Thursday, August 20, 2020
El futuro no será como imaginamos
Estación de paso
El futuro no será como lo imaginamos
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 20/08/2020)
En 1992, Gilberto Guevara Niebla coordinó la publicación de un libro cuyo título era dramático, escandaloso: “La catástrofe silenciosa”. Ahí se plasmó un diagnóstico sobre la educación nacional que registraba muchas cosas en varias dimensiones: el pobre desempeño escolar, la centralización burocrática, la politización de las decisiones educativas derivada del corporativismo sindical ejercido por el SNTE, los altos índices de abandono y rezago escolar, la baja eficiencia terminal de los estudiantes en los diversos niveles, los problemas del financiamiento público, la inequidad social y regional en el acceso, tránsito y egreso de los estudiantes, la débil participación de los padres de familia en la educación de los hijos. Las implicaciones del diagnóstico eran sombrías en términos de políticas públicas: esos problemas registraban y anticipaban una catástrofe nacional, una distopía negra, una calamidad social.
Hoy, una nueva catástrofe se desarrolla ante nuestros ojos. Pero es una catástrofe de una complejidad cualitativamente diferente. Aunque existen problemas de desempeño, funcionamiento y articulación del sistema educativo, desde las reformas de los años noventa hasta la fallida reforma educativa del sexenio pasado, o la que está en curso, se ha mejorado relativamente el conocimiento de la eficiencia y eficacia educativa mexicana, atenuando los déficits de siempre, mejorando algunos indicadores, evaluando mejor algunos procesos. Pero lo que tenemos enfrente es una crisis educativa que es a la vez una crisis social: un veloz proceso de des-institucionalización educativa, cuyos impactos han alterado las prácticas, hábitos y rutinas del sistema educativo.
La abrupta y prolongada desmovilización de más de 30 millones de niños y jóvenes, maestros y padres de familia, tiene ya una serie de impactos en cadena no sólo sobre la salud y la economía de las familias, sino también sobre la cohesión social, las redes de socialización y los vínculos culturales que unen o debilitan la vida colectiva. Eso significa que el espacio común, público, el único lugar que reúne a los diferentes (la escuela pública) ha sido sustituido por el espacio privado, familiar, donde se reproducen las desigualdades de clase, de ingreso, de capital cultural. Es un proceso clásico de des-institucionalización social.
Esa es la peculiar complejidad de la catástrofe áspera y ruidosa que estamos experimentando. Está en marcha un proceso de desestructuración social que no podrá ser resuelto con buena voluntad, plataformas digitales, radio o televisión educativa. El cierre de escuelas y universidades convirtió la casa familiar en el refugio obligatorio de niños y jóvenes, en espacios hogareños muy diferentes entre poblaciones, grupos y clases sociales. El rol de los maestros ha sido sustituido por los padres de familia, y, muy en especial (como en realidad siempre lo ha sido), por las madres. Los pizarrones, las lecturas en voz alta, la discusión, el patio de recreo, fueron sustituidos por plataformas digitales cuyo acceso (cuando lo hay) ocurre en la soledad de niños y jóvenes. Lo que se pensaba sería una respuesta contingente, no planeada, frente a una situación extraordinaria, se ha convertido con el paso de los meses en un patrón de comportamientos institucionales y sociales que endurece la coyuntura crítica y la transforma en una nueva estructura de desigualdades.
Imaginar el futuro educativo en estas circunstancias resulta un ejercicio intelectual y político complicado. Es curioso como el flamante “Programa Sectorial de Educación 2020-2024” publicado apenas el mes pasado, no dedica una sola línea a la experiencia pandémica en el ámbito escolar, ni menciona los efectos socioeducativos de la crisis como parte del diagnóstico ni de los seis objetivos estratégicos de la acción gubernamental en educación. Ello revela que, desde la óptica de las autoridades del sector, la coyuntura solo tendrá molestias y efectos transitorios en los calendarios y relojes de la educación. La valoración gubernamental y social dominante de esos efectos es que, más temprano que tarde, la contingencia pasará y volveremos a las rutinas escolares (lo que eso signifique), pero ahora con el uso masivo de aplicaciones y tecnologías digitales, modos extraños de organización escolar y comportamientos sociales diferentes.
El problema de fondo es que aún no calibramos adecuadamente la dimensión sociológica de la pandemia y sus efectos en los comportamientos educativos. No hay ni habrá ningún algoritmo que indique cómo resolver la desinstitucionalización de la escuela, desde el preescolar hasta la universidad. Tampoco habrá cursos en línea que enseñen cohesión social, aprendizajes a control remoto, ni orden social en situaciones de emergencia y desigualdad. Las prácticas educativas son también prácticas sociales y esas se construyen fundamentalmente en los espacios públicos que comparten estudiantes y profesores, amigos y compañeros, mediante juegos y conversaciones, pleitos ocasionales y acuerdos cotidianos. La sensación que se vislumbra es la de un futuro de sombras sin luces, en donde la desinstitucionalización de la escuela ampliará las brechas de desigualdad social y educativa entre poblaciones y territorios.
Thursday, August 06, 2020
Tocando fondo
Estación de paso
Tocar fondo
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 06/08/2020)
They´re taking me down, my friend
And as they usher me off to my end
(….)
If what they say around here is true
Then we´ll meet again
Me and you
Nick Cave, Idiot Prayer
El Presidente, la Secretaría de Hacienda, la OCDE, la OMS, políticos del oficialismo, economistas, médicos, analistas simbólicos de la vida pública, suelen utilizar la frase “ya tocamos fondo” para referirse a una situación límite, una crisis cuyos efectos más corrosivos ya pasaron. Es por supuesto una metáfora, una frase coloquial para apaciguar conciencias o para convencer a otros de que las cosas ya no pueden estar peor, de que en adelante lo que sigue es la recuperación de lo que sea: la economía, la salud pública, el ánimo, la seguridad. Son palabras políticamente correctas para inyectar optimismo, alentar expectativas, devolver la confianza.
El problema es definir cuál es el fondo, cómo lo podemos medir. Borges decía que “hay profundidades sin fondo”, que tocar fondo es una expresión ambigua dado que, “como el espacio es infinito, podemos seguir cayendo indefinidamente”. Paul Auster afirmaba que el fondo de las cosas es como lo peor de las cosas: un término elástico. Tocar fondo significa que tocamos el suelo, algo por debajo de la superficie de las cosas, un límite que ya no se puede traspasar. Sin embargo, la frasecilla una y otra vez termina por contradecirse. El fondo puede ser más profundo de lo que se imagina o se cree. No puede anticiparse; solo puede medirse después de las crisis.
El tema viene a cuento por la situación sanitaria y económica que atravesamos. Estancados en las horas bajas del consumo, la productividad, la caída histórica del PIB, el desempleo, el número de contagios y muertes, el presidente afirma que “ya tocamos fondo”, y lo que viene una recuperación rápida “en el próximo trimestre”. Habituados a las representaciones gráficas de los datos de la crisis, vemos publicadas todos los días curvas, picos y valles que ilustran cifras, tasas de crecimiento, índices, temporalidades, territorios, colores de gravedad de la situación (rojo, naranja, amarillo, verde), relatos optimistas o catastróficos de la gestión gubernamental de la pandemia. Es el extraño lenguaje de la crisis.
Pero nada garantiza que el fondo ya se haya tocado. Las aguas profundas de la crisis son multidimensionales, confusas, complejas. El desempleo formal e informal de millones es difícil de medir y a veces siquiera de estimar. La ruptura de las cadenas productivas llevan mucho tiempo en repararse. La educación es un territorio de confusión gobernado por la incertidumbre. Las lecciones del pasado remoto y reciente muestran que la destrucción económica y la desconfianza política o social pueden ocurrir en períodos muy cortos, a gran velocidad: dos guerras mundiales, las crisis financiera de 1929, la crisis de la deuda de los 80´s, el “efecto tequila” de 1994-1995, o la de 2008-2009, terremotos, sequías, inundaciones. Pero lleva un tiempo considerablemente mayor recuperarse de sus efectos. La rapidez es el signo de la crisis; la lentitud, el de la recuperación.
La ilusión del fondo es además relativa. La desigualdad preexistente de las condiciones y contextos sociales explican cómo el impacto de la crisis es muy distinta entre estratos sociales, poblaciones y territorios. La tradicional vulnerabilidad de los sectores más pobres se agudiza, mientras que las clases medias reducen expectativas para sortear en mejores condiciones las adversidades. Las élites que tradicionalmente habitan los exclusivos salones de la riqueza, suelen fortalecer sus posiciones de poder y prestigio frente al resto. Las crisis, lo sabemos, incrementan dramáticamente las brechas y fracturas de la desigualdad social.
La plasticidad es una propiedad del fondo; nunca es un suelo parejo, duro, sólido. Es un pantano de aguas lodosas e inestables, arenas movedizas que pueden dejar atrapados a gobiernos y sociedades por un largo tiempo, acumulando tensiones, pasiones e incertidumbres. El fondo es la representación de un lugar imaginario, una metáfora marina (profundidad/superficie), o religiosa (cielo/infierno) que alimentan muchas filosofías de farmacia relacionadas con el bien y el mal, la condena y la salvación. “Tocar fondo” o “lo mejor está por venir” son frases toda-ocasión de políticos y funcionarios, de curas y fieles, de terapeutas y enfermos.
Pero también es una metáfora política, útil para narrativas optimistas que alimentan la sensación de que todos, en algún momento, flotaremos hacia algún lado, aunque tampoco se sepa muy bien que signifique eso. Invocar cualquier fondo real o imaginario supone también la representación de una superficie imaginaria, luminosa, tranquilizadora de la vida social. En este mundo simbólico, los escepticismos de Borges o de Auster son recursos de realismo químicamente puro, a los que puede agregarse el sonido metálico que nos regala el Licenciado Cave en “Oración idiota”: el fondo es la estación terminal donde todos nos podremos reunir.
Thursday, July 23, 2020
Gatos muertos (3): gobierno
Estación de paso
Los gatos muertos de la modernización: gobierno
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 23/07/2020)
La expansión y diversificación de la educación superior experimentada desde los años setenta en México fue acompañada de un incremento significativo de conflictos en muchas universidades públicas. En el marco de un régimen político autoritario, las relaciones entre el estado y las instituciones de educación superior se caracterizaron por una tensión constante entre la autonomía y la heteronomía de las universidades con los proyectos y prioridades gubernamentales tanto en la escala federal como en las escalas estatales.
La experiencia del movimiento estudiantil de 1968 se tradujo en la apertura de nuevas universidades federales (UAM) y estatales (como la Autónoma de Ciudad Juárez, la de Baja California Sur, Nayarit o Aguascalientes), institutos tecnológicos federales, y un crecimiento importante de la ofertas privadas. La reforma de las escuelas normales de 1984, que introdujo como requisito de acceso el bachillerato, también colocó a estas instituciones como parte de la educación superior del país. Este fenómeno expansivo fue caracterizado como la “masificación” de la educación terciaria, un concepto que sin mucho rigor lógico ni explicaciones empíricas se asoció a la pérdida de la calidad educativa del sector.
Ambas dimensiones (política e institucional) de la primera ola de expansión colocaron el problema del gobierno del sistema educativo superior en primer plano desde finales de los años setenta. Las señales más importantes de ese reconocimiento fueron la expedición de la “Ley para la Coordinación de la Educación Superior” (LCES) de 1978, y el inclusión en el tercero constitucional de la autonomía universitaria en 1980, acciones mediante las cuales el gobierno federal y las IES públicas se comprometían a articular sus esfuerzos para ordenar, planificar y racionalizar adecuadamente el crecimiento del sistema. Ello daría como resultado el impulso al “Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior” (SINAPPES), un mecanismo que teóricamente ayudaría a esas tareas de planificación de lo que se percibía como un crecimiento inequitativo, costoso y anárquico de las ofertas públicas y privadas del sector.
Durante los años ochenta, la dramática caída del financiamiento público a las IES derivada de la “década perdida”, significó la configuración de un entorno poco favorable a la planeación del crecimiento. Sin embargo, la expansión de la matrícula continuó a un ritmo acelerado a pesar de la crisis. Fue un comportamiento paradójico y relativamente inesperado para muchos: el ciclo depresivo de la economía y las finanzas públicas ocurrió en un ciclo expansivo de la matrícula de la educación superior. En ese contexto, el problema del gobierno sistémico del nivel prácticamente desaparece de la agenda pública y gubernamental.
Fue a comienzos del salinismo cuando reaparece el tema en la agenda estatal. La idea de la modernización penetra en las políticas de educación superior y se expresa en cambios en las reglas de los interacciones entre las universidades públicas y el gobierno federal. Evaluación de la calidad y financiamiento público condicional, diferenciado y competitivo, se configurará como el núcleo duro de las políticas que dominarán las relaciones entre el estado y las IES durante tres décadas (1989-2018). Esa reforma en las reglas del juego tendrá impactos significativos en las formas de coordinación sistémica y en el comportamiento institucional del sector. A través del uso intensivo de incentivos y recompensas al desempeño, y mediante el enfoque de la Nueva Gestión Pública, la educación superior se constituyó como un territorio dominado por la búsqueda de indicadores de prestigio, calidad y productividad. Para decirlo en breve, el gobierno del sistema se convirtió en el gobierno de los indicadores, dominado por el imperio de las aguas heladas del gerencialismo.
Ello no obstante, los problemas de planeación, coordinación y articulación de las decisiones sistémicas permanecen. Hoy, el gobierno del sistema es la suma de las experiencias y condiciones de dirección, gobernabilidad y gobernanza de las 3,670 instituciones y establecimientos de educación superior que hoy existen. Entre 2000 y 2018 la educación terciaria experimentó un crecimiento promedio anual de 145 mil estudiantes y la contratación de 8 862 nuevas plazas académicas por año, poblaciones albergadas por la apertura de 125 nuevos establecimientos de educación superior tanto públicos como privados cada año. Ello explica la existencia de gobiernos institucionales diversos, donde coexisten autonomía y heteronomía, tamaños y antigüedades diferentes, formas de organización distintas, contextos locales heterogéneos, historias políticas y académicas contrastantes. En sentido estricto, no existe un gobierno del sistema porque en buena medida no contamos con un sistema educativo superior, sino con un conglomerado de establecimientos que obedecen a lógicas de gobierno distintas y contradictorias.
El oficialismo de la 4T pretende incidir en la construcción de un gobierno efectivo del sistema a partir de las ideas de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior incluidas en la reforma del artículo tercero constitucional de mayo del 2019, y a través de la expedición de una Ley General de Educación Superior (LGES) que sustituya la cuarentenaria LCES de 1978. En el anteproyecto se incluye como mecanismo de gobierno un “Consejo Nacional de Autoridades Educativas” que recuerda a la “Comisión Nacional de Planeación de la Educación Superior” (CONPES), derivada de la LCES, que en realidad nunca funcionó como órgano de planeación ni de gobierno del sistema. Sin embargo, hasta ahora, el anteproyecto de LGES no parece estar en la agenda del legislativo dadas las circunstancias impuestas por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Por lo tanto, hasta ahora no se ven gatos nuevos en el vecindario del gobierno de la educación superior. Lo que hay son los gatos viejos (¿muertos?) de la modernización: la burocratización y el gerencialismo.
Los gatos muertos de la modernización: gobierno
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 23/07/2020)
La expansión y diversificación de la educación superior experimentada desde los años setenta en México fue acompañada de un incremento significativo de conflictos en muchas universidades públicas. En el marco de un régimen político autoritario, las relaciones entre el estado y las instituciones de educación superior se caracterizaron por una tensión constante entre la autonomía y la heteronomía de las universidades con los proyectos y prioridades gubernamentales tanto en la escala federal como en las escalas estatales.
La experiencia del movimiento estudiantil de 1968 se tradujo en la apertura de nuevas universidades federales (UAM) y estatales (como la Autónoma de Ciudad Juárez, la de Baja California Sur, Nayarit o Aguascalientes), institutos tecnológicos federales, y un crecimiento importante de la ofertas privadas. La reforma de las escuelas normales de 1984, que introdujo como requisito de acceso el bachillerato, también colocó a estas instituciones como parte de la educación superior del país. Este fenómeno expansivo fue caracterizado como la “masificación” de la educación terciaria, un concepto que sin mucho rigor lógico ni explicaciones empíricas se asoció a la pérdida de la calidad educativa del sector.
Ambas dimensiones (política e institucional) de la primera ola de expansión colocaron el problema del gobierno del sistema educativo superior en primer plano desde finales de los años setenta. Las señales más importantes de ese reconocimiento fueron la expedición de la “Ley para la Coordinación de la Educación Superior” (LCES) de 1978, y el inclusión en el tercero constitucional de la autonomía universitaria en 1980, acciones mediante las cuales el gobierno federal y las IES públicas se comprometían a articular sus esfuerzos para ordenar, planificar y racionalizar adecuadamente el crecimiento del sistema. Ello daría como resultado el impulso al “Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior” (SINAPPES), un mecanismo que teóricamente ayudaría a esas tareas de planificación de lo que se percibía como un crecimiento inequitativo, costoso y anárquico de las ofertas públicas y privadas del sector.
Durante los años ochenta, la dramática caída del financiamiento público a las IES derivada de la “década perdida”, significó la configuración de un entorno poco favorable a la planeación del crecimiento. Sin embargo, la expansión de la matrícula continuó a un ritmo acelerado a pesar de la crisis. Fue un comportamiento paradójico y relativamente inesperado para muchos: el ciclo depresivo de la economía y las finanzas públicas ocurrió en un ciclo expansivo de la matrícula de la educación superior. En ese contexto, el problema del gobierno sistémico del nivel prácticamente desaparece de la agenda pública y gubernamental.
Fue a comienzos del salinismo cuando reaparece el tema en la agenda estatal. La idea de la modernización penetra en las políticas de educación superior y se expresa en cambios en las reglas de los interacciones entre las universidades públicas y el gobierno federal. Evaluación de la calidad y financiamiento público condicional, diferenciado y competitivo, se configurará como el núcleo duro de las políticas que dominarán las relaciones entre el estado y las IES durante tres décadas (1989-2018). Esa reforma en las reglas del juego tendrá impactos significativos en las formas de coordinación sistémica y en el comportamiento institucional del sector. A través del uso intensivo de incentivos y recompensas al desempeño, y mediante el enfoque de la Nueva Gestión Pública, la educación superior se constituyó como un territorio dominado por la búsqueda de indicadores de prestigio, calidad y productividad. Para decirlo en breve, el gobierno del sistema se convirtió en el gobierno de los indicadores, dominado por el imperio de las aguas heladas del gerencialismo.
Ello no obstante, los problemas de planeación, coordinación y articulación de las decisiones sistémicas permanecen. Hoy, el gobierno del sistema es la suma de las experiencias y condiciones de dirección, gobernabilidad y gobernanza de las 3,670 instituciones y establecimientos de educación superior que hoy existen. Entre 2000 y 2018 la educación terciaria experimentó un crecimiento promedio anual de 145 mil estudiantes y la contratación de 8 862 nuevas plazas académicas por año, poblaciones albergadas por la apertura de 125 nuevos establecimientos de educación superior tanto públicos como privados cada año. Ello explica la existencia de gobiernos institucionales diversos, donde coexisten autonomía y heteronomía, tamaños y antigüedades diferentes, formas de organización distintas, contextos locales heterogéneos, historias políticas y académicas contrastantes. En sentido estricto, no existe un gobierno del sistema porque en buena medida no contamos con un sistema educativo superior, sino con un conglomerado de establecimientos que obedecen a lógicas de gobierno distintas y contradictorias.
El oficialismo de la 4T pretende incidir en la construcción de un gobierno efectivo del sistema a partir de las ideas de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior incluidas en la reforma del artículo tercero constitucional de mayo del 2019, y a través de la expedición de una Ley General de Educación Superior (LGES) que sustituya la cuarentenaria LCES de 1978. En el anteproyecto se incluye como mecanismo de gobierno un “Consejo Nacional de Autoridades Educativas” que recuerda a la “Comisión Nacional de Planeación de la Educación Superior” (CONPES), derivada de la LCES, que en realidad nunca funcionó como órgano de planeación ni de gobierno del sistema. Sin embargo, hasta ahora, el anteproyecto de LGES no parece estar en la agenda del legislativo dadas las circunstancias impuestas por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Por lo tanto, hasta ahora no se ven gatos nuevos en el vecindario del gobierno de la educación superior. Lo que hay son los gatos viejos (¿muertos?) de la modernización: la burocratización y el gerencialismo.
Thursday, July 09, 2020
Los gatos muertos (2): financiamiento
Estación de paso
Los gatos muertos de la modernización (2): financiamiento
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 09/07/2020)
Las reglas del financiamiento público a las universidades fueron cambiadas a comienzos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aunque el gobierno anterior (Miguel de la Madrid) había introducido ya la diferenciación formal entre el financiamiento ordinario (dedicado básicamente al pago de la nómina del personal universitario) y el extraordinario (dedicado a financiar programas específicos de desarrollo de las universidades públicas, según metas fijadas por el gobierno federal), el impacto negativo de la década perdida sobre las finanzas públicas (1980-1990) volvió inviable esa diferenciación.
En un contexto de recuperación económica, el salinismo hizo efectiva la distinción, y la colocó, junto con la evaluación de la calidad, en el centro de las políticas de modernización de la educación superior. Nunca fue clara la relación entre evaluación y financiamiento, pero la formulilla se promovió como si fueran complementarias. A lo largo de los años noventa y las primeras dos décadas del siglo XXI, el financiamiento federal ordinario mantuvo un crecimiento básicamente igual a la inflación (el denominado “irreductible”), mientras que el financiamiento extraordinario quedó sujeto a las reglas que la SEP y la Secretaría de Hacienda imponían a las universidades mediante diversos programas sexenales asociados a bolsas anuales de financiamiento específicas, que no formaban parte del presupuesto “irreductible”, y por las cuales las universidades públicas, en especial las estatales, tenían que competir año con año para obtener recursos adicionales.
Bajo ese esquema, muchas universidades públicas instrumentaron proyectos de financiamiento autogenerados mediante el cobro de matrículas a los estudiantes, la formación de patronatos dedicados a la gestión de donaciones y recursos adicionales, el impulso a la venta de servicios, proyectos o acciones de difusión cultural, o asesorías especializadas al sector público o privado (incubadoras tecnológicas, pasantías, desarrollo de proyectos de innovación). Asimismo, muchas universidades procuraron incrementar los apoyos de los gobiernos estatales (y en pocos casos de gobiernos municipales) para comprometer mayores presupuestos locales para las universidades públicas de cada entidad.
El resultado fue muy heterogéneo, contradictorio y en no pocas ocasiones, conflictivo. La gestión política de los recursos financieros se convirtió en una de las actividades permanentes de rectores y directivos de las universidades. El cabildeo con gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, funcionarios de la SEP o de la SHCP, a veces en solitario, o a veces con el acompañamiento político de la ANUIES, se “naturalizó” como parte de la gestión institucional universitaria de todos los años. Sin embargo, fue la acumulación de capacidad política de cada universidad la que definió los resultados del juego de las negociaciones presupuestales de cada año.
Si se observa el financiamiento a lo largo de treinta años (1989-2018), el crecimiento del gasto federal aumentó en término reales en un 164%. Sin embargo, comparado con el crecimiento de la matrícula en educación superior ese incremento fue menor, pues esta última variable lo hizo en un 187%, es decir, el financiamiento bruto creció menos que la matrícula total. Si lo vemos en términos del PIB, mientras que en 2019 el porcentaje destinado a la educación superior y el posgrado representa el 0.54%, en 2009 lo hacía en 0.67%. Un crecimiento significativamente menor en sólo una década.
Tomando como indicador el gasto por alumno durante el primer año de gobierno de los últimos cinco sexenios, las cantidades oscilan –a precios constantes de 2019- entre 54 mil pesos (Salinas, en 1989) y los 69 mil pesos (con Zedillo, en 1994). Los primeros años de gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto estuvieron por encima del gasto del sexenio salinista, pero menores al zedillista. En contraste, en el primer año de gobierno de AMLO el gasto disminuyó a poco más de 49 mil pesos por alumno, una cifra incluso menor a la de Salinas (Los datos y cálculos anteriores fueron tomados del documento de Javier Mendoza Rojas “Presupuesto de educación superior 2019”: https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jmendoza/Mendoza2019_PresentacionSES.pdf )
Los fondos extraordinarios siempre han tenido un comportamiento variable a lo largo de tres décadas (derivados de las crisis económicas de los años 1994-1995 y 2008-2009), pero han representado un financiamiento valioso, a veces simbólico, aunque crónicamente insuficiente para enfrentar problemas críticos como becas a los estudiantes, pago de jubilaciones y pensiones, estímulos a los profesores e investigadores, regularización o contratación de plazas académicas. Sin embargo, para 2019, los fondos extraordinarios sufrieron una disminución dramática del 53% como efecto de la reasignación presupuestal a los programas prioritarios del nuevo gobierno como las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, y el de “Jóvenes escribiendo el futuro”.
¿Cómo interpretar lo anterior? Parece claro que la lógica del financiamiento federal estructurada durante tres décadas se ha mantenido constante con el nuevo gobierno. Sin embargo, la redistribución de los recursos se hace hoy bajo los criterios de una austeridad “ciega” y un horizonte de alta incertidumbre económica provocada por la crisis sanitaria que significa la confirmación de un ciclo prolongado de estancamiento y decrecimiento económico, que consolida la crónica debilidad fiscal del Estado mexicano. Los gatos muertos de la modernización, en términos del financiamiento, son fantasmas hambrientos que habitan los pasillos de un panorama sombrío para la educación superior en lo que resta del actual sexenio y, quizá, de la década.
Los gatos muertos de la modernización (2): financiamiento
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 09/07/2020)
Las reglas del financiamiento público a las universidades fueron cambiadas a comienzos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Aunque el gobierno anterior (Miguel de la Madrid) había introducido ya la diferenciación formal entre el financiamiento ordinario (dedicado básicamente al pago de la nómina del personal universitario) y el extraordinario (dedicado a financiar programas específicos de desarrollo de las universidades públicas, según metas fijadas por el gobierno federal), el impacto negativo de la década perdida sobre las finanzas públicas (1980-1990) volvió inviable esa diferenciación.
En un contexto de recuperación económica, el salinismo hizo efectiva la distinción, y la colocó, junto con la evaluación de la calidad, en el centro de las políticas de modernización de la educación superior. Nunca fue clara la relación entre evaluación y financiamiento, pero la formulilla se promovió como si fueran complementarias. A lo largo de los años noventa y las primeras dos décadas del siglo XXI, el financiamiento federal ordinario mantuvo un crecimiento básicamente igual a la inflación (el denominado “irreductible”), mientras que el financiamiento extraordinario quedó sujeto a las reglas que la SEP y la Secretaría de Hacienda imponían a las universidades mediante diversos programas sexenales asociados a bolsas anuales de financiamiento específicas, que no formaban parte del presupuesto “irreductible”, y por las cuales las universidades públicas, en especial las estatales, tenían que competir año con año para obtener recursos adicionales.
Bajo ese esquema, muchas universidades públicas instrumentaron proyectos de financiamiento autogenerados mediante el cobro de matrículas a los estudiantes, la formación de patronatos dedicados a la gestión de donaciones y recursos adicionales, el impulso a la venta de servicios, proyectos o acciones de difusión cultural, o asesorías especializadas al sector público o privado (incubadoras tecnológicas, pasantías, desarrollo de proyectos de innovación). Asimismo, muchas universidades procuraron incrementar los apoyos de los gobiernos estatales (y en pocos casos de gobiernos municipales) para comprometer mayores presupuestos locales para las universidades públicas de cada entidad.
El resultado fue muy heterogéneo, contradictorio y en no pocas ocasiones, conflictivo. La gestión política de los recursos financieros se convirtió en una de las actividades permanentes de rectores y directivos de las universidades. El cabildeo con gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, funcionarios de la SEP o de la SHCP, a veces en solitario, o a veces con el acompañamiento político de la ANUIES, se “naturalizó” como parte de la gestión institucional universitaria de todos los años. Sin embargo, fue la acumulación de capacidad política de cada universidad la que definió los resultados del juego de las negociaciones presupuestales de cada año.
Si se observa el financiamiento a lo largo de treinta años (1989-2018), el crecimiento del gasto federal aumentó en término reales en un 164%. Sin embargo, comparado con el crecimiento de la matrícula en educación superior ese incremento fue menor, pues esta última variable lo hizo en un 187%, es decir, el financiamiento bruto creció menos que la matrícula total. Si lo vemos en términos del PIB, mientras que en 2019 el porcentaje destinado a la educación superior y el posgrado representa el 0.54%, en 2009 lo hacía en 0.67%. Un crecimiento significativamente menor en sólo una década.
Tomando como indicador el gasto por alumno durante el primer año de gobierno de los últimos cinco sexenios, las cantidades oscilan –a precios constantes de 2019- entre 54 mil pesos (Salinas, en 1989) y los 69 mil pesos (con Zedillo, en 1994). Los primeros años de gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto estuvieron por encima del gasto del sexenio salinista, pero menores al zedillista. En contraste, en el primer año de gobierno de AMLO el gasto disminuyó a poco más de 49 mil pesos por alumno, una cifra incluso menor a la de Salinas (Los datos y cálculos anteriores fueron tomados del documento de Javier Mendoza Rojas “Presupuesto de educación superior 2019”: https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jmendoza/Mendoza2019_PresentacionSES.pdf )
Los fondos extraordinarios siempre han tenido un comportamiento variable a lo largo de tres décadas (derivados de las crisis económicas de los años 1994-1995 y 2008-2009), pero han representado un financiamiento valioso, a veces simbólico, aunque crónicamente insuficiente para enfrentar problemas críticos como becas a los estudiantes, pago de jubilaciones y pensiones, estímulos a los profesores e investigadores, regularización o contratación de plazas académicas. Sin embargo, para 2019, los fondos extraordinarios sufrieron una disminución dramática del 53% como efecto de la reasignación presupuestal a los programas prioritarios del nuevo gobierno como las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, y el de “Jóvenes escribiendo el futuro”.
¿Cómo interpretar lo anterior? Parece claro que la lógica del financiamiento federal estructurada durante tres décadas se ha mantenido constante con el nuevo gobierno. Sin embargo, la redistribución de los recursos se hace hoy bajo los criterios de una austeridad “ciega” y un horizonte de alta incertidumbre económica provocada por la crisis sanitaria que significa la confirmación de un ciclo prolongado de estancamiento y decrecimiento económico, que consolida la crónica debilidad fiscal del Estado mexicano. Los gatos muertos de la modernización, en términos del financiamiento, son fantasmas hambrientos que habitan los pasillos de un panorama sombrío para la educación superior en lo que resta del actual sexenio y, quizá, de la década.
Thursday, June 25, 2020
Los gatos muertos de la modernización: estímulos
Estación de paso
Los gatos muertos de la modernización: estímulos
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 25/06/2020)
Las políticas de modernización de la educación superior (1989-2018) se concentraron en una agenda que ha dejado huellas significativas en la dinámica de la educación terciaria. Temas como la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas y del profesorado, el financiamiento público condicional, diferenciado y competitivo, la internacionalización, el impulso a la transformación de universidades basadas en la docencia a universidades de investigación, las reformas a la gobernanza institucional, o los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, significaron no sólo la “invención” de un nuevo lenguaje institucional, sino también la “naturalización” de hábitos, rutinas y prácticas institucionales, burocráticas y académicas.
Esa agenda generó soluciones coyunturales y tensiones permanentes. De un lado, en temas como el de la autonomía universitaria, las libertades de cátedra e investigación, y la rendición de cuentas. Por otro lado, en cuestiones como la articulación de las fórmulas de financiamiento federal, estatal y la generación de recursos propios. Más allá, en la construcción de gobiernos universitarios que juegan un doble papel: como representantes de los intereses de sus comunidades frente a los actores externos, y como implementadores de las políticas y programas gubernamentales asociados a la obtención de mayores recursos públicos través del concurso en las bolsas anuales de financiamiento extraordinario.
Esta combinación de temas y prácticas explica la compleja configuración de los comportamientos institucionales de las universidades públicas. Las huellas de los programas instrumentados en más de tres décadas pueden ser vistas como los restos acumulados de las políticas, los “gatos muertos” de la modernización educativa superior, para utilizar la metáfora que hace Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas respecto de la civilización. En esta y las próximas colaboraciones revisaremos tres de esos “gatos” (estímulos, financiamiento y gobierno institucional) para comparar lo que el actual gobierno federal está haciendo al respecto.
Estímulos. Un asunto específico asociado al mejoramiento de la calidad tiene que ver con los estímulos académicos. Como se sabe, una de las ideas que a mediados en los años ochenta -en plena crisis económica de la “década perdida”-, comenzaron a jugar un rol importante en la confección de las políticas de modernización de la educación superior instrumentadas a partir de los noventa, fue la relacionada con la diferenciación de los salarios de los profesores y científicos de las instituciones públicas del sector. El origen fue el dramático desplome del ingreso real de profesores e investigadores debido a la inflación descontrolada y el estancamiento salarial generalizado. De ahí surgieron dos instrumentos de políticas federales, usados como paliativos para la crisis pero que, a la larga, se consolidaron como herramientas permanentes: el Sistema Nacional de Investigadores (1984) y los programas de estímulos a los académicos (1994-1995).
Ambos instrumentos no fueron pensados inicialmente para estimular la calidad o la competitividad de los académicos y científicos mexicanos, sino para actuar como mecanismos de emergencia para generar fondos públicos de compensación salarial de los ingresos del profesorado universitario más calificado. Inicialmente, fueron utilizados para diferenciar los ingresos entre los académicos, retener a los más destacados, e introducir el “pago por mérito” a la mexicana. El resultado es conocido: la contingencia se convirtió en permanencia, y a lo largo de casi cuatro décadas varias generaciones de académicos han colocado al SNI y a los programas de estímulos como parte importante de sus ingresos, reconocimientos y prestigio profesional y científico.
La narrativa rupturista de la 4T con esas políticas “neoliberales” en educación superior presagiaban incertidumbre en el sector en relación a aquellos y otros instrumentos de política pública en el sector. Sin embargo, el SNI permanece y los programas federales de estímulos también. El pasado 4 de febrero, la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SES-SEP, emitió un documento titulado “Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 2020 (U040). Fondo extraordinario”, con un presupuesto de casi 255 millones de pesos dirigido a los profesores de tiempo completo de 35 Universidades Públicas Estatales (UPE´s) del país.
El U040 introduce nuevas reglas a un viejo mecanismo híbrido, que es a la vez compensatorio y meritocrático. Esas nuevas reglas tienen como referente un profesor universitario ideal: tiempo completo, con reconocimiento de perfil PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional de nivel superior), que imparte 10 horas de clase a la semana y preferentemente lo hace además en un programa de licenciatura, donde aprueba al menos al 70% de sus estudiantes por curso, y “atiende” mínimamente a 50 estudiantes. Todo ello con el objetivo de “alcanzar la excelencia educativa”.
Sin duda, la permanencia de los estímulos es una buena noticia para los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales, que ya han hecho de ese ingreso extraordinario un fuente importante de sus salarios mensuales desde hace años o décadas. Ello no obstante, la decisión política de continuidad de ese instrumento federal, revela que el problema de fondo permanecerá inalterado: los bajos salarios-base de los académicos mexicanos. Hay que recordar que sólo una cuarta parte de los más de 414 mil profesores de educación superior son de tiempo completo, y que sólo una fracción de los PTC (alrededor del 30% del total, en el caso de las UPE´s), tienen acceso al ingreso extraordinario que proporcionan los programas respectivos.
En este como en otros casos el profesorado realmente existente se aleja mucho del profesor ideal que tiene como referente imaginario el U040. La imagen de un “gato muerto” sustituye a los “gatos vivos” que habitan los campus universitarios, una imagen que, sin embargo, ha permanecido fija a lo largo de tres décadas y seis sexenios de políticas de estímulos académicos.
Los gatos muertos de la modernización: estímulos
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 25/06/2020)
Las políticas de modernización de la educación superior (1989-2018) se concentraron en una agenda que ha dejado huellas significativas en la dinámica de la educación terciaria. Temas como la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas y del profesorado, el financiamiento público condicional, diferenciado y competitivo, la internacionalización, el impulso a la transformación de universidades basadas en la docencia a universidades de investigación, las reformas a la gobernanza institucional, o los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, significaron no sólo la “invención” de un nuevo lenguaje institucional, sino también la “naturalización” de hábitos, rutinas y prácticas institucionales, burocráticas y académicas.
Esa agenda generó soluciones coyunturales y tensiones permanentes. De un lado, en temas como el de la autonomía universitaria, las libertades de cátedra e investigación, y la rendición de cuentas. Por otro lado, en cuestiones como la articulación de las fórmulas de financiamiento federal, estatal y la generación de recursos propios. Más allá, en la construcción de gobiernos universitarios que juegan un doble papel: como representantes de los intereses de sus comunidades frente a los actores externos, y como implementadores de las políticas y programas gubernamentales asociados a la obtención de mayores recursos públicos través del concurso en las bolsas anuales de financiamiento extraordinario.
Esta combinación de temas y prácticas explica la compleja configuración de los comportamientos institucionales de las universidades públicas. Las huellas de los programas instrumentados en más de tres décadas pueden ser vistas como los restos acumulados de las políticas, los “gatos muertos” de la modernización educativa superior, para utilizar la metáfora que hace Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas respecto de la civilización. En esta y las próximas colaboraciones revisaremos tres de esos “gatos” (estímulos, financiamiento y gobierno institucional) para comparar lo que el actual gobierno federal está haciendo al respecto.
Estímulos. Un asunto específico asociado al mejoramiento de la calidad tiene que ver con los estímulos académicos. Como se sabe, una de las ideas que a mediados en los años ochenta -en plena crisis económica de la “década perdida”-, comenzaron a jugar un rol importante en la confección de las políticas de modernización de la educación superior instrumentadas a partir de los noventa, fue la relacionada con la diferenciación de los salarios de los profesores y científicos de las instituciones públicas del sector. El origen fue el dramático desplome del ingreso real de profesores e investigadores debido a la inflación descontrolada y el estancamiento salarial generalizado. De ahí surgieron dos instrumentos de políticas federales, usados como paliativos para la crisis pero que, a la larga, se consolidaron como herramientas permanentes: el Sistema Nacional de Investigadores (1984) y los programas de estímulos a los académicos (1994-1995).
Ambos instrumentos no fueron pensados inicialmente para estimular la calidad o la competitividad de los académicos y científicos mexicanos, sino para actuar como mecanismos de emergencia para generar fondos públicos de compensación salarial de los ingresos del profesorado universitario más calificado. Inicialmente, fueron utilizados para diferenciar los ingresos entre los académicos, retener a los más destacados, e introducir el “pago por mérito” a la mexicana. El resultado es conocido: la contingencia se convirtió en permanencia, y a lo largo de casi cuatro décadas varias generaciones de académicos han colocado al SNI y a los programas de estímulos como parte importante de sus ingresos, reconocimientos y prestigio profesional y científico.
La narrativa rupturista de la 4T con esas políticas “neoliberales” en educación superior presagiaban incertidumbre en el sector en relación a aquellos y otros instrumentos de política pública en el sector. Sin embargo, el SNI permanece y los programas federales de estímulos también. El pasado 4 de febrero, la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SES-SEP, emitió un documento titulado “Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 2020 (U040). Fondo extraordinario”, con un presupuesto de casi 255 millones de pesos dirigido a los profesores de tiempo completo de 35 Universidades Públicas Estatales (UPE´s) del país.
El U040 introduce nuevas reglas a un viejo mecanismo híbrido, que es a la vez compensatorio y meritocrático. Esas nuevas reglas tienen como referente un profesor universitario ideal: tiempo completo, con reconocimiento de perfil PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional de nivel superior), que imparte 10 horas de clase a la semana y preferentemente lo hace además en un programa de licenciatura, donde aprueba al menos al 70% de sus estudiantes por curso, y “atiende” mínimamente a 50 estudiantes. Todo ello con el objetivo de “alcanzar la excelencia educativa”.
Sin duda, la permanencia de los estímulos es una buena noticia para los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales, que ya han hecho de ese ingreso extraordinario un fuente importante de sus salarios mensuales desde hace años o décadas. Ello no obstante, la decisión política de continuidad de ese instrumento federal, revela que el problema de fondo permanecerá inalterado: los bajos salarios-base de los académicos mexicanos. Hay que recordar que sólo una cuarta parte de los más de 414 mil profesores de educación superior son de tiempo completo, y que sólo una fracción de los PTC (alrededor del 30% del total, en el caso de las UPE´s), tienen acceso al ingreso extraordinario que proporcionan los programas respectivos.
En este como en otros casos el profesorado realmente existente se aleja mucho del profesor ideal que tiene como referente imaginario el U040. La imagen de un “gato muerto” sustituye a los “gatos vivos” que habitan los campus universitarios, una imagen que, sin embargo, ha permanecido fija a lo largo de tres décadas y seis sexenios de políticas de estímulos académicos.
Monday, June 15, 2020
Correr al burdel o invocar a los ángeles
Correr al burdel o invocar a los ángeles
Adrián Acosta Silva
Ya pasaron los tiempos en que a los burdeles se les solía llamar congales. Después de los cabarets, de la ola incontenible de los topless y table-dance, y la explosión anárquica de los “antros” –eufemismo de cantinas, cervecerías o bares sofisticados donde consumen generalmente jóvenes de clases medias y acomodadas-, los viejos congales/burdeles quedaron relegados, en el olvido, simplemente desaparecieron o fueron marginados en las calles de los centros históricos de las ciudades o en las periferias empobrecidas suburbanas.
En los burdeles solía encontrarse una atmósfera inconfundible dominada por el humo, el alcohol y las putas. Cioran los entendía como refugios de desesperados contra el horror a la muerte; en sus célebres Silogismos de la amargura, confiesa que, siendo adolescente, para escapar de ese horror, “corría al burdel o invocaba a los ángeles”. En esos sitios, a veces un resplandor mortecino iluminaba una pista de baile donde los hombres la usaban a cambio de una módica ficha con alguna de las muchachas dispuestas para ello. Pero el centro de todo buen congal eran las mesas y la barra, dominada por grandes y viejos espejos en espacios oscuros, con penetrantes olores de humedad y humanidad. Beber una cerveza, un tequila, un ron con coca cola, era un hábito de solitarios, una forma de pasar el rato, de pensar y no pensar. A veces, un hombre solo, o un grupo de amigos, se reunían para beber y conversar, saludar a las putas, observar a los otros.
Las representaciones de los burdeles solían ser más interesantes. La imaginería elitista o la popular le daban connotaciones diferentes. Eran lugares vistos como sótanos siniestros de la vida social, sitios donde borrachos y pirujas habitaban las mesas y barras, empapados en alcohol y humo de cigarro, olores de perfumes baratos y joyería de fantasía. De alguna manera, visitar congales producía imágenes semejantes al barroquismo de una película de Ripstein, a pinturas de Edward Hooper, la atmósfera de una novela de Bukowski, o alguna fotografía de los Casasola de los años treinta: imágenes metálicas, melancólicas, de penumbras y soledad. Los lupanares eran vistos como espacios de perdición, pecado, lujuria y depravación moral, buenos para desahogar penurias permanentes o festejar júbilos fugaces. Las narrativas católicas que nutrieron la moralidad republicana moderna penetraron a las leyes federales, bandos municipales y burocracias gubernamentales, colocando a las casas de citas, cabarets y congales lejos de escuelas, iglesias y edificios públicos, aunque en la práctica ello no ocurrió siempre así.
En ese territorio había un orden diferenciado por jerarquías, un lenguaje público de distinción entre los lugares. En el fondo de las clasificaciones estaban las pulquerías, luego le seguían los burdeles, congales, y casas de citas (todos sinónimos de lo mismo), en la cima los bares y cabarets, y ahora los antros. Había lugares que tenían un poco de todo. En el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, por ejemplo, la “zona roja” era la delimitación geográfica de ese tipo de negocios, donde hoteles de paso de aspecto intimidante coexistían con cantinas y cabarets. La Tarara, El Sarape, el King Kong, el Afrocasino, estaban muy cerca de sitios legendarios como La Sin Rival, La Iberia o La Fuente (las tres cantinas más antiguas de la ciudad), un poco más hacia el centro La Alemana, el Bar Cue, el Lido, y unas cuadras al oriente célebres prostíbulos-cantinas como La Comanche, La Cachucha, el Guadalajara de Día, o Las Cascadas, justo frente a la vieja penal de Oblatos. Era un circuito interesante gobernado por el orden impuesto por bules y congales, putas y borrachos, policías corruptos, individuos taciturnos, políticos licenciosos, comerciantes y burócratas en horas libres.
Hoy, las cosas han cambiado. Las representaciones sociales sobre los nuevos espacios del sexo y alcohol son otras. Nuevas prohibiciones (no fumar), formas renovadas de criminalidad (redes de prostitución, narcotráfico), preferencias estéticas y hábitos de consumo hiperindividualistas han modificado los significados de bebederos y burdeles. Los tiempos modernos son hechura de una colección de soledades distribuidas caóticamente en las redes sociales. Los congales son sitios exóticos, sin el glamour que exigen ahora los antros ni los sonidos del nuevo pop (gobernado por el regeton o las bandas gruperas), donde la búsqueda de fama instantánea, la exhibición del dinero y la distinción, o el poder del clasismo suelen ser los códigos sociales al uso. La pandemia ha colocado en el centro otras formas de gestión de nuestras propias soledades, encerrados entre las paredes y ventanas de hogares que antes solían ser sólo dormitorios. Bajo el dominio de rituales y reglas que hacen de los festejos multitudinarios y ruidosos el código obligatorio de la convivencia social, la soledad imaginaria de los congales, con su sensación de tiempo alargado y sombras protectoras, parece más lejana que nunca.
Adrián Acosta Silva
Ya pasaron los tiempos en que a los burdeles se les solía llamar congales. Después de los cabarets, de la ola incontenible de los topless y table-dance, y la explosión anárquica de los “antros” –eufemismo de cantinas, cervecerías o bares sofisticados donde consumen generalmente jóvenes de clases medias y acomodadas-, los viejos congales/burdeles quedaron relegados, en el olvido, simplemente desaparecieron o fueron marginados en las calles de los centros históricos de las ciudades o en las periferias empobrecidas suburbanas.
En los burdeles solía encontrarse una atmósfera inconfundible dominada por el humo, el alcohol y las putas. Cioran los entendía como refugios de desesperados contra el horror a la muerte; en sus célebres Silogismos de la amargura, confiesa que, siendo adolescente, para escapar de ese horror, “corría al burdel o invocaba a los ángeles”. En esos sitios, a veces un resplandor mortecino iluminaba una pista de baile donde los hombres la usaban a cambio de una módica ficha con alguna de las muchachas dispuestas para ello. Pero el centro de todo buen congal eran las mesas y la barra, dominada por grandes y viejos espejos en espacios oscuros, con penetrantes olores de humedad y humanidad. Beber una cerveza, un tequila, un ron con coca cola, era un hábito de solitarios, una forma de pasar el rato, de pensar y no pensar. A veces, un hombre solo, o un grupo de amigos, se reunían para beber y conversar, saludar a las putas, observar a los otros.
Las representaciones de los burdeles solían ser más interesantes. La imaginería elitista o la popular le daban connotaciones diferentes. Eran lugares vistos como sótanos siniestros de la vida social, sitios donde borrachos y pirujas habitaban las mesas y barras, empapados en alcohol y humo de cigarro, olores de perfumes baratos y joyería de fantasía. De alguna manera, visitar congales producía imágenes semejantes al barroquismo de una película de Ripstein, a pinturas de Edward Hooper, la atmósfera de una novela de Bukowski, o alguna fotografía de los Casasola de los años treinta: imágenes metálicas, melancólicas, de penumbras y soledad. Los lupanares eran vistos como espacios de perdición, pecado, lujuria y depravación moral, buenos para desahogar penurias permanentes o festejar júbilos fugaces. Las narrativas católicas que nutrieron la moralidad republicana moderna penetraron a las leyes federales, bandos municipales y burocracias gubernamentales, colocando a las casas de citas, cabarets y congales lejos de escuelas, iglesias y edificios públicos, aunque en la práctica ello no ocurrió siempre así.
En ese territorio había un orden diferenciado por jerarquías, un lenguaje público de distinción entre los lugares. En el fondo de las clasificaciones estaban las pulquerías, luego le seguían los burdeles, congales, y casas de citas (todos sinónimos de lo mismo), en la cima los bares y cabarets, y ahora los antros. Había lugares que tenían un poco de todo. En el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, por ejemplo, la “zona roja” era la delimitación geográfica de ese tipo de negocios, donde hoteles de paso de aspecto intimidante coexistían con cantinas y cabarets. La Tarara, El Sarape, el King Kong, el Afrocasino, estaban muy cerca de sitios legendarios como La Sin Rival, La Iberia o La Fuente (las tres cantinas más antiguas de la ciudad), un poco más hacia el centro La Alemana, el Bar Cue, el Lido, y unas cuadras al oriente célebres prostíbulos-cantinas como La Comanche, La Cachucha, el Guadalajara de Día, o Las Cascadas, justo frente a la vieja penal de Oblatos. Era un circuito interesante gobernado por el orden impuesto por bules y congales, putas y borrachos, policías corruptos, individuos taciturnos, políticos licenciosos, comerciantes y burócratas en horas libres.
Hoy, las cosas han cambiado. Las representaciones sociales sobre los nuevos espacios del sexo y alcohol son otras. Nuevas prohibiciones (no fumar), formas renovadas de criminalidad (redes de prostitución, narcotráfico), preferencias estéticas y hábitos de consumo hiperindividualistas han modificado los significados de bebederos y burdeles. Los tiempos modernos son hechura de una colección de soledades distribuidas caóticamente en las redes sociales. Los congales son sitios exóticos, sin el glamour que exigen ahora los antros ni los sonidos del nuevo pop (gobernado por el regeton o las bandas gruperas), donde la búsqueda de fama instantánea, la exhibición del dinero y la distinción, o el poder del clasismo suelen ser los códigos sociales al uso. La pandemia ha colocado en el centro otras formas de gestión de nuestras propias soledades, encerrados entre las paredes y ventanas de hogares que antes solían ser sólo dormitorios. Bajo el dominio de rituales y reglas que hacen de los festejos multitudinarios y ruidosos el código obligatorio de la convivencia social, la soledad imaginaria de los congales, con su sensación de tiempo alargado y sombras protectoras, parece más lejana que nunca.
Thursday, June 11, 2020
Nueva normalidad, ¿nueva agenda?
Estación de paso
¿Nueva normalidad, nueva agenda?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 11/06/2020)
http://campusmilenio.mx/notasd/853acosta.html
La muy promocionada pero poco explicada “nueva normalidad” a la que conducen las políticas del post-confinamiento sanitario añade mayor incertidumbre a los efectos de la pandemia en el campo de la educación superior. A pesar de su ambigüedad, la “nueva normalidad” se acompaña de la exigencia presidencial a favor/en contra de la 4T y de decisiones que el oficialismo ya ha tomado y que probablemente tendrán como efecto deliberado la traducción de los códigos de la neo-normalidad pública en acciones que afectarán directamente el presente y el futuro de la educación superior del país.
Esas acciones son de dos tipos: financieras y políticas. Las primeras ya las vemos con claridad, y se expresan en los condicionamientos y recortes presupuestales federales dirigidos a generar ahorros gubernamentales para enfrentar las secuelas económicas de la crisis. Las políticas de austeridad que han acompañado la retórica y las prácticas del obradorismo, se han reforzado durante la crisis epidémica y se alargarán durante los próximos años. En términos de la educación superior, eso significa menores recursos públicos a las instituciones federales y estatales, así como un estancamiento del financiamiento a las actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los centros especializados de investigación.
En este tema, los conflictos y protestas no se han hecho esperar. La movilización promovida por un grupo de centros e instituciones científicas nacionales como el CIDE o el CINVESTAV impidió que el anuncio del recorte del 75% del gasto público de la dependencias de la administración federal de este año que anunció hace un par de semanas el propio Presidente, no se aplicara a rajatabla a los centros especializados de investigación. Si se agrega también la movilización de varios de estos mismos centros contra la propuesta de desaparición de los fideicomisos que lanzó un grupo de diputados de MORENA a finales del mes pasado, el tono y los alcances de la nueva normalidad parecen tener un significado más claro.
En el terreno de la política educativa, la normalidad imaginaria se vuelve más confusa. La concentración del poder en el ejecutivo federal significa la centralidad y discrecionalidad de muchas decisiones políticas. La inexistencia del programa sectorial de educación 2019-2024 es un componente que añade incertidumbre a lo que el oficialismo plantea como política pública en educación superior. Hasta ahora, el programa brilla por su ausencia. En cualquier caso, se publicará prácticamente dos años después del arribo al poder de AMLO (suponiendo que ello suceda en el transcurso del segundo semestre de este año), por lo que el horizonte del análisis de los instrumentos y contenidos de las acciones y políticas federales quedará reducido no a un horizonte sexenal sino cuatrienal (2020-2024).
Propuestas como la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, el diseño y reglas de operación del Fondo Nacional de la Educación Superior, las nuevas fórmulas del financiamiento público federal y estatales para las universidades públicas, el papel, contenidos y alcances de las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” en los sistemas estatales de educación superior, la implementación de acciones para universalizar el acceso a la educación terciaria eliminando los exámenes de selección en las universidades públicas, o los relacionados con las experiencias institucionales de virtualización y digitalización educativa instrumentadas durante la pandemia, son temas que requieren definiciones políticas y de políticas que no aparecen en las narrativas de la “nueva normalidad” en el campo de la educación superior.
La música metálica de la austeridad, los recortes presupuestales indiscriminados, la ambigüedad de las políticas públicas, la ausencia de explicaciones y definiciones claras de las reglas políticas de las políticas sexenales de la educación superior, configuran el espíritu de la “nueva normalidad”. Los llamados presidenciales a la solidaridad, la honestidad y el amor (palabras que forman parte del extraño idioma que suele utilizar el Presidente) son el paraguas discursivo que arropa las indefiniciones políticas en muchos campos de la acción pública. Por lo pronto, la vieja normalidad -con la conocida lógica de incentivos y restricciones vigentes desde los años del salinismo, y las rutinas, hábitos burocráticos y reglas escritas y no escritas en las relaciones entre el gobierno y las instituciones de educación superior-, ocupa el centro de la vida burocrática de los SEP, la Secretaría de Hacienda, y la gestión de los gobernadores, diputados, senadores, rectores y directivos de la educación superior.
Desde esta perspectiva, la nueva normalidad no plantea ni promete una nueva agenda. En realidad, conserva las mismas rutinas del pasado reciente pero con menos recursos y apoyos federales. No hay cambio de régimen de políticas: es el mismo régimen experimentado desde hace treinta años en la educación terciaria, particularmente visible en las universidades públicas, pero en un contexto de austeridad salvaje, o ciega. Como en otros sexenios, las restricciones financieras y el control presupuestal dependen del poder público; lo distintivo está en el retorno del hiper-presidencialismo mexicano y sus poderes metaconstitucionales, su parafernalia, símbolos y prácticas. En esas condiciones, la retórica presidencial es la política verbalizada de un proyecto vacío, donde la neo-normalidad significa lo que cada quien quiera que signifique, como sentenciara sin ironía y con aplomo Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
¿Nueva normalidad, nueva agenda?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 11/06/2020)
http://campusmilenio.mx/notasd/853acosta.html
La muy promocionada pero poco explicada “nueva normalidad” a la que conducen las políticas del post-confinamiento sanitario añade mayor incertidumbre a los efectos de la pandemia en el campo de la educación superior. A pesar de su ambigüedad, la “nueva normalidad” se acompaña de la exigencia presidencial a favor/en contra de la 4T y de decisiones que el oficialismo ya ha tomado y que probablemente tendrán como efecto deliberado la traducción de los códigos de la neo-normalidad pública en acciones que afectarán directamente el presente y el futuro de la educación superior del país.
Esas acciones son de dos tipos: financieras y políticas. Las primeras ya las vemos con claridad, y se expresan en los condicionamientos y recortes presupuestales federales dirigidos a generar ahorros gubernamentales para enfrentar las secuelas económicas de la crisis. Las políticas de austeridad que han acompañado la retórica y las prácticas del obradorismo, se han reforzado durante la crisis epidémica y se alargarán durante los próximos años. En términos de la educación superior, eso significa menores recursos públicos a las instituciones federales y estatales, así como un estancamiento del financiamiento a las actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los centros especializados de investigación.
En este tema, los conflictos y protestas no se han hecho esperar. La movilización promovida por un grupo de centros e instituciones científicas nacionales como el CIDE o el CINVESTAV impidió que el anuncio del recorte del 75% del gasto público de la dependencias de la administración federal de este año que anunció hace un par de semanas el propio Presidente, no se aplicara a rajatabla a los centros especializados de investigación. Si se agrega también la movilización de varios de estos mismos centros contra la propuesta de desaparición de los fideicomisos que lanzó un grupo de diputados de MORENA a finales del mes pasado, el tono y los alcances de la nueva normalidad parecen tener un significado más claro.
En el terreno de la política educativa, la normalidad imaginaria se vuelve más confusa. La concentración del poder en el ejecutivo federal significa la centralidad y discrecionalidad de muchas decisiones políticas. La inexistencia del programa sectorial de educación 2019-2024 es un componente que añade incertidumbre a lo que el oficialismo plantea como política pública en educación superior. Hasta ahora, el programa brilla por su ausencia. En cualquier caso, se publicará prácticamente dos años después del arribo al poder de AMLO (suponiendo que ello suceda en el transcurso del segundo semestre de este año), por lo que el horizonte del análisis de los instrumentos y contenidos de las acciones y políticas federales quedará reducido no a un horizonte sexenal sino cuatrienal (2020-2024).
Propuestas como la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, el diseño y reglas de operación del Fondo Nacional de la Educación Superior, las nuevas fórmulas del financiamiento público federal y estatales para las universidades públicas, el papel, contenidos y alcances de las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” en los sistemas estatales de educación superior, la implementación de acciones para universalizar el acceso a la educación terciaria eliminando los exámenes de selección en las universidades públicas, o los relacionados con las experiencias institucionales de virtualización y digitalización educativa instrumentadas durante la pandemia, son temas que requieren definiciones políticas y de políticas que no aparecen en las narrativas de la “nueva normalidad” en el campo de la educación superior.
La música metálica de la austeridad, los recortes presupuestales indiscriminados, la ambigüedad de las políticas públicas, la ausencia de explicaciones y definiciones claras de las reglas políticas de las políticas sexenales de la educación superior, configuran el espíritu de la “nueva normalidad”. Los llamados presidenciales a la solidaridad, la honestidad y el amor (palabras que forman parte del extraño idioma que suele utilizar el Presidente) son el paraguas discursivo que arropa las indefiniciones políticas en muchos campos de la acción pública. Por lo pronto, la vieja normalidad -con la conocida lógica de incentivos y restricciones vigentes desde los años del salinismo, y las rutinas, hábitos burocráticos y reglas escritas y no escritas en las relaciones entre el gobierno y las instituciones de educación superior-, ocupa el centro de la vida burocrática de los SEP, la Secretaría de Hacienda, y la gestión de los gobernadores, diputados, senadores, rectores y directivos de la educación superior.
Desde esta perspectiva, la nueva normalidad no plantea ni promete una nueva agenda. En realidad, conserva las mismas rutinas del pasado reciente pero con menos recursos y apoyos federales. No hay cambio de régimen de políticas: es el mismo régimen experimentado desde hace treinta años en la educación terciaria, particularmente visible en las universidades públicas, pero en un contexto de austeridad salvaje, o ciega. Como en otros sexenios, las restricciones financieras y el control presupuestal dependen del poder público; lo distintivo está en el retorno del hiper-presidencialismo mexicano y sus poderes metaconstitucionales, su parafernalia, símbolos y prácticas. En esas condiciones, la retórica presidencial es la política verbalizada de un proyecto vacío, donde la neo-normalidad significa lo que cada quien quiera que signifique, como sentenciara sin ironía y con aplomo Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
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