Springsteen en el Camp Nou
Adrián Acosta Silva
(Publicado en la versión digital de la revista Nexos, 03/06/2016)
65 mil espectadores nos reunimos un noche de sábado en el estadio Camp Nou del equipo Barcelona para participar en el ceremonial ofrecido por uno de los chamanes rockeros más destacados de la historia del género: Bruce Springsteen. Desde las 7 de la tarde de aquel 14 de mayo, bajo un cielo nublado, con una fina lluvia que amenazaba con volverse tormenta, el estadio se llenaba poco a poco de una multitud compuesta mayoritariamente por cincuentones, miles de hombres y mujeres vestidos con camisetas de ocasión, estampadas con imágenes de las giras pasadas y portadas de discos del Patrón, el Jefe, The Boss. En eso el futbol y el rock tienen un inconfundible aire de familia: espectáculos masivos, crónicas de multitudes cuya fugaz seña de identidad tribal es una camiseta, una imagen, un estilo que expresa con contundencia las afinidades electivas, un poco estéticas, quizá éticas, de quienes han hecho de un equipo o de un grupo de rock parte fundamental de su educación sentimental.
La imagen de las masas provoca a veces sentimientos encontrados. Baudelaire detestaba “la estupidez de la gran masa”, esa “multitud idólatra (que) postulaba un ideal digno de ella y adecuado a su naturaleza”. Parafraseando lo que escribió sobre Daguerre (el inventor de los daguerrotipos, la base técnica del nacimiento de la fotografía), se podría afirmar que en Barcelona, esa noche de primavera, esa “multitud idólatra” que refiere Baudelaire encontró que “un Dios vengativo ha atendido sus ruegos”. Y Springsteen se convertía temporalmente en su Mesías, el que incrementaba durante unas horas las posibilidades de juego de la fantasía, haciendo accesibles, palpables, las imágenes de culto propias del rock contemporáneo. La mala fama de “la estupidez de las gran masa” cedía el paso a las imágenes deslumbrantes de miles de individuos congregados para celebrar un acto de adoración laica, lúdica y ruidosa.
En esta orilla del Mediterráneo, las gaviotas cruzan todo el tiempo sobre la ciudad. Aún con el frío ligero de esa noche nublada, pasaban volando sobre un estadio que rugía con las gargantas de miles de espectadores que calentaban el ambiente celebrando el campeonato que el equipo de la ciudad acababa de conquistar esa misma tarde en Granada. A las 9 y cuarto en punto, la voz potente del Boss saludaba a la multitud, inaugurando su gira europea en la capital catalana, y rompiendo la noche con Better Days, al que le siguieron Badlands, Cover Me, y luego el desfile impecable de una treintena de canciones, un muestrario de la larga carrera que inició junto con la E-Street Band en 1973 en una ordinaria cochera de New Jersey.
The River Tour es el título de la nueva gira de Springsteen, un título que tiene que ver con la celebración de los 35 años de la edición de uno de sus discos emblemáticos, insignia de una década de crisis económica y moral, en la que el sueño americano se había convertido para muchos en insomnio y pesadilla. Es el disco que confirmaba en 1980 a Springsteen como el heredero de una tradición iniciada por Peter Seeger en los años cincuenta y Bob Dylan en los sesenta, entonando canciones relacionadas con el hombre común, miembros de la clase trabajadora que sólo esperan un nuevo día para tratar de sobrevivir a base de trabajo duro y de pequeñas ilusiones cotidianas.
Cuando interpretó The River justo a la mitad del concierto, Springsteen homenajeaba el espíritu de un tiempo que alargaba sus sombras hasta el siglo 21. La E-Street Band acompañaba con fidelidad y ferocidad la voz y el ritmo de las canciones del Jefe, imprimiendo el sonido inconfundible de un estilo que ha hecho del rock de la costa este un referente cultural y estético para públicos de todo el mundo. Gobernada por el hechizo de la banda, la multitud congregada en el Camp Nou esa noche de mayo bailaba y cantaba la canción, un improvisado coro de miles acompañando los varios relatos contenidos en esa canción, narraciones sobre fábricas abandonadas, desempleo, automóviles arrumbados, muchachas embarazadas que enfrentan sus vidas en la soledad y el desamparo. “El Río” como metáfora y como bitácora personal, registros sobre el flujo vital y paisaje de fondo de las vidas de miles de individuos que viven y mueren cotidianamente sobre pantanos negruzcos, en riberas de aguas revueltas que cruzan pueblos y ciudades de la costa este norteamericana.
Más adelante, Glory Days, luego, Im´Going Down, Point Black, Darlington County, Atlantic City, y para finalizar Lonsome Days, The Rising, Purple Rain (en homenaje a Prince), Born To Run. Tres horas y media inundada por los potentes sonidos de sax, una batería indomable y largos riffs de la guitarra clásica de The Boss. Los conciertos de Springsteen tienen fama de maratónicos y este no fue la excepción. Cerca de la una de la mañana de un noche que ya era domingo, el Patrón cerraba con Twist and Shout, de The Beatles, un pequeño guiño a los tiempos en que todo era sólo rock and roll pero gustaba. El hombre de 66 años situado en medio del espectáculo, en buena forma física, se despedía de la multitud entre aplausos y gritos, la bestia gigantesca rendía tributo al icono y símbolo de varias generaciones de rockeros, el que ha hecho de pequeñas historias individuales y locales, de carreteras perdidas, partidos barriales de beisbol y la obsesión por los automóviles, paisajes urbanos que son parte de la crónica de tiempos malditos, de desastres económicos y sociales alimentados siempre por la esperanza de que las cosas pueden ser mejores.
Una sensación de plenitud, de satisfacción, acaso de felicidad cerraba el concierto. Mientras se apagaban las gigantescas luces del estadio, la multitud poco a poco se desintegraba a la salida del Camp Nou, mientras el cielo se despejaba y las aves marinas seguían cruzando la noche barcelonesa. Hombres y mujeres maduros abrazados, jóvenes entusiasmados por la energía del concierto, caminaban sobre la Avenida Les Corts para tomar el metro hacia algún punto de la ciudad. El ritual había terminado, los sonidos del silencio volvían a gobernar la noche, mientras la fiesta, el festejo, la ceremonia presidida por Springsteen y la E-Street Band quedaba entre los vagos residuos de la memoria colectiva y las interpretaciones individuales de los asistentes. Si, como ha escrito Sergio Pitol todo está en todas partes, un concierto de rock representa el carácter policéntrico de la música, la sensación, o la certeza, de que en un tiempo breve, en el contexto adecuado, las cosas pueden ser a la vez reales e imaginarias, una complicada mezcla de hechos, emociones y razones suficientes para representar en una canción, en un puñado de sonidos e imágenes, las fantasías de miles de almas, multitudes convertidas irremediablemente en individuos que volvían en la madrugada a ser parte de las sombras, puros extraños en la noche.
Saturday, June 04, 2016
Clavos de ataúd
Estación de paso
Clavos de ataúd
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 02/07/2016)
¿Ves aquel Señor Graduado
roja borla, blanco guante,
que nemine discrepante
fue en Salamanca aprobado?
Pues con su borla, su grado,
cátedra, renta y dinero,
es un grande majadero.
J. Iglesias de la Casa, 1820.
La expansión de los escándalos de plagio académico no sólo son polvos de viejos lodos mexicanos. También en Alemania, Hungría, Perú, España, los Estados Unidos, soplan esos vientos con los mismos lodos en algunos pantanos locales. Una revisión somera de casos recientes muestra que el “Síndrome Alzati” también ocurre, ha ocurrido y seguramente ocurrirá en otras denominaciones y contextos, de manera más frecuente de lo que se cree. Presidentes, políticos, ministros, funcionarios de alto y bajo rango, académicos con cierta trayectoria, han protagonizado recientemente historias de falsedad, espejismos y pasados académicos que nunca existieron. A continuación, un listado rápido y desde luego nada exhaustivo del Billboard del plagio académico en distintas comarcas del mundo. El listado es producto de una consulta a las noticias publicadas por el diario El País, de España, en su página web, entre los años 2012 y 2016.
“Expresidente de Hungría anuncia su dimisión tras ser acusado de plagio”. Según la nota, la Universidad Semmelis de Budapest le retiró el título al político Pàl Schmitt “al copiar gran parte de su tesis doctoral”. La había presentado en 1992. (04/04/2012)
“Consejo académico rumano dictamina que el Primer Ministro rumano plagió su tesis”. Se trata de Victor Porta, político local quien ve arruinada su carrera profesional por el escándalo.(29/06/2012)
“La Ministra de Educación alemana pierde su título de doctor por plagio”. Se trata de Anette Shavan, quien obtuvo su título de doctora en 1980, otorgado por la Universidad de Dusseldorf. Una política que era miembro del gabinete de Angela Merkel y militante destacada de las filas del Partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU). (06/02/2013).
“El precio de tener un doctorado”. Norbert Lammert, Presidente del Bundestag (el parlamento alemán), y también político democristiano, fue acusado de plagio en la elaboración de su tesis doctoral. Luego se supo que tampoco tenía título de licenciatura. Unos años antes del escándalo, en el 2011, cuando se hace público un escándalo similar de un opositor político, el entonces diputado Lammer, con buen sentido de la retórica y de la oportunidad política había sentenciado: “El plagio es un clavo de ataúd para la confianza en la democracia” (31/07/2013).
“Acusada de plagiar su tesis la ministra de defensa de Alemania”. Se trata de Ursula Von del Leyen, también miembro de la CDU y del gabinete de Merkel. Era Ministro de Defensa, y obtuvo su título de Doctor en Medicina unos años antes (26/09/2015).
Marc Guerrero, político español, miembro del Consejo Ejecutivo de Convergencia (CDC) y ex vicepresidente del Partido Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), “plagió parte de su tesis doctoral en Ciencias Sociales”, presentada en la Universidad de Barcelona, quien le concedió el título Cum Laude en 2007. (30/11/2015).
“Candidato presidencial de Perú cometió plagio en su tesis doctoral”. César Acuña, dueño de un consorcio de universidades privadas, y competidor en las actuales elecciones presidenciales peruanas, “obtuvo su titulo de Doctor por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid en el 2009”. (16/03/2016).
Frente a los escándalos se han hecho varios intentos para tratar de inhibir, penalizar o evitar prácticas de plagio entre investigadores, profesores y estudiantes universitarios. Dos ejemplos recientes. El 18 de septiembre de 2013, ante la expansión de casos de plagio entre los estudiantes de licenciatura, la Universidad de Navarra, en España, elaboró un código de ética académica que castiga las prácticas fraudulentas en la elaboración y publicación de trabajos académicos. En México, en julio del año pasado un grupo de 22 académicos pertenecientes a 12 instituciones de educación superior, publicó un documento en el cual se enuncian ocho propuestas para tratar de evitar prácticas de plagio en el ámbito académico mexicano.
El problema es que los comportamientos plagiarios son el efecto perverso de la combinación de decisiones individuales y de contextos sistémicos (o de factores “subjetivos” y “objetivos”, según la conocida formulilla sociológica). En el ámbito de los individuos, las decisiones de plagiar son actos de cinismo pero también producto de la ansiedad, la angustia y la desesperación -el famoso “síndrome Los Tecolines” al que solía referirse José María Pérez Gay- por obtener de algún modo un título, un reconocimiento, un diploma. Hay en estos comportamientos ciertas connotaciones mágicas asociadas a los títulos de posgrado: formas de acreditar saberes, de mostrar evidencias de capital escolar relacionados a la posesión de capital cultural y estatus social. En el caso de los funcionarios y políticos que desean obtener a cualquier precio maestrías y doctorados, las ilusiones son más extrañas. Ser doctor para exhibir poder, para acrecentar la reputación y prestigio en las diversas arenas de la política, el título como una cosa que, bien usada, ayuda a competir con mejores recursos en la encarnizada disputa por puestos y posiciones. El doctorado como parte del currículum político, y no como evidencia de una trayectoria escolar y académica centrada en las rutinas humildes y clásicas del homo academicus: leer, investigar, organizar seminarios y conversatorios, dirigir tesis, publicar artículos, libros, ensayos.
Pero es la dimensión contextual la que también ayuda a comprender las decisiones individuales. Cuando lo que está en juego son el prestigio y el dinero, los mecanismos meritocráticos se confunden con los burocráticos (tabuladores universitarios, puestos directivos, programas de estímulos, becas), que operan como referentes para alcanzar fines sin tener muchos escrúpulos con los medios. En este escenario, cultivado pacientemente por políticas, por instituciones, por grupos académicos y por individuos, el plagio académico encuentra explicación y sentido. Es inmoral, debilita el ethos académico en las universidades, corrompe comportamientos, destruye carreras, debilita la confianza, causa indignación y escándalo. El problema es que la cosa existe, permanece y se reproduce, y no se vislumbran en el horizonte académico muchas posibilidades de que desaparezca.
Thursday, May 19, 2016
¿Algo huele a podrido en el posgrado?
Estación de paso
¿Algo huele a podrido en el posgrado?
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 19/05/2016)
La acelerada expansión de la demanda y la oferta de posgrados en México y en el mundo es un fenómeno que se ha consolidado al inicio del siglo 21. El lado positivo de ese crecimiento es el hecho de que miles de jóvenes con capacidad, vocación y talento se pueden incorporar en muchos programas de maestrías y doctorados bien diseñados, con profesores reconocidos, recursos de apoyo (becas, infraestructura) en instituciones académicamente sólidas, con buen prestigio y reputación en cada país. En esos espacios, las formas de socialización académica incluyen regularmente el compromiso intelectual y ético de estudiantes y profesores, códigos formales o informales que generalmente inhiben conductas que debiliten la confianza académica de los involucrados y de sus instituciones.
Pero el lado oscuro de la expansión de los posgrados es la multiplicación de casos de plagio y oportunismo académico, reglas laxas de admisión, tránsito y egreso de los estudiantes, un profesorado abrumado por compromisos de docencia, investigación, lectura de tesis, elaboración de dictámenes, publicación de artículos y libros. La tiranía de los rankings también juega un papel importante en la proliferación anárquica de programas de posgrado al vapor, frecuentemente ligados al autoconsumo de las propias universidades, pero también creados para atraer egresados de licenciatura o profesionales en ejercicio que requieren, por diversas razones, de acreditar una especialidad, una maestría o un doctorado que les permita obtener estatus, movilidad laboral o mejoramiento profesional.
Los escándalos sobre las diversas formas de corrupción académica que acompañan la expansión del posgrado se han multiplicado en los últimos años. Desde el célebre caso del exdirector del CONACYT a mediados de los años noventa del siglo pasado, que se presentaba (y firmaba) como Doctor egresado de una prestigiosa universidad norteamericana, sin serlo, el “Síndrome Alzati” se ha convertido en una práctica que de cuando en cuando alcanza el cielo negro de la indignación y el escándalo mediático y académico. Desde hace dos décadas, una y otra vez se presentan diversos casos de imposturas académicas, pirateo de artículos, plagios de tesis, que levantan sombras y sospechas sobre lo que ocurre en los patios interiores del posgrado en México y en el mundo. Quizá, parafraseando las célebres palabras de Shakespeare en Hamlet, alguien podría preguntarse: ¿algo huele a podrido en el posgrado?.
Que un escritor o un académico, presionado por publicar o perecer, decida recurrir a prácticas de plagio, descarado o sofisticado, se ha convertido en un dato más frecuente de lo que se suponía en el mundillo académico mexicano, tan dado, como en otros países, a la autocomplacencia o a hacerse de la vista gorda con las sospechas o con las certezas de que las cosas no funcionan bien en las universidades y centros de investigación. Que un político en desgracia, o un profesor que quiere hacer carrera política o burocrática, decidan que un doctorado les puede ayudar a legitimar sus posiciones, o buscar nuevas oportunidades en la vida política o profesional, forma parte de las creencias e ilusiones que alimentan la expansión de la oferta de los posgrados. Eso ha convertido a la decisión de algunos segmentos de la vida universitaria en el resultado de una complicada mezcla de interés y cálculo político para que un posgrado sirva de credencial para ser admitido en ciertos círculos de poder en la política o en las instituciones. El resultado es lo que vemos: un exgobernador y expresidente nacional del PRI cursa una maestría y luego un doctorado en el extranjero, en una buena universidad, mientras se ve envuelto en un escándalo de corrupción que le lleva a ser detenido y encarcelado; un par de historiadores convertidos en plagiarios seriales, lo que los lleva a la deshonra personal y académica al ser despedidos de sus instituciones y, en uno de los casos, a ser despojado de su título de doctorado por la misma institución en que se formó en sus años de estudiante; en un caso más reciente, un alto funcionario de una importante universidad estatal y exrector de un centro universitario, es denunciado por plagiar parte de su tesis doctoral, presentada hace casi una década en una universidad española.
Más allá de las anécdotas, de las motivaciones de los involucrados, de las circunstancias específicas que llevan a un individuo a reproducir el síndrome Alzati, lo que los casos muestran es la existencia de los cada vez más diversos tipos de estudiantes que se incorporan a las filas de los posgrados en todo el mundo. Esa diversidad tiene que ver con motivaciones, trayectorias previas, cálculos políticos o académicos, intereses en juego, recursos en disputa. Así, se pueden encontrar factores como la edad y el sexo, el tipo de programas e instituciones que eligen, la vocación y la capacidad para emprender proyectos de investigación (una tesis doctoral, por ejemplo). Pero son también los factores institucionales los que juegan un papel importante en la proliferación de espacios de posgrado cuyas prácticas académicas se basan en el viejo principio de “si pagas, pasas”, que facilitan el ingreso, tránsito y egreso de estudiantes que jamás debieron estar en un posgrado, de comités académicos y profesores que por negligencia, desinterés o exceso de trabajo no supervisan los trabajos de los estudiantes o de sus colegas.
En esas circunstancias, un tiempo de tormentas perfectas se abre en el horizonte académico e intelectual de la vida pública mexicana. Los síndromes Alzati, Moreira, Berenzon, Arancibia o Pascual Gay se acumulan en el paisaje mexicano reciente, y seguramente nuevos casos se sumarán esporádicamente a esa tendencia de degradación ética y estética del posgrado. Minimizar los escándalos y sus implicaciones sociales e institucionales no parece una respuesta adecuada a los actos de piratería que sacuden de cuando en cuando el mundillo académico mexicano.
¿Algo huele a podrido en el posgrado?
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 19/05/2016)
La acelerada expansión de la demanda y la oferta de posgrados en México y en el mundo es un fenómeno que se ha consolidado al inicio del siglo 21. El lado positivo de ese crecimiento es el hecho de que miles de jóvenes con capacidad, vocación y talento se pueden incorporar en muchos programas de maestrías y doctorados bien diseñados, con profesores reconocidos, recursos de apoyo (becas, infraestructura) en instituciones académicamente sólidas, con buen prestigio y reputación en cada país. En esos espacios, las formas de socialización académica incluyen regularmente el compromiso intelectual y ético de estudiantes y profesores, códigos formales o informales que generalmente inhiben conductas que debiliten la confianza académica de los involucrados y de sus instituciones.
Pero el lado oscuro de la expansión de los posgrados es la multiplicación de casos de plagio y oportunismo académico, reglas laxas de admisión, tránsito y egreso de los estudiantes, un profesorado abrumado por compromisos de docencia, investigación, lectura de tesis, elaboración de dictámenes, publicación de artículos y libros. La tiranía de los rankings también juega un papel importante en la proliferación anárquica de programas de posgrado al vapor, frecuentemente ligados al autoconsumo de las propias universidades, pero también creados para atraer egresados de licenciatura o profesionales en ejercicio que requieren, por diversas razones, de acreditar una especialidad, una maestría o un doctorado que les permita obtener estatus, movilidad laboral o mejoramiento profesional.
Los escándalos sobre las diversas formas de corrupción académica que acompañan la expansión del posgrado se han multiplicado en los últimos años. Desde el célebre caso del exdirector del CONACYT a mediados de los años noventa del siglo pasado, que se presentaba (y firmaba) como Doctor egresado de una prestigiosa universidad norteamericana, sin serlo, el “Síndrome Alzati” se ha convertido en una práctica que de cuando en cuando alcanza el cielo negro de la indignación y el escándalo mediático y académico. Desde hace dos décadas, una y otra vez se presentan diversos casos de imposturas académicas, pirateo de artículos, plagios de tesis, que levantan sombras y sospechas sobre lo que ocurre en los patios interiores del posgrado en México y en el mundo. Quizá, parafraseando las célebres palabras de Shakespeare en Hamlet, alguien podría preguntarse: ¿algo huele a podrido en el posgrado?.
Que un escritor o un académico, presionado por publicar o perecer, decida recurrir a prácticas de plagio, descarado o sofisticado, se ha convertido en un dato más frecuente de lo que se suponía en el mundillo académico mexicano, tan dado, como en otros países, a la autocomplacencia o a hacerse de la vista gorda con las sospechas o con las certezas de que las cosas no funcionan bien en las universidades y centros de investigación. Que un político en desgracia, o un profesor que quiere hacer carrera política o burocrática, decidan que un doctorado les puede ayudar a legitimar sus posiciones, o buscar nuevas oportunidades en la vida política o profesional, forma parte de las creencias e ilusiones que alimentan la expansión de la oferta de los posgrados. Eso ha convertido a la decisión de algunos segmentos de la vida universitaria en el resultado de una complicada mezcla de interés y cálculo político para que un posgrado sirva de credencial para ser admitido en ciertos círculos de poder en la política o en las instituciones. El resultado es lo que vemos: un exgobernador y expresidente nacional del PRI cursa una maestría y luego un doctorado en el extranjero, en una buena universidad, mientras se ve envuelto en un escándalo de corrupción que le lleva a ser detenido y encarcelado; un par de historiadores convertidos en plagiarios seriales, lo que los lleva a la deshonra personal y académica al ser despedidos de sus instituciones y, en uno de los casos, a ser despojado de su título de doctorado por la misma institución en que se formó en sus años de estudiante; en un caso más reciente, un alto funcionario de una importante universidad estatal y exrector de un centro universitario, es denunciado por plagiar parte de su tesis doctoral, presentada hace casi una década en una universidad española.
Más allá de las anécdotas, de las motivaciones de los involucrados, de las circunstancias específicas que llevan a un individuo a reproducir el síndrome Alzati, lo que los casos muestran es la existencia de los cada vez más diversos tipos de estudiantes que se incorporan a las filas de los posgrados en todo el mundo. Esa diversidad tiene que ver con motivaciones, trayectorias previas, cálculos políticos o académicos, intereses en juego, recursos en disputa. Así, se pueden encontrar factores como la edad y el sexo, el tipo de programas e instituciones que eligen, la vocación y la capacidad para emprender proyectos de investigación (una tesis doctoral, por ejemplo). Pero son también los factores institucionales los que juegan un papel importante en la proliferación de espacios de posgrado cuyas prácticas académicas se basan en el viejo principio de “si pagas, pasas”, que facilitan el ingreso, tránsito y egreso de estudiantes que jamás debieron estar en un posgrado, de comités académicos y profesores que por negligencia, desinterés o exceso de trabajo no supervisan los trabajos de los estudiantes o de sus colegas.
En esas circunstancias, un tiempo de tormentas perfectas se abre en el horizonte académico e intelectual de la vida pública mexicana. Los síndromes Alzati, Moreira, Berenzon, Arancibia o Pascual Gay se acumulan en el paisaje mexicano reciente, y seguramente nuevos casos se sumarán esporádicamente a esa tendencia de degradación ética y estética del posgrado. Minimizar los escándalos y sus implicaciones sociales e institucionales no parece una respuesta adecuada a los actos de piratería que sacuden de cuando en cuando el mundillo académico mexicano.
Sunday, May 08, 2016
España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia
Estación de paso
España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 05/05/2016)
La coyuntura universitaria española está marcada inevitablemente por tres factores estratégicos: el prolongado estancamiento económico, la incertidumbre político-electoral, y los efectos del pasado reciente de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Partido Popular (PP) representado por Mariano Rajoy. En el primer caso, el bajo crecimiento económico y las altas tasas de desempleo oscurecen cualquier optimismo sobre las posibilidades de desarrollo de corto plazo de la economía española, lo que afecta principalmente al empleo no profesional pero que también limita severamente las posibilidades de empleo de los egresados universitarios. En el ámbito político, luego de las elecciones generales celebradas en diciembre pasado, y del hecho de que los partidos políticos representados en el parlamento español no pudieron ponerse de acuerdo para formar una coalición capaz de nombrar a un nuevo gobierno para el período 2016-2020, lo que se avecina es la convocatoria a nuevas elecciones generales el próximo 26 de junio. Más allá de los dimes y diretes, de la distribución de las culpas y responsabilidades que impidieron que los actores políticos pudieran acordar un “pacto de mínimos” -como lo señaló acertadamente en medio de la tormenta mediática la filósofa Victoria Camps (El País, 28/04/2016)-, lo que implica la celebración de las elecciones de verano es la posible formulación de nuevas propuestas sobre la educación superior española.
Pero la otra fuente de malestar por el estado de las cosas en la educación terciaria tiene que ver con los efectos de las políticas impulsadas por el gobierno de Rajoy en los últimos años, expresadas en la “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”, LOMCE). Amparadas, o justificadas, en algunas recomendaciones extraídas de Bolonia o de Lisboa, y de la experiencia reciente de las reformas de la educación terciaria en algunos países de la Unión Europea, las iniciativas de cambio del gobierno del PP se centraron en elevar la calidad de la enseñanza superior, fortaleciendo la evaluación y la selectividad del estudiantado universitario, acortando los ciclos de formación en el pregrado, a la vez que instrumentado severas medidas de restricción y control presupuestario a las universidades. En otras palabras, el gobierno de Rajoy actuó como suele hacerlo cualquier gobierno conservador: impulsando cambios sistémicos recortando al mismo tiempo el financiamiento público.
Sus efectos en el ámbito educativo superior ya se han notado al aplazar, entre otras cosas, la propuesta gubernamental de reducir a 3 años la formación profesional en el pregrado y fijar en 2 años más la obtención de un posgrado (maestría) para los estudiantes universitarios españoles. Es el programa conocido como “3+2” y que ha suscitado no pocas controversias entre los rectores y especialistas de la educación superior española, y también protestas y movilizaciones entre varias franjas de estudiantes de diversas universidades en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Esta propuesta se convirtió en los últimos años en uno de los ejes de la política educativa gubernamental. Implica varios momentos y procesos: la aplicación de un examen a los egresados del bachillerato para revalidar sus conocimientos; la identificación de sus perfiles académicos y sus posibilidades para ingresar a los programas profesionales o técnicos que combinen sus intereses personales con las ofertas institucionales en las distintas universidades españolas; el incremento de las exigencias de calidad en la formación con las “notas de acceso” a las carreras, sobre todo en las de alta competencia en el ingreso (medicina, derecho, algunas ingenierías); la instrumentación de políticas institucionales de admisión que respondan a los intereses tanto de las instituciones como de las Comunidades Autónomas; la reorganización de la estructura y las ofertas curriculares de los programas para acortarlos significativamente (1 año) ampliando y fortaleciendo el nivel de la especialización y el posgrado (aumentando en un año ese ciclo). Todas estas implicaciones fueron formuladas con carácter de obligatorio (LOMCE) por parte del gobierno desde hace casi 3 años, pero fueron cuestionadas desde el principio tanto por sectores estudiantiles como por parte de los mismos Rectores de muchas universidades públicas, aglutinados en el Consejo de Rectores de las Universidades de España (CRUE).
En medio de los escándalos de corrupción y de la falta de acuerdos para nombrar un nuevo gobierno general, las propuestas del gobierno del PP entraron en una fase de estancamiento político. El CRUE ha logrado negociar con el Ministerio de Educación dos cosas importantes. Primero, que no se haga tabla rasa en la obligatoriedad de aplicar la fórmula 3+2 a todos los programas profesionales, dada la diversidad de su naturaleza y complejidad disciplinaria y de las características de sus procesos de acceso y formación (por ejemplo, diferenciar las carreras de medicina o de ingeniería respecto de los programas de psicología, nutrición o turismo). El otro punto de negociación ha sido el de los tiempos de instrumentación de la propuesta: aplazar un año más el análisis para valorar con cuidado y prudencia las condiciones, posibilidades y circunstancias financieras, organizacionales y académicas de una nueva reforma curricular universitaria tanto a nivel nacional como sub-nacional e institucional.
Esos temas seguramente estarán en la agenda del nuevo proceso electoral español, y obligarán a los actores a tomar posiciones frente a las reformas y sus posibles implicaciones. Habrá también que ver cómo explican y argumentan esas posiciones los partidos y sus nuevas coaliciones frente al malestar educativo que hoy extiende sus sombras en los campus universitarios de España. Sin embargo, todo apunta a que la combinación del estancamiento económico con los resultados político-electorales de junio exigirán a los actores del campo educativo superior un nuevo “acuerdo de mínimos” que permita delinear mejores escenarios futuros paras las universidades españolas en el contexto europeo. Después de todo, tal vez los fierros oxidados de la democracia puedan servir para la construcción de una visión estratégica de la educación superior.
España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 05/05/2016)
La coyuntura universitaria española está marcada inevitablemente por tres factores estratégicos: el prolongado estancamiento económico, la incertidumbre político-electoral, y los efectos del pasado reciente de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Partido Popular (PP) representado por Mariano Rajoy. En el primer caso, el bajo crecimiento económico y las altas tasas de desempleo oscurecen cualquier optimismo sobre las posibilidades de desarrollo de corto plazo de la economía española, lo que afecta principalmente al empleo no profesional pero que también limita severamente las posibilidades de empleo de los egresados universitarios. En el ámbito político, luego de las elecciones generales celebradas en diciembre pasado, y del hecho de que los partidos políticos representados en el parlamento español no pudieron ponerse de acuerdo para formar una coalición capaz de nombrar a un nuevo gobierno para el período 2016-2020, lo que se avecina es la convocatoria a nuevas elecciones generales el próximo 26 de junio. Más allá de los dimes y diretes, de la distribución de las culpas y responsabilidades que impidieron que los actores políticos pudieran acordar un “pacto de mínimos” -como lo señaló acertadamente en medio de la tormenta mediática la filósofa Victoria Camps (El País, 28/04/2016)-, lo que implica la celebración de las elecciones de verano es la posible formulación de nuevas propuestas sobre la educación superior española.
Pero la otra fuente de malestar por el estado de las cosas en la educación terciaria tiene que ver con los efectos de las políticas impulsadas por el gobierno de Rajoy en los últimos años, expresadas en la “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”, LOMCE). Amparadas, o justificadas, en algunas recomendaciones extraídas de Bolonia o de Lisboa, y de la experiencia reciente de las reformas de la educación terciaria en algunos países de la Unión Europea, las iniciativas de cambio del gobierno del PP se centraron en elevar la calidad de la enseñanza superior, fortaleciendo la evaluación y la selectividad del estudiantado universitario, acortando los ciclos de formación en el pregrado, a la vez que instrumentado severas medidas de restricción y control presupuestario a las universidades. En otras palabras, el gobierno de Rajoy actuó como suele hacerlo cualquier gobierno conservador: impulsando cambios sistémicos recortando al mismo tiempo el financiamiento público.
Sus efectos en el ámbito educativo superior ya se han notado al aplazar, entre otras cosas, la propuesta gubernamental de reducir a 3 años la formación profesional en el pregrado y fijar en 2 años más la obtención de un posgrado (maestría) para los estudiantes universitarios españoles. Es el programa conocido como “3+2” y que ha suscitado no pocas controversias entre los rectores y especialistas de la educación superior española, y también protestas y movilizaciones entre varias franjas de estudiantes de diversas universidades en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Esta propuesta se convirtió en los últimos años en uno de los ejes de la política educativa gubernamental. Implica varios momentos y procesos: la aplicación de un examen a los egresados del bachillerato para revalidar sus conocimientos; la identificación de sus perfiles académicos y sus posibilidades para ingresar a los programas profesionales o técnicos que combinen sus intereses personales con las ofertas institucionales en las distintas universidades españolas; el incremento de las exigencias de calidad en la formación con las “notas de acceso” a las carreras, sobre todo en las de alta competencia en el ingreso (medicina, derecho, algunas ingenierías); la instrumentación de políticas institucionales de admisión que respondan a los intereses tanto de las instituciones como de las Comunidades Autónomas; la reorganización de la estructura y las ofertas curriculares de los programas para acortarlos significativamente (1 año) ampliando y fortaleciendo el nivel de la especialización y el posgrado (aumentando en un año ese ciclo). Todas estas implicaciones fueron formuladas con carácter de obligatorio (LOMCE) por parte del gobierno desde hace casi 3 años, pero fueron cuestionadas desde el principio tanto por sectores estudiantiles como por parte de los mismos Rectores de muchas universidades públicas, aglutinados en el Consejo de Rectores de las Universidades de España (CRUE).
En medio de los escándalos de corrupción y de la falta de acuerdos para nombrar un nuevo gobierno general, las propuestas del gobierno del PP entraron en una fase de estancamiento político. El CRUE ha logrado negociar con el Ministerio de Educación dos cosas importantes. Primero, que no se haga tabla rasa en la obligatoriedad de aplicar la fórmula 3+2 a todos los programas profesionales, dada la diversidad de su naturaleza y complejidad disciplinaria y de las características de sus procesos de acceso y formación (por ejemplo, diferenciar las carreras de medicina o de ingeniería respecto de los programas de psicología, nutrición o turismo). El otro punto de negociación ha sido el de los tiempos de instrumentación de la propuesta: aplazar un año más el análisis para valorar con cuidado y prudencia las condiciones, posibilidades y circunstancias financieras, organizacionales y académicas de una nueva reforma curricular universitaria tanto a nivel nacional como sub-nacional e institucional.
Esos temas seguramente estarán en la agenda del nuevo proceso electoral español, y obligarán a los actores a tomar posiciones frente a las reformas y sus posibles implicaciones. Habrá también que ver cómo explican y argumentan esas posiciones los partidos y sus nuevas coaliciones frente al malestar educativo que hoy extiende sus sombras en los campus universitarios de España. Sin embargo, todo apunta a que la combinación del estancamiento económico con los resultados político-electorales de junio exigirán a los actores del campo educativo superior un nuevo “acuerdo de mínimos” que permita delinear mejores escenarios futuros paras las universidades españolas en el contexto europeo. Después de todo, tal vez los fierros oxidados de la democracia puedan servir para la construcción de una visión estratégica de la educación superior.
Wednesday, April 27, 2016
El locus de la autoridad
Estación de paso
El locus de la autoridad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 22/04/2016)
El año pasado, gracias a una oportuna sugerencia de Roberto Rodríguez, me enteré de la publicación del libro “Locus of Authority. The Evolution of Faculty Roles in the Governance of Higher Education”, de William G. Bowden y Eugene M. Tobin (Princeton University Press, 2015). Los autores, profesores universitarios y funcionarios importantes de universidades como la de Princeton y de la Fundación Andrew M. Mellon, plantean un problema central situado en el corazón político, organizacional e intelectual de los problemas del gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza de la educación superior contemporánea: ¿cuál es el verdadero sitio de localización y ejercicio (locus) de la autoridad universitaria?
El texto hace un recorrido sobre el problema a partir de la revisión de una parte importante de la bibliografía académica e institucional sobre el tema del gobierno y la autoridad en la educación superior estadounidense. Es una revisión intencionada y contextualizada para el caso de las universidades y los colleges norteamericanos, pero que quizá también pueda ser útil para analizar, y comparar, con la distancia y matices de rigor, otros casos nacionales, como el mexicano.
El texto parte del reconocimiento de tres hechos básicos. Primero, que el proceso de escolarización y universalización experimentado en la educación superior americana después de la segunda guerra mundial “presta escasa atención al rol que juegan los académicos en la gobernación”; segundo, “que mucha gente inteligente de la academia sabe muy poco acerca del gobierno”, y tercero, que la gobernanza “debe ser siempre entendida en el contexto de los tiempos en que como instituciones confrontan diferentes desafíos y oportunidades”.
Eso significa que la gobernación universitaria, entendida como “localización y ejercicio de la autoridad”, está muy lejos de ser un “concepto estático”. Por el contrario, según los autores, es un concepto dinámico, flexible, que cambia su significado y sus prácticas en el transcurso de la expansión, la diversificación y la “complejización” de la educación superior contemporánea.
Como señalan desde el principio del libro, muchos estudios sobre el gobierno universitario se han enfocado en el papel de los líderes, los Presidentes y los cuerpos directivos de las universidades. Otros, se han concentrado en el rol de los legisladores, de los gobiernos nacionales o locales o de los estudiantes en el gobierno universitario. Pero muy pocos se han adentrado en considerar el creciente papel de los académicos en la conformación del staff docente o de investigación, en la enseñanza y el diseño del curriculum, procesos que configuran las prácticas y el orden académico habitual en las universidades.
El reconocimiento de ese orden académico coloca en perspectiva dos temas relevantes de la conducción institucional de las universidades: de un lado, el de las relaciones entre el liderazgo académico y la gobernanza institucional; del otro, el de las tensiones que coexisten entre las tradiciones de la libertad académica y las prácticas del gobierno compartido. Los autores exploran ambos temas a lo largo de las 380 páginas del texto, bajo el argumento de que son los diversos contextos institucionales los que permiten establecer los límites y las características empíricas con las que se articulan las relaciones entre ambos conjuntos temáticos.
No obstante la relatividad contextual de los problemas, Bowen y Tobin plantean que algunas lecciones derivadas de la evolución del gobierno universitario en los Estados Unidos, muestran que: a) una buena estructura de gobierno no sustituye a buenos liderazgos académicos situados en las posiciones clave de la organización; b) que un buen liderazgo puede conducir, paradójicamente, a una pobre gobernanza institucional, y c) que el rol de los académicos en el ejercicio del gobierno compartido no puede ser solamente interpretado como consensual, o en el otro extremo, como conflictivo o “adversarial”.
Para explorar estas afirmaciones, se examinan cuatro casos específicos: dos instituciones grandes y antiguas (Princeton University y The University of Caiifornia), y dos relativamente recientes, una urbana de gran tamaño (City University of New York, la CUNY), y otra pequeña (el Macalester College). Estos casos constituyen experiencias interesantes. En el caso de las primeras, se trata de instituciones que históricamente estructuraron sus modelos de gobernanza alrededor de los potentes liderazgos académicos de algunos de sus núcleos de profesores, que configuraron estructuras compartidas de gobierno eficaces y estables a lo largo del tiempo. En el otro caso, se organizaron tipos de gobernanza en los cuales la influencia del cuerpo directivo central ejerció un papel clave para la expansión y legitimación de dichas universidades en sus entornos locales.
Más allá de que puedan ser discutibles las afirmaciones, las hipótesis y conclusiones del libro, quizá lo que vale la pena es repensar los temas de la autoridad universitaria en el contexto mexicano de los últimos años. Tiene que ver con el papel formal de los órganos colegiados de gobierno, pero también con los poderes fácticos que los habitan. Tiene que ver con liderazgos académicos y políticos reales, junto con prácticas prebendarias, clientelares y patrimonialistas del ejercicio del poder, con la personalización de las relaciones políticas universitarias, con la influencia de la política y las políticas públicas en la orientación, las reformas y la conducción de las propias universidades. A la luz de la experiencia mexicana, el locus de la autoridad universitaria parece ser un locus difuso, distribuido a veces, concentrado en otras, ambiguo casi siempre. Quizá ahí radica la fuerza y la debilidad de las tradiciones y distintas modernidades que hoy caracterizan la gobernanza universitaria en México.
El locus de la autoridad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 22/04/2016)
El año pasado, gracias a una oportuna sugerencia de Roberto Rodríguez, me enteré de la publicación del libro “Locus of Authority. The Evolution of Faculty Roles in the Governance of Higher Education”, de William G. Bowden y Eugene M. Tobin (Princeton University Press, 2015). Los autores, profesores universitarios y funcionarios importantes de universidades como la de Princeton y de la Fundación Andrew M. Mellon, plantean un problema central situado en el corazón político, organizacional e intelectual de los problemas del gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza de la educación superior contemporánea: ¿cuál es el verdadero sitio de localización y ejercicio (locus) de la autoridad universitaria?
El texto hace un recorrido sobre el problema a partir de la revisión de una parte importante de la bibliografía académica e institucional sobre el tema del gobierno y la autoridad en la educación superior estadounidense. Es una revisión intencionada y contextualizada para el caso de las universidades y los colleges norteamericanos, pero que quizá también pueda ser útil para analizar, y comparar, con la distancia y matices de rigor, otros casos nacionales, como el mexicano.
El texto parte del reconocimiento de tres hechos básicos. Primero, que el proceso de escolarización y universalización experimentado en la educación superior americana después de la segunda guerra mundial “presta escasa atención al rol que juegan los académicos en la gobernación”; segundo, “que mucha gente inteligente de la academia sabe muy poco acerca del gobierno”, y tercero, que la gobernanza “debe ser siempre entendida en el contexto de los tiempos en que como instituciones confrontan diferentes desafíos y oportunidades”.
Eso significa que la gobernación universitaria, entendida como “localización y ejercicio de la autoridad”, está muy lejos de ser un “concepto estático”. Por el contrario, según los autores, es un concepto dinámico, flexible, que cambia su significado y sus prácticas en el transcurso de la expansión, la diversificación y la “complejización” de la educación superior contemporánea.
Como señalan desde el principio del libro, muchos estudios sobre el gobierno universitario se han enfocado en el papel de los líderes, los Presidentes y los cuerpos directivos de las universidades. Otros, se han concentrado en el rol de los legisladores, de los gobiernos nacionales o locales o de los estudiantes en el gobierno universitario. Pero muy pocos se han adentrado en considerar el creciente papel de los académicos en la conformación del staff docente o de investigación, en la enseñanza y el diseño del curriculum, procesos que configuran las prácticas y el orden académico habitual en las universidades.
El reconocimiento de ese orden académico coloca en perspectiva dos temas relevantes de la conducción institucional de las universidades: de un lado, el de las relaciones entre el liderazgo académico y la gobernanza institucional; del otro, el de las tensiones que coexisten entre las tradiciones de la libertad académica y las prácticas del gobierno compartido. Los autores exploran ambos temas a lo largo de las 380 páginas del texto, bajo el argumento de que son los diversos contextos institucionales los que permiten establecer los límites y las características empíricas con las que se articulan las relaciones entre ambos conjuntos temáticos.
No obstante la relatividad contextual de los problemas, Bowen y Tobin plantean que algunas lecciones derivadas de la evolución del gobierno universitario en los Estados Unidos, muestran que: a) una buena estructura de gobierno no sustituye a buenos liderazgos académicos situados en las posiciones clave de la organización; b) que un buen liderazgo puede conducir, paradójicamente, a una pobre gobernanza institucional, y c) que el rol de los académicos en el ejercicio del gobierno compartido no puede ser solamente interpretado como consensual, o en el otro extremo, como conflictivo o “adversarial”.
Para explorar estas afirmaciones, se examinan cuatro casos específicos: dos instituciones grandes y antiguas (Princeton University y The University of Caiifornia), y dos relativamente recientes, una urbana de gran tamaño (City University of New York, la CUNY), y otra pequeña (el Macalester College). Estos casos constituyen experiencias interesantes. En el caso de las primeras, se trata de instituciones que históricamente estructuraron sus modelos de gobernanza alrededor de los potentes liderazgos académicos de algunos de sus núcleos de profesores, que configuraron estructuras compartidas de gobierno eficaces y estables a lo largo del tiempo. En el otro caso, se organizaron tipos de gobernanza en los cuales la influencia del cuerpo directivo central ejerció un papel clave para la expansión y legitimación de dichas universidades en sus entornos locales.
Más allá de que puedan ser discutibles las afirmaciones, las hipótesis y conclusiones del libro, quizá lo que vale la pena es repensar los temas de la autoridad universitaria en el contexto mexicano de los últimos años. Tiene que ver con el papel formal de los órganos colegiados de gobierno, pero también con los poderes fácticos que los habitan. Tiene que ver con liderazgos académicos y políticos reales, junto con prácticas prebendarias, clientelares y patrimonialistas del ejercicio del poder, con la personalización de las relaciones políticas universitarias, con la influencia de la política y las políticas públicas en la orientación, las reformas y la conducción de las propias universidades. A la luz de la experiencia mexicana, el locus de la autoridad universitaria parece ser un locus difuso, distribuido a veces, concentrado en otras, ambiguo casi siempre. Quizá ahí radica la fuerza y la debilidad de las tradiciones y distintas modernidades que hoy caracterizan la gobernanza universitaria en México.
Thursday, March 17, 2016
Realidad jurídica y orden práctico
Realidad jurídica y orden práctico en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 17 de marzo, 2016.)
La legalidad nos mata. Ningún gobierno es posible con ella.
Gustave Flaubert, Diccionario de lugares comunes
Una de las preocupaciones que alimentan con regularidad las ansiedades de algunos funcionarios, políticos y académicos relacionados con la educación superior, es la distancia real o simbólica que existe entre la normatividad jurídica que regula el comportamiento de las instituciones de educación terciaria, y las prácticas cotidianas que se desarrollan rutinariamente en esos mismos espacios. Se trata de una obsesión muy mexicana por tratar de acoplar la ley y el orden, la aspiración por hacer que la realidad jurídica gobierne efectivamente la realidad práctica en este sector, con la intención de someter los usos y costumbres institucionales a los derechos y obligaciones definidos por las leyes. Desde cierta perspectiva, es la versión digamos “sectorial” de las viejas relaciones entre el imperio de la ley y el orden práctico que ocurre todos los días en diversos establecimientos y territorios de la república universitaria.
Esa preocupación ha llevado a que, desde hace tiempo, y con variable intensidad derivada de las coyunturas políticas, o como producto de la gestión deliberada de las partes interesadas, el tema de la legislación se convierta en un foco de atención para no pocos actores y espectadores de los “pequeños mundos” de la educación superior. Es una preocupación legítima, acumulada incluso, luego de que, desde la formulación de la “Ley para la Coordinación de la Educación Superior” , hace 38 años (fue promulgada en 1978, durante el sexenio de José López Portillo), la legislación sobre este sector ha permanecido prácticamente inalterada, mientras que un accidentado, confuso y complicado proceso de expansión, diferenciación, competencia y sub y sobre-regulación derivada de diversos programas públicos (básicamente federales) han influido de manera significativa en el comportamiento institucional de la educación superior en el país.
El tema ha vuelto a colación con la realización de seis “mesas de debate” organizadas por la ANUIES, el Senado de la República y la SEP, los días 2 y 9 de marzo pasado en el hermoso patio de la antigua sede del Senado, en el callejón de Xicoténcatl, en el centro histórico de la hoy flamante CDMX. En esos foros, fue posible advertir la coincidencia en torno a la revisión de la legislación en ese campo específico de la acción pública. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la diversidad de los convocados se expresó también en la diversidad de los puntos de vista y de las preocupaciones enunciadas en las diferentes mesas. Desde el balance sobre la inoperancia de la ley hasta los temas del financiamiento público, pasando por asuntos como la equidad, la calidad o la pertinencia de la educación superior, el caso del sector privado, o la globalización e internacionalización de la educación superior, se constituyeron como parte de la agenda de discusión sobre la normatividad jurídica en esos temas.
Las aguas profundas del debate tienen que ver con conceptos pero también con hechos o, para decirlo con cierto lenguaje clásico, con la relación entre ideas, pasiones e intereses. El problema mayor es cómo traducir estos elementos en lenguaje técnico-jurídico, lo que supone la dificultad de imprimir claridad conceptual a términos como calidad, pertinencia o internacionalización, una tarea que es de suyo polémica, y para algunos, imposible, dadas las distintas experiencias y aproximaciones a los conceptos. Así, mientras que calidad puede ser codificada en términos de un ISO o bajo resultados asociados a misiones y visones de cada institución, para otros es un término imposible de definir. La experiencia mexicana, si uno atiende lo que ha ocurrido con la mencionada Ley para la coordinación…, es que la legislación sólo puede contener una retahíla de buenas intenciones, incubadas lentamente en el imaginario de los legisladores y sus asesores.
Justamente por ello, por el reconocimiento de que la realidad jurídica coexiste con un orden práctico confuso pero efectivo, la revisión y probable reforma de la legislación educativa superior requiere por lo menos de tres elementos clave: capacidad política, trabajo conceptual, e ingeniería jurídica. Es decir, capacidad de gestión y concertación política de los diversos intereses en juego, una definición clara de los conceptos clave para hacer inteligibles y operables las reglas jurídicas, y un buen diseño legislativo que imprima claridad y certeza a la nueva normatividad en el campo. Las tensiones y contradicciones entre las posiciones intervencionistas, liberales y contractualistas sobre la educación superior abundan en este campo. Pero a esos elementos habría que añadir un par de lecciones extraídas de la práctica y de la filosofía política clásica. Por un lado, que la ley –toda ley- no es más que la resolución jurídica de problemas políticos (Sartori); por el otro, que ninguna ley contiene propiedades mágicas para exorcizar o resolver los problemas públicos (Locke).
Quizá por ello, las universidades imaginarias de las élites políticas, del funcionariado y de los políticos profesionales contrastan con las universidades reales que todos los días funcionan bajo las reglas de un orden práctico que incluye costumbres, rutinización de los comportamientos, y múltiples racionalidades instrumentales, burocráticas y académicas. Es decir, las universidades reales no se comportan como la expresión empírica de las leyes y reglamentos que existen en la materia pues son espacios donde el lenguaje de la acción se sobrepone siempre al lenguaje de la ley. Y nada garantiza que una nueva legislación pueda cambiar esa realidad incómoda pero efectiva. Pero al mismo tiempo, parece necesaria una legislación “realista”, que reconozca la diversidad de un sistema que son muchos (federal, estatal, universitario, no universitario, tecnológico, normalista, público y privado), y que se haga cargo de los efectos deliberados, perversos y no deseados de las políticas (y no-políticas) públicas que se han instrumentado en el sector desde hace más de un cuarto de siglo. Conciliar esas realidades y necesidades constituye un interesante desafío intelectual, político y jurídico para cualquier propuesta de reforma.
Thursday, March 03, 2016
Gobiernos estatales y universidades públicas
Estación de paso
La música de las tensiones: gobiernos estatales y universidades públicas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 03/03/2016)
En las últimas semanas han sido registradas oportunamente en las páginas de Campus varias señales de política y conflicto en diversas universidades públicas ubicadas en distintos territorios y contextos estatales. Son postales coloreadas por las características irrepetibles de los entornos locales y sus actores, pero que tienen su origen y sentido en el marco de las historias institucionales y las coyunturas políticas de cada caso. Así, problemas político-financieros (como es el caso de la Universidad Veracruzana), jurídicos y de fiscalización (como es el caso de la UA del Estado de México), de apoyos insuficientes de los ejecutivos estatales a las universidades locales (como es el caso de la UA de Querétaro ), de la combinación de reclamos presupuestales con exigencias políticas a los gobiernos estatales (como el caso de la UA del Estado de Morelos), o de índole sindical y laboral (como es el caso de la UABJ de Oaxaca), ofrecen un panorama bastante complicado de un conjunto de comportamientos institucionales basados en diversos tipos de crisis en las relaciones políticas y de políticas públicas que ocurren entre los ejecutivos estatales y las autoridades universitarias.
No es posible reducir esos conflictos a una lógica común, ni someterlos a un juicio único de causas y efectos. Cada caso tiene sus peculiaridades, sus antecedentes, sus entornos y sus pleitos nuevos y viejos, con actores igualmente permanentes, emergentes o de ocasión. La independencia de los eventos y la diversidad es la característica de esos episodios de poder y política estatal. Sin embargo, tal vez puede arriesgarse una hipótesis interpretativa de orden general. Se trata de episodios derivados de la creciente tensión entre la lógica política que anima la acción y los intereses de los actores formales y fácticos locales y los titulares de los ejecutivos estatales, y la lógica autonómica que gobierna las prácticas y el sentido mismo de la vida cotidiana de las universidades públicas en cada entidad federativa. En otras palabras, son pleitos que deben analizarse con la música de las tensiones que acompaña la historia y el presente de las relaciones gobierno-universidad.
Esas tensiones no son por supuesto ni nuevas ni recientes, ni se pueden disipar por arte de magia jurídica o ética. Tienen que ver por lo menos con tres factores político-institucionales de carácter, digamos, “estructural”. El primero está relacionado con el proceso de descentralización/federalización de la educación superior en el país, que se desplegó desde los años noventa y que significó, entre otras cosas, los procesos de alternancia política a nivel sub-nacional y la pluralización y fragmentación imparable de los intereses político-partidistas en cada estado. El segundo factor tiene que ver con el fortalecimiento de los ejecutivos y legislativos estatales como actores políticos relevantes en la hechura o en la gestión de las decisiones financieras y administrativas de apoyo, vigilancia, auditoría o fiscalización a los recursos de las universidades públicas locales. El tercer factor tiene que ver con las exigencias crecientes de transparencia, de aseguramiento de la calidad, de acreditación y productividad institucional de las universidades públicas, asociados a las políticas federales de evaluación y de financiamiento diferencial y condicionado a las universidades públicas.
Estos tres factores “estructurales” han desatado en el pasado reciente y en el presente conflictos de diferente intensidad y magnitud. Dependiendo del tipo de relaciones establecidas entre los gobernadores y los rectores de cada estado, y de los grupos o coaliciones políticas que cada de uno de ellos representa, pueden diferenciarse ciclos más o menos largos de estabilidad y cooperación, con coyunturas más o menos breves caracterizadas por pleitos, crisis y conflictos. No es un asunto de animadversiones personales o de falta de oficio o voluntad política de los actores, sino de temas donde gravitan el chantaje y el cálculo político, reclamos legítimos de las autoridades universitarias, prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos, confusión de medios y fines, interpretaciones distintas sobre los límites de la autonomía universitaria, o del papel que juegan los ejecutivos estatales en la coordinación y conducción de las responsabilidades públicas de las universidades locales.
En cualquier caso, las lecciones del pasado y el presente de las relaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades públicas locales arrojan con alguna claridad un saldo duro: la necesidad del establecimiento de nuevos arreglos institucionales entre la federación, los gobiernos estatales y las universidades públicas, que garanticen el equilibrio entre la autonomía universitaria, la supervisión estatal, y la rendición de cuentas a la sociedad. Los viejos arreglos, los surgidos en el entorno de las políticas y prácticas neo-intervencionistas del gobierno federal y los estatales en la educación superior desde los años noventa, se basaron en un principio inconfesable: la desconfianza gubernamental hacia la organización, el funcionamiento y el desempeño de las universidades públicas. Un nuevo arreglo supone partir de un principio político diferente: el de la confianza en que las universidades autónomas pueden garantizar un buen desempeño institucional con resultados sociales crecientes. Ese nuevo marco requiere de precisar el alcance de los compromisos y los límites de las responsabilidades de los gobiernos federal y estatal en el apoyo a las universidades, y el tipo de respuestas institucionales universitarias para garantizar la autonomía académica, política y organizativa de las universidades públicas, y el compromiso social de su desempeño institucional. Ello no es solamente un asunto de una nueva legislación, de vagos exhortos morales, o de la invención de nuevos dispositivos burocráticos que fortalezcan o estimulen la construcción de nuevos arreglos institucionales. Es también, y acaso esencialmente, un proceso de construcción de nuevos entendimientos políticos, de aprendizajes políticos entre los actores para establecer relaciones cooperativas y productivas, no de tensión y crisis en el desarrollo de las universidades públicas. Se trata de asegurar la gobernabilidad política y la gobernanza sistémica del sector educativo universitario en las escalas estaduales. Después de todo, ese es el desafío estratégico que revelan las escenas de conflicto y política que hemos visto durante las últimas semanas en diversos contextos universitarios.
La música de las tensiones: gobiernos estatales y universidades públicas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 03/03/2016)
En las últimas semanas han sido registradas oportunamente en las páginas de Campus varias señales de política y conflicto en diversas universidades públicas ubicadas en distintos territorios y contextos estatales. Son postales coloreadas por las características irrepetibles de los entornos locales y sus actores, pero que tienen su origen y sentido en el marco de las historias institucionales y las coyunturas políticas de cada caso. Así, problemas político-financieros (como es el caso de la Universidad Veracruzana), jurídicos y de fiscalización (como es el caso de la UA del Estado de México), de apoyos insuficientes de los ejecutivos estatales a las universidades locales (como es el caso de la UA de Querétaro ), de la combinación de reclamos presupuestales con exigencias políticas a los gobiernos estatales (como el caso de la UA del Estado de Morelos), o de índole sindical y laboral (como es el caso de la UABJ de Oaxaca), ofrecen un panorama bastante complicado de un conjunto de comportamientos institucionales basados en diversos tipos de crisis en las relaciones políticas y de políticas públicas que ocurren entre los ejecutivos estatales y las autoridades universitarias.
No es posible reducir esos conflictos a una lógica común, ni someterlos a un juicio único de causas y efectos. Cada caso tiene sus peculiaridades, sus antecedentes, sus entornos y sus pleitos nuevos y viejos, con actores igualmente permanentes, emergentes o de ocasión. La independencia de los eventos y la diversidad es la característica de esos episodios de poder y política estatal. Sin embargo, tal vez puede arriesgarse una hipótesis interpretativa de orden general. Se trata de episodios derivados de la creciente tensión entre la lógica política que anima la acción y los intereses de los actores formales y fácticos locales y los titulares de los ejecutivos estatales, y la lógica autonómica que gobierna las prácticas y el sentido mismo de la vida cotidiana de las universidades públicas en cada entidad federativa. En otras palabras, son pleitos que deben analizarse con la música de las tensiones que acompaña la historia y el presente de las relaciones gobierno-universidad.
Esas tensiones no son por supuesto ni nuevas ni recientes, ni se pueden disipar por arte de magia jurídica o ética. Tienen que ver por lo menos con tres factores político-institucionales de carácter, digamos, “estructural”. El primero está relacionado con el proceso de descentralización/federalización de la educación superior en el país, que se desplegó desde los años noventa y que significó, entre otras cosas, los procesos de alternancia política a nivel sub-nacional y la pluralización y fragmentación imparable de los intereses político-partidistas en cada estado. El segundo factor tiene que ver con el fortalecimiento de los ejecutivos y legislativos estatales como actores políticos relevantes en la hechura o en la gestión de las decisiones financieras y administrativas de apoyo, vigilancia, auditoría o fiscalización a los recursos de las universidades públicas locales. El tercer factor tiene que ver con las exigencias crecientes de transparencia, de aseguramiento de la calidad, de acreditación y productividad institucional de las universidades públicas, asociados a las políticas federales de evaluación y de financiamiento diferencial y condicionado a las universidades públicas.
Estos tres factores “estructurales” han desatado en el pasado reciente y en el presente conflictos de diferente intensidad y magnitud. Dependiendo del tipo de relaciones establecidas entre los gobernadores y los rectores de cada estado, y de los grupos o coaliciones políticas que cada de uno de ellos representa, pueden diferenciarse ciclos más o menos largos de estabilidad y cooperación, con coyunturas más o menos breves caracterizadas por pleitos, crisis y conflictos. No es un asunto de animadversiones personales o de falta de oficio o voluntad política de los actores, sino de temas donde gravitan el chantaje y el cálculo político, reclamos legítimos de las autoridades universitarias, prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos, confusión de medios y fines, interpretaciones distintas sobre los límites de la autonomía universitaria, o del papel que juegan los ejecutivos estatales en la coordinación y conducción de las responsabilidades públicas de las universidades locales.
En cualquier caso, las lecciones del pasado y el presente de las relaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades públicas locales arrojan con alguna claridad un saldo duro: la necesidad del establecimiento de nuevos arreglos institucionales entre la federación, los gobiernos estatales y las universidades públicas, que garanticen el equilibrio entre la autonomía universitaria, la supervisión estatal, y la rendición de cuentas a la sociedad. Los viejos arreglos, los surgidos en el entorno de las políticas y prácticas neo-intervencionistas del gobierno federal y los estatales en la educación superior desde los años noventa, se basaron en un principio inconfesable: la desconfianza gubernamental hacia la organización, el funcionamiento y el desempeño de las universidades públicas. Un nuevo arreglo supone partir de un principio político diferente: el de la confianza en que las universidades autónomas pueden garantizar un buen desempeño institucional con resultados sociales crecientes. Ese nuevo marco requiere de precisar el alcance de los compromisos y los límites de las responsabilidades de los gobiernos federal y estatal en el apoyo a las universidades, y el tipo de respuestas institucionales universitarias para garantizar la autonomía académica, política y organizativa de las universidades públicas, y el compromiso social de su desempeño institucional. Ello no es solamente un asunto de una nueva legislación, de vagos exhortos morales, o de la invención de nuevos dispositivos burocráticos que fortalezcan o estimulen la construcción de nuevos arreglos institucionales. Es también, y acaso esencialmente, un proceso de construcción de nuevos entendimientos políticos, de aprendizajes políticos entre los actores para establecer relaciones cooperativas y productivas, no de tensión y crisis en el desarrollo de las universidades públicas. Se trata de asegurar la gobernabilidad política y la gobernanza sistémica del sector educativo universitario en las escalas estaduales. Después de todo, ese es el desafío estratégico que revelan las escenas de conflicto y política que hemos visto durante las últimas semanas en diversos contextos universitarios.
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