Gran Torino, negro, modelo ´72. Impecable.
Adrián Acosta Silva
La más reciente película de Clint Eastwood (que de hecho puede ser la última, según ha dicho por ahí), es un relato situado a salto de caballo entre el drama y la comedia, pero también entre el humor y la tragedia. Personificada por Walt Kowalski, un obrero casi octagenario, jubilado de la Ford, viudo y solitario, cuyas aficiones son beber cerveza, mirar a los vecinos y cuidar con esmero a su auto y a su perra, la historia que dirige y actúa Eastwood puede ser vista como una daga que penetra directamente al centro del corazón políticamente correcto que invade a la sociedad gringa desde hace décadas. Con humor irreverente y sarcasmo ácido, el director nos muestra a las nuevas minorías que invaden desde hace tiempo las ciudades y los pueblos del medio oeste, no como la colección de postales folck y estereotipos que suelen presentar activistas de los derechos civiles o los medios de comunicación, sino más bien como una colección de familias e individuos tratando de adaptarse a un medio hostil, entre los que se encuentran individuos esforzados y apacibles junto con el puñado de hijos de la chingada que nunca faltan en ninguna sociedad, raza, etnia o nativos de ningún lado.
Como en todas las cintas recientes del autor, hay un sentido de trascendencia moral del personaje y de la historia, que en este caso tiene que ver con la soledad, el descubrimiento de los otros, las contradicciones entre la ética religiosa, las convicciones personales y las prácticas civiles. Tomando distancia del sacerdote de la historia (casi siempre hay uno en sus películas, como en la célebre Million Dollar Baby, de 2004), y todo lo que él representa en la vida cotidiana de la comunidad, Kowalski es un ateo práctico, que asume sus limitaciones y contradicciones sin rubor y sin presunción, tratando de convivir con ellas a pesar de la ominosa carga moral que aplasta su alma desde que asesinó a soldados indefensos en la guerra de Corea. Sus hijos y nietos son la gente extraña del personaje, una colección de familiares irreconocibles e impresentables para el exobrero de la Ford, mientras que poco a poco la familia Hmong que vive al lado se convierte en el nuevo entorno afectivo del protagonista. El proceso de aceptación de su presencia y sus prácticas, de sus símbolos, constituye el eje de la transformación de Kowalski, cuyas creencias y convicciones son alteradas por el reconocimiento de los valores de sus vecinos.
Pero es también la violencia pandilleril el lado oscuro de la luna eastwoodiana. La tribu de hunos urbanizados que encabeza el primo familiar de los Hmong, forjados a base del enfrentamiento criminal con otras tribus urbanas de latinos y negros, simbolizan el orden práctico al que deben adaptarse los hombres jóvenes de los migrantes, y a lo que se resisten mediante la intervención resuelta y un tanto autoritaria de la hermana y de la madre. Esta tensión entre violencia y adaptación, entre la búsqueda de sentido de pertenencia y la obediencia a la estructura familiar, ilumina buena parte de la película, que terminará por el sacrificio del personaje principal en beneficio del joven de la familia vecinal.
Gran Torino es la vuelta a la escena del tema de los valores y de las prácticas del orden social, representadas por Kowalski, los Hmong y la comunidad anglosajona a la que intentan adaptarse. Pero es también una historia del desvanecimiento de las certezas y los hábitos en medio de un orden que se desmorona, un poco como mostró el propio Eastwood en Los imperdonables (1992). Con un lenguaje políticamente incorrecto (“cabezas de pescado”, “cabeza de cierre”, italiano-hijo de-puta, son los adjetivos que suelta Kowalski a sus vecinos y amigos), el director y actor remueve el dedo en la llaga del neoconservadurismo que domina el lenguaje políticamente correcto de la época. El impecable Ford Gran Torino negro, modelo 1972, que permanece en el fondo de la película como testigo de la historia, simboliza el pasado perfecto que todos quisiéramos tener, ese que se pule con obsesión y se limpia como el recuerdo precioso de un presente imposible. Como la vida, justamente.
Tuesday, March 31, 2009
Wednesday, March 25, 2009
Chismes y política
Chismes y política: la realidad de los espejos (rotos)
Adrián Acosta Silva
Una de las curiosidades de la vida política mexicana contemporánea es su marcada propensión a convertirse en el centro de toda suerte de rumores, chismes y escándalos. Esa propensión no es nueva (ni ocurre sólo aquí, por lo demás), pero en los últimos años –justamente los de nuestra transición y cambio político hacia la democracia, lo que eso a estas alturas signifique- esa tendencia se ha recrudecido hasta alcanzar el centro simbólico y propagandístico de la bestia insaciable de los medios. No hay medio escrito, radiofónico, televisivo o virtual (o sea, el que se difunde por la internet, a través de infinidad de blogs, páginas web, correos electrónicos), que no contemple entre su oferta de “información” una sección, columna, una nota, reportaje o entrevista donde esos rumores y chismes se reproduzcan, se generen o se den por cierto sin más para construir a continuación el “análisis” instantáneo de la vida política local o nacional. La política suele aparecer en estos espacios como una farsa, una comedia o una tragedia, según lo dictaminen los observadores. Se trate de intrigas palaciegas, aldeanas o de cantina, los protagonistas cotidianos de la vida política aparecen como actores dispuestos a la transa, al embute, a colocarle zancadillas al otro, a colocar sus intereses personales por encima de sus funciones públicas, a estar dispuestos a lo que sea para alcanzar sus propósitos, sin importar el costo público, político o mediático de sus acciones.
Tenemos así la crónica de un escenario donde un ejército de farsantes, mentirosos, cínicos e hipócritas de diversa calaña y alcances protagonizan la sátira política de la temporada, mientras, abajo y al fondo, entre las luces mortecinas del gran teatro de la vida pública de los medios, otro ejército registra, inventa, o narra a su modo y oficio la puesta en escena del día, las actuaciones de los personajes, sus guiños y conversaciones, sus silencios, sus miradas, sus limitaciones. Ese otro ejército de reporteros, periodistas y opinadores profesionales o amateurs, interpretan lo que sienten o creen, y lo transmiten desde la óptica de sus prejuicios, sus ocurrencias o sus preferencias éticas o estéticas de carácter político, o anti-político. No existe el interés por saber la veracidad de lo que escuchan u observan, ni por verificar si lo que es apenas audible es cierto, o si las conversaciones en voz baja de los protagonistas es sólo una parte de lo que suele comentar dentro de la vida privada de ciudadanos y políticos. Eso, bien visto, no importa. Lo que es relevante es lo que dicen, creen, piensan o catalogan los intérpretes del vecindario, no los actores del espectáculo de todos los días.
Pero el asunto es un tanto más complicado, por el hecho de que la política y los políticos son el objeto de atención de medios que no pueden vivir sin la dosis diaria de escándalo y especulación que le rodea. Una práctica cotidiana es inventar historias, narrar anécdotas y vericuetos entre políticos, inducir o inventar rumores envenenados, para confirmar que el oficio de la política no es más que la suma de las personalizaciones correspondientes. Bajo el supuesto de que la mejor política es la que no existe, y de que lo que hay no es más que la confirmación de que de la política formal y real nada bueno puede esperarse, los medios documentan pacientemente y a veces fantasiosamente acusaciones, filtraciones y chismes, que entre más escandalosos parezcan, más enaltecen al chismoso de ocasión. El morbo político es el morbo de los que miran a un atropellado, tratando de mirar lo expuesto, de descifrar los daños, de observar lo que quedó a salvo, de especular cómo sucedió todo.
Gobernados por la convicción de que en política todo tiene una lógica coherente y esférica, una causa y un efecto calculados, los mirones y los chismosos del periodismo practican el viejo hábito de la especulación sin pruebas, de la invención de historias y hasta de actos de telepatía politológica, donde son capaces de saber hasta lo que piensan los actores y cómo sus acciones son la expresión cotidiana de sus planes y deseos. Personajes y personajillos de nuestra vida política aparecen entonces como los protagonistas de novelones o novelitas de cálculo y ambición, de lágrimas, bostezos y risas, que son relatados también por personajes o personajillos de medios que desmenuzan hasta la náusea las palabras, los gestos y las poses de los observados.
La vida política se vuelve entonces en un juego de espejos rotos, en la que los políticos y funcionarios juegan un juego de cartas marcadas, que simplemente basta mirar para comprender el desarrollo y el desenlace del juego, y en la que los narradores se dedican a trasmitir a multitudes imaginarias sus impresiones y certezas. El narrador se vuelve entonces en un actor más de la política, o se coloca al filo de la relación entre el observador y el observado, pero que no corre nunca con los riesgos del político y la política profesional. La incertidumbre y las ambiciones se vuelven entonces datos incómodos para los intérpretes del periodismo, hechos viejos que resultan problemáticos para quienes se han acostumbrado a ver en la política mexicana el peor de los mundos posibles. La imaginería y el delirio de los medios se han vuelto directamente proporcionales a la grisura, la ineficacia y la opacidad de la política profesional. La danza de sombras entre medios y política se ha convertido el signo mexicano de nuestra consolidación democrática.
Adrián Acosta Silva
Una de las curiosidades de la vida política mexicana contemporánea es su marcada propensión a convertirse en el centro de toda suerte de rumores, chismes y escándalos. Esa propensión no es nueva (ni ocurre sólo aquí, por lo demás), pero en los últimos años –justamente los de nuestra transición y cambio político hacia la democracia, lo que eso a estas alturas signifique- esa tendencia se ha recrudecido hasta alcanzar el centro simbólico y propagandístico de la bestia insaciable de los medios. No hay medio escrito, radiofónico, televisivo o virtual (o sea, el que se difunde por la internet, a través de infinidad de blogs, páginas web, correos electrónicos), que no contemple entre su oferta de “información” una sección, columna, una nota, reportaje o entrevista donde esos rumores y chismes se reproduzcan, se generen o se den por cierto sin más para construir a continuación el “análisis” instantáneo de la vida política local o nacional. La política suele aparecer en estos espacios como una farsa, una comedia o una tragedia, según lo dictaminen los observadores. Se trate de intrigas palaciegas, aldeanas o de cantina, los protagonistas cotidianos de la vida política aparecen como actores dispuestos a la transa, al embute, a colocarle zancadillas al otro, a colocar sus intereses personales por encima de sus funciones públicas, a estar dispuestos a lo que sea para alcanzar sus propósitos, sin importar el costo público, político o mediático de sus acciones.
Tenemos así la crónica de un escenario donde un ejército de farsantes, mentirosos, cínicos e hipócritas de diversa calaña y alcances protagonizan la sátira política de la temporada, mientras, abajo y al fondo, entre las luces mortecinas del gran teatro de la vida pública de los medios, otro ejército registra, inventa, o narra a su modo y oficio la puesta en escena del día, las actuaciones de los personajes, sus guiños y conversaciones, sus silencios, sus miradas, sus limitaciones. Ese otro ejército de reporteros, periodistas y opinadores profesionales o amateurs, interpretan lo que sienten o creen, y lo transmiten desde la óptica de sus prejuicios, sus ocurrencias o sus preferencias éticas o estéticas de carácter político, o anti-político. No existe el interés por saber la veracidad de lo que escuchan u observan, ni por verificar si lo que es apenas audible es cierto, o si las conversaciones en voz baja de los protagonistas es sólo una parte de lo que suele comentar dentro de la vida privada de ciudadanos y políticos. Eso, bien visto, no importa. Lo que es relevante es lo que dicen, creen, piensan o catalogan los intérpretes del vecindario, no los actores del espectáculo de todos los días.
Pero el asunto es un tanto más complicado, por el hecho de que la política y los políticos son el objeto de atención de medios que no pueden vivir sin la dosis diaria de escándalo y especulación que le rodea. Una práctica cotidiana es inventar historias, narrar anécdotas y vericuetos entre políticos, inducir o inventar rumores envenenados, para confirmar que el oficio de la política no es más que la suma de las personalizaciones correspondientes. Bajo el supuesto de que la mejor política es la que no existe, y de que lo que hay no es más que la confirmación de que de la política formal y real nada bueno puede esperarse, los medios documentan pacientemente y a veces fantasiosamente acusaciones, filtraciones y chismes, que entre más escandalosos parezcan, más enaltecen al chismoso de ocasión. El morbo político es el morbo de los que miran a un atropellado, tratando de mirar lo expuesto, de descifrar los daños, de observar lo que quedó a salvo, de especular cómo sucedió todo.
Gobernados por la convicción de que en política todo tiene una lógica coherente y esférica, una causa y un efecto calculados, los mirones y los chismosos del periodismo practican el viejo hábito de la especulación sin pruebas, de la invención de historias y hasta de actos de telepatía politológica, donde son capaces de saber hasta lo que piensan los actores y cómo sus acciones son la expresión cotidiana de sus planes y deseos. Personajes y personajillos de nuestra vida política aparecen entonces como los protagonistas de novelones o novelitas de cálculo y ambición, de lágrimas, bostezos y risas, que son relatados también por personajes o personajillos de medios que desmenuzan hasta la náusea las palabras, los gestos y las poses de los observados.
La vida política se vuelve entonces en un juego de espejos rotos, en la que los políticos y funcionarios juegan un juego de cartas marcadas, que simplemente basta mirar para comprender el desarrollo y el desenlace del juego, y en la que los narradores se dedican a trasmitir a multitudes imaginarias sus impresiones y certezas. El narrador se vuelve entonces en un actor más de la política, o se coloca al filo de la relación entre el observador y el observado, pero que no corre nunca con los riesgos del político y la política profesional. La incertidumbre y las ambiciones se vuelven entonces datos incómodos para los intérpretes del periodismo, hechos viejos que resultan problemáticos para quienes se han acostumbrado a ver en la política mexicana el peor de los mundos posibles. La imaginería y el delirio de los medios se han vuelto directamente proporcionales a la grisura, la ineficacia y la opacidad de la política profesional. La danza de sombras entre medios y política se ha convertido el signo mexicano de nuestra consolidación democrática.
Wednesday, March 11, 2009
Indignación moral
Indignación moral
Adrián Acosta Silva
Eres lo que no hay
Cormac McCarthy, Suttree
Entre la abundante colección de escenas imprecisas que se han amontonado en la vida pública mexicana de los últimos años, destacan las que protagonizan cotidianamente algunos periodistas, intelectuales y escritores que han jugado el papel de intérpretes oficiosos de los humores privados y públicos de la sociedad mexicana. Gobernadas por la irritación y el griterío más que por el matiz, la prudencia o la mesura (viejos hábitos republicanos, si es que algún a vez los hubo), esas voces expresan el descontento que parece haberse adueñado de las prácticas y la imaginación de las nuevas elites dirigentes y de poder de las sociedades locales. Lo mismo en Guadalajara que en Monterrey, en el DF. o en Ciudad Juárez, esas voces son dominadas por un acusado tono fatalista combinado con un furioso reclamo moralizador hacia los actores políticos de la temporada y del escenario.
La parte más visible de ese reclamo tiene que ver con un discurso ( y un recurso) poderoso y extendido entre ciertas franjas de las elites mexicanas bienpensantes de los últimos años: la indignación moral. Es un sentimiento de yo-acuso acompañado de la certeza de que el país no tiene remedio, pero de que basta reconocerlo o denunciarlo para empezar a cambiarlo. Es también una pose estética a la vez que un posición ética, que crítica por igual a la corrupción, los partidos políticos, al gobierno, a la clase política, a las empresas, al neoliberalismo, a la crisis económica, la desigualdad, la pobreza, la falta de competitividad económica, a los sindicatos, al viejo y nuevo corporativismo, a los liderazgos varios que hay en el país. Apela a valores supremos y absolutos que, suponen, deben y tienen que ser compartidos para construir a la sociedad buena y al buen gobierno: honestidad, confianza, ética, compromiso, responsabilidad, lealtad, sinceridad. A diferencia de ciertas franjas que deciden participar directamente en la actividad política formal, optando por el árido trayecto de la organización y el activismo para cambiar las cosas, aquellas elites prefieren actuar individualmente o en pequeños grupos con las que comparten gustos, fobias y afinidades éticas y estéticas. Pertrechados en la seguridad del lamentable estado de cosas que caracterizan nuestros tiempos, esas voces reclaman airadamente a las autoridades su ineficacia, su insuficiencia, sus incapacidades, desde una perspectiva donde lo bueno es verdadero y lo malo es lo falso, ineficiente o ambiguo. “Decir la verdad” es su brújula, “denunciar la mentira” es su práctica, aunque la misma vaguedad de la brújula y las prácticas esconden la debilidad del reclamo de nuestros nuevos radicales chic.
La indignación moral es el emblema de la nueva radicalidad criolla, ellos y ellas, generalmente provenientes de familias acomodadas, que cursaron estudios en el extranjero, que hablan varios idiomas, que se dan el lujo de huir del país de cuando en cuando para dictar conferencias, irse de shopping o para participar en reuniones con sus homólogos hindúes, españoles, italianos o brasileños. Frecuentemente aparecen en la televisión privada o pública, en programas de alto rating, y sus firmas y rostros suelen ser publicados de periódicos y revistas de alta circulación nacional. Practican el jogging y asisten a algún GYM, cultivan con esmero sus cuerpos, se visten a la moda, utilizan perfumes inalcanzables para la mayoría, viven en zonas de lujo, comen y beben en restaurantes exclusivos.
Se dejan ver, les encanta ser personajes de alto perfil, se codean con empresarios y políticos conocidos. Se promueven con éxito envidiable para reuniones y mesas redondas sobre los temas del momento, en los que suelen hablar con verdades incómodas, frases taquilleras, acusaciones flamígeras, acompañadas de datos y cifras apantalladoras. Se presentan a sí mismos como voces ingobernables, con una rebeldía calculada e informada, capaces de suscitar el aplauso facilón en las graderías, de agradar en el ánimo decaído o escéptico de de muchos que “no-se atreven-a- decir- la- verdad”. Son los nuevos sacerdotes o sacerdotisas de pseudointelectuales, pseudoacadémicos y pseudoelites a las que les gustaría ser como ellos pero no pueden. Esta figuras y sus prácticas habitan el paisaje contemporáneo de la opinión pública mexicana, y junto a un ejército de charlatanes, opinadores mediocres, gacetilleros profesionales o de ocasión, periodistas profesionales, intelectuales serios y académicos que buscan abierta o discretamente a la fama (esa “dama fatal” de Jaime López), las nuevas elites mediáticas fabrican imposturas, venden verdades al vapor, confeccionan un catálogo de denuncias, problemas y fatalidades junto a un recetario de lugares comunes, antídotos contra la depresión, prácticas imposibles, utopías al mayoreo.
Estas elites pontifican con un tufillo de superioridad moral difícil de ocultar. Por su posición económica o social, forman parte de la zona exquisita de la intelectualidad nice del país, y se asumen como diferentes respecto de muchos otros. Aunque la palabra “elite” sea de suyo problemática, supone algo parecido a la cúspide del poder mediático, económico o político, a posiciones de dominio público y privado, de influencia precisa en decisiones, posiciones o formulación de intereses u opiniones. Pero la mejor definición de elite que conozco es la que leí alguna vez de un libro del sociólogo norteamericano Charles Wright Mills (en La élite del poder): “son todo lo que nosotros jamás podremos ser”. Esas elites acusan, se enojan, critican, pero también ganan o conservan fama, prestigio, dinero, autoridad, sobre todo en épocas de desencanto y desilusión política y económica. Contra las prácticas de las elites del siglo XIX o principios del XX , que eran fielmente celosas de su intimidad y privacía, los miembros de las nuevas elites desean ser escuchados y vistos, que sus prédicas y críticas sean conocidas, que sus caras y voces sean referencia pública. Son los intelectuales y académicos que forman el exclusivo club de los más vendidos o leídos, junto con los mercanchifles de los programas y publicaciones dedicadas a los chismes del mundillo del espectáculo, los que forman la nueva camada de voces que desde el filo del acantilado forman o interpretan los ecos de una sociedad convulsiva, pero cuyos usos y costumbres cotidianos parecen brutalmente lejanos a los que tratan de hablar por ellos, justamente como la distancia abismal que hay entre la indignación moral de algunos y el orden social y político de todos los días.
Adrián Acosta Silva
Eres lo que no hay
Cormac McCarthy, Suttree
Entre la abundante colección de escenas imprecisas que se han amontonado en la vida pública mexicana de los últimos años, destacan las que protagonizan cotidianamente algunos periodistas, intelectuales y escritores que han jugado el papel de intérpretes oficiosos de los humores privados y públicos de la sociedad mexicana. Gobernadas por la irritación y el griterío más que por el matiz, la prudencia o la mesura (viejos hábitos republicanos, si es que algún a vez los hubo), esas voces expresan el descontento que parece haberse adueñado de las prácticas y la imaginación de las nuevas elites dirigentes y de poder de las sociedades locales. Lo mismo en Guadalajara que en Monterrey, en el DF. o en Ciudad Juárez, esas voces son dominadas por un acusado tono fatalista combinado con un furioso reclamo moralizador hacia los actores políticos de la temporada y del escenario.
La parte más visible de ese reclamo tiene que ver con un discurso ( y un recurso) poderoso y extendido entre ciertas franjas de las elites mexicanas bienpensantes de los últimos años: la indignación moral. Es un sentimiento de yo-acuso acompañado de la certeza de que el país no tiene remedio, pero de que basta reconocerlo o denunciarlo para empezar a cambiarlo. Es también una pose estética a la vez que un posición ética, que crítica por igual a la corrupción, los partidos políticos, al gobierno, a la clase política, a las empresas, al neoliberalismo, a la crisis económica, la desigualdad, la pobreza, la falta de competitividad económica, a los sindicatos, al viejo y nuevo corporativismo, a los liderazgos varios que hay en el país. Apela a valores supremos y absolutos que, suponen, deben y tienen que ser compartidos para construir a la sociedad buena y al buen gobierno: honestidad, confianza, ética, compromiso, responsabilidad, lealtad, sinceridad. A diferencia de ciertas franjas que deciden participar directamente en la actividad política formal, optando por el árido trayecto de la organización y el activismo para cambiar las cosas, aquellas elites prefieren actuar individualmente o en pequeños grupos con las que comparten gustos, fobias y afinidades éticas y estéticas. Pertrechados en la seguridad del lamentable estado de cosas que caracterizan nuestros tiempos, esas voces reclaman airadamente a las autoridades su ineficacia, su insuficiencia, sus incapacidades, desde una perspectiva donde lo bueno es verdadero y lo malo es lo falso, ineficiente o ambiguo. “Decir la verdad” es su brújula, “denunciar la mentira” es su práctica, aunque la misma vaguedad de la brújula y las prácticas esconden la debilidad del reclamo de nuestros nuevos radicales chic.
La indignación moral es el emblema de la nueva radicalidad criolla, ellos y ellas, generalmente provenientes de familias acomodadas, que cursaron estudios en el extranjero, que hablan varios idiomas, que se dan el lujo de huir del país de cuando en cuando para dictar conferencias, irse de shopping o para participar en reuniones con sus homólogos hindúes, españoles, italianos o brasileños. Frecuentemente aparecen en la televisión privada o pública, en programas de alto rating, y sus firmas y rostros suelen ser publicados de periódicos y revistas de alta circulación nacional. Practican el jogging y asisten a algún GYM, cultivan con esmero sus cuerpos, se visten a la moda, utilizan perfumes inalcanzables para la mayoría, viven en zonas de lujo, comen y beben en restaurantes exclusivos.
Se dejan ver, les encanta ser personajes de alto perfil, se codean con empresarios y políticos conocidos. Se promueven con éxito envidiable para reuniones y mesas redondas sobre los temas del momento, en los que suelen hablar con verdades incómodas, frases taquilleras, acusaciones flamígeras, acompañadas de datos y cifras apantalladoras. Se presentan a sí mismos como voces ingobernables, con una rebeldía calculada e informada, capaces de suscitar el aplauso facilón en las graderías, de agradar en el ánimo decaído o escéptico de de muchos que “no-se atreven-a- decir- la- verdad”. Son los nuevos sacerdotes o sacerdotisas de pseudointelectuales, pseudoacadémicos y pseudoelites a las que les gustaría ser como ellos pero no pueden. Esta figuras y sus prácticas habitan el paisaje contemporáneo de la opinión pública mexicana, y junto a un ejército de charlatanes, opinadores mediocres, gacetilleros profesionales o de ocasión, periodistas profesionales, intelectuales serios y académicos que buscan abierta o discretamente a la fama (esa “dama fatal” de Jaime López), las nuevas elites mediáticas fabrican imposturas, venden verdades al vapor, confeccionan un catálogo de denuncias, problemas y fatalidades junto a un recetario de lugares comunes, antídotos contra la depresión, prácticas imposibles, utopías al mayoreo.
Estas elites pontifican con un tufillo de superioridad moral difícil de ocultar. Por su posición económica o social, forman parte de la zona exquisita de la intelectualidad nice del país, y se asumen como diferentes respecto de muchos otros. Aunque la palabra “elite” sea de suyo problemática, supone algo parecido a la cúspide del poder mediático, económico o político, a posiciones de dominio público y privado, de influencia precisa en decisiones, posiciones o formulación de intereses u opiniones. Pero la mejor definición de elite que conozco es la que leí alguna vez de un libro del sociólogo norteamericano Charles Wright Mills (en La élite del poder): “son todo lo que nosotros jamás podremos ser”. Esas elites acusan, se enojan, critican, pero también ganan o conservan fama, prestigio, dinero, autoridad, sobre todo en épocas de desencanto y desilusión política y económica. Contra las prácticas de las elites del siglo XIX o principios del XX , que eran fielmente celosas de su intimidad y privacía, los miembros de las nuevas elites desean ser escuchados y vistos, que sus prédicas y críticas sean conocidas, que sus caras y voces sean referencia pública. Son los intelectuales y académicos que forman el exclusivo club de los más vendidos o leídos, junto con los mercanchifles de los programas y publicaciones dedicadas a los chismes del mundillo del espectáculo, los que forman la nueva camada de voces que desde el filo del acantilado forman o interpretan los ecos de una sociedad convulsiva, pero cuyos usos y costumbres cotidianos parecen brutalmente lejanos a los que tratan de hablar por ellos, justamente como la distancia abismal que hay entre la indignación moral de algunos y el orden social y político de todos los días.
Wednesday, February 04, 2009
Blindajes
Blindajes
Adrián Acosta Silva
“Blindar” es la nueva palabra mágica en el alucinante diccionario político mexicano de los tiempos modernos. Invocado frecuentemente como exorcismo contra nuestros males públicos (desde los políticos hasta los financieros) , empresarios, gobernantes, diputados, dirigentes partidistas, “líderes de opinión”, periodistas de muy diversas convicciones y oficios, han lanzado a la arena pública y mediática el nuevo verbo para asegurar que las campañas electorales, las políticas públicas, los programas sociales, las reservas internacionales, las estrategias institucionales, los derechos humanos, puedan ser protegidos contra las amenazas “externas”. Habrá que indagar bien cuando se comenzó a utilizar el tono bélico en la transición política mexicana –creo que fue el Presidente Zedillo el que utilizó la palabra “blindaje” para referirse a la economía mexicana en los tiempos en que el PRI perdió la Presidencia, para asegurar la alternancia política- , pero el hecho es que hoy suena a una típica palabra atrapa-todo, en la que coinciden funcionarios y políticos para tratar de proteger a la acción pública contra los peligros que acechan allá afuera, aunque la vaguedad dentro/fuera se imponga con toda la fuerza de la ley de la relatividad discursiva mexicana de los últimos años.
La palabreja es obviamente de linaje militar, parte toral de un lenguaje bélico antiguo. Blindar es proteger contra los ataques, cubrir edificios, vehículos y personas contra el ataque de fuerzas enemigas. El Diccionario del uso del español de María Moliner es más contundente: blindar es “proteger algo con planchas de hierro o acero”. Obviamente, su empleo tiene que ver con batallas y guerras, lucha de posiciones, batidas heroicas y estrategias defensivas. Algo hay de eso en la vida política, por supuesto, aunque la política moderna, a diferencia de la guerra, sea una actividad pacífica, más o menos civilizada, la antítesis de la violencia militar, a pesar de que la política mexicana de los últimos años se haya convertido en un torneo aburrido jugado en terrenos áridos y desolados, configurados por una democracia de baja intensidad y densidad . Por eso resulta un tanto extraño que frente a la sensación de riesgo y de peligro, de incertidumbre, se hable de cubrir “con hierro y acero” las instituciones públicas, los programas de gobierno, los procesos electorales. Ante la real o imaginaria sensación de vulnerabilidad pública, se exige blindarlos ante las acciones (o intenciones) que pueden desviarlos de los objetivos, contaminar su pureza institucional, o emplear de manera perversa los recursos públicos para beneficiar intereses privados.
La crisis económica internacional y sus demonios nacionales explican quizá en parte la obsesión por preservar lo que se consideran bienes públicos. Tal vez sea la amenaza del narcotráfico y su poder de penetración en todos los órdenes de la vida social el “mal mayor” de la democracia y la economía mexicanas. Pero es la competencia político-electoral que vivimos ahora el argumento utilizado para evitar que funcionarios federales o locales utilicen sus puestos o posiciones para favorecer a tal o cual partido o candidato. Práctica vieja en los años dorados del autoritarismo mexicano, la utilización de recursos públicos para triunfar en las elecciones fue uno de los motores de la reforma electoral que dio origen al IFE, y que se legitimó –junto con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas- como una de las razones del nuevo esquema de financiamiento público a la política electoral. Sin embargo, muy pronto las viejas prácticas reaparecieron entre los políticos mexicanos de nueva generación pertenecientes tanto al antiguo como a los nuevos oficialismos, en la que donativos y prácticas callejeras de promoción de voto por parte de funcionarios públicos muestran el rostro áspero de la competencia política por puestos y representaciones. Los frecuentes actos impulsivos del gobernador de Jalisco para beneficiar la construcción de templos o apoyar causas filantrópicas privadas, o las confesiones recientes del expresidente Fox, son ejemplos conspicuos de esas prácticas viejas que se ocultan en ropajes nuevos.
La ley, el Estado de derecho, es, o debería ser, el marco protector de derechos y obligaciones, el principal mecanismo de inhibición de comportamientos inadecuados de funcionarios y empresarios, políticos y ciudadanos. De hecho, esa aspiración es parte de los afanes casi mitológicos que las elites políticas mexicanas han intentado construir y consolidar en casi doscientos años de historia independiente. Sin embargo, es la ética cívica el mecanismo íntimo en que puede funcionar una democracia estable, que interiorice en el corazón y en las conciencias de los actores del espectáculo político la convicción de que hay límites en las palabras y las prácticas políticas cotidianas; son los “hábitos del corazón” a los que se refería el viejo Tocqueville. Cuando se habla de blindar instituciones y prácticas se asiste a una impostura un poco naif: protejamos el cascarón para preservar el contenido, aunque el contenido huela mal desde hace tiempo.
El resultado de los afanes de los blindajes al que convocan con fe y entusiasmo los variados liderazgos frente a ciudadanos y medios, es la consolidación del empleo de un retorcido lenguaje político, propio de las eras de confusión pública. En la casa de fantasmas en que se han convertido vastas zonas de la vida política nacional y local, las tareas de blindaje corren el riesgo de colocar defensas imposibles a prácticas ambiguas, cubiertas bajo el manto protector de las buenas intenciones. El juego político de la temporada que terminará el 5 de julio, más los poderes corrosivos de la crisis económica y la violencia cotidiana del narco, mostrarán nuevamente la distancia que hay entre el voluntarismo de las buenas conciencias “blindadizadoras” y el realismo de las malas prácticas de los protagonistas del espectáculo público, gobernados más por el cálculo de los canallas y los herejes que por la convicción de los fieles.
Adrián Acosta Silva
“Blindar” es la nueva palabra mágica en el alucinante diccionario político mexicano de los tiempos modernos. Invocado frecuentemente como exorcismo contra nuestros males públicos (desde los políticos hasta los financieros) , empresarios, gobernantes, diputados, dirigentes partidistas, “líderes de opinión”, periodistas de muy diversas convicciones y oficios, han lanzado a la arena pública y mediática el nuevo verbo para asegurar que las campañas electorales, las políticas públicas, los programas sociales, las reservas internacionales, las estrategias institucionales, los derechos humanos, puedan ser protegidos contra las amenazas “externas”. Habrá que indagar bien cuando se comenzó a utilizar el tono bélico en la transición política mexicana –creo que fue el Presidente Zedillo el que utilizó la palabra “blindaje” para referirse a la economía mexicana en los tiempos en que el PRI perdió la Presidencia, para asegurar la alternancia política- , pero el hecho es que hoy suena a una típica palabra atrapa-todo, en la que coinciden funcionarios y políticos para tratar de proteger a la acción pública contra los peligros que acechan allá afuera, aunque la vaguedad dentro/fuera se imponga con toda la fuerza de la ley de la relatividad discursiva mexicana de los últimos años.
La palabreja es obviamente de linaje militar, parte toral de un lenguaje bélico antiguo. Blindar es proteger contra los ataques, cubrir edificios, vehículos y personas contra el ataque de fuerzas enemigas. El Diccionario del uso del español de María Moliner es más contundente: blindar es “proteger algo con planchas de hierro o acero”. Obviamente, su empleo tiene que ver con batallas y guerras, lucha de posiciones, batidas heroicas y estrategias defensivas. Algo hay de eso en la vida política, por supuesto, aunque la política moderna, a diferencia de la guerra, sea una actividad pacífica, más o menos civilizada, la antítesis de la violencia militar, a pesar de que la política mexicana de los últimos años se haya convertido en un torneo aburrido jugado en terrenos áridos y desolados, configurados por una democracia de baja intensidad y densidad . Por eso resulta un tanto extraño que frente a la sensación de riesgo y de peligro, de incertidumbre, se hable de cubrir “con hierro y acero” las instituciones públicas, los programas de gobierno, los procesos electorales. Ante la real o imaginaria sensación de vulnerabilidad pública, se exige blindarlos ante las acciones (o intenciones) que pueden desviarlos de los objetivos, contaminar su pureza institucional, o emplear de manera perversa los recursos públicos para beneficiar intereses privados.
La crisis económica internacional y sus demonios nacionales explican quizá en parte la obsesión por preservar lo que se consideran bienes públicos. Tal vez sea la amenaza del narcotráfico y su poder de penetración en todos los órdenes de la vida social el “mal mayor” de la democracia y la economía mexicanas. Pero es la competencia político-electoral que vivimos ahora el argumento utilizado para evitar que funcionarios federales o locales utilicen sus puestos o posiciones para favorecer a tal o cual partido o candidato. Práctica vieja en los años dorados del autoritarismo mexicano, la utilización de recursos públicos para triunfar en las elecciones fue uno de los motores de la reforma electoral que dio origen al IFE, y que se legitimó –junto con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas- como una de las razones del nuevo esquema de financiamiento público a la política electoral. Sin embargo, muy pronto las viejas prácticas reaparecieron entre los políticos mexicanos de nueva generación pertenecientes tanto al antiguo como a los nuevos oficialismos, en la que donativos y prácticas callejeras de promoción de voto por parte de funcionarios públicos muestran el rostro áspero de la competencia política por puestos y representaciones. Los frecuentes actos impulsivos del gobernador de Jalisco para beneficiar la construcción de templos o apoyar causas filantrópicas privadas, o las confesiones recientes del expresidente Fox, son ejemplos conspicuos de esas prácticas viejas que se ocultan en ropajes nuevos.
La ley, el Estado de derecho, es, o debería ser, el marco protector de derechos y obligaciones, el principal mecanismo de inhibición de comportamientos inadecuados de funcionarios y empresarios, políticos y ciudadanos. De hecho, esa aspiración es parte de los afanes casi mitológicos que las elites políticas mexicanas han intentado construir y consolidar en casi doscientos años de historia independiente. Sin embargo, es la ética cívica el mecanismo íntimo en que puede funcionar una democracia estable, que interiorice en el corazón y en las conciencias de los actores del espectáculo político la convicción de que hay límites en las palabras y las prácticas políticas cotidianas; son los “hábitos del corazón” a los que se refería el viejo Tocqueville. Cuando se habla de blindar instituciones y prácticas se asiste a una impostura un poco naif: protejamos el cascarón para preservar el contenido, aunque el contenido huela mal desde hace tiempo.
El resultado de los afanes de los blindajes al que convocan con fe y entusiasmo los variados liderazgos frente a ciudadanos y medios, es la consolidación del empleo de un retorcido lenguaje político, propio de las eras de confusión pública. En la casa de fantasmas en que se han convertido vastas zonas de la vida política nacional y local, las tareas de blindaje corren el riesgo de colocar defensas imposibles a prácticas ambiguas, cubiertas bajo el manto protector de las buenas intenciones. El juego político de la temporada que terminará el 5 de julio, más los poderes corrosivos de la crisis económica y la violencia cotidiana del narco, mostrarán nuevamente la distancia que hay entre el voluntarismo de las buenas conciencias “blindadizadoras” y el realismo de las malas prácticas de los protagonistas del espectáculo público, gobernados más por el cálculo de los canallas y los herejes que por la convicción de los fieles.
Friday, November 14, 2008
La crisis de la U. de G. Nexos 371
La crisis de la U. de G.
Adrián Acosta Silva
¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado?(...) Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres.(…) Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles.
Jorge Luis Borges, Ficciones
El Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara es uno de los espacios universitarios más hermosos del país. Originalmente construido como escuela primaria (1915), y posteriormente entregado por el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara (1938), el edificio es la sede de la rectoría de la universidad desde los primeros años cuarenta del siglo pasado. En su interior, la magistral cúpula “El hombre pentafásico” y el mural “El pueblo y los líderes”, pintados por José Clemente Orozco entre 1936 y 1939, evocan no sólo la desmesura del muralismo mexicano, con sus desbordadas alegorías e imágenes llenas de color y dramatismo, sino que también son postales que provocan solemnidad, silencio, quizá hasta cierta intimidación. La duela y las butacas de madera, los pasamanos y las pequeñas escaleras que conducen al recinto están perfectamente conservadas, aún con el uso rudo que los funcionarios y académicos universitarios y sus frecuentes invitados suelen dar al recinto. Por aquí han pasado en los últimos años Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Tomás Eloy Martínez, Nélida Piñón, Olga Orozco. Han pronunciado charlas y discursos memorables Carlos Monsiváis, Rubem Fonseca, Sergio Pitol, Nicanor Parra, Augusto Monterroso, Juan Gelman, Tomás Segovia. Han desfilado también por aquí Luis Donaldo Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Castillo Peraza, Giovanni Sartori, Gilberto Rincón Gallardo. Se han celebrado decenas de foros, presentaciones de libros, seminarios, coloquios, conferencias, premiaciones; se han realizado rituales de graduación de universitarios, y homenajeado a ilustres universitarios en funerales de cuerpo presente. Es un espacio relativamente pequeño (caben unas doscientas personas en la parte de abajo y quizá otras tantas en las galerías superiores), pero es definitivamente espectacular, sobrio, imponente.
Este es el recinto donde regularmente se celebran las sesiones del Consejo General Universitario (CGU), el “máximo órgano de gobierno de la universidad” como suele denominarse. Y ahí es el lugar donde el viernes 29 de agosto se escenificó un escándalo memorable, en que la mayor parte de sus miembros decidieron destituir al Rector General, Carlos Briseño Torres electo apenas a principios de 2007. En una accidentada sesión, en la que culminaron de alguna forma la cadena de pleitos, pequeños escándalos, declaraciones de corrupción, autoritarismo, denuncias y críticas entre los directivos universitarios acumuladas pacientemente desde hace un año antes, el Rector declaró intempestivamente clausurada la sesión a la que había convocado unos días atrás, por lo que poco más de dos tercios de los consejeros universitarios, decidieron inmediatamente destituir al Rector General por graves faltas a la ley orgánica y al estatuto general universitario. Un capítulo de un largo pleito público y privado estaba cerrado ese viernes por la noche, cuando luego de casi 10 horas de gritos, aclamaciones, chiflidos y decenas de intervenciones, los universitarios decidieron levantar una minuta ante notario público para comunicar a las autoridades del estado el nombramiento de un nuevo rector.
¿Qué ocurrió en la U. de G.? ¿Qué explica la batalla, las palabras, los actos, los gritos? ¿Quiénes son sus actores, sus protagonistas, sus fantasmas? ¿Cuáles son los intereses, las ambiciones y los cálculos que habitan el corazón secreto de una universidad pública que ha protagonizado en el pasado escenas de violencia y política? Al calor de las disputas interuniversitarias, estas preguntas adquieren significados distintos y encontrados, por lo que se vuelve complicado construir una explicación más o menos completa del proceso, el contexto y los resultados observados.
Mientras alguien reconstruye con tenacidad de arqueólogo y paciencia de relojero lo ocurrido con el pasado reciente de la U. de G., propongo tres niveles de análisis del pleito institucional universitario, con el ánimo más de comprender que de enjuiciar un fenómeno evidentemente complejo. Son un nivel teórico, otro político y uno práctico. El primero es un intento de ubicar el conflicto universitario como un problema de poder y gobernabilidad institucional, dada una concepción de la esfera política de la universidad como resultado de la configuración de los equilibrios entre redes organizadas de poder. El segundo nivel es estrictamente político-institucional, en el que sus actores principales juegan posiciones y calculan riesgos, intentando establecer reglas, límites y distancias entre los universitarios políticamente activos. El tercer nivel es práctico: quiénes son los pleitistas y cuáles son sus argumentos. Los tres niveles están cruzados por el conflicto de intereses que se han desarrollado en la universidad en los últimos años, entre grupos, redes de poder y códigos de comunicación sobre diversas concepciones y visiones de la universidad. Sostendré un argumento central: el conflicto es resultado de las tensiones acumuladas entre las trayectorias burocráticas, políticas y académicas que habitan la vida universitaria desde 1989, en que comenzó una reforma institucional de grandes propósitos y resultados imperfectos. Dicha reforma nació asociada a un esquema de gobernabilidad dominada por una coalición política estructurada a partir de una figura (Raúl Padilla López (RPL), con territorios y áreas más o menos definidos, y con actores que colocaron sus ambiciones e intereses en la construcción de una nueva institucionalidad combinada, en el terreno político, con la obtención de varios beneficios legítimos y algunas recompensas inconfesables.
Una aproximación teórica: política y gobierno universitario
Las universidades públicas mexicanas son, quizá como ninguna otra institución de educación superior, instituciones de poder. Por su papel en la vida regional y local, por sus miembros y organizaciones, por los recursos que consumen, o por los papeles simbólicos y prácticos que desempeñan, las universidades públicas son instituciones centrales en el ordenamiento social y político de las regiones y de los estados. Su peso específico en la vida local es tal vez significativamente mayor que el de las universidades nacionales como el IPN o la UNAM, en parte porque siguen siendo instituciones formadoras de elites locales (profesionales, científicos, artistas, políticos), a pesar de la competencia creciente de las universidades privadas en las regiones.
En estos contextos, poblados por intereses externos e internos, los grupos y los individuos encuentran incentivos importantes para articular sus esfuerzos y construir proyectos de carácter estrictamente político. Con una desigual densidad académica, las prácticas docentes, de investigación y discusión cotidianas son más bien escasas, y son opacadas o sustituidas por áridas luchas por la obtención de puestos y representaciones políticas, gremiales o burocráticas. El resultado es una fuerte tendencia hacia la politización de la vida académica y administrativa de la universidad, pues ahí se obtienen prestigios y recursos que permiten a los individuos y a sus grupos de adherentes y simpatizantes incrementar su influencia en la distribución del poder universitario. Se forman así las universidades como un conjunto de redes organizadas de poder que coexisten ambiguamente con la vida académica de todos los días, en donde profesores e investigadores suelen ver de reojo, desinterés o franco escepticismo la vida política de la universidad.
Ello explica la estructuración de un poder de las representaciones políticas por encima de los prestigios académicos, en que la gestión de la universidad se desarrolla en un esquema de gobernabilidad institucional basado en la formación de bloques, sectas, camarillas o cofradías de muy diverso perfil y origen. El estudiantado y el profesorado universitario es la base de la renovación de las generaciones políticas universitarias. De líder estudiantil a funcionario universitario y de ahí a encabezar una red propia o conseguir llamar la atención de los partidos políticos o los gobernantes en turno para alcanzar una diputación, una regiduría, un puesto público. Ese es el itinerario político de formación de la clase dirigente universitaria tapatía por lo menos desde los años sesenta. Y la figura más ilustrativa de dichas trayectorias anteriores y posteriores al conflicto es la del exrector Raúl Padilla López, uno de los personajes que habitan las imágenes de conflictividad y los consensos universitarios tapatíos de los últimos años y meses.
La fórmula política: la coalición padillista
La historia de ascenso de Raúl Padilla en la vida universitaria es más o menos conocida. Primero líder estudiantil hasta alcanzar la presidencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) en 1977-1979, luego funcionario universitario (1982-1989) y luego rector de la universidad (1989-1995), RPL impulsó a su llegada a la rectoría un ambicioso proyecto de reforma académica y administrativa que incluyó una ruptura con el grupo hegemónico anterior, encabezado por Álvaro Ramírez Ladewig (ARL). Heredero de las tradiciones corporativas y prácticas francamente mafiosas de la FEG, el esquema político que sostenía la fuerza de ARL se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la vida académica de la universidad, pero también una fuerza de bloqueo al crecimiento político de RPL. La lenta incorporación de académicos e intelectuales prestigiados a la U. de G. (Emilio García Riera o Fernando del Paso son representativos de esa afirmación), junto con el impulso a la Feria Internacional de Libro o la Muestra de Cine, y el diseño de una reforma institucional que incluía un cambio organizacional basada en la departamentalización, una reforma académica centrada en la creación de una carrera académica para el profesorado y la investigación, y la descentralización en red de la oferta de estudios universitarios en todo el estado de Jalisco, se combinaron para formar simpatías y consensos internos y externos para avanzar en la reforma encabezada por RPL.
En este proceso, el rompimiento con el viejo grupo hegemónico dominado por ARL era una ruptura pero también una señal y un proyecto. Se trataba de modernizar y renovar a la U. de G. dotándola de nuevas capacidades institucionales en la esfera académica y de una nueva forma de conducción política. Algunos miembros de las izquierdas universitarias antaño opositoras o críticas a la FEG, diversas corrientes del PRI, otras universidades públicas, intelectuales destacados, apoyaron el proyecto de RPL, legitimando poderosamente la idea misma de cambio universitario.
Internamente, se comenzó a formar una red de liderazgos y grupos con territorios institucionales más o menos marcados. Miembros diversos de disciplinas y unidades académicas y administrativas se incorporaron a esas redes, o formaron otras, y para finales del rectorado de RPL se había transitado de un modelo de bloque o de mafia, hacia un esquema de coalición política, en el que las redes poseen cierta autonomía relativa y su punto de unión es la figura de RPL. Esta coalición discute, debate, negocia posiciones y puestos, recursos y prestigios, dentro y fuera del marco institucional. Aunque varias de las decisiones estratégicas descansan en la influencia directa de RPL (como la de elegir el candidato a Rector General o los rectores de los 14 centros universitarios temáticos y regionales que componen la Red Universitaria), muchas de las decisiones cotidianas y otras significativamente importantes descansan en las interacciones y acuerdos que se procesan entre las redes y sus liderazgos.
La estructuración y estabilidad de esta coalición descansa en el grado de cohesión que puede representar el liderazgo de RPL, y por ello puede considerarse como una forma política coligada, una “coalición padillista”. La vida política universitaria ha estabilizado sus costos de transacción fijando reglas y códigos, y asumiendo los costos de perdedores y ganadores (que los hay) en este esquema. Esta figura se encuentra en el centro del esquema de gobernabilidad institucional desde hace casi veinte años, y explica la centralidad de RPL en la vida institucional y local. Carlos Briseño Torres, el rector depuesto a finales de agosto, es una criatura de esta coalición, no su némesis, como el mismo ha intentado explicar y justificar desde que inició el conflicto con la mayor parte de los integrantes de los órganos de gobierno (consejo de rectores y consejo general universitario). Como producto de esa relación, lo que tenemos es una señal poderosa bajo el cielo político universitario: el agotamiento de las capacidades normativas y cohesivas del padillismo. No se trata de un derrumbe inminente, ni de una catástrofe anunciada, sino quizá del lento desvanecimiento de las virtudes cohesivas de una figura y un proyecto, producto tanto del fortalecimiento tendencial aunque opaco de la vida académica universitaria, como de la pérdida de vitalidad de una generación que se aproxima al crepúsculo de sus logros y aportaciones a la política universitaria.
La pócima práctica: puestos, dinero y representaciones
La política es un juego de ajedrecistas, no de ángeles. Y la política universitaria no escapa de esta afirmación vieja. Las piezas del juego son los puestos, el dinero y las representaciones, y de lo que se trata es de establecer relaciones duraderas y estables entre las piezas. En un contexto de salarios estancados, fatigas laborales, envejecimiento del profesorado, politización y burocratización de la vida universitaria, la pócima secreta de la política universitaria descansa en la combinación del acceso a los puestos, los recursos y las representaciones formales y simbólicas de los actores universitarios. De eso está compuesto el piso duro de la política universitaria tapatía, y el conflicto descansa en buena medida en la disputa por estos recursos. Briseño y el briseñismo emergente y rápidamente extinto es la expresión más cruda de cómo la ambición y las limitaciones intelectuales y políticas se conjugaron para desnudar una lucha por el poder universitario sin un proyecto académico-institucional y sin acceso a las piezas estratégicas del juego. Luego de ser parte de la coalición, Briseño y sus consejeros se separaron para formar una camarilla que apostó a la construcción de alianzas con sectores opositores al padillismo (principalmente entre el PAN representado por el gobernador Emilio González), y con una promoción desbordada de su imagen y palabras en la prensa local. Su estrategia consistió en personalizar el conflicto universitario, colocando a RPL como el causante principal del bloqueo a sus acciones, y presentando la crisis universitaria como una dicotomía entre el poder legítimo del rector versus el poder informal de RPL. Por su parte, la coalición padillista basó su estrategia justamente en la despersonalización del enfrentamiento con Briseño, colocando el conflicto como un problema entre un rector autoritario incapaz de respetar a los órganos de gobierno colegiado de la universidad, y las exigencias de colegialidad de las decisiones institucionales planteadas por la mayoría de los integrantes de esos órganos de gobierno. En esas circunstancias, la coalición jugó con todos sus recursos para derrotar a un adversario que nunca tuvo la capacidad para cohesionar a los contrarios a la coalición, ni pudo convencer a sus aliados externos en sus estrategias para canalizar el pleito hacia el fantasma o la figura de RPL.
Eso, en parte, era de esperarse. Figura opaca y deslucida en su pasado padillista, Briseño llegó a la rectoría con las reglas que le permitieron alcanzar una silla en la mesa principal de la política universitaria. Sus desmesuradas alabanzas públicas y privadas a RPL (lisonjeras y un tanto impúdicas) poco antes y poco después de ser nombrado rector, anticipaban que la decisión del CGU de nombrarlo consolidarían el éxito político de la coalición en la U. de G. Hoy sabemos que los elogios públicos ocultaban una imaginación secreta que acariciaba con ilusión y ambición la hora del derrocamiento y del triunfo entre ovaciones de universitarios y no universitarios. Para su desgracia, el 29 de agosto salía del Paraninfo por la puerta trasera, escoltado por sus guardias y una decena de sus fieles, mientras que a otros de sus asesores lo despedía una multitud de estudiantes con insultos y patadas en el trasero. Al día siguiente, entre lágrimas, el rector depuesto lamentaba su situación frente a las cámaras y micrófonos que unos días todavía antes reproducían su lenguaje triunfalista, ganador, mientras las pinturas de Orozco atestiguaban, una vez más, el espectáculo de la política universitaria.
Aunque el conflicto sigue en la pista judicial, la historia política de la U. de G. parece marcada irremediablemente por una coyuntura que muestra las fuerzas y debilidades de la coalición padillista. Pero también anticipa una lección y marca una ruta. La lección es que la política y el gobierno universitario no pueden seguir siendo el centro de la vida institucional, sino que es la vida académica la que debe ocuparlo y caracterizar a una de las universidades públicas más importantes del país. Los elevados costos de las transacciones políticas en la U. de G. que muestra el conflicto apuntan hacia una reforma de los esquemas de gobierno y de gobernabilidad de la vida universitaria tapatía, en la que se incremente el peso de los académicos en los órganos de gobierno. Pero esa reforma institucional tendría que estar centrada en la evaluación sin concesiones de los logros, déficits y efectos perversos de la reforma universitaria de 1989-1994. Ese parecería el contexto adecuado para mejorar las condiciones de una discusión indispensable en la construcción de una institucionalidad que favorezca al desarrollo académico y la responsabilidad pública de la U. de G. Una gobernabilidad centrada en lo académico y que descanse, como toda gobernabilidad política, en umbrales positivos de eficacia, legitimidad y estabilidad de la vida universitaria, y que permita responder de mejor manera a un contexto local y nacional de exigencias múltiples e incertidumbres corrosivas.
Adrián Acosta Silva
¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado?(...) Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres.(…) Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles.
Jorge Luis Borges, Ficciones
El Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara es uno de los espacios universitarios más hermosos del país. Originalmente construido como escuela primaria (1915), y posteriormente entregado por el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara (1938), el edificio es la sede de la rectoría de la universidad desde los primeros años cuarenta del siglo pasado. En su interior, la magistral cúpula “El hombre pentafásico” y el mural “El pueblo y los líderes”, pintados por José Clemente Orozco entre 1936 y 1939, evocan no sólo la desmesura del muralismo mexicano, con sus desbordadas alegorías e imágenes llenas de color y dramatismo, sino que también son postales que provocan solemnidad, silencio, quizá hasta cierta intimidación. La duela y las butacas de madera, los pasamanos y las pequeñas escaleras que conducen al recinto están perfectamente conservadas, aún con el uso rudo que los funcionarios y académicos universitarios y sus frecuentes invitados suelen dar al recinto. Por aquí han pasado en los últimos años Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Tomás Eloy Martínez, Nélida Piñón, Olga Orozco. Han pronunciado charlas y discursos memorables Carlos Monsiváis, Rubem Fonseca, Sergio Pitol, Nicanor Parra, Augusto Monterroso, Juan Gelman, Tomás Segovia. Han desfilado también por aquí Luis Donaldo Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Castillo Peraza, Giovanni Sartori, Gilberto Rincón Gallardo. Se han celebrado decenas de foros, presentaciones de libros, seminarios, coloquios, conferencias, premiaciones; se han realizado rituales de graduación de universitarios, y homenajeado a ilustres universitarios en funerales de cuerpo presente. Es un espacio relativamente pequeño (caben unas doscientas personas en la parte de abajo y quizá otras tantas en las galerías superiores), pero es definitivamente espectacular, sobrio, imponente.
Este es el recinto donde regularmente se celebran las sesiones del Consejo General Universitario (CGU), el “máximo órgano de gobierno de la universidad” como suele denominarse. Y ahí es el lugar donde el viernes 29 de agosto se escenificó un escándalo memorable, en que la mayor parte de sus miembros decidieron destituir al Rector General, Carlos Briseño Torres electo apenas a principios de 2007. En una accidentada sesión, en la que culminaron de alguna forma la cadena de pleitos, pequeños escándalos, declaraciones de corrupción, autoritarismo, denuncias y críticas entre los directivos universitarios acumuladas pacientemente desde hace un año antes, el Rector declaró intempestivamente clausurada la sesión a la que había convocado unos días atrás, por lo que poco más de dos tercios de los consejeros universitarios, decidieron inmediatamente destituir al Rector General por graves faltas a la ley orgánica y al estatuto general universitario. Un capítulo de un largo pleito público y privado estaba cerrado ese viernes por la noche, cuando luego de casi 10 horas de gritos, aclamaciones, chiflidos y decenas de intervenciones, los universitarios decidieron levantar una minuta ante notario público para comunicar a las autoridades del estado el nombramiento de un nuevo rector.
¿Qué ocurrió en la U. de G.? ¿Qué explica la batalla, las palabras, los actos, los gritos? ¿Quiénes son sus actores, sus protagonistas, sus fantasmas? ¿Cuáles son los intereses, las ambiciones y los cálculos que habitan el corazón secreto de una universidad pública que ha protagonizado en el pasado escenas de violencia y política? Al calor de las disputas interuniversitarias, estas preguntas adquieren significados distintos y encontrados, por lo que se vuelve complicado construir una explicación más o menos completa del proceso, el contexto y los resultados observados.
Mientras alguien reconstruye con tenacidad de arqueólogo y paciencia de relojero lo ocurrido con el pasado reciente de la U. de G., propongo tres niveles de análisis del pleito institucional universitario, con el ánimo más de comprender que de enjuiciar un fenómeno evidentemente complejo. Son un nivel teórico, otro político y uno práctico. El primero es un intento de ubicar el conflicto universitario como un problema de poder y gobernabilidad institucional, dada una concepción de la esfera política de la universidad como resultado de la configuración de los equilibrios entre redes organizadas de poder. El segundo nivel es estrictamente político-institucional, en el que sus actores principales juegan posiciones y calculan riesgos, intentando establecer reglas, límites y distancias entre los universitarios políticamente activos. El tercer nivel es práctico: quiénes son los pleitistas y cuáles son sus argumentos. Los tres niveles están cruzados por el conflicto de intereses que se han desarrollado en la universidad en los últimos años, entre grupos, redes de poder y códigos de comunicación sobre diversas concepciones y visiones de la universidad. Sostendré un argumento central: el conflicto es resultado de las tensiones acumuladas entre las trayectorias burocráticas, políticas y académicas que habitan la vida universitaria desde 1989, en que comenzó una reforma institucional de grandes propósitos y resultados imperfectos. Dicha reforma nació asociada a un esquema de gobernabilidad dominada por una coalición política estructurada a partir de una figura (Raúl Padilla López (RPL), con territorios y áreas más o menos definidos, y con actores que colocaron sus ambiciones e intereses en la construcción de una nueva institucionalidad combinada, en el terreno político, con la obtención de varios beneficios legítimos y algunas recompensas inconfesables.
Una aproximación teórica: política y gobierno universitario
Las universidades públicas mexicanas son, quizá como ninguna otra institución de educación superior, instituciones de poder. Por su papel en la vida regional y local, por sus miembros y organizaciones, por los recursos que consumen, o por los papeles simbólicos y prácticos que desempeñan, las universidades públicas son instituciones centrales en el ordenamiento social y político de las regiones y de los estados. Su peso específico en la vida local es tal vez significativamente mayor que el de las universidades nacionales como el IPN o la UNAM, en parte porque siguen siendo instituciones formadoras de elites locales (profesionales, científicos, artistas, políticos), a pesar de la competencia creciente de las universidades privadas en las regiones.
En estos contextos, poblados por intereses externos e internos, los grupos y los individuos encuentran incentivos importantes para articular sus esfuerzos y construir proyectos de carácter estrictamente político. Con una desigual densidad académica, las prácticas docentes, de investigación y discusión cotidianas son más bien escasas, y son opacadas o sustituidas por áridas luchas por la obtención de puestos y representaciones políticas, gremiales o burocráticas. El resultado es una fuerte tendencia hacia la politización de la vida académica y administrativa de la universidad, pues ahí se obtienen prestigios y recursos que permiten a los individuos y a sus grupos de adherentes y simpatizantes incrementar su influencia en la distribución del poder universitario. Se forman así las universidades como un conjunto de redes organizadas de poder que coexisten ambiguamente con la vida académica de todos los días, en donde profesores e investigadores suelen ver de reojo, desinterés o franco escepticismo la vida política de la universidad.
Ello explica la estructuración de un poder de las representaciones políticas por encima de los prestigios académicos, en que la gestión de la universidad se desarrolla en un esquema de gobernabilidad institucional basado en la formación de bloques, sectas, camarillas o cofradías de muy diverso perfil y origen. El estudiantado y el profesorado universitario es la base de la renovación de las generaciones políticas universitarias. De líder estudiantil a funcionario universitario y de ahí a encabezar una red propia o conseguir llamar la atención de los partidos políticos o los gobernantes en turno para alcanzar una diputación, una regiduría, un puesto público. Ese es el itinerario político de formación de la clase dirigente universitaria tapatía por lo menos desde los años sesenta. Y la figura más ilustrativa de dichas trayectorias anteriores y posteriores al conflicto es la del exrector Raúl Padilla López, uno de los personajes que habitan las imágenes de conflictividad y los consensos universitarios tapatíos de los últimos años y meses.
La fórmula política: la coalición padillista
La historia de ascenso de Raúl Padilla en la vida universitaria es más o menos conocida. Primero líder estudiantil hasta alcanzar la presidencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) en 1977-1979, luego funcionario universitario (1982-1989) y luego rector de la universidad (1989-1995), RPL impulsó a su llegada a la rectoría un ambicioso proyecto de reforma académica y administrativa que incluyó una ruptura con el grupo hegemónico anterior, encabezado por Álvaro Ramírez Ladewig (ARL). Heredero de las tradiciones corporativas y prácticas francamente mafiosas de la FEG, el esquema político que sostenía la fuerza de ARL se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la vida académica de la universidad, pero también una fuerza de bloqueo al crecimiento político de RPL. La lenta incorporación de académicos e intelectuales prestigiados a la U. de G. (Emilio García Riera o Fernando del Paso son representativos de esa afirmación), junto con el impulso a la Feria Internacional de Libro o la Muestra de Cine, y el diseño de una reforma institucional que incluía un cambio organizacional basada en la departamentalización, una reforma académica centrada en la creación de una carrera académica para el profesorado y la investigación, y la descentralización en red de la oferta de estudios universitarios en todo el estado de Jalisco, se combinaron para formar simpatías y consensos internos y externos para avanzar en la reforma encabezada por RPL.
En este proceso, el rompimiento con el viejo grupo hegemónico dominado por ARL era una ruptura pero también una señal y un proyecto. Se trataba de modernizar y renovar a la U. de G. dotándola de nuevas capacidades institucionales en la esfera académica y de una nueva forma de conducción política. Algunos miembros de las izquierdas universitarias antaño opositoras o críticas a la FEG, diversas corrientes del PRI, otras universidades públicas, intelectuales destacados, apoyaron el proyecto de RPL, legitimando poderosamente la idea misma de cambio universitario.
Internamente, se comenzó a formar una red de liderazgos y grupos con territorios institucionales más o menos marcados. Miembros diversos de disciplinas y unidades académicas y administrativas se incorporaron a esas redes, o formaron otras, y para finales del rectorado de RPL se había transitado de un modelo de bloque o de mafia, hacia un esquema de coalición política, en el que las redes poseen cierta autonomía relativa y su punto de unión es la figura de RPL. Esta coalición discute, debate, negocia posiciones y puestos, recursos y prestigios, dentro y fuera del marco institucional. Aunque varias de las decisiones estratégicas descansan en la influencia directa de RPL (como la de elegir el candidato a Rector General o los rectores de los 14 centros universitarios temáticos y regionales que componen la Red Universitaria), muchas de las decisiones cotidianas y otras significativamente importantes descansan en las interacciones y acuerdos que se procesan entre las redes y sus liderazgos.
La estructuración y estabilidad de esta coalición descansa en el grado de cohesión que puede representar el liderazgo de RPL, y por ello puede considerarse como una forma política coligada, una “coalición padillista”. La vida política universitaria ha estabilizado sus costos de transacción fijando reglas y códigos, y asumiendo los costos de perdedores y ganadores (que los hay) en este esquema. Esta figura se encuentra en el centro del esquema de gobernabilidad institucional desde hace casi veinte años, y explica la centralidad de RPL en la vida institucional y local. Carlos Briseño Torres, el rector depuesto a finales de agosto, es una criatura de esta coalición, no su némesis, como el mismo ha intentado explicar y justificar desde que inició el conflicto con la mayor parte de los integrantes de los órganos de gobierno (consejo de rectores y consejo general universitario). Como producto de esa relación, lo que tenemos es una señal poderosa bajo el cielo político universitario: el agotamiento de las capacidades normativas y cohesivas del padillismo. No se trata de un derrumbe inminente, ni de una catástrofe anunciada, sino quizá del lento desvanecimiento de las virtudes cohesivas de una figura y un proyecto, producto tanto del fortalecimiento tendencial aunque opaco de la vida académica universitaria, como de la pérdida de vitalidad de una generación que se aproxima al crepúsculo de sus logros y aportaciones a la política universitaria.
La pócima práctica: puestos, dinero y representaciones
La política es un juego de ajedrecistas, no de ángeles. Y la política universitaria no escapa de esta afirmación vieja. Las piezas del juego son los puestos, el dinero y las representaciones, y de lo que se trata es de establecer relaciones duraderas y estables entre las piezas. En un contexto de salarios estancados, fatigas laborales, envejecimiento del profesorado, politización y burocratización de la vida universitaria, la pócima secreta de la política universitaria descansa en la combinación del acceso a los puestos, los recursos y las representaciones formales y simbólicas de los actores universitarios. De eso está compuesto el piso duro de la política universitaria tapatía, y el conflicto descansa en buena medida en la disputa por estos recursos. Briseño y el briseñismo emergente y rápidamente extinto es la expresión más cruda de cómo la ambición y las limitaciones intelectuales y políticas se conjugaron para desnudar una lucha por el poder universitario sin un proyecto académico-institucional y sin acceso a las piezas estratégicas del juego. Luego de ser parte de la coalición, Briseño y sus consejeros se separaron para formar una camarilla que apostó a la construcción de alianzas con sectores opositores al padillismo (principalmente entre el PAN representado por el gobernador Emilio González), y con una promoción desbordada de su imagen y palabras en la prensa local. Su estrategia consistió en personalizar el conflicto universitario, colocando a RPL como el causante principal del bloqueo a sus acciones, y presentando la crisis universitaria como una dicotomía entre el poder legítimo del rector versus el poder informal de RPL. Por su parte, la coalición padillista basó su estrategia justamente en la despersonalización del enfrentamiento con Briseño, colocando el conflicto como un problema entre un rector autoritario incapaz de respetar a los órganos de gobierno colegiado de la universidad, y las exigencias de colegialidad de las decisiones institucionales planteadas por la mayoría de los integrantes de esos órganos de gobierno. En esas circunstancias, la coalición jugó con todos sus recursos para derrotar a un adversario que nunca tuvo la capacidad para cohesionar a los contrarios a la coalición, ni pudo convencer a sus aliados externos en sus estrategias para canalizar el pleito hacia el fantasma o la figura de RPL.
Eso, en parte, era de esperarse. Figura opaca y deslucida en su pasado padillista, Briseño llegó a la rectoría con las reglas que le permitieron alcanzar una silla en la mesa principal de la política universitaria. Sus desmesuradas alabanzas públicas y privadas a RPL (lisonjeras y un tanto impúdicas) poco antes y poco después de ser nombrado rector, anticipaban que la decisión del CGU de nombrarlo consolidarían el éxito político de la coalición en la U. de G. Hoy sabemos que los elogios públicos ocultaban una imaginación secreta que acariciaba con ilusión y ambición la hora del derrocamiento y del triunfo entre ovaciones de universitarios y no universitarios. Para su desgracia, el 29 de agosto salía del Paraninfo por la puerta trasera, escoltado por sus guardias y una decena de sus fieles, mientras que a otros de sus asesores lo despedía una multitud de estudiantes con insultos y patadas en el trasero. Al día siguiente, entre lágrimas, el rector depuesto lamentaba su situación frente a las cámaras y micrófonos que unos días todavía antes reproducían su lenguaje triunfalista, ganador, mientras las pinturas de Orozco atestiguaban, una vez más, el espectáculo de la política universitaria.
Aunque el conflicto sigue en la pista judicial, la historia política de la U. de G. parece marcada irremediablemente por una coyuntura que muestra las fuerzas y debilidades de la coalición padillista. Pero también anticipa una lección y marca una ruta. La lección es que la política y el gobierno universitario no pueden seguir siendo el centro de la vida institucional, sino que es la vida académica la que debe ocuparlo y caracterizar a una de las universidades públicas más importantes del país. Los elevados costos de las transacciones políticas en la U. de G. que muestra el conflicto apuntan hacia una reforma de los esquemas de gobierno y de gobernabilidad de la vida universitaria tapatía, en la que se incremente el peso de los académicos en los órganos de gobierno. Pero esa reforma institucional tendría que estar centrada en la evaluación sin concesiones de los logros, déficits y efectos perversos de la reforma universitaria de 1989-1994. Ese parecería el contexto adecuado para mejorar las condiciones de una discusión indispensable en la construcción de una institucionalidad que favorezca al desarrollo académico y la responsabilidad pública de la U. de G. Una gobernabilidad centrada en lo académico y que descanse, como toda gobernabilidad política, en umbrales positivos de eficacia, legitimidad y estabilidad de la vida universitaria, y que permita responder de mejor manera a un contexto local y nacional de exigencias múltiples e incertidumbres corrosivas.
Tuesday, October 07, 2008
1968: las palabras y las imágenes
MESA REDONDA: “OCTUBRE 68, 40 AÑOS DESPUÉS”
Organizado por la Corresponsalía Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana.
Museo de la Ciudad, 6 de octubre de 2008.
1968: Las imágenes y las palabras.
Adrián Acosta Silva
Hay una imagen –una fotografía- que ilustra las primeras ediciones del libro de Luis González de Alba, Los días y los años, en la cual un joven estudiante, parado en el toldo de un automóvil, se dirige hacia una multitud que camina por las calles del DF. En frente del joven –un líder estudiantil, se supone- algunas personas prestan atención a sus arengas, portando pancartas que llevan palabras como democracia, no a la represión, libertad, mientras que otros lo ven de reojo y algunos más no le prestan demasiada atención, entre risas y semblantes serios. Es una imagen hermosa, que simboliza muchas cosas, evoca otras, oculta algunas. La primera, la más evidente, es que se trata de un acto de libertad, una acción libertaria, en la que la voz de un joven parece representar la voz de muchos. La otra es la multitud misma: la imagen de una multitud en movimiento, atenta, a veces dispersa, que marcha en calidad de ciudadanos inconformes, rebeldes, protestando contra actos de la autoridad, es decir, del gobierno.
Esa imagen representa, insisto, muchas cosas del 68 y sus desprendimientos sociopolíticos y culturales. Simboliza el espíritu de libertad, de rebelión, de comunidad. Se trata también del ejercicio abierto de un derecho constitucional, el de expresión y manifestación de las ideas, un derecho que había sido eliminado en los años largos del autoritarismo posrevolucionario mexicano, sobre todo en la época del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, sin duda el más autoritario de todo los presidentes mexicanos después de la Revolución del 17. Pero la fotografía congela un momento, un contexto y una idea: es una rebelión anti-autoritaria, en contra de un estado de cosas asfixiante y represor, frente al cual había que oponer resistencia y enarbolar palabras como democracia, libertad y justicia. Y hacerlo además de manera festiva, sonriendo, ejercitando el humor y el carácter desafiante de la risa, esa muestra de irreverencia asociada al diablo y que tanto molesta a las mentalidades autoritarias y religiosas como señala Milan Kundera en El libro de la risa y el olvido
Pero las palabras ocupan también una parte importante del discurso de la época. Veamos dos muestras breves:
“En unas semanas o en unos meses, los acontecimientos (el movimiento estudiantil) tomarán con la perspectiva del tiempo su verdadera dimensión y no pasarán como episodios heroicos, sino como absurda lucha de oscuros orígenes e incalificables propósitos” (Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México, 1 de septiembre de 1968)
“…cuando uno hace balances puede preguntarse: ¿fue un movimiento revolucionario porque transformó de manera radical la percepción de las cosas?” (Raúl Álvarez Garín, líder estudiantil de 1968, enero de 1988).
Estas palabras revelan de algún modo los extremos interpretativos que el movimiento del 68 tuvo y tiene en la opinión pública, entre los actores protagónicos del movimiento y entre las elites políticas e intelectuales que habitan la esfera pública mexicana de los últimos cuarenta años. Claramente, Díaz Ordaz estaba equivocado, y esa interpretación típicamente autoritaria se desvaneció rápidamente con los años y con los hechos, al mismo tiempo que se iniciaba la larga transición política mexicana hacia la democracia. La otra interpretación es parcialmente cierta: el 68 permitió ver con otros anteojos al régimen político mexicano, reveló los límites del milagro económico local y el carácter autoritario del sistema político posrevolucionario, con sus rasgos de intolerancia y demagogia, de represión y exclusión, que se concentraron de manera inequívoca en la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre.
Las imágenes y las palabras continúan alimentando de forma poderosa el significado, o los significados, del movimiento estudiantil de 1968. De ahí abrevan las interpretaciones liberales, revolucionaristas y hasta conservadoras del cambio político mexicano. Entre las elites políticas e intelectuales de hoy existe debate en torno a lo que el 68 representa en términos sociológicos, históricos, políticos o culturales. En el santoral laico edificado desde hace 4 décadas, el 2 de octubre es una fecha relevante, una marca, un punto en la historia moderna del país que se manifiesta cada año en una enorme cantidad de artículos, reseñas, memorias, fotografías, documentales, películas, entrevistas a los protagonistas que todavía viven, mesas redondas. Se organizan marchas y mítines por todo el país, se exige justica y castigos a los culpables de los hechos, se prenden veladoras por los muertos, se guardan minutos de silencio. Creencias y mitos, hechos e interpretaciones, representaciones simbólicas y compromisos políticos, nutren generosamente el imaginario y las prácticas políticas que se reconocen a sí mismas en el espejo del 68, con su enorme carga emotiva escondida bajo el oscuro manto de la tragedia.
Este es parte del marco que rodea al movimiento estudiantil de 1968. Son las palabras, imágenes y prácticas que se han construido alrededor de aquellos acontecimientos en aquel año cada vez más lejano, y que ello no obstante confirma su potencia ideológica y política. Sin embargo, en términos analíticos, una idea parece reconocerse y compartirse cada vez más: el 68 fue un acontecimiento sociocultural y político, con efectos tardíos pero sólidos en la transición política mexicana y la transformación cultural del país. La idea central de esta perspectiva es que el movimiento estudiantil fue una rebelión antiautoritaria pero también la expresión de que una nueva cultura política surgía entre la clase media mexicana representada por los estudiantes universitarios de la época. Ello permitió la emergencia de un pluralismo político y cultural que no se ha detenido desde hace cuarenta años, a pesar de las prácticas de intolerancia, de represión y autoritarismo que aún subsisten en muchas zonas del gobiernos y la sociedad mexicanas.
Esa idea se basa en varios supuestos interpretativos. Uno es que las movilizaciones estudiantiles del 68 representaron una reconquista o un redescubrimiento del espacio público mexicano, que había sido colonizado o penetrado por las prácticas de un gobierno corporativo y autoritario. Esas movilizaciones cuestionaron el carácter democrático del sistema político posrevolucionario, y mostraron el gesto represor de un régimen que se había aislado de una sociedad cada vez más compleja y diversificada, escolarizada y urbana, que reclamaba espacios de expresión y comunicación que ni el gobierno ni los medios de la época reconocían ni garantizaban. En ese sentido, el movimiento estudiantil fue la expresión de un genuino proceso civilizatorio (en el sentido que define el sociólogo Norbert Elias) que poco a poco de extendía en diversas zonas de la vida pública y privada de los mexicanos.
Otro de los supuestos del argumento es que el viejo corporativismo político mexicano, basado en la existencia de un partido virtualmente único (PRI) que controlaba a las masas trabajadoras por medio de sindicatos y federaciones ligadas al esquema de control que tenía su centro simbólico y práctico en la figura del presidente de la república, encontró en el 68 un movimiento que no comprendía y que veía como una amenaza a la estabilidad y el control alcanzado por el PRI y el hiperpresidencialismo mexicano. Ello explica con claridad las palabras de Diaz Ordaz o las de otros actores de la época (como Luis Echeverría Alvarez). También explica los silencios que guardaron otros actores que luego tendrían relevancia pública e importancia política. El reflejo autoritario del gobierno diazordacista y del priismo en general, fue congruente, trágicamente congruente, con una visión de la sociedad y del país en la cual el pluralismo y los reclamos democratizadores simplemente no tenían explicación ni lugar.
En tercer lugar, la movilización se explica porque surgió en uno de los enclaves que el autoritarismo mexicano no había podido ni se había propuesto tocar: las universidades públicas. Espacios relativamente autónomos, con libertades de expresión y discusión prácticamente inexistentes en otras zonas de la vida pública mexicana, las universidades se habían convertido en el principal vehículos de modernización y pluralismo de la sociedad mexicana de la época. Los sesenta fueron los años de arranque del proceso de masificación de la educación superior mexicana, en la que la incorporación masiva de estudiantes de primera generación universitaria de miles de familias mexicanas significaba el acceso a las escuelas preparatorias y a las carreras profesionales de las universidades públicas. Ello fortalecía un más amplio proceso de movilidad social asociado a la creciente importancia cuantitativa y cualitativa de la clase media mexicana, producto a su vez de los procesos e industrialización y urbanización que el desarrollismo había impulsado desde los años cuarenta. En esas circunstancias, la rebelión autoritaria significaba a la vez una ruptura y una confirmación. Era la irrupción de nuevos actores sociales en la vida pública mexicana, con su carga respectiva de intereses y expectativas, de demandas y reclamos, pero también era un producto lógico del desarrollismo mexicano.
Ello explica quizás el carácter potencialmente democratizador del movimiento estudiantil del 68, pero también los límites y efectos perversos que se derivaron de sus interpretaciones y prácticas. Entre sus logros democratizadores directos e indirectos habría que incorporar la reforma político-electoral de 1976-1977, la insurrección electoral de 1988, la creación del IFE y la alternancia política ocurrida en el 2000. También habría que anotar el impulso a la democratización de la vida sindical, a la multiplicación de los partidos políticos, la creación de movimientos sociales diversos, el fortalecimiento de la sociedad civil. En la dimensión cultural, el reconocimiento de la pluralidad de las expresiones artísticas y populares, la multiplicidad de identidades, la aceptación del rock (que luego encontró en Avándaro, en 1971, su legitimidad popular), la desacralización del nacionalismo, fueron entre otros, logros innegables del movimiento.
Pero hay también el lado oscuro del 68. Es el relacionado con las prácticas violentas y los nuevos autoritarismos que se alimentan con nostalgias generalmente inconfesables de un pasado que nunca existió, como canta Sabina. Es la historia de la guerrilla urbana, del radicalismo depredador y la hiperpolitización salvaje que aún se desarrolla dentro y fuera de las universidades públicas. Es la moralina de derecha que exhuman gobiernos panistas, priistas y aún perredistas en diversas regiones y ciudades, que aspiran a un orden dominado por la disciplina y las tradiciones, con su correspondiente carga de exclusión, intolerancia y autoritarismo. Es el asambelismo y democratismo que dominó y domina aún las prácticas políticas en muchas organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, que apelan al espíritu del 68 para legitimar un discurso envejecido y antidemocrático.
En fin. El 68, sus palabras, sus imágenes, sus interpretaciones y prácticas, sus actores, sus nostalgias, sus logros y sus deficit, nos han acompañado en los últimos cuarenta años. Hoy se puede apreciar con mejor perspectiva la magnitud de sus impactos, la densidad de su complejidad sociopolítica y cultural, sus aportes a lo que hoy tenemos en nuestra vida pública. Entre los claroscuros, sin embargo, yo me quedo con sus luces: las que apuntan hacia la democracia y hacia la libertad, las que representan el ejercicio de los derechos cívicos, y las que fortalecen las prácticas ciudadanas, colocando en el centro temas como la justicia, la igualdad y el antiautoritarismo. Prefiero seguir creyendo en la imagen del joven estudiante parado en el toldo de un automóvil, dirigiéndose a una multitud expectante y en movimiento, mientras en el fondo suena, como soundtrack de la época, la guitarra de Eric Clapton y la batería de Ginger Baker con Cream, la voz de Lennon en “Hapiness is a Warm Gun”, o las atmósferas alucinantes de Jim Morrison y los Doors en “The End”, mientras que al otro lado de la calle suena con fuerza “Mi gran noche” con Raphael, o “Hazme una señal”, de Roberto Jordán. Esa es la postal que puede caracterizar al 68, y que ilumina un movimiento sin el cual el país no sería lo que es hoy: una democracia de baja intensidad y escasa productividad pero democracia al fin; una vida pública plural pero capturada por zonas de intolerancia de izquierdas y derechas de diverso origen y motivaciones; una vida política que se debate entre el aislamiento de los partidos políticos y el activismo social de algunos particulares. A cuarenta años, 1968 es un recuerdo pero también, por lo menos en parte, un proyecto inconcluso: el de un país más democrático, más justo y más libre.
Organizado por la Corresponsalía Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana.
Museo de la Ciudad, 6 de octubre de 2008.
1968: Las imágenes y las palabras.
Adrián Acosta Silva
Hay una imagen –una fotografía- que ilustra las primeras ediciones del libro de Luis González de Alba, Los días y los años, en la cual un joven estudiante, parado en el toldo de un automóvil, se dirige hacia una multitud que camina por las calles del DF. En frente del joven –un líder estudiantil, se supone- algunas personas prestan atención a sus arengas, portando pancartas que llevan palabras como democracia, no a la represión, libertad, mientras que otros lo ven de reojo y algunos más no le prestan demasiada atención, entre risas y semblantes serios. Es una imagen hermosa, que simboliza muchas cosas, evoca otras, oculta algunas. La primera, la más evidente, es que se trata de un acto de libertad, una acción libertaria, en la que la voz de un joven parece representar la voz de muchos. La otra es la multitud misma: la imagen de una multitud en movimiento, atenta, a veces dispersa, que marcha en calidad de ciudadanos inconformes, rebeldes, protestando contra actos de la autoridad, es decir, del gobierno.
Esa imagen representa, insisto, muchas cosas del 68 y sus desprendimientos sociopolíticos y culturales. Simboliza el espíritu de libertad, de rebelión, de comunidad. Se trata también del ejercicio abierto de un derecho constitucional, el de expresión y manifestación de las ideas, un derecho que había sido eliminado en los años largos del autoritarismo posrevolucionario mexicano, sobre todo en la época del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, sin duda el más autoritario de todo los presidentes mexicanos después de la Revolución del 17. Pero la fotografía congela un momento, un contexto y una idea: es una rebelión anti-autoritaria, en contra de un estado de cosas asfixiante y represor, frente al cual había que oponer resistencia y enarbolar palabras como democracia, libertad y justicia. Y hacerlo además de manera festiva, sonriendo, ejercitando el humor y el carácter desafiante de la risa, esa muestra de irreverencia asociada al diablo y que tanto molesta a las mentalidades autoritarias y religiosas como señala Milan Kundera en El libro de la risa y el olvido
Pero las palabras ocupan también una parte importante del discurso de la época. Veamos dos muestras breves:
“En unas semanas o en unos meses, los acontecimientos (el movimiento estudiantil) tomarán con la perspectiva del tiempo su verdadera dimensión y no pasarán como episodios heroicos, sino como absurda lucha de oscuros orígenes e incalificables propósitos” (Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México, 1 de septiembre de 1968)
“…cuando uno hace balances puede preguntarse: ¿fue un movimiento revolucionario porque transformó de manera radical la percepción de las cosas?” (Raúl Álvarez Garín, líder estudiantil de 1968, enero de 1988).
Estas palabras revelan de algún modo los extremos interpretativos que el movimiento del 68 tuvo y tiene en la opinión pública, entre los actores protagónicos del movimiento y entre las elites políticas e intelectuales que habitan la esfera pública mexicana de los últimos cuarenta años. Claramente, Díaz Ordaz estaba equivocado, y esa interpretación típicamente autoritaria se desvaneció rápidamente con los años y con los hechos, al mismo tiempo que se iniciaba la larga transición política mexicana hacia la democracia. La otra interpretación es parcialmente cierta: el 68 permitió ver con otros anteojos al régimen político mexicano, reveló los límites del milagro económico local y el carácter autoritario del sistema político posrevolucionario, con sus rasgos de intolerancia y demagogia, de represión y exclusión, que se concentraron de manera inequívoca en la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre.
Las imágenes y las palabras continúan alimentando de forma poderosa el significado, o los significados, del movimiento estudiantil de 1968. De ahí abrevan las interpretaciones liberales, revolucionaristas y hasta conservadoras del cambio político mexicano. Entre las elites políticas e intelectuales de hoy existe debate en torno a lo que el 68 representa en términos sociológicos, históricos, políticos o culturales. En el santoral laico edificado desde hace 4 décadas, el 2 de octubre es una fecha relevante, una marca, un punto en la historia moderna del país que se manifiesta cada año en una enorme cantidad de artículos, reseñas, memorias, fotografías, documentales, películas, entrevistas a los protagonistas que todavía viven, mesas redondas. Se organizan marchas y mítines por todo el país, se exige justica y castigos a los culpables de los hechos, se prenden veladoras por los muertos, se guardan minutos de silencio. Creencias y mitos, hechos e interpretaciones, representaciones simbólicas y compromisos políticos, nutren generosamente el imaginario y las prácticas políticas que se reconocen a sí mismas en el espejo del 68, con su enorme carga emotiva escondida bajo el oscuro manto de la tragedia.
Este es parte del marco que rodea al movimiento estudiantil de 1968. Son las palabras, imágenes y prácticas que se han construido alrededor de aquellos acontecimientos en aquel año cada vez más lejano, y que ello no obstante confirma su potencia ideológica y política. Sin embargo, en términos analíticos, una idea parece reconocerse y compartirse cada vez más: el 68 fue un acontecimiento sociocultural y político, con efectos tardíos pero sólidos en la transición política mexicana y la transformación cultural del país. La idea central de esta perspectiva es que el movimiento estudiantil fue una rebelión antiautoritaria pero también la expresión de que una nueva cultura política surgía entre la clase media mexicana representada por los estudiantes universitarios de la época. Ello permitió la emergencia de un pluralismo político y cultural que no se ha detenido desde hace cuarenta años, a pesar de las prácticas de intolerancia, de represión y autoritarismo que aún subsisten en muchas zonas del gobiernos y la sociedad mexicanas.
Esa idea se basa en varios supuestos interpretativos. Uno es que las movilizaciones estudiantiles del 68 representaron una reconquista o un redescubrimiento del espacio público mexicano, que había sido colonizado o penetrado por las prácticas de un gobierno corporativo y autoritario. Esas movilizaciones cuestionaron el carácter democrático del sistema político posrevolucionario, y mostraron el gesto represor de un régimen que se había aislado de una sociedad cada vez más compleja y diversificada, escolarizada y urbana, que reclamaba espacios de expresión y comunicación que ni el gobierno ni los medios de la época reconocían ni garantizaban. En ese sentido, el movimiento estudiantil fue la expresión de un genuino proceso civilizatorio (en el sentido que define el sociólogo Norbert Elias) que poco a poco de extendía en diversas zonas de la vida pública y privada de los mexicanos.
Otro de los supuestos del argumento es que el viejo corporativismo político mexicano, basado en la existencia de un partido virtualmente único (PRI) que controlaba a las masas trabajadoras por medio de sindicatos y federaciones ligadas al esquema de control que tenía su centro simbólico y práctico en la figura del presidente de la república, encontró en el 68 un movimiento que no comprendía y que veía como una amenaza a la estabilidad y el control alcanzado por el PRI y el hiperpresidencialismo mexicano. Ello explica con claridad las palabras de Diaz Ordaz o las de otros actores de la época (como Luis Echeverría Alvarez). También explica los silencios que guardaron otros actores que luego tendrían relevancia pública e importancia política. El reflejo autoritario del gobierno diazordacista y del priismo en general, fue congruente, trágicamente congruente, con una visión de la sociedad y del país en la cual el pluralismo y los reclamos democratizadores simplemente no tenían explicación ni lugar.
En tercer lugar, la movilización se explica porque surgió en uno de los enclaves que el autoritarismo mexicano no había podido ni se había propuesto tocar: las universidades públicas. Espacios relativamente autónomos, con libertades de expresión y discusión prácticamente inexistentes en otras zonas de la vida pública mexicana, las universidades se habían convertido en el principal vehículos de modernización y pluralismo de la sociedad mexicana de la época. Los sesenta fueron los años de arranque del proceso de masificación de la educación superior mexicana, en la que la incorporación masiva de estudiantes de primera generación universitaria de miles de familias mexicanas significaba el acceso a las escuelas preparatorias y a las carreras profesionales de las universidades públicas. Ello fortalecía un más amplio proceso de movilidad social asociado a la creciente importancia cuantitativa y cualitativa de la clase media mexicana, producto a su vez de los procesos e industrialización y urbanización que el desarrollismo había impulsado desde los años cuarenta. En esas circunstancias, la rebelión autoritaria significaba a la vez una ruptura y una confirmación. Era la irrupción de nuevos actores sociales en la vida pública mexicana, con su carga respectiva de intereses y expectativas, de demandas y reclamos, pero también era un producto lógico del desarrollismo mexicano.
Ello explica quizás el carácter potencialmente democratizador del movimiento estudiantil del 68, pero también los límites y efectos perversos que se derivaron de sus interpretaciones y prácticas. Entre sus logros democratizadores directos e indirectos habría que incorporar la reforma político-electoral de 1976-1977, la insurrección electoral de 1988, la creación del IFE y la alternancia política ocurrida en el 2000. También habría que anotar el impulso a la democratización de la vida sindical, a la multiplicación de los partidos políticos, la creación de movimientos sociales diversos, el fortalecimiento de la sociedad civil. En la dimensión cultural, el reconocimiento de la pluralidad de las expresiones artísticas y populares, la multiplicidad de identidades, la aceptación del rock (que luego encontró en Avándaro, en 1971, su legitimidad popular), la desacralización del nacionalismo, fueron entre otros, logros innegables del movimiento.
Pero hay también el lado oscuro del 68. Es el relacionado con las prácticas violentas y los nuevos autoritarismos que se alimentan con nostalgias generalmente inconfesables de un pasado que nunca existió, como canta Sabina. Es la historia de la guerrilla urbana, del radicalismo depredador y la hiperpolitización salvaje que aún se desarrolla dentro y fuera de las universidades públicas. Es la moralina de derecha que exhuman gobiernos panistas, priistas y aún perredistas en diversas regiones y ciudades, que aspiran a un orden dominado por la disciplina y las tradiciones, con su correspondiente carga de exclusión, intolerancia y autoritarismo. Es el asambelismo y democratismo que dominó y domina aún las prácticas políticas en muchas organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, que apelan al espíritu del 68 para legitimar un discurso envejecido y antidemocrático.
En fin. El 68, sus palabras, sus imágenes, sus interpretaciones y prácticas, sus actores, sus nostalgias, sus logros y sus deficit, nos han acompañado en los últimos cuarenta años. Hoy se puede apreciar con mejor perspectiva la magnitud de sus impactos, la densidad de su complejidad sociopolítica y cultural, sus aportes a lo que hoy tenemos en nuestra vida pública. Entre los claroscuros, sin embargo, yo me quedo con sus luces: las que apuntan hacia la democracia y hacia la libertad, las que representan el ejercicio de los derechos cívicos, y las que fortalecen las prácticas ciudadanas, colocando en el centro temas como la justicia, la igualdad y el antiautoritarismo. Prefiero seguir creyendo en la imagen del joven estudiante parado en el toldo de un automóvil, dirigiéndose a una multitud expectante y en movimiento, mientras en el fondo suena, como soundtrack de la época, la guitarra de Eric Clapton y la batería de Ginger Baker con Cream, la voz de Lennon en “Hapiness is a Warm Gun”, o las atmósferas alucinantes de Jim Morrison y los Doors en “The End”, mientras que al otro lado de la calle suena con fuerza “Mi gran noche” con Raphael, o “Hazme una señal”, de Roberto Jordán. Esa es la postal que puede caracterizar al 68, y que ilumina un movimiento sin el cual el país no sería lo que es hoy: una democracia de baja intensidad y escasa productividad pero democracia al fin; una vida pública plural pero capturada por zonas de intolerancia de izquierdas y derechas de diverso origen y motivaciones; una vida política que se debate entre el aislamiento de los partidos políticos y el activismo social de algunos particulares. A cuarenta años, 1968 es un recuerdo pero también, por lo menos en parte, un proyecto inconcluso: el de un país más democrático, más justo y más libre.
Friday, September 05, 2008
Universidad, política y espectáculo (Campus 287)
Universidad, política y espectáculo.
Adrián Acosta Silva
En el marco irremediable de la confirmación de la política como espectáculo, todos los pleitos son taquilleros. Explicar el fenómeno no es una tarea fácil. Tiene que ver, por supuesto, con el hecho obvio de que la política vende, de que la noticia política se ha vuelto una mercancía que en ocasiones alcanza un buen precio en los tiempos que corren, que se cotiza bien en un medio donde los escándalos se han vuelto la forma dominante de la comunicación pública. También cuenta el hecho de que los actores en conflicto tienen algo de histriones, de que sus gestos, palabras y silencios suelen ser teatrales, de que los medios explotan metódicamente los conflictos, de que existe un mercado que sigue con cierta atención y hasta con morbo el desarrollo de los acontecimientos, sus desenlaces, el humor involuntario de dichos y hechos, sus efectos en instituciones y grupos. Hay algo de ansiedad y emoción en todo ello, que confirman la legendaria desconfianza de muchos hacia la política y sus formas, mientras que a los ojos de otros revelan las propiedades misteriosas y hasta metafísicas de las prácticas y los rituales políticos.
Las universidades no escapan de esta situación. Una huelga laboral, un pleito estudiantil, un problema financiero, una lucha por el poder institucional, el proceso de elección de un rector, un pronunciamiento sobre algún tema espinoso o urgente de la agenda pública, coloca inmediatamente a las universidades en el ojo mediático, y las proyecta velozmente hacia el rugoso tapiz de la vida pública, ocupando fugazmente un lugar en el espectáculo político de todos los días. Poco importa saber con precisión el origen o el desarrollo de la peculiar conflictividad de las universidades, y menos importa aún saber si sus prácticas políticas tienen algo que ver con su naturaleza académica, sus funciones sociales o sus contribuciones al desarrollo. Nadie se preocupa (ni tendría que hacerlo, por lo demás) por las condiciones y contextos específicos de los problemas, la formación de los consensos y los disensos en la universidad, en la acumulación de exigencias desmesuradas, la sobrecarga de demandas y los enaltecimientos retóricos, que se combinan con una sistemática escasez de recursos, de bloqueos al desarrollo de la ciencia y a la vida académica, fatigas inconfesables y expectativas heroicas, el tamaño de restricciones estructurales o coyunturales al desarrollo de las funciones habituales de la universidad.
En el primer sexenio de Campus, algunos de estos conflictos se han identificado y ventilado, frecuentemente a medio camino entre el análisis académico riguroso y la especulación política franca. Eso se explica tal vez por la especial complejidad de los contextos institucionales y las trayectorias políticas de grupos y reglas de cada universidad, vagamente conocidas y muy poco estudiadas de manera compartida y comparada. La relación entre las políticas públicas, el gobierno y la política universitaria se ha revelado como un espacio obscuro, pantanoso, en la que el despliegue de una retórica basada en temas como la calidad, la integralidad (esa extraña insistencia en que todas las acciones y propuestas deben de ser “integrales”), la competitividad internacional de las universidades, se superpone con viejas prácticas políticas autoritarias, pseudo-democráticas, en las que el clientelismo, el patrimonialismo y la simulación permanecen como monedas de uso común en muchas universidades públicas. El corporativismo sindical y estudiantil que emergió con fuerza indiscutible desde los años setenta, continua siendo en muchos casos la principal seña de identidad de la política universitaria, mientras las rectorías universitarias participan con entusiasmo y no poco esfuerzo en acreditar programas, elevar el nivel académico del profesorado, certificar procesos administrativos, presumiendo pequeños y grandes logros nacionales o internacionales.
Ahí donde las prácticas políticas que estructuran las relaciones entre los universitarios son advertidas como un obstáculo para el progreso de la universidad, nuevos héroes y redentores instantáneos surgen para denunciar el lamentable estado de las cosas, y para lanzar nuevos proyectos, demandas, críticas demoledoras contra los culpables de que las cosas estén tan mal. Amparados en la misma confusa retórica de la calidad y la excelencia, la transparencia o el compromiso social de las universidades, los nuevos paladines reformadores se auto-promueven como universitarios visionarios, valientes, legales hasta el tuétano, académicos comprometidos, funcionarios comprensivos, administradores eficientes, demócratas intachables. Poco importa que por sus antecedentes remotos o recientes, esos líderes universitarios que hablan solemnemente a la Historia frente a cámaras y micrófonos, sean personajes impresentables, que se comportan como emperadorzuelos de ocasión, alabados por una corte integrada en la mayor parte de las veces por súbditos y consejeros que suelen ser a su vez una colección grisácea de puras glorias municipales. Fanfarrones y mediáticos, muchos de los neo-reformadores y sus asesores son una mezcla de gerencialismo teórico con populismo práctico, criaturas crecidas sombríamente al amparo de accidentados procesos anteriores de reforma y de prácticas políticas donde el servilismo se acompañó por becas para hacer posgrados al vapor, que utilizarán para hacer más presentables sus curriculums políticos pero jamás para dedicarse a la docencia o a la investigación.
La política universitaria está habitada parcialmente por estos personajes y prácticas. Aunque por el pequeño número de participantes y los espacios delimitados la vida política de la universidad sea un mundillo de intereses y pasiones, sus efectos pueden afectar, en ocasiones, la vida académica de campus y escuelas. Pese al feroz individualismo de los académicos universitarios, o por el hecho de que la vida estudiantil contemporánea sea un conjunto de prácticas e imaginarios que poco tiene que ver con la vida interna de las universidades, la política y los políticos en la universidad no suelen ser bien vistos. Quizá por ello, el retorno ocasional de la conflictividad universitaria suele atraer más la atención de los medios que de los estudiantes y profesores. Sus cíclicas explosiones sirven para que los partidos y los gobernantes exclamen en tono compungido y con semblantes serios, su preocupación por la inestabilidad que pueden alcanzar los conflictos políticos en las universidades públicas locales o nacionales, reiteren su respeto por la autonomía universitaria, y elevan sus oraciones porque los universitarios encuentren la paz y la armonía lo más pronto posible. Para los medios, los pleitos universitarios resultan en la indagación de actividades secretas o semi-clandestinas de los involucrados, en la que se revelan detalles, rumores y chismes de sus vidas privadas y de sus acciones públicas, que vuelven más misteriosa e impredecibles las interacciones y resultados de los conflictos universitarios. Las imágenes competitivas de ganadores y perdedores, reales o potenciales, es bien explotada por los medios y sus pequeños ejércitos de reporteros, fotógrafos y columnistas.
Cíclica y confusa, la vida política universitaria mexicana de los últimos años es, a no dudar, un gran espectáculo, un happening, comedia y tragedia. Luces y sombras dominan el escenario. Mientras, debajo y al fondo, la vida institucional sigue su curso, entre cubículos, pasillos y salones de clase, esperando quizá a que el espectáculo termine para dar paso al silencio y a las rutinas, indispensables para el trabajo académico de todos los días.
Adrián Acosta Silva
En el marco irremediable de la confirmación de la política como espectáculo, todos los pleitos son taquilleros. Explicar el fenómeno no es una tarea fácil. Tiene que ver, por supuesto, con el hecho obvio de que la política vende, de que la noticia política se ha vuelto una mercancía que en ocasiones alcanza un buen precio en los tiempos que corren, que se cotiza bien en un medio donde los escándalos se han vuelto la forma dominante de la comunicación pública. También cuenta el hecho de que los actores en conflicto tienen algo de histriones, de que sus gestos, palabras y silencios suelen ser teatrales, de que los medios explotan metódicamente los conflictos, de que existe un mercado que sigue con cierta atención y hasta con morbo el desarrollo de los acontecimientos, sus desenlaces, el humor involuntario de dichos y hechos, sus efectos en instituciones y grupos. Hay algo de ansiedad y emoción en todo ello, que confirman la legendaria desconfianza de muchos hacia la política y sus formas, mientras que a los ojos de otros revelan las propiedades misteriosas y hasta metafísicas de las prácticas y los rituales políticos.
Las universidades no escapan de esta situación. Una huelga laboral, un pleito estudiantil, un problema financiero, una lucha por el poder institucional, el proceso de elección de un rector, un pronunciamiento sobre algún tema espinoso o urgente de la agenda pública, coloca inmediatamente a las universidades en el ojo mediático, y las proyecta velozmente hacia el rugoso tapiz de la vida pública, ocupando fugazmente un lugar en el espectáculo político de todos los días. Poco importa saber con precisión el origen o el desarrollo de la peculiar conflictividad de las universidades, y menos importa aún saber si sus prácticas políticas tienen algo que ver con su naturaleza académica, sus funciones sociales o sus contribuciones al desarrollo. Nadie se preocupa (ni tendría que hacerlo, por lo demás) por las condiciones y contextos específicos de los problemas, la formación de los consensos y los disensos en la universidad, en la acumulación de exigencias desmesuradas, la sobrecarga de demandas y los enaltecimientos retóricos, que se combinan con una sistemática escasez de recursos, de bloqueos al desarrollo de la ciencia y a la vida académica, fatigas inconfesables y expectativas heroicas, el tamaño de restricciones estructurales o coyunturales al desarrollo de las funciones habituales de la universidad.
En el primer sexenio de Campus, algunos de estos conflictos se han identificado y ventilado, frecuentemente a medio camino entre el análisis académico riguroso y la especulación política franca. Eso se explica tal vez por la especial complejidad de los contextos institucionales y las trayectorias políticas de grupos y reglas de cada universidad, vagamente conocidas y muy poco estudiadas de manera compartida y comparada. La relación entre las políticas públicas, el gobierno y la política universitaria se ha revelado como un espacio obscuro, pantanoso, en la que el despliegue de una retórica basada en temas como la calidad, la integralidad (esa extraña insistencia en que todas las acciones y propuestas deben de ser “integrales”), la competitividad internacional de las universidades, se superpone con viejas prácticas políticas autoritarias, pseudo-democráticas, en las que el clientelismo, el patrimonialismo y la simulación permanecen como monedas de uso común en muchas universidades públicas. El corporativismo sindical y estudiantil que emergió con fuerza indiscutible desde los años setenta, continua siendo en muchos casos la principal seña de identidad de la política universitaria, mientras las rectorías universitarias participan con entusiasmo y no poco esfuerzo en acreditar programas, elevar el nivel académico del profesorado, certificar procesos administrativos, presumiendo pequeños y grandes logros nacionales o internacionales.
Ahí donde las prácticas políticas que estructuran las relaciones entre los universitarios son advertidas como un obstáculo para el progreso de la universidad, nuevos héroes y redentores instantáneos surgen para denunciar el lamentable estado de las cosas, y para lanzar nuevos proyectos, demandas, críticas demoledoras contra los culpables de que las cosas estén tan mal. Amparados en la misma confusa retórica de la calidad y la excelencia, la transparencia o el compromiso social de las universidades, los nuevos paladines reformadores se auto-promueven como universitarios visionarios, valientes, legales hasta el tuétano, académicos comprometidos, funcionarios comprensivos, administradores eficientes, demócratas intachables. Poco importa que por sus antecedentes remotos o recientes, esos líderes universitarios que hablan solemnemente a la Historia frente a cámaras y micrófonos, sean personajes impresentables, que se comportan como emperadorzuelos de ocasión, alabados por una corte integrada en la mayor parte de las veces por súbditos y consejeros que suelen ser a su vez una colección grisácea de puras glorias municipales. Fanfarrones y mediáticos, muchos de los neo-reformadores y sus asesores son una mezcla de gerencialismo teórico con populismo práctico, criaturas crecidas sombríamente al amparo de accidentados procesos anteriores de reforma y de prácticas políticas donde el servilismo se acompañó por becas para hacer posgrados al vapor, que utilizarán para hacer más presentables sus curriculums políticos pero jamás para dedicarse a la docencia o a la investigación.
La política universitaria está habitada parcialmente por estos personajes y prácticas. Aunque por el pequeño número de participantes y los espacios delimitados la vida política de la universidad sea un mundillo de intereses y pasiones, sus efectos pueden afectar, en ocasiones, la vida académica de campus y escuelas. Pese al feroz individualismo de los académicos universitarios, o por el hecho de que la vida estudiantil contemporánea sea un conjunto de prácticas e imaginarios que poco tiene que ver con la vida interna de las universidades, la política y los políticos en la universidad no suelen ser bien vistos. Quizá por ello, el retorno ocasional de la conflictividad universitaria suele atraer más la atención de los medios que de los estudiantes y profesores. Sus cíclicas explosiones sirven para que los partidos y los gobernantes exclamen en tono compungido y con semblantes serios, su preocupación por la inestabilidad que pueden alcanzar los conflictos políticos en las universidades públicas locales o nacionales, reiteren su respeto por la autonomía universitaria, y elevan sus oraciones porque los universitarios encuentren la paz y la armonía lo más pronto posible. Para los medios, los pleitos universitarios resultan en la indagación de actividades secretas o semi-clandestinas de los involucrados, en la que se revelan detalles, rumores y chismes de sus vidas privadas y de sus acciones públicas, que vuelven más misteriosa e impredecibles las interacciones y resultados de los conflictos universitarios. Las imágenes competitivas de ganadores y perdedores, reales o potenciales, es bien explotada por los medios y sus pequeños ejércitos de reporteros, fotógrafos y columnistas.
Cíclica y confusa, la vida política universitaria mexicana de los últimos años es, a no dudar, un gran espectáculo, un happening, comedia y tragedia. Luces y sombras dominan el escenario. Mientras, debajo y al fondo, la vida institucional sigue su curso, entre cubículos, pasillos y salones de clase, esperando quizá a que el espectáculo termine para dar paso al silencio y a las rutinas, indispensables para el trabajo académico de todos los días.
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