Investiduras: jerarquía y poder

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Investiduras: jerarquía y poder
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 25/01/2018)
En la edad media, los ceremoniales de coronación de los reyes constituían una oportunidad privilegiada para poner en movimiento la sofisticada maquinaria simbólica y práctica que articulaba las relaciones entre el poder real y el poder espiritual, es decir, entre las elites de las monarquías y las elites de la iglesia católica. Los gestos, las palabras, los objetos que se utilizaban en dichas ceremonias de ungimiento eran cuidadosamente seleccionados, acomodados, estudiados, discursos pronunciados para colocar en cada ritual la fuerza de los intereses organizados en territorios y poblaciones específicas.
Ese cuidado por el uso de los colores y el aroma de los inciensos, las maneras adecuadas de las vestimentas, las formas de presentación y las maneras de saludar, tenía su sentido. A finales del siglo IX, el conjunto de disposiciones y procedimientos de las ceremonias reales dieron paso a lo que se conocería como la “lucha de Investiduras”, donde se disputaban símbolos, secuencias, lugares de ubicación de los invitados célebres y de la plebe, las características, los adornos de los lugares donde se debían llevar a cabo los rituales de ungimiento. Esa lucha enfrentaba a los rituales eclesiásticos con los rituales laicos, cuyas respectivas simbologías representaban jerarquías y ordenamientos políticos distintos. De ahí, de la minuciosa redacción de esos procedimientos –una suerte de manuales de usos y costumbres ceremoniales- , comenzaron a plasmarse algunas definiciones básicas sobre el poder y la autoridad en la sociedad medieval que luego, con el tiempo, pasarían a formar parte del lenguaje político moderno. En ese proceso dilatado y complejo jugaron un papel destacado clérigos y juristas laicos, que formaron grupos especializados que dieron origen a las escuelas y cánones que fundarían las primeras universidades europeas como las de Bolonia o la de París.
El carácter eclesiástico de la ideología política del siglo noveno fue por supuesto dominante, y perduraría en los siglos posteriores. El oficiar las ceremonias fue una prerrogativa episcopal que incrementaba su legitimidad ante reyes y súbditos. Como señala Walter Ullmann en su Historia del pensamiento político en la edad media (Ariel, Barcelona, 2013), “cada gesto, cada símbolo y cada oración tenían un significado conciso y exacto, y los oficios de las coronaciones son a veces más reveladores que muchos tratados que han sido y son objeto de largos estudios”.
La “teoría de las dos espadas” según la cual la espada material correspondía al Rey y la espada espiritual al Papa, significaba en el fondo la subordinación de los reyes a los papas, pues estos últimos delegaban en aquellos el poder material del control sobre los súbditos, como el representante terrenal de los intereses celestiales de la iglesia católica. La doctrina hierocrátrica (o jerárquica) aspiraba a establecer con claridad los límites de la autoridad del rey y de la iglesia, pero siempre suponía mayor a la segunda. Las concepciones “descendentes” del poder político promovida por la iglesia católica (de Dios hacia los mortales) se imponían a las concepciones “ascendentes” del poder (del pueblo hacia sus representantes y dirigentes), propia de la filosofía política de la Grecia clásica.
El centro de las discusiones litúrgicas estaba por dominado por el tema de la legitimidad y la representación del poder. Con el surgimiento de los modernos Estados nacionales, en el auge del capitalismo y el redescubrimiento de los ideales democráticos, las concepciones ascendentes desplazarían a las descendentes, pero los ceremoniales de investidura de los representantes populares conservarían sus prácticas a lo largo del siglo XIX y XX. Tomas de protesta, juramentos, papeles, símbolos, son parte de la parafernalia del espectáculo político heredado por la sociedad medieval a las sociedades contemporáneas.
La tesis central del texto clásico de Ullmann (publicado originalmente en inglés en 1965) es que buena parte de la literatura política tiene su origen en aquella sorda, prolongada y complicada lucha por las investiduras. De ahí tomarían Hume, Hobbes, Maquiavelo o Kant las bases para la filosofía política moderna. Y en las universidades se discutirían nuevas teorías que darían origen en el siglo XX al derecho y a la ciencia política moderna. La separación de la persona y del personaje, del individuo y la figura que representa, serán uno de los ejes de transformación de los procesos de la representación política que serán colocados en el centro de las disputas por las investiduras, y que llegarán a su auge con la configuración de las democracias occidentales europeas.
Los efectos de esa lucha de investiduras se transmitieron silenciosamente a las ceremonias presidenciales y parlamentarias actuales, pero también permanecieron fuertemente resguardados en los rituales de graduación universitaria. Las borlas, las togas, los birretes, sus distintos colores y significados, la solemnidad de las ceremonias, la magnificencia de los espacios de las liturgias académicas de reconocimiento y homenaje, el otorgamiento de reconocimientos honoris causa, las tomas de posesión de Rectores, la instalación de sus órganos colegiados, las tomas de protesta, son los saldos de aquellas viejas ceremonias de investidura; polvos de los viejos lodos del ordenamiento, distribución y disputa por el poder institucional y social representado por las universidades.

¿Crecer es mejorar?

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¿Crecer es mejorar?

Adrián Acosta Silva

La educación superior mexicana cierra el año, y el sexenio, en un contexto difícil. En realidad, nada nuevo en estos tiempos mexicanos. Es una rutina nacional, forjada en las eras del priismo y mantenida vigorosamente a lo largo de las últimas tres alternancias (PRI-PAN-PRI), un período de dificultades, incertidumbres, expectativas, ilusiones, maceradas al fuego lento de la experiencia del pasado reciente. Según lo aprendido, todo indica que el quinto año de cada administración sexenal marca simbólica y prácticamente el fin de un ciclo y el nacimiento de otro. El ritual político de cierre de una administración gubernamental y la construcción política de un nuevo gobierno constituye un período de turbulencias que se resolverá en las elecciones presidenciales federales del próximo 1 de julio. Ello no obstante, las señales de período ya están flotando en el ambiente político nacional: balances catastróficos, relatos de esperanza e ilusión nacional, imágenes de ruptura, de renovación y continuidad, métricas de logros y fracasos, buenas intenciones, compromisos, retórica pura y dura.

Los diagnósticos y las propuestas se concentran invariablemente en el desempeño reciente de la educación superior, esfuerzos analíticos e interpretativos acotados por lo que hizo o dejo de hacer el gobierno federal en este campo. Los relatos del oficialismo y sus aliados se enfrentan a los relatos de sus opositores políticos tradicionales o de ocasión. El campo electoral se convierte en una arena pública donde sus protagonistas principales representan los intereses y las pasiones que producen las frutas amargas y dulces de la temporada: apologías, descalificaciones, ocurrencias, prejuicios, creencias.

Como en casi todos los campos de la acción pública, el balance sexenal es de claroscuros. Por el lado del crecimiento del sistema se observa una trayectoria de continuidad de políticas más o menos coherentes en los últimos 30 años. Tenemos hoy más estudiantes, profesores y establecimientos de educación superior tanto públicos como privados respecto a los indicadores que teníamos en 2012. También se incrementó modestamente la tasa bruta de cobertura en la educación terciaria, aunque aún permanecemos por debajo de la media tanto de los países de la OCDE como de muchos países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay o Bolivia. En términos de financiamiento público, se fortalece un estancamiento tanto en el gasto por alumno como en proporción del gasto público de educación superior en relación al PIB.

El dato duro es el crecimiento innegable de la oferta y la demanda pública y privada por educación superior. Los indicadores del crecimiento abundan y son más o menos sofisticados. Sin embargo, el dato blando tiene forma de interrogación, de si el crecimiento implica necesariamente mejoría, y cierta sensación déja vù comienza a dominar en el ambiente. Las viejas discusiones de los economistas políticos y la sociología del bienestar sobre las diferencias entre crecimiento y desarrollo reaparecen con especial fuerza e intensidad en el campo de la educación superior: ¿Más significa mejor? ¿El crecimiento del sistema de educación terciaria nacional ha asegurado por sí mismo mejores oportunidades de inclusión y equidad, disminuyendo las brechas históricas de desigualdad en el acceso, el tránsito y el egreso de los estudiantes universitarios? ¿El crecimiento mismo es un indicador de mejora indudable del rendimiento del sistema?

Las evidencias nacionales e internacionales muestran que no hay una relación automática entre crecimiento y mejora, sino que el crecimiento institucional puede estar asociado al desarrollo sistémico solo bajo ciertas condiciones. En educación superior el desarrollo tiene variables y dimensiones más o menos precisas: producción de conocimiento, formación de profesionales, empleabilidad de los egresados, equidad, inclusión, cohesión social. El crecimiento no asegura por sí mismo esos resultados, sino que frecuentemente tiene efectos de consolidación de las asimetrías, las desigualdades y la confirmación de brechas notables en el desempeño de los establecimientos y subsistemas educativos terciarios.

Las campañas electorales son una buena oportunidad para atisbar el futuro educativo nacional. Los mapas de las derechas e izquierdas, sus complicadas mezclas y alianzas compiten por el centro en el marco electoral nacional, y han comenzado a mostrar sus cartas. Hay dudas, imprecisiones, ambigüedades y ausencias en las narrativas de los candidatos y de los partidos que los apoyan, pero ya hay algunas evidencias de sus respectivas propuestas e imaginarios. Becas masivas a estudiantes, fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad, promesas de mayores recursos financieros a las universidades públicas, mejora de la equidad y la inclusión social de la educación superior, revisión del papel de las ofertas privadas, más apoyos al desarrollo científico y tecnológico nacional, forman parte de los temas, estrategias y agendas que comienzan a perfilar los términos del debate.

Hasta ahora, el candidato de Morena/PES/PT ha marcado algunos puntos clave del futuro de las políticas de la educación superior. Su planteamiento sobre el tema de los “ninis” como causal de los principales problemas del sector, está asociado a un programa nacional de becas dirigido a este sector, algo que se parece en algo al actual PRONABES pero que va más allá. Los otros candidatos apenas se han pronunciado al respecto. En las próximas semanas seguramente conoceremos más sobre que y como están pensando las elites político-electorales los problemas de la educación superior, y como reaccionarán frente a las propuestas que organizaciones como la ANUIES están planteando sobre los asuntos educativos del sector. La relación entre crecimiento y desarrollo puede estar en el centro del debate.

Métricas y narrativas

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Escepticismo democrático: métricas y narrativas

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 14/12/2017)

La larga y compleja experiencia mexicana de transición hacia la democracia y las distintas dimensiones de sus accidentados procesos de consolidación han sido objeto de diversos estudios, ensayos y reflexiones. Decenas de autores han elaborado textos fundamentales sobre la historia reciente de la vida política mexicana, ofreciendo explicaciones sobre las contradicciones, logros, fracasos, incertidumbres y ambigüedades del proceso en su conjunto. Las métricas de la democracia se han combinado con las narrativas sobre sus efectos y causalidades, una combinación interesante que habita las aguas profundas del debate sobre sus limitaciones y riesgos, sus problemas teóricos y prácticos, sus ángeles, demonios y bestias negras.

Esta preocupación intelectual y política anima de cuando en cuando esfuerzos de balance sobre la magnitud de los déficits y desafíos democráticos mexicanos. Estos balances son generalmente el producto básico de la insatisfacción, hijos del insomnio y la ansiedad, de la sensación del fracaso; producen informes, diagnósticos, reportes que contienen diatribas, datos, crónicas del malestar con la democracia y sus actores, registros puntuales sobre procesos electorales y las instituciones y espacios que reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana del siglo XXI, apuntes sobre el contexto social, económico y cultural que determina en algún grado la complejidad política nacional.

Uno de los esfuerzos que intentan analizar esa complejidad acaba de ser publicado. Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas, coordinado por Ricardo Becerra (IETD/Siglo XXI Editores, México, 2017), constituye una obra colectiva que refleja bien el espíritu de la época política mexicana contemporánea, postmoderna, frágil, conflictiva, difícil. El esfuerzo forma parte de una larga tradición intelectual que en su historia reciente puede iniciar con el libro seminal de Pablo González Casanova La democracia en México (1967), El presidencialismo mexicano, de Jorge Carpizo (1975), México: el reclamo democrático (1988), coordinado por Rolando Cordera, Raul Trejo y Enrique Vega, y que llega hasta los textos de Carlos Pereyra (Sobre la democracia, 1990), de Juan Molinar Horcasitas (El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, 1991), o de La mecánica del cambio político en México (2000), de Ricardo Becerra, José Woldenberg y Pedro Salazar.

El malestar actual con la democracia y sus actores protagónicos (ciudadanos, partidos, congresos, poderes) es el punto de partida de la obra. Es un vago malestar alimentado por varios frentes y causas: el pobre desempeño económico, la violencia y la inseguridad, la desigualdad social, los perfiles de la representación y la cultura política, los entornos mediáticos que han acompañado la construcción de la democracia mexicana, sus éxitos y fracasos. Pero son también las tensiones entre la democracia imaginaria y el orden político práctico, los lenguajes de la transición, las expresiones políticas del feminismo, el ideal federalista, las relaciones entre economía y democracia, los nuevos derechos surgidos en el transcurso de los cambios (derechos humanos, ambientales, información, transparencia), algunos de los puntos claves de libro.

Organizada en siete temas y 11 “interludios” desarrollados por un total de 17 autores, la obra ofrece un panorama amplio de las preocupaciones y perspectivas desarrolladas en su mayoría por los miembros del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática (IETD), una asociación civil constituida desde 1989 como un espacio de reflexión y discusión intelectual sobre los problemas políticos nacionales. Como toda obra colectiva, la calidad y consistencia de los trabajos reunidos es diferente, pero en su conjunto permiten apreciar un buen mapa de los problemas actuales de la democracia mexicana.

La hechura del texto está alimentada por una combinación de “pesimismo metodológico y reformismo histórico”, como señala el coordinador del libro recordando las palabras de Ludolfo Paramio escritas en 1988. Combinando datos, evidencias y estadísticas con reflexiones puntuales, aproximaciones ensayísticas, conjeturas, sospechas e hipótesis, los trabajos reunidos en el Informe constituyen conversaciones a varias voces en distintos tonos e intensidades. Así, las evaluaciones de la democracia mexicana dan cuenta del fenómeno del desencanto político acumulado luego de, por lo menos, veinte años de democracia mexicana (1997-2017), mientras que otros textos analizan las bases materiales de la desigualdad social y del descontento político mexicano, la consistencia y calidad de la representación política, o la relación entre votos, escaños y el fenómeno de los gobiernos divididos. Otros autores reflexionan sobre los imaginarios políticos y su relaciones con la violencia y la ciudadanía, los efectos políticos de la política económica, los vínculos entre medios de comunicación y democracia, las tensiones entre la agenda social, la agenda política y la agenda neoliberal que han coexistido a lo largo de los últimos años en el centro de la acción pública, estatal y societal.

Como señala bien uno de los autores que colaboran en el texto, la transición mexicana no es una sino muchas. Es un conjunto de cambios flojamente acoplados pero asociados a diversas transiciones específicas: una transición económica, una demográfica, una política, otra cultural. Ese proceso multidimensional constituye un formidable desafío intelectual para descifrar el tamaño y calidad de los problemas y desafíos de la democracia mexicana del siglo XXI. Ese reto implica también imaginar salidas, alternativas y soluciones a los problemas de alta y baja intensidad que caracterizan hoy el desempeño de la democracia mexicana realmente existente, que incluye no solamente la identificación de los efectos no deseados y perversos que acompañan la construcción política del proceso, de cara al presente y al futuro del país. Se trata de un esfuerzo analítico y político de organización del escepticismo democrático que forma parte de cualquier intento de comprensión para la acción política, un esfuerzo útil para enfrentar la turbulencia de los tiempos electorales que ya comenzaron a cubrir la imaginación y las prácticas políticas de la temporada.

Después de todo, en un contexto donde predominan las dudas sobre la existencia de una épica de la transición, es necesario revisar, valorar, reflexionar sobre los mapas de un territorio que ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Quizá ello haga posible comprender la causalidad profunda del malestar político mexicano, un malestar a la vez práctico y cotidiano, pero también simbólico e imaginario, donde las pasiones, los intereses y la incertidumbre gobiernan habitualmente el comportamiento de sectores significativos de políticos y ciudadanos, de príncipes y consejeros.

Días de Feria: vanidades, imposturas, soledades

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Ferias: vanidades, imposturas, soledades.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 30/11/2017)
Como sucede cada año desde hace ya más de tres décadas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vuelve a celebrarse entre los pasillos, comedores, auditorios y stands de la Expo-Guadalajara. A pesar del tráfico insufrible, de las largas colas para el ingreso, de las multitudes que todos los días invaden el espacio de la Feria, el evento es más que una exhibición de libros, autores y públicos. Es también una fiesta de la mercadotecnia editorial, un espectáculo, una hoguera de vanidades de escritores más o menos famosos, un momento donde glorias municipales, estrellas nacionales o internacionales de la literatura y la academia se codean con escritores o profesores novatos en búsqueda del santo grial de la fama, la fortuna y la virtud. Libros de cocina, poesía, novela, ciencias sociales; libros de medicina, de contaduría, de derecho; libros infantiles, juveniles, de ciencia ficción, de cómics; novela negra, novela rosa, novela histórica, novelas a secas: clásicos de la literatura, algunas (cada vez menos) enciclopedias, libros de fotografía, de arte, de arquitectura y urbanismo. Todos se amontonan en grandes pilas de papel, coloridas, pirámides y mesas que exhiben millones de libros al público de ocasión.
El espectáculo, como todos, tiene su encanto. Voyeristas librescos y bibliófilos de bajo perfil conviviendo con adolescentes y adultos indiferentes a la lectura pero atentos a los personajes y personajillos que deambulan por la Feria. Niños corriendo jugando entre los stands junto a observadores ensimismados que ojean cuidadosamente las páginas de un nuevo libro. Edecanes guapas atendiendo a individuos despistados, ofreciendo pases para la presentación de algún libro escrito por el autor o autora de la editorial que contrata sus servicios. Funcionarios públicos o universitarios paseando frente a académicos y académicas que buscan libros para sus clases. El olor a papel nuevo, a tinta, a plástico, que se confunde con el olor de las multitudes, de la comida, de las alfombras perfumadas de los stands, del cemento fresco de los pasillos.
Las ferias de libros son no sólo ferias de vanidades sino también de imposturas intelectuales, literarias y académicas. El prefijo “pseudo” acompaña inevitablemente la presentación de muchos libros, conferencias y talleres. Los libros de autoayuda, de superación personal, profecías y horóscopos, instructivos para dibujar mandalas, textos de esoterismo y metafísica, biografías de personajes famosos, de grandes escándalos de la historia, semblanzas y memorias de cantantes y grupos, forman parte de las imágenes dominantes que se amontonan en los miles de metros cuadrados de la Expo-Guadalajara. Títulos como “Las grandes mentiras de…”, “La verdadera historia de…”, “Lo que Usted no sabía de…”, “La única y verdadera historia de…”, “Mitos y leyendas sobre…”, “Los mil” (o cien, o cincuenta) “libros” (discos, películas) “que Usted tiene que” (leer, escuchar, ver) “antes de morir”, dominan en modo imperativo la oferta masiva de publicaciones que uno puede encontrar en esta o cualquier otra feria.
El ritmo frenético de presentaciones de libros se sucede durante los nueve días que dura el espectáculo. Uno tras otro se llenan y vacían los espacios dedicados a las presentaciones, donde el autor o la autora, los comentaristas de rigor, los paneles y coloquios que dan formato a las sesiones, tienen el tiempo medido y contado (y supervisado) por los organizadores. La gestión del tiempo es vital para el desarrollo del evento, un recurso siempre escaso y valioso que determinan los relojes que gobiernan la acción de autores y presentadores.
La curiosidad intelectual, la paciencia lectora, la voluntad de leer, son hábitos extraños, raros en estos y otros tiempos. Sin embargo, es posible identificarlos entre los asistentes en el enorme pero ambiguo territorio de la Feria. Suelen pasar desapercibidos entre el ruido y la furia comercial del entorno que cobija dichas prácticas, pero, sin duda, existen. Como ejercicio de soledad, individual e intransferible, la experiencia lectora constituye la posibilidad de una transformación súbita, una conversión de un “hombre gris” a un “don Quijote”, como escribiera Borges en La trama.
Las ferias como experiencias colectivas nunca eliminan el silencio y la soledad de las lecturas individuales. Siempre recuerdan las fotografías de André Kertész, que registran en sobriedad blanco/negro escenas de lectores y libros en pueblos y ciudades, en casas, en calles, en azoteas y bibliotecas. Una postal iluminadora: un hombre tirado boca abajo, sobre una estrecha banca de madera, leyendo absorto las páginas de un libro, bajo un montón de disfraces de lentejuelas, de payasos, magos y bailarinas, que cuelgan sobre las paredes, suspendidas silenciosamente sobre el hombre y su libro. La fotografía se titula Circus, y está fechada en Nueva York, el 4 de mayo de 1969 (A. Kertész, Leer, Periférica & Errata naturae, España, 2016, p.20). El poder de esa imagen, su contexto, sus protagonistas, sus evocaciones, relatan una historia que bien puede ocurrir dentro y fuera de los recintos atestados, enloquecidos, multitudinarios, de una Feria como la de Guadalajara.

Reforma educativa

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Reforma educativa: libretos, máscaras, actores

Adrián Acosta Silva

(Campus Milenio, 16/11/2017)

A lo largo del actual sexenio, la disputa por la legitimidad de las reformas en la educación básica que ha enfrentado rutinariamente al gobierno con sus críticos y opositores, se ha constituido como el ruido de fondo que domina el paisaje de las relaciones políticas entre sus diversos actores. Como es conocido, la agenda reformadora que inició en el marco del “Pacto por México” impulsado por el PRI, el PAN y el PRD al inicio del actual sexenio, colocó en el centro un ambicioso paquete de asuntos públicos que incluían el tema educativo. Un lustro después, es posible advertir en el horizonte político y de políticas el agotamiento del impulso inicial reformador, el brutal desgaste institucional y político de los actores, y un nuevo saldo de logros, fracasos, paradojas e incertidumbres en torno al futuro del proceso reformador en el sector educativo nacional.

Un balance provisional del análisis del diseño e implementación de las reformas obliga siempre a reconocer uno de los principios prácticos de todo ejercicio similar: se puede saber con alguna precisión y certeza como inician las reformas, pero nunca se sabe con seguridad como pueden terminar. Para el caso, los diagnósticos iniciales, la definición de los problemas, las estrategias y políticas reformadoras, contribuyeron a identificar los puntos críticos del proceso. “Recobrar la autoridad del Estado” se constituyó como el lema político central de las reformas, y eso significaba, a finales del ya lejano 2012, la recomposición de las relaciones políticas del oficialismo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El resultado, lo sabemos: la detención y encarcelamiento de la lideresa Elba Esther Gordillo, que representaba el tipo de relaciones de subordinación del gobierno federal y de los gobiernos estatales frente al poder de la burocracia sindical del elbismo y sus aliados dentro y fuera del sector educativo.

Pero ese episodio solo fue visto como una operación política indispensable para formular un paquete de cambios en el sector, que colocaron en el centro temas como la evaluación de la calidad educativa, el servicio profesional docente, y la gestión autónoma de la escuelas. Construido el andamiaje político básico para legitimar sus propuestas, el gobierno federal pasaba entonces a la instrumentación de las mismas, con la presión propia de los calendarios y relojes institucionales. Los tres puntos señalados concentraron el impulso reformador durante los primeros años y consumieron buena parte de las energías del oficialismo por colocar en el centro de su proyecto reformador un sentido claro de orientación, capaz de suscitar consensos básicos dentro y fuera del sector. El resultado fue la articulación de una coalición reformadora entre el gobierno y la nueva dirigencia del SNTE, apoyada por sectores significativos de los partidos políticos nacionales y con el beneplácito de no pocos sectores intelectuales, empresariales y de la opinión pública nacional.

Casi de inmediato, el escepticismo, la rebelión y las críticas hacia el modo y contenido de las reformas marcaron el territorio de la disputa. La agenda y los contenidos del proyecto reformador fueron criticados y frecuentemente descalificados por sus críticos, colocando en el mismo sitio al elbismo derrotado y desarticulado, a la beligerancia neo-corporativa de la CNTE, y a una difusa colección de liderazgos políticos y voces académicas más o menos autorizadas, distribuidas en diversos ámbitos mediáticos y académicos. Entre 2013 y 2015, asistimos a un espectáculo inusual, volcánico, ruidoso y en ocasiones incomprensible, que acompañó a las buenas intenciones y propósitos educativos con el juego rudo de las movilizaciones, protestas, bloqueos carreteros, huelgas.

El memorial de las reformas se tornaría trágico con los acontecimientos de Ayotzinapa y con las escenas de balaceras, encarcelamientos, secuestros de camiones, vandalismo, arrebatos de indignación moral e incapacidad gubernamental para convencer de sus acciones. El lenguaje de las amenazas y los chantajes colocó la luz de los reflectores mediáticos en el lado áspero de las reformas. En estos años duros, la educación se consolidó como una utopía institucional habitando una zona de conflictos y pleitos protagonizados por el gobierno y sus opositores, lo que provocó un desgaste acelerado de los recursos y de la legitimidad tanto del oficialismo como de sus oposiciones. Hoy, en el ocaso del peñanietismo, la soledad de los reformadores y el dramatismo de los críticos son los humores que suelen dominar tanto las hipótesis e ilusiones reformadoras como las profecías apocalípticas sobre su futuro.

Como todo espectáculo público, en el escenario educativo han coexistido libretos distintos, bailes de máscaras, cierto maniqueísmo de salón y la “democratización de la vacuidad” -como señalaba el cáustico Ciroan respecto a las disputas políticas de las élites de la sociedad francesa del siglo XVIII-, estampas que se han convertido en las imágenes factuales del proceso. Un dualismo anecdótico (a favor/en contra) gobierna los relatos reformadores y opositores. Ello no obstante, los logros visibles y quizá perdurables del proceso tienen que ver con la legitimación de la evaluación educativa como ejercicio institucional (representada por la autonomía del INEE), con la necesidad de colocar en el largo plazo la trasformación de las prácticas educativas orientadas hacia los aprendizajes de los estudiantes y la autogestión escolar (dos de los rasgos del “Nuevo Modelo Educativo”), y con el reconocimiento del papel estratégico del profesorado en esta o en cualquier reforma educativa que se imagine.

Pero las lecciones del proceso también incluyen la legitimidad de la crítica y el escepticismo como instrumentos intelectuales de producción de las políticas reformadoras. La capacidad argumentativa y persuasiva del discurso reformador ha ido acompañada de la capacidad crítica de algunos de sus opositores. Aunque en el centro de ambos lados se encuentren la lucha por privilegios y derechos reales o imaginarios, el cálculo de costos y beneficios de las reformas, la producción de bandos de ganadores y perdedores relativos o absolutos, temporales o permanentes, de los cambios educativos sexenales, los logros del proceso reformador mexicano son significativos, aunque sus desafíos institucionales y alcances sociales permanezcan todavía en las penumbras del espectáculo.

Gbernanza y desempeño en educación superior

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Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.

De la cuna a la tumba

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¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.