El futuro como promesa o basurero

Diario de incertidumbres PRONES: el futuro como promesa o basurero Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 25/01/2024) https://suplementocampus.com/prones-el-futuro-como-promesa-o-basurero/ Convencionalmente, el análisis del campo de las políticas públicas contempla mínimamente tres elementos básicos. Uno es la existencia de un sistema de creencias (ideológicas, políticas, teóricas, hipotéticas, normativas) que fundamenta la hechura de las ideas (claras o difusas) que funcionan como guardagujas de la acción pública. Otro es la relación de esas ideas con los intereses que articulan las relaciones entre los gobiernos y los diversos actores sociales y políticos. La tercera es la arquitectura de los programas e instrumentos de las políticas, su conexión lógica y su factibilidad técnica y política. Estos elementos colocan a las políticas frente a escenarios futuros que se antojan como posibles o deseables si se cumplen los objetivos, metas y alcances de las acciones diseñadas. Esa es la promesa de toda política pública: mejorar el estado de cosas, resolver problemas socialmente significativos, anticipar escenarios favorables, proponer utopías organizadas, invocar ilusiones optimistas. El análisis del Programa Nacional de Educación 2023-2024 (Prones) se inscribe en este contexto de teorías y experiencias de políticas, pero muestra un par de cosas especialmente relevantes. Por un lado, es la síntesis retórica de las creencias, acciones y compromisos formulados por el gobierno obradorista desde 2018. Por otro, es un minucioso prontuario de intencionalidades organizadas en el lenguaje básico de (casi) todas las políticas públicas contemporáneas (objetivos, metas, estrategias, indicadores, resultados esperados). Ambos rasgos apuntan hacia la auto-legitimación de un “nuevo modelo” de políticas de educación superior que, aunque se presenta como transformador, hasta ahora es difuso, contradictorio o insuficiente. El diagnóstico que sustenta el programa reitera mucho de lo que ya se sabe. La educación superior es un campo de desigualdades sociales agudizadas por la pandemia del Covid-19, donde el acceso, la equidad y la inclusión de las “poblaciones vulnerables” son un objetivo siempre aplazado en el contexto de un financiamento público históricamente errático e insuficiente. Pero la causa principal de esos déficits de financiamiento y cobertura se atribuye a la privatización de la educación superior, el predominio del modelo de las universidades de investigación, la internacionalización y la competencia por los mercados educativos. El lenguaje de la teoría del capitalismo académico de Slaughter y Leslie se filtra en la fundamentación retórica del Prones. El programa publicado apenas el 28 de diciembre pasado enuncia 5 objetivos prioritarios, 24 estrategias y 149 “acciones puntuales” que amparan el cumplimiento de 5 “metas para el bienestar” y la formulación de 10 parámetros para el seguimiento y evaluación de resultados esperados del Prones. Se afirma que el proceso de evaluación se realizará en el marco del Conaces, con el apoyo de instrumentos de información (Siies) y de acreditación y evaluación (Seaes). Visto en su conjunto, el programa es un recuento de acciones perfiladas o ya realizadas en los cinco años anteriores (2018-2023), pero colocando en el futuro (muy) próximo (2024-2025) o remoto (2040), muchos de los resultados esperados del Prones. El problema con la publicación tardía del programa es que se trata de una legitimación expost de decisiones y no decisiones de políticas que han marcado el territorio de la educación superior del país. Pandemia, financiamiento, gratuidad, universalización, integración del Conaces y de las instancias de planeación subnacionales, constituyen temas dominantes del pasado reciente. A su vez, el “problema del problema” es que muchas de los objetivos y efectos de las acciones sexenales se proyectan hacia el futuro (2025, 2030, 2040), bajo el supuesto político de que el oficialismo morenista logrará refrendar su predominio en las elecciones de junio de este año, y con ello garantizar la continuidad del programa. Pero el prinicipal desafío de las políticas que perfila el Prones es bifronte. Por un lado coloca al futuro como una promesa de solución para los problemas del presente. Por otro, que no contempla que el déficit de implementación de las políticas es la bestia negra de toda acción pública. El programa refleja ambas dimensiones del desafío. Vislumbrar un futuro optimista parte de un clásico supuesto ceteris paribus, es decir, de que se puede cumplir siempre y cuando las condiciones permanezcan constantes. Ello implica el cálculo de que los asuntos no resueltos o insuficientemente resueltos del presente y el pasado reciente de la educación superior deberán resolverse de alguna manera en el futuro próximo o remoto. La segunda dimensión del problema es el de su implementación. Parafraseando una vieja consigna leninista referida a los soviets, “todo el poder al Conaces” parece ser la máxima política y organizativa del Prones. El Consejo es un órgano de gobernanza, un espacio de negociación y acuerdos potencialmente útil si se le dota de instrumentos claros y recursos suficientes de implementación de sus decisiones. El riesgo es que se convierta en un espacio de deliberación improductiva frente al tamaño y complejidad de las restricciones organizativas, políticas o financieras de sus entornos. El Conaces corre el alto riesgo de convertirse en un elefante burocrático en un escenario inmóvil, degradado o catastrófico, tal como ha ocurrido con experiencias similares en el pasado reciente del país. La “visión hacia el futuro” que dibuja el Prones es el escenario de una fantasía organizada: existe un “espacio común para la educación superior”, la cobertura a la educación es universal y gratuita, el Conaces es un intrumento eficaz en la gobernanza sistémica del sector, existe un financiamiento público creciente, suficiente y estable para las instituciones públicas. Son los rasgos de un futuro que se perfila a partir de este mismo año (2024) y que se proyecta en el porvenir (2040), que no se distrae en los obstáculos sociales e institucionales que se han endurecido en los años recientes; un futuro impermeable a la acumulación de los rezagos e insuficiencias de la acción pública que caracterizan el presente mexicano en la educación superior. En este sentido, el futuro no es solamente un imaginario territorio de cumplimiento de las buenas intenciones gubernamentales. También puede ser visto como un gigantesco basurero donde se pueden depositar, una y otra vez, los problemas del presente.

Aguas lodosas

Educación superior y elecciones en 2024: navegar en aguas lodosas Adrián Acosta Silva “Suelo hablarles a los mapas, y a veces hasta me contestan” Abdulrazak Gurnah, A orillas del mar. (Nexos, 24/01/2024) https://educacion.nexos.com.mx/educacion-superior-y-elecciones-en-2024-navegar-en-aguas-lodosas/?_gl=1*1vx06cx*_ga*MzE2NTk4NzAxLjE3MDE3Mzk5MDk.*_ga_M343X0P3QV*MTcwNjExMTU1NS4yOS4xLjE3MDYxMTE4ODUuNDUuMC4w La navegación es un oficio de barcos, tripulaciones y suministros que requiere de tres herramientas básicas: calendarios, mapas y brújulas. Los primeros ayudan a gestionar el tiempo, a calcular movimientos y velocidades con la ayuda de relojes y el conteo de los días y los años. Los mapas son representaciones territoriales. Señalan geografías, orientan búsquedas, proporcionan un sentido del espacio, de las distancias, hasta de las culturas y de sus poblaciones. Las brújulas son artefactos indispensables para la exploración de territorios, de la ubicación de los puntos cardinales territoriales. Antiguamente, los mapas eran hechos a mano por cartógrafos amateurs y expertos, basados en la observación cuidadosa y experiencias de viajeros profesionales y exploradores solitarios. Las brújulas —por su parte— son universos en miniatura de símbolos e imanes, producto de la intuición y la curiosidad científica de astrónomos, matemáticos y físicos. Los mapas nos muestran nuestro lugar en el mundo. Las brújulas, las orientaciones de nuestros recorridos reales o imaginarios. Los calendarios, el sentido del tiempo para desplazarse de un lugar a otro. Los marineros y los conquistadores apreciaban el extraordinario valor de esos instrumentos, del uso de catalejos, mapas marítimos, astrolabios, faros marinos, relojes y calendarios. Los nostromos, o contramaestres, sabían muy bien cómo organizar los viajes con ayuda de esas herramientas. En las escuelas suelen encontrarse con grandes mapas colgados de las aulas, algún globo terráqueo, mapamundis que circulan de mano en mano, mapas impresos en libros de texto para enseñarnos a ubicar nuestra posición en el mundo. Las brújulas suelen ser utilizadas como juguetes, a veces para imaginar rumbos reales o imaginarios. Los relojes son instrumentos de precisión, útiles para la organización de las relaciones comerciales, sociales o políticas. Mapas, brújulas y calendarios son herramientas para los extraviados, para los que buscan algo: caminos, brechas, senderos, comprensión, ubicación, extensión. Simbolizan el sentido de comprensión del espacio y del tiempo. Por ello, escritores como Herman Melville, Joseph Conrad o Álvaro Mutis los refieren de manera casi religiosa en sus obras, armas simbólicas contra la desorientación, antídotos frente a los riesgos e incertidumbres que significa navegar en aguas de profundidades desconocidas y mares calmos o embravecidos. Pero esto se aplica también, metafóricamente, a los territorios de la vida social y política, donde esos dispositivos son indispensables para seguir la pista de los actores, la lógica de sus conflictos y acuerdos, de la presiones del “maldito factor tiempo” (Norbert Lechner dixit) para gestionar las incertudumbres, para tomar decisiones y no-decisiones. Desde esa perspectiva, el 2023 puede ser visto como un año que confirmó pleitos, endureció tendencias y abrió nuevos dilemas que marcan el áspero territorio de la política mexicana en los tiempos del obradorismo. Las señales de una nueva transición desde una democracia frágil hacia un claro autoritarismo político basado en la hegemonía de un partido/movimiento (Morena) —aliado desde hace años con partidos-satélite como el PT y el PVEM— han definido en buena medida el mapa de los juegos políticos nacionales. Los actores principales han mostrado sus cartas. De un lado, la coalición gobernante ha postulado a Claudia Sheinbeaum una probada discípula de López Obrador y miembro conspicuo de su inner circle desde que AMLO fue jefe de gobierno de Ciudad de México. Por otro, una coalición opositora (PAN,PRI,PRD) lanzó como candidata a Xóchitl Gálvez, una apuesta hacia la construcción de cierto liderazgo carismático que sea capaz de atraer votos de decepcionados e indecisos con la gestión del oficialismo morenista. Un poco más al fondo, ubicado en un centro difuso, Movimiento Ciudadano (MC) postuló recientemente al todavía diputado Jorge Álvarez Maynez —luego de la comedia de equivocaciones protagonizada por Samuel García en Nuevo León— con el cálculo de que puede funcionar como un partido-bisagra en las próximas elecciones para la composición de las próximas legislaturas federal y estatales, así como en algunos gobiernos municipales. En este contexto, la educación superior espera las señales del futuro. Claramente, la coalición oficialista encabezada por Sheinbaum apuesta a la continuidad de las políticas del obradorismo desprendidas de los nuevos marcos legales impulsados por su administración (la Ley General de Educación Superior y la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, las reformas al sistema nacional de investigadores, por citar algunas), que coexisten con los proyectos emblemáticos (y polémicos) del sector (las “Universidades del Bienestar Benito Juárez García”), la creación de nuevas formas de instituciones públicas (universidades tipo “Rosario Castellanos”), o el impulso a la reforma de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde esta perspectiva, las universidades públicas federales y estatales no parecen estar en la agenda de prioridades de la coalición Sigamos haciendo historia. Por su parte, la coalición que postula a Gálvez no ha formulado ideas claras respecto de lo que pretende hacer en el campo de la educación terciaria. Hay declaraciones difusas sobre apoyos e innovaciones, algunas intencionalidades de cambios, pero no definiciones, ni acciones contempladas. En la Universidad de Colima, por ejemplo, el pasado 8 de diciembre, la candidata de la alianza Fuerza y corazón por México Va por México, afirmó que desea una educación de “alta calidad para el futuro”, “orientada hacia la ciencia y la tecnología”, ampliar la matrícula y “nuevas oportunidades para el acceso de los jóvenes a las universidades”. Son frases toda-ocasión que en poco ayudan a delinear una idea clara sobre el sector. Mientras las naves político-electorales van, los desafíos del futuro permanecen y los déficits se acumulan en la educación superior. Cobertura y calidad, gobernanza, financiamiento y coordinación, vinculación social y empleablidad de los egresados, forman parte de esos desafíos y déficits institucionales, que son diferentes en complejidad y dimensiones desde una perspectiva sistémica, regional y territorial. La publicación tardía en el Diario Oficial de la Federación del “Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024” (bajo el extraño título de Programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024) apenas el 28 de diciembre pasado, a nueve meses de la terminación de la administración obradorista, introduce un nuevo factor de contexto en la disputa electoral. En estas circunstancias, mapas, brújulas y relojerías de ocasión relojes dominan la observación y las experiencias de la temporada, para tratar de identificar la tonalidad de las urgencias, la comprensión de las pausas, o el cálculo de los riesgos y las oportunidades, pero también ayudan a identificar los perfiles de la polarización y la confusión que dominan el juego de espejos en que suelen convertirse los patios interiores de la política de las políticas en la educación superior mexicana.

Programa nacional de educación superior

Diario de incertidumbres Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024 Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 11/01/2024) https://suplementocampus.com/programa-nacional-de-educacion-superior-2023-2024/ El jueves 28 de diciembre, en pleno día de los santos inocentes, fue publicado el “Programa Especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en el Diario Oficial de la Federación. Tres días antes del fin del año, y a nueve meses de la terminación de la administración obradorista, la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP, la dependencia responsable de la elaboración del programa, incluyó la versión final del documento oficial que marca las pautas operativas de implementación de las disposiciones normativas contenidas en la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada en abril de 2021. Dos años y ocho meses tardó la elaboración y publicación del programa oficial del sector de la educación terciaria. El extraño, eufemístico y barroco título de “Programa Especial derivado…” es curioso, pero corresponde, en buen cristiano, al Programa Nacional de Educación Superior (PNES), contenido como ordenamiento legal en la LGES. Producto de varios foros y reuniones, de los trabajos del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), de las consultas con especialistas, la publicación del programa es una buena noticia, aunque sea tardía y extraña. ¿Un programa federal que sólo contempla menos de un año para su aplicación?. Es pertinente recordar que existen antecedentes del PNES. Los más conocidos son el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes), el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (Proides), o el Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (Pifi). Los dos primeros corresponden al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y el Proides continuó parcialmente vigente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ambos instrumentos forman parte del primer ciclo de las políticas de modernización basadas en la planeación y la evaluación que impulsaron cambios importantes en la orientación y estructuras de las universidades y las instituciones de educación terciaria del país, y expresaron de alguna forma las disposiciones normativas contenidas en la Ley para la Coordinación General de la Educación Superior (LCES), formulada en 1978. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el peso del Proides se desvaneció, pero se formularon los principios básicos de la segunda etapa o ciclo de modernización de la educación superior con la legitimación de los programas basados en incentivos para mejorar la calidad y pertinencia de las IES. Estos programas significaron la consolidación no sólo de un nuevo lenguaje de las políticas de educación superior, sino que también influyeron de manera importante en las formas de gestión de los recursos y la gobernanza institucional de las universidades e instituciones de educación terciaria, la diferenciación de los programas de evaluación y acreditación de la calidad, la rendición de cuentas, y el establecimiento de las políticas de financiamiento público diferencial, condicionado y competitivo. El Pifi nació con la administración del sexenio de Vicente Fox (2000-2006), y se alargó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Junto con la formulación y aplicación de diversos programas específicos impulsados por los tres últimos gobiernos priistas del siglo XX que acompañaron este instrumento de políticas, el nuevo oficialismo político encabezado por gobiernos panistas continuaron con la ruta de las políticas de modernización anteriores, aunque colocaron en el centro temas como el aseguramiento de la calidad de los programas profesionales, la diversificación institucional, la internacionalización o la innovación de la educación superior. Aunque ni el Pifi ni los diversos programas específicos resolvieron de manera coherente y satisfactoria los problemas críticos del sector, consolidaron lo que a la distancia puede ser considerado como un paradigma de políticas basado en la calidad, la rendición de cuentas y la combinación del financiamiento incremental (presupuesto ordinario) con el condicionado (presupuestos extraordinarios). El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) continuó por los mismos ejes de políticas de los cinco sexenios anteriores, aunque hubo una reducción y reorganización de los programas. La novedad fue el papel de los gobiernos estatales en la gestión y el financiamiento a las universidades públicas autónomas y a los sistemas subnacionales de educación superior. La conflictividad política y la disputa por los recursos se conviertieron en factores contextuales en los que el papel de los gobernadores fue clave para activar o negociar conflictos, en especial con las universidades estatales. Algunos de los casos emblemáticos de este período fueron la Universidad Veracruzana, la de Guadalajara, la de Querétaro, o la de Baja California. Con estos antecedentes, la llegada de un nuevo oficialismo político encabezado por el presidente López Obrador y su partido (Morena) significaba una ruptura con el paradigma de políticas dominante durante 36 años en el sector, al (des)calificarlo como “neoliberal”. Un nuevo discurso basado en las ideas de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior se dirigió a cambiar abruptamente con las reglas del juego de las políticas federales precedentes. De ahí surgen iniciativas de reformas como la LGES, la LHCyT, del Conacyt y del SNI, pero también de la aplicación de severas políticas de austeridad hacia las universidades públicas federales y estatales. El “Programa especial…”, nace en esas circunstancias, y un análisis de de su lógica de elaboración y contenidos tiene más un aspecto de cierre de la administración obradorista que de una visión del futuro de la gestión gubernamental sobre el sector. Durante el primer tercio del nuevo gobierno, las señales fueron claras: disminuyeron y prácticamente se extinguieron los programas de financiamiento extraordinario basados en incentivos. Se decidió el apoyo proritario a un nuevo proyecto federal (las Universidades para el Bienestar Benito Juárez), y a la expansión de las políticas de becarización para las franjas más vulnerables de las poblaciones estudiantiles de las IES públicas. Las políticas de gestión de la calidad fueron sustituidas rápidamente por políticas de gestión de la austeridad. Las universidades públicas autónomas fueron las más afectadas por estos cambios en las reglas del juego, y la crisis de la pandemia experimentada entre 2020 y 2022 colocó nuevas prioridades y urgencias en el sector: la transición hacia modalidades virtuales, la atención al problema de los abandonos escolares, la coordinación de las instituciones a las políticas federales y estatales de gestión de la crisis sanitaria. En este contexto surge el PNES 2023-2024. En la próxima colaboración revisaremos sus prinicipales componentes.

Hojas de otoño

Hojas de otoño: elogio de la soledad Adrián Acosta Silva (El Informador, 07/01/2024) https://www.informador.mx/ideas/Hojas-de-otono-elogio-de-la-soledad-20240107-0025.html El mundillo de los pequeños cines urbanos, los circuitos de bares sórdidos donde se bebe cerveza caliente, vodka barato y se practica el karaoke, los recorridos por las calles desoladas y frías del otoño europeo, son los escenarios donde transcurren las vidas de dos personajes solitarios, invisibles, que trabajan en fábricas y tiendas de autoservicio, y cuyas rutinas van de los desplazamientos cotidianos de sus casas al tranvía, al trabajo y viceversa. Uno es un obrero alcohólico. Otra es una trabajadora que pasa de un empleo a otro. Ambos se encuentran y se atraen en la atmósfera sombría de un bar, se conocen brevemente en la sala de una cine de barrio viendo una película de zombies, y finalmente terminan por apostar a una relación como pareja. Esta es la (arbitraria y probablemente injusta) síntesis de Hojas de otoño (2023), la cinta finlandesa dirigida por Aki Kurismäki, y protagonizada por Justi Vatanen (“Holappa”) y Alma Pöysti (“Ansa”). Se trata de un relato sobre las hechuras de la soledad y la desesperanza, que transcurre en los barrios empobrecidos de Helsinki, una de las capitales europeas que protagoniza, junto con Oslo o Copenhague, la cristalización de los sueños nórdicos del bienestar, el desarrollo y la felicidad. Es la vida de dos solitarios que transcurre gobernada por el azar y las rutinas de una ciudad irreconocible, que muestra las estampas de un proletariado industrial atrapado entre la satisfacción mínima de sus necesidades vitales, la austeridad de sus medios de vida, y la búsqueda impulsiva de algún horizonte de sentido de sus existencias. Esa búsqueda se acompaña ocasionalmente de pequeños grupos de amigas y amigos, compañeros de trabajo, empleadores despiadados de fábricas de acero y ciudadanos anónimos que forman parte del paisaje cotidiano de sus vidas privadas. Trata también del ejercicio del recurso del humor para suavizar las pequeñas incertidumbres, contradicciones y sinsentidos de toda la vida, un estado de ánimo acompañado por las notas de tangos argentinos, rock inglés, mambos italianos y canciones populares finlandesas. Hojas de otoño es un elogio de la soledad en la sociedad de masas. Una mirada inquietante, desoladora, a la vez reflexiva pero sin moralinas sobre la experiencia urbana y sus inevitables diversidades, conflictos y contradicciones. Pero también puede ser el producto de una revelación: la de un autor que se niega a repetir los lugares comunes y opta por dirigir la luz hacia los rincones que suelen habitar el anonimato de hombres y mujeres de la sociedad posindustrial. La soledad como único refugio seguro de sentimientos, emociones y razones de quienes viven atrapados por fuerzas invisibles que no controlan y que no entienden.

PISA 2022: Los aprendizajes como problema público

Diario de incertidumbres PISA 2022: los aprendizajes como problema público Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 14/12/2023) https://suplementocampus.com/pisa-2022-los-aprendizajes-como-problema-publicos/ La reacción del presidente López Obrador y de la SEP al darse a conocer el informe de resultados de las pruebas PISA 2022 para México confirman lo que ya se sabe desde hace tiempo. Frente a las noticias que no son favorables al gobierno, las reacciones de descalificación instantánea de las evaluaciones educativas, de su sentido, datos y organizadores, son las acostumbradas en la casa presidencial. “¡Neoliberales!” es el término que usa con obsesión enfermiza el presidente para referirse a todo lo que le incomoda. Y los resultados para México en las pruebas de matemáticas, ciencias y lectura aplicadas el año pasado a una muestra de jóvenes de 15 y 16 años, le vininieron como “anillo al dedo” (por usar otra de sus frases preferidas) para volver a relucir la oxidada jerga antineoliberal a la que nos tiene habituados desde el principio de su gobierno. Más allá del espectáculo de ocasión, se encuentra el hecho de que la pandemia 2020-2022 tuvo efectos negativos en la gran mayoría de los países considerados en el estudio de la OCDE. Por supuesto, a unos les fue menos mal que a otros, pero las brechas preexistentes de desigualdad se ampliaron. Si a México y a otros países no les había ido bien en ejercicios anteriores, en este 2022 les fue peor. Eso significa un “efecto mateo” clásico: los que tienen menos, obtendrán menos, y a los que ya obtenían buenos resultados (Singapur, Japón, Finlandia) les fue mejor (o menos peor). Pero ni las interpretaciones dramáticas ni las descalificaciones automáticas de los resultados ayudan a comprender la complejidad causal del fenómeno. En el campo de la filosofía política, un pensador clásico (Michael Oakeshott) distinguía entre “la política de la fe” y “la política del escepticismo” para referirse a los que sólo creen en sus convicciones y a los que prefieren siempre ponerlas a prueba. En el campo de las políticas públicas, surgió también desde hace tiempo cierto debate entre las políticas basadas en creencias y las políticas basadas en evidencias. El asunto tiene su origen en la capacidad explicativa y resolutiva de las políticas respecto de los problemas sociales que son objetos de la acción pública. Configurada por las intervenciones gubernamentales y civiles orientadas por el interés para resolver asuntos sociales que se consideran críticos, urgentes o relevantes, la acción pública requiere de una combinación adecuada de conocimiento, información, voluntad política y capacidades institucionales para la construcción de alternativas de políticas con umbrales mínimos de eficacia, eficiencia e impacto sobre los problemas seleccionados. Una larga historia de políticas muestra la importancia de diseñar e instrumentar racionalmente las acciones públicas. Una parte importante de esa historia tiene que ver con los sistemas de creencias que están detrás de muchas experiencias políticas y de políticas, entre las cuales se han documentado relatos de fracasos e insuficiencias de distinta magnitud. La causa principal de esas fallas se atribuye a que las creencias sin evidencias se vuelven ilusiones, golpes de fe, voluntarismo puro y duro, que llevan a tomar medidas inadecuadas, inconsistentes, con efectos no deseados o perversos en la resolución de los problemas públicos. En contraste, otras experiencias muestran que la definición precisa de los problemas requiere de evidencias sólidas (estudios, evaluaciones, diagnósticos, datos) que permitan a quienes toman las decisiones elegir rutas de acción con mejores posibilidades de éxito en la resolución de los problemas. Para el caso educativo, colocar a los aprendizajes como problema público implica tomar decisiones sustentadas en evaluaciones y evidencias, no en creencias ni descalificaciones instantáneas. La reacción presidencial y de las autoridades de la SEP son una expresión más de la mezcla de creencias ideológicas e incontinencia verbal que gobierna los cuerpos y espíritus de palacio nacional y del edificio de la calle de Brasil. El cálculo constante que gobierna la retórica oficialista es que las métricas que no son favorables al oficialismo son inventos o conjuras neoliberales, mientras que las que auto-produce el propio gobierno (cuando las hace), son legítimas, verdaderas y objetivas. El presidente, en cada mañanera, recita puntualmente en tono litúrgico el catecismo de la cuarta transformación acompañado del sermón de ocasión, como el presentado el miércoles 6 de diciembre, un día después de conocido el informe de PISA y sus lamentables resultados para México. Pero el problema no es la actitud o las descalificaciones del oficialismo político. El problema son las implicaciones de fondo de los resultados que muestra el ejercicio comparativo de PISA para México. Frente a la no-política pública centrada en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes sino en las premisas ideológicas del oficialismo en turno, los resultados de las evaluaciones internacionales significan un retroceso que llevará años recuperar. Si la muestra es representativa, eso significa que los déficits de aprendizajes acumulados de manera transgeneracional marcarán el futuro de esos jóvenes en el acceso a oportunidades vitales, educativas y laborales. Como cualquier otra política pública, la política educativa no es un asunto de fe ni de creencias o nobles intenciones. Se trata de un ejercicio racional de revisión crítica de las evidencias y el conocimiento disponibles, no de grandiosos proyectos humanistas cuyas dimensiones son, como la idea de dios mismo, difusas, inabarcables e inmedibles. Después de todo, las políticas son intervenciones públicas deliberadas que suponen una mezcla de incentivos, restricciones y narrativas capaces de incidir eficazmente en la resolución de los problemas del sector. Pero lo que ahora tenemos es una tosca mezcla de zanahorias, garrotes y sermones matutinos basados en las ilusiones que viajan en el tranvía sexenal de la línea 4TN, una invención política concebida para ganar fieles, adeptos y votos, pero no para reconocer la complejidad y la urgencia de actuar públicamente sobre el complejo problema de los aprendizajes. Es una mala manera de cerrar otro año difícil para la educación mexicana.

21 años

Diario de incertidumbres 21 años Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 30/11/2023) https://suplementocampus.com/21-anos/ Mil veintitres números, mil veintitres semanas cumplidas puntualmente todos los jueves durante 21 años, es el hecho que muestra la sólida perseverancia de Campus Milenio. En un entorno frecuentemente hostil a la crítica, poblado de recelos y desinterés que muchos actores de la vida pública tienen hacia la educación superior, la idea de crear un suplemento especializado en los temas de la educación terciaria en México y en el mundo lanzada originalmente a comienzos del siglo XXI por Jorge Medina Viedas, fue vista inicialmente como un proyecto inviable, una apuesta arriesgada, una voz en el desierto. No obstante, más de dos décadas después, Campus es un proyecto periodístico independiente, que registra buena parte de los temas, voces, actores y hechos que ocurren dentro y en los alrededores de las instituciones de educación superior. Esta trayectoria esta marcada por tensiones, restricciones e incertidumbres de diversa naturaleza, complejidad y profundidad. A lo largo de cuatro administraciones sexenales, dominadas por diversos oficialismos políticos, Campus apostó a la diversidad y pluralidad del pensamiento crítico, pero también al reconocimiento de las propuestas, acciones y proyectos que han formulado las universidades e instituciones públicas y privadas, o los organismos gubernamentales, civiles y privados relacionados con la educación superior. Temas como la calidad, la innovación, la ciencia y la tecnología, la dimensión subnacional de la educación terciaria, la cultura, los conflictos educativos, los perfiles de actores estratégicos, la vinculación con el entorno, lo que ocurre en otros países y contextos nacionales, han sido objetos permanentes de atención del semanario. Esta vocación por estar atentos a “la música de lo que pasa” (como denominó el poeta David Huerta a ese sensación de alerta sobre el presente), explica el esfuerzo que cada semana despliega Campus en sus páginas impresas y virtuales. Es un espacio que reúne la opinión y el reportaje, las noticias y los acontecimientos que marcan el día a día de un territorio poblado por casi 5 mil establecimientos de educación superior, donde estudian poco más de 5 millones de estudiantes y trabajan casi 450 mil profesores e investigadores. Como todo campo de acción pública, la educación superior reúne tradiciones e innovaciones de muy distinto calibre, conserva rutinas y rituales que garantizan continuidad y estabilidad, pero también enfrenta nuevos dilemas y desafíos en un contexto donde el futuro es un escenario de incertidumbres acumuladas. Justo por esa complejidad contextual, Campus es un espacio de análisis que contribuye a mirar las cosas desde muy diversos puntos de vista. Si el presente siempre está poblado de futuros, el registro de sus señales, evidencias y tensiones son factores clave para pensar en escenarios deseables y posibles para la educación superior mexicana del siglo XXI, en el contexto de un ciclo de transformaciones globales que exigen ajustes, adaptaciones y cambios en los sistemas de educación superior. Justo por ello, la existencia de un medio que ayude a comprender los problemas y desafíos de una nueva agenda global, nacional y local es una apuesta intelectual, académica y periodística fundamental para imaginar horizontes futuros actuando en el contexto de presentes complejos. Desde esa perspectiva, los 21 años de Campus representan no sólo las huellas del camino andado, el recuento de logros, brechas y déficits acumulados. Representan también la voluntad de construcción de mejores futuros para la educación superior mexicana.

Funcionarios universitarios

Diario de incertidumbres ¿Quiénes son los funcionarios universitarios? Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 23/11/2023) https://suplementocampus.com/quienes-son-los-funcionarios-universitarios/ Alguien tiene que velar; eso es así. Alguien tiene que estar ahí. Franz Kafka, De noche Los momentos de cambio en las rectorías universitarias son episodios interesantes porque revelan las complicadas lógicas políticas e institucionales que articulan los intereses de comunidades particularmente complejas. En el reciente caso de la UNAM, por ejemplo, esta afirmación vuelve a tomar relevancia porque el nuevo rector llegará a sus oficinas de la torre de Ciudad Universitaria no sólo con un nuevo proyecto institucional que combinará “continuidad con cambios sin estridencias”, como anunció a los medios cuando se supo de su designación, sino también porque integrará a su equipo de colaboradores cercanos a la administración universitaria, aunque seguramente también ratificará a otros que se han desempeñado en administraciones anteriores, e invitará a algunos más para que asuman cargos importantes en la gestión de los asuntos universitarios. Estos movimientos son esperados y, para muchos, necesarios. Sin embargo, el tema de fondo es el peso que tiene el funcionariado universitario en la conducción de la vida institucional. Aunque los directivos y administradores de la universidad son figuras relevantes de la gestión rutinaria de múltiples asuntos cotidianos, su configuración como actores estratégicos del gobierno, la gobernanza y la gobernabilidad de las universidades ha sido poco estudiado. Como expresiones legítimas de autoridad institucional, sus perfiles, motivaciones, trayectorias previas y posteriores, sus funciones formales e informales, o “manifiestas y latentes”, han sido generalmente poco examinadas por los estudiosos de la historia o la sociología de las universidades. Hay un conjunto de preguntas que aguardan por respuestas. ¿Quiénes son los funcionarios universitarios? ¿Cuántos son? ¿Porqué y cómo llegaron ahí? ¿Cuál es su influencia práctica en la vida institucional? ¿Cuáles son las motivaciones e incentivos para ser funcionarios? ¿Cómo se distinguen los directivos académicos de los estrictamente administrativos? ¿Se puede hablar de burocracias académicas y burocracias sin adjetivos?. Estas cuestiones ayudarían a comprender la complejidad de un actor clave de la vida universitaria que, sin embargo, es, paradójicamente, un actor reconocido pero a la vez desconocido. El asunto importa porque los directivos son acompañados por un funcionariado universitario más o menos extenso que implementa proyectos y decisiones institucionales. Sin embargo, los rectores, directivos y funcionarios no actúan solos. Como se sabe, una de las características históricas del gobierno universitario es su carácter colegiado. El cogobierno, o el gobierno compartido, es el rasgo central de la vida universitaria, el que proporciona estabilidad, equilibrio y legitimidad a las universidades públicas. Figuras unipersonales de autoridad como rectores, directores de escuelas, facultades, institutos, unidades o programas académicos, funcionarios universitarios de la administración central o de las administraciones desconcentradas o descentralizadas, coexisten siempre con órganos colegiados jurisdiccionales, en las que se toman decisiones, se resuelven conflictos, se dirimen diferencias y se toman acuerdos de manera rutinaria. Estudiantes, profesores, investigadores y directivos participan de los órganos colegiados y ayudan a definir y resolver agendas pobladas de temas académicos, administrativos, escolares, presupuestales, políticos y, cada vez de manera más frecuente, éticos. En estos contextos, la figura del funcionariado adquiere relevancia. Son burocracias crecientemente especializadas que tienen una lógica de actuación delimitada por normas y circunstancias, por reglas escritas y no escritas, por la gestión de recursos, las prioridades del momento, por el tiempo y los calendarios. Las habilidades directivas universitarias no se suelen aprender en los cursos de “alta dirección ejecutiva” o de “gerencia pública profesional”, sino que se aprenden con base a la experiencia, cierto sentido común, intuición, capacidad, oportunidades o restricciones institucionales. Al ser parte de las estructuras de autoridad, el funcionariado universitario juega un rol central en la gestión de los servicios y de los recursos de apoyo a la vida académica. Los “mandos medios y superiores” -como se suele denominar al funcionariado de primer nivel en el argot administrativo-, son actores clave de las rutinas de la universidad, y por ello resultan figuras destacadas en la comprensión no sólo de quiénes administran sino de cómo se gobiernan las universidades públicas. Después de todo, la autonomía universitaria significa no solamente el respeto a las libertades de cátedra y de investigación, sino también el auto-gobierno de las universidades. Esa es la dimensión estrictamente política de la autonomía. Desde esta perspectiva, el funcionariado universitario forma parte de las redes organizadas del poder institucional que se construyen a lo largo de las trayectorias académicas o administrativas de los diversos liderazgos universitarios, donde los méritos académicos o intelectuales, la confianza política, el prestigio académico, la reputación personal o el desempeño institucional, son componentes importantes en la designación de los nombramientos de los puestos administrativos. Un rector o rectora nunca llega solo a ejercer sus funciones. Le acompañan hombres y mujeres que se incorporarán a su administración y le permitirán proponer y justificar decisiones a los órganos colegiados universitarios. El proceso de nombramiento de puestos y personas adquiere entonces una relevancia práctica destacada pero generalmente poco visible para las comunidades universitarias. Es por ello que resulta importante conocer no sólo los procedimientos o los mecanismos de designación del funcionariado universitario, sino también los itinerarios laborales de quienes son nombrados en los puestos, más allá de los curriculum vitae o de las biografías personales. ¿Qué sabemos? En realldad, muy poco. Se estima que los mandos medios y superiores de las universidades públicas representan entre el 10 y el 15 por ciento del personal administrativo total de las universidades. Que aunque no hay formalmente una suerte de “servicio universitario de carrera”, de manera informal pero real existen funcionarios que ocupan distintos puestos a lo largo de varios años. Asimismo, sabemos que los directivos académicos suelen tener también un puesto como profesor o investigador de la universidad, y que existen motivaciones salariales, políticas o morales para aceptar la designación de puestos. Sin embargo, estos son apenas los puntos de partida para estudios a fondo sobre la sociología del funcionariado de las universidades públicas en México.