sin embargo, se puede proponer la hipótesis de que ese movimiento reformador sentó las bases de un nuevo modelo de legitimidad política y representación social de las universidades públicas latinoamericanas y caribeñas, cuya vigencia perduraría durante prácticamente todo el siglo XX.
Es un modelo de legitimidad centrado en dos fuentes principales: la intelectual y la política. Y un patrón de representación social basado en la combinación de dos principios contradictorios: uno corporativo, otro meritocrático. La legitimidad se codificó en la autonomía política (cogobierno universitario) y en la libertad de enseñanza e investigación, el derecho al debate público; la representación de la universidad se construyó en su imagen social en tanto corporación o comunidad de estudiantes y profesores, y en su transición de institución oligárquica y aristocrática a una mesocrática. La expresión de este modelo de legitimidad y representación se desarrollaría en los años de la modernización y el desarrollismo latinoamericano, y alcanzaría su punto máximo con la construcción de las ciudades universitarias de Bogotá (1940-1946), de México (1949-1952), de Caracas (1950-1953), o de Brasilia (1963-1972).
Hoy, Córdoba es una imagen lejana en el tiempo y en las prácticas institucionales. La autonomía y el cogobierno universitario ya no son lo que solían ser. Dos fuerzas han actuado para cambiar el sentido y el contenido del viejo modelo de legitimidad y representación. Una tiene que ver con la lógica neo-intervencionista del Estado a través de políticas de ajuste y modernización de las universidades públicas desde finales de los años ochenta. La otra tiene que ver con asuntos internos: neo-utilitarismo académico, hiper-politización, radicalismo, colonización de las autonomías por parte de partidos o grupos políticos universitarios que coexisten con la serenidad de rutinas académicas estables, y con la apatía, el desinterés o la indiferencia de muchos estudiantes y profesores en las prácticas del gobierno universitario.
Sobre las ruinas, los ecos y las nostalgias de Córdoba se ha erigido un nuevo modelo de legitimidad y representación, basado más en indicadores de rendimiento institucional que en la retórica del compromiso intelectual y moral de las universidades públicas. La autonomía amplia cedió el paso a la autonomía sobreregulada y el cogobierno universitario cedió el paso a la métrica y la retórica de la calidad, la innovación y el gobierno estratégico. Las representaciones sociales de la universidad pública se han vuelto mucho más complejas y diversas, en una sociedad que mantiene niveles inaceptables de pobreza y desigualdad, en la cual el acceso a las universidades solo es posible para 3 de cada 10 jóvenes. Quizá sea el momento de hacer el recuento de nuestras nuevas vergüenzas y un inventario de las libertades que es necesario reclamar. Quizá esa sea la gran lección de Córdoba, un siglo después.
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