Estación de paso
Los nuevos olvidados
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 27/02/2020)
El caso de la niña Fátima, secuestrada y asesinada por una pareja, tiene todos los componentes del drama social de la pobreza mexicana. De un lado, instituciones incapaces de asegurar mínimos de confianza en que los niños son (o deberían ser) bien protegidos dentro y fuera de las escuelas. Del otro lado, individuos que nacen, crecen y sobreviven en contextos de extrema precariedad, donde desarrollan instintos o impulsos depredadores, solitarios, bajo la tolerancia o en complicidad con otros. Más allá, una violencia cotidiana, simbólica y práctica, que gobierna usos y costumbres en la que las mujeres y los niños suelen ser víctimas que luego, con el tiempo, se pueden convertir en victimarios.
Las imágenes del escándalo circularon profusamente en medios y redes. Fueron días extraños. Las reacciones de horror, indignación y rabia abierta o contenida dominaron el ánimo público. La exigencia de justicia se confundió con la sed de venganza. La cárcel, la muerte y el linchamiento se convirtieron en monedas de intercambio en las redes sociales frente a los hechos. El Presidente culpó al neoliberalismo y a la falta de valores por el asunto; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México prometió justicia “pronta” y “máximo castigo”. “Purificación de la vida pública”, “moralización”, fueron parte de los enunciados presidenciales de reacción frente a los hechos, que rápidamente fueron colocados entre los abundantes relatos que se han acumulado sobre la gravedad de los feminicidios como expresión fatal de la impunidad de las violencias cotidianas que experimentan especialmente mujeres y niños.
Convencionalmente se cree que la escuela y el hogar son los lugares más seguros para los menores. Son espacios donde se recrean y reproducen hábitos, aprendizajes y emociones que fortalecen la cohesión social. Sin embargo, la crisis de inseguridad pública que padecemos desde hace décadas ha revelado que en no pocas ocasiones esos espacios suelen ser los más riesgosos para niños y niñas. Dentro y fuera de la casa familiar o de la escuela, los menores a menudo son víctimas fáciles de depredadores y abusadores.Fátima representa el caso más triste y dramático de cómo esa violencia estalla cuando la inseguridad rebasa la capacidad escolar o familiar para garantizar el bienestar de los menores.
Las relaciones entre escuela, pobreza y violencia aparecen en este drama con toda su fuerza. Y lo hacen en el entorno ominoso que ya dibujaba magistralmente Luis Buñuel en Los olvidados, en el contexto de un barrio marginal del México de 1950. Las fronteras entre escuela, familia y sociedad se disuelven o desparecen en situaciones de riesgo, y la pobreza es un componente tóxico que debilita o vuelve muy frágiles los límites de las relaciones entre instituciones e individuos. Los comportamientos depredadores son la versión extrema de los comportamientos anómicos, que obedecen a la lógica de los espacios vacíos que no cubren la seguridad de las instituciones ni la confianza entre los individuos.
En esos espacios vacíos (una suerte de no-lugares) se desarrollan prácticas de abandono, abusos e impulsos homicidas entre miembros de la sociedad civil, donde las figuras de autoridad no son las estatales, como se suele pensar desde el oficialismo o los relatos normativos sobre el poder real o simbólico del Estado. El caso de Fátima representa una situación donde una fatal combinación de incapacidad estatal, irresponsabilidad escolar y pobreza extrema producen dramas de violencia y muerte que se convierten en espectáculos para cruzadas de moralización de la vida pública que hoy, como hace siete décadas, suelen atribuir las causas de la violencia a los individuos y no a las instituciones, a las pasiones y no a los contextos en que se desarrollan esas emociones.
Pero las relaciones entre pobreza y violencia no son círulos viciosos condenados a repetirse una y otra vez. La posición social no determina el grado de violencia, como lo vemos en territorios y comunidades donde aún en mejores condiciones de bienestar e ingreso ocurren hechos de violencia homicida en los que mujeres y niños también son víctimas. Pero la desigualdad sí es un factor que afecta en distinto grado a todos los estratos y clases sociales. Justo por ello, la escuela pública es una institución que amortigua las fricciones sociales. Las fronteras entre la casa familiar y la escuela, o entre la escuela y la calle, son fronteras de alto riesgo, donde la mortalidad y el abuso son conductas oportunistas que aprovechan la ausencia de policías, inspectores y vigilantes para imponer un orden fàctico.
Ese orden es dominado por las figuras del crimen no organizado, planificado a veces, espontáneo en otros. Ello explica las figuras tristes y violentas de personajes ficticios como el “Jaibo”, “Pedro” o el “Ojitos” de la película de Buñuel. Hoy, siete décadas después, Fátima, Giovanna y Mario son los nombres reales de una historia de crueldad, inseguridad y drama social. Bien visto, nuestros nuevos olvidados son los olvidados de siempre.
Thursday, February 27, 2020
Música del cansancio
Cave y Cohen: épicas del cansancio
Adrián Acosta Silva
(Nexos en línea, Blog de música, 26/02/2020)
Nadie muere de tristeza; por tristeza se continúa viviendo
Elias Canetti, El libro contra la muerte
En su Ensayo sobre el cansancio, Peter Handke narra en primera persona los diferentes tipos de cansancios que suelen irrumpir en la vida de los individuos. Según sean las circunstancias y contextos, diversos tipos específicos de cansancio representan las emociones y razones de la vida cotidiana de hombres y mujeres. El cansancio de la soledad, el cansancio del insomnio, el cansancio de la violencia, de la fatiga amorosa, del trabajo, el cansancio de la multitud. La música del cansancio acompaña esas experiencias con mayor o menor intensidad. El cansancio de la muerte, o el del dolor, suelen ser sensaciones físicas pero también morales, mentales a la vez que metafísicas. “La música del cansancio” –escribe Handke- “tiene el oído fino”.
Ese oído fino sólo lo suelen poseer los poetas y los músicos. Es un sonido que en ocasiones sirve de combustible para la creatividad artística, capaz de traducir emociones, intuiciones o pensamientos en palabras y sonidos. Son relámpagos que iluminan de pronto y fugazmente la oscuridad del cansancio mismo. Se trata siempre de un descubrimiento súbito, el reconocimiento de la fragilidad de las cosas mundanas o espirituales, que aparece frente a los ojos cansados de individuos que son capaces de mirar las sombras del orden cotidiano a través de la “clarividencia del silencio”, como narra pausadamente el propio Handke.
Nick Cave y Leonard Cohen han experimentado esos relámpagos de lucidez que iluminan el cansancio. El dolor y la muerte son experiencias que explican sus más recientes obras. Ghosteen (Awal Recordings, 2019) y Thanks for the dance (Sony Music, 2019), respectivamente, son discos cuya hechura descansa en una mezcla de agotamiento emocional, intuición intelectual e imaginación poética. La muerte accidental del joven hijo de Cave (Arthur, 15 años) en 2015, y la certeza de la muerte que se acercaba con rapidez a principios de 2016 al propio Cohen, fueron quizá los detonantes de la creatividad que explica el perfil y los contenidos de sus obras recientes.
Thanks for the Dance es el disco póstumo de Cohen, fallecido en noviembre de 2016. Es una colección de nueve canciones breves, apuntes hechos desde la conciencia de la cercanía de la muerte. Un grupo de amigos y familiares coordinados por Adam, uno de los hijos de Cohen, se encargaron de realizar las grabaciones de la propia voz del músico canadiense, y de elaborar la música que caracterizó el “estilo tardío” de los últimos discos del autor de canciones célebres del panteón rockero de los años setenta como “Hallelujah” y “Birds on the Wire”. Suaves coros, guitarras españolas, mandolinas, piano, bajos, tambores, timbales, configuran la atmósfera que envuelve la voz envolvente, cálida y apagada de Cohen. El resultado es un homenaje luminoso a la estética del cansancio, la base firme de una vida nómada y múltiple, alimentada de las experiencias espirituales, sentimentales y políticas de un músico excepcional.
En Happens to the Heart, Cohen escribe: “Fui persistente/Pero no lo llamé arte/ Puse toda mi mierda junta/Reuniendo a Cristo y leyendo a Marx”. Ese distanciamiento irónico con su propia obra muestra el ánimo de balance y corte de caja que Cohen elaboró en el último año de su vida. Pero el ejercicio es también un saludo a sus intensidades y pasiones vitales, que compartió generosamente con muchas mujeres. En Thanks for the Dance, por ejemplo: “Fue sutil, fue rápido/ Fuimos los primeros y los últimos/ En la fila del Templo del Placer (…) Fui yo/ Y tú eras como yo/ La crisis era ligera/ Como una pluma”
El umbral de la muerte fue percibido por Cohen con la claridad del moribundo, iluminado por el cansancio, con ánimo de epitafio: “No puedo salir de casa/ O contestar el teléfono/ Estoy hundiéndome otra vez/Pero no estoy solo/ Ordenando al fin/ Las cuentas del alma/ Esto va a la basura/ El pago está completo”. (The Goal). “Navego como un cisne/ Me hundo como una roca/ Pero el tiempo está agotado/ El pasado es mi hazmerreír (…) El sistema está activado/ Vivo sobre almohadas” (The Hills)
En el caso de Cave, el cansancio del sufrimiento, del dolor, parece explicar la tonalidad de Ghosteen, donde la pérdida es la brújula emocional de una exploración imaginaria. Pero las pérdidas nunca se superan, y siempre reaparecen bajo la forma de fantasmas, nostalgias y melancolías. Si en Skeleton Tree (2016) se reconoce la factura de una obra fúnebre, en la que Cave escribió canciones lúgubres como exorcismos contra los demonios del duelo tras la muerte de su hijo, en Ghosteen el músico australiano trata de invocar/inventar a los ángeles de la esperanza. Atrás quedó definitivamente el ciclo pospunk de Cave, la experimentación post-rockera de los años noventa y el acercamiento a nuevas fórmulas creativas de la primera década del siglo XXI. Hoy, Cave exhibe, con la templanza del cansancio, la exploración sobre paraísos perdidos, las ilusiones sobre el sentido de la vida y de la muerte, el reconocimiento, a pesar de todo, de la belleza del mundo, donde “las estrellas son tus ojos” y desfilan “jóvenes fantasmas bailando en mi mano/ girando y brillando a mi alrededor”.
Cierta tonalidad ecléctica domina la larga trayectoria creativa de Cave, donde la fe y la razón, la religión y el ateísmo coexisten sin fracturas visibles. Pero en el nuevo disco esa tonalidad es desplazada por la búsqueda de un lugar imaginario iluminado por luciérnagas, habitado por voces y figuras cercanas a la esperanza (“No podemos dormir y temer a nuestros sueños/Ahí no hay orden, nada puede ser planeado”, canta Cave en Fireflies). A través de once canciones distribuidas en dos discos, Cave y Warren Ellis, su amigo, socio y cómplice desde hace varios años, junto con su banda de siempre (The Bad Seeds) elaboran un mapa sonoro complejo, exquisito, donde la polifonía y la policromía dominan la cuidadosa hechura de sus propios cansancios.
Vibráfonos, guitarras, pianos, flautas, violines, chelos y sintetizadores configuran la atmósfera sonora que acompaña las voces multifrontales de Cave y Ellis (“Hollywood”, “Ghosteen Speaks”). Cierta nostalgia por la edad de la inocencia, el llamado a retornos imposibles, la certeza de los afectos perdidos, son algunas de las imágenes que laten en el corazón secreto de canciones como Bright Horses, Waiting for You o Night Raid. “Somos fotones lanzados desde una estrella moribunda (…) donde todos perdemos algo (…) esperando alguna paz por venir”.
Cohen y Cave, cada uno a su modo, ofrecen registros elaborados cuidadosamente desde los patios interiores de sus propios cansancios. La plasticidad del cansancio a la que se refiere Handke aparece aquí en toda su complejidad creativa. No es el cansancio del hastío y de la desesperación, ni de la decepción o la desesperanza. Es un cansancio largamente acumulado, macerado lentamente por el insomnio, la tristeza y la intensidad vital, el resultado de la experiencia de la vida y de la muerte, el residuo de trayectorias marcadas por la ansiedad y la certeza, por las ilusiones, las pérdidas y la imaginación. Son los cantos que representan con la claridad de las penumbras la épica del cansancio.
Adrián Acosta Silva
(Nexos en línea, Blog de música, 26/02/2020)
Nadie muere de tristeza; por tristeza se continúa viviendo
Elias Canetti, El libro contra la muerte
En su Ensayo sobre el cansancio, Peter Handke narra en primera persona los diferentes tipos de cansancios que suelen irrumpir en la vida de los individuos. Según sean las circunstancias y contextos, diversos tipos específicos de cansancio representan las emociones y razones de la vida cotidiana de hombres y mujeres. El cansancio de la soledad, el cansancio del insomnio, el cansancio de la violencia, de la fatiga amorosa, del trabajo, el cansancio de la multitud. La música del cansancio acompaña esas experiencias con mayor o menor intensidad. El cansancio de la muerte, o el del dolor, suelen ser sensaciones físicas pero también morales, mentales a la vez que metafísicas. “La música del cansancio” –escribe Handke- “tiene el oído fino”.
Ese oído fino sólo lo suelen poseer los poetas y los músicos. Es un sonido que en ocasiones sirve de combustible para la creatividad artística, capaz de traducir emociones, intuiciones o pensamientos en palabras y sonidos. Son relámpagos que iluminan de pronto y fugazmente la oscuridad del cansancio mismo. Se trata siempre de un descubrimiento súbito, el reconocimiento de la fragilidad de las cosas mundanas o espirituales, que aparece frente a los ojos cansados de individuos que son capaces de mirar las sombras del orden cotidiano a través de la “clarividencia del silencio”, como narra pausadamente el propio Handke.
Nick Cave y Leonard Cohen han experimentado esos relámpagos de lucidez que iluminan el cansancio. El dolor y la muerte son experiencias que explican sus más recientes obras. Ghosteen (Awal Recordings, 2019) y Thanks for the dance (Sony Music, 2019), respectivamente, son discos cuya hechura descansa en una mezcla de agotamiento emocional, intuición intelectual e imaginación poética. La muerte accidental del joven hijo de Cave (Arthur, 15 años) en 2015, y la certeza de la muerte que se acercaba con rapidez a principios de 2016 al propio Cohen, fueron quizá los detonantes de la creatividad que explica el perfil y los contenidos de sus obras recientes.
Thanks for the Dance es el disco póstumo de Cohen, fallecido en noviembre de 2016. Es una colección de nueve canciones breves, apuntes hechos desde la conciencia de la cercanía de la muerte. Un grupo de amigos y familiares coordinados por Adam, uno de los hijos de Cohen, se encargaron de realizar las grabaciones de la propia voz del músico canadiense, y de elaborar la música que caracterizó el “estilo tardío” de los últimos discos del autor de canciones célebres del panteón rockero de los años setenta como “Hallelujah” y “Birds on the Wire”. Suaves coros, guitarras españolas, mandolinas, piano, bajos, tambores, timbales, configuran la atmósfera que envuelve la voz envolvente, cálida y apagada de Cohen. El resultado es un homenaje luminoso a la estética del cansancio, la base firme de una vida nómada y múltiple, alimentada de las experiencias espirituales, sentimentales y políticas de un músico excepcional.
En Happens to the Heart, Cohen escribe: “Fui persistente/Pero no lo llamé arte/ Puse toda mi mierda junta/Reuniendo a Cristo y leyendo a Marx”. Ese distanciamiento irónico con su propia obra muestra el ánimo de balance y corte de caja que Cohen elaboró en el último año de su vida. Pero el ejercicio es también un saludo a sus intensidades y pasiones vitales, que compartió generosamente con muchas mujeres. En Thanks for the Dance, por ejemplo: “Fue sutil, fue rápido/ Fuimos los primeros y los últimos/ En la fila del Templo del Placer (…) Fui yo/ Y tú eras como yo/ La crisis era ligera/ Como una pluma”
El umbral de la muerte fue percibido por Cohen con la claridad del moribundo, iluminado por el cansancio, con ánimo de epitafio: “No puedo salir de casa/ O contestar el teléfono/ Estoy hundiéndome otra vez/Pero no estoy solo/ Ordenando al fin/ Las cuentas del alma/ Esto va a la basura/ El pago está completo”. (The Goal). “Navego como un cisne/ Me hundo como una roca/ Pero el tiempo está agotado/ El pasado es mi hazmerreír (…) El sistema está activado/ Vivo sobre almohadas” (The Hills)
En el caso de Cave, el cansancio del sufrimiento, del dolor, parece explicar la tonalidad de Ghosteen, donde la pérdida es la brújula emocional de una exploración imaginaria. Pero las pérdidas nunca se superan, y siempre reaparecen bajo la forma de fantasmas, nostalgias y melancolías. Si en Skeleton Tree (2016) se reconoce la factura de una obra fúnebre, en la que Cave escribió canciones lúgubres como exorcismos contra los demonios del duelo tras la muerte de su hijo, en Ghosteen el músico australiano trata de invocar/inventar a los ángeles de la esperanza. Atrás quedó definitivamente el ciclo pospunk de Cave, la experimentación post-rockera de los años noventa y el acercamiento a nuevas fórmulas creativas de la primera década del siglo XXI. Hoy, Cave exhibe, con la templanza del cansancio, la exploración sobre paraísos perdidos, las ilusiones sobre el sentido de la vida y de la muerte, el reconocimiento, a pesar de todo, de la belleza del mundo, donde “las estrellas son tus ojos” y desfilan “jóvenes fantasmas bailando en mi mano/ girando y brillando a mi alrededor”.
Cierta tonalidad ecléctica domina la larga trayectoria creativa de Cave, donde la fe y la razón, la religión y el ateísmo coexisten sin fracturas visibles. Pero en el nuevo disco esa tonalidad es desplazada por la búsqueda de un lugar imaginario iluminado por luciérnagas, habitado por voces y figuras cercanas a la esperanza (“No podemos dormir y temer a nuestros sueños/Ahí no hay orden, nada puede ser planeado”, canta Cave en Fireflies). A través de once canciones distribuidas en dos discos, Cave y Warren Ellis, su amigo, socio y cómplice desde hace varios años, junto con su banda de siempre (The Bad Seeds) elaboran un mapa sonoro complejo, exquisito, donde la polifonía y la policromía dominan la cuidadosa hechura de sus propios cansancios.
Vibráfonos, guitarras, pianos, flautas, violines, chelos y sintetizadores configuran la atmósfera sonora que acompaña las voces multifrontales de Cave y Ellis (“Hollywood”, “Ghosteen Speaks”). Cierta nostalgia por la edad de la inocencia, el llamado a retornos imposibles, la certeza de los afectos perdidos, son algunas de las imágenes que laten en el corazón secreto de canciones como Bright Horses, Waiting for You o Night Raid. “Somos fotones lanzados desde una estrella moribunda (…) donde todos perdemos algo (…) esperando alguna paz por venir”.
Cohen y Cave, cada uno a su modo, ofrecen registros elaborados cuidadosamente desde los patios interiores de sus propios cansancios. La plasticidad del cansancio a la que se refiere Handke aparece aquí en toda su complejidad creativa. No es el cansancio del hastío y de la desesperación, ni de la decepción o la desesperanza. Es un cansancio largamente acumulado, macerado lentamente por el insomnio, la tristeza y la intensidad vital, el resultado de la experiencia de la vida y de la muerte, el residuo de trayectorias marcadas por la ansiedad y la certeza, por las ilusiones, las pérdidas y la imaginación. Son los cantos que representan con la claridad de las penumbras la épica del cansancio.
Thursday, February 13, 2020
La violencia que gobierna
Estación de paso
UNAM: la violencia que gobierna
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 13/02/2020)
La toma de las instalaciones de varios planteles universitarios de la UNAM por parte de grupos de jóvenes encapuchados configura un patrón de acción que mezcla el dramatismo de la violencia con la retórica de la justicia. Fuego, vidrios rotos, cadenas, piedras, son imágenes que acompañan demandas contra el acoso sexual, destitución de funcionarios, denuncias de corrupción, exigencias de justicia universitaria. Frente a los hechos, las autoridades de la UNAM han alertado sobre las provocaciones que “grupos muy bien organizados”, alentados o apoyados por intereses intra y extra-universitarios, han planteado para “desestabilizar” a la universidad.
El diagnóstico caracteriza la situación y de alguna manera anticipa la solución. Sin embargo, los instrumentos de la resolución que se utilizan en las universidades obedecen a la no-violencia, al diálogo, a la búsqueda racional de consensos mínimos. Son recursos que en éste, como en otros casos, las autoridades han utilizado para convencer a los rebeldes de liberar las instalaciones universitarias. El uso de la fuerza es uno de los medios impensables en la vida universitaria, un recurso que se considera impropio del espíritu universitario.
El fenómeno viene de lejos y de aguas profundas. Porros, vándalos y delincuentes forman grupúsculos cuya lógica es la del mercenario. Se mezclan con jóvenes anarquistas, radicales o ultra-feministas cuya lógica es la búsqueda de la justicia. Comparten la certeza de la legitimidad de la violencia en contextos donde la justicia cotidiana se traduce en discriminación, abuso o corrupción. Esa violencia es simbólica pero absolutamente práctica, el medio adecuado para alcanzar los fines deseados. Tomar instalaciones, destruir mobiliario, detener actividades escolares, prender fuego a la torre de rectoría, romper cristales, intimidar a otros estudiantes, a profesores y directivos, son parte de los instrumentos de su lucha.
Esos grupos son parte de la raza por la que habla también el espíritu universitario, según el lema que Vasconcelos impuso a la universidad. Son pequeñas tribus que de cuando en cuando, y de generación en generación, aparecen en el campus portando máscaras, vestidas de negro –un color intimidante-, que utilizan palos y piedras, que enarbolan causas justas y exigencias de solución inmediatas. Tienen la ventaja de la sorpresa y la organización. Tienen la debilidad de la fugacidad de la rebelión y del creciente desgaste de sus movimientos frente a comunidades que miran primero con escepticismo y luego con hastío el medio y los fines de la acción.
El fenómeno universitario de la violencia vuelve a reafirmar su vieja relación con el derecho y la justica, una relación que trasciende coyunturas específicas y se instala en el campo de las tensiones modernas entre legitimidad y legalidad. La violencia sólo puede ser buscada en el reino de los medios y no de los fines, escribió en alguna ocasión Walter Benjamin. La naturalización de la violencia (su ubicuidad, su utilización como recurso para protestar contra las injusticias, el resorte para imponer o negociar ciertas demandas) se encuentra en tensión permanente con el derecho positivo, que determina los principios y criterios de lo que es justo, y que, además, delimita con precisión las penas, procedimientos y castigos de la violencia legítima del Estado y de las instituciones.
La violencia que significa el patrón organizado de acción de los jóvenes encapuchados no es una violencia ciega e irracional, sino política y dirigida a fines que se consideran justos. Pero la lógica de la acción se debilita con la negociación, que sería el camino racional para resolver las causas de su propio activismo. Esa inconsistencia explica el otro patrón del comportamiento: su incapacidad para negociar y acordar con las autoridades universitarias el fin del conflicto, que suele ser visto como un acto de traición al movimiento. Ese el extraño rasgo de este tipo de revueltas universitarias: argumentando causas políticamente justas (no al acoso sexual, ni a la discriminación), y utilizando medios legítimos que pueden fortalecer la esfera de los derechos universitarios efectivos (huelgas, paros), esos movimientos sin rostro ni género terminan atrapados en callejones sin salida, donde los únicos que ganan son los promotores reales o imaginarios que alimentan de cuando en cuando la reaparición de la violencia organizada en la universidad.
Lo que vemos no es una violencia espontánea dirigida a fines justos. Es una violencia probada, racional, que confunde medios con fines, orientada por la búsqueda de la legitimación política de ciertos actores e intereses. No es una conspiración contra la universidad, ni un movimiento que tenga una fuerza incontenible, expansivo y cotidiano, sino fragmentario y localizado. Es la confirmación de la divinización de cierta clase de violencia, “la violencia que gobierna”, diría Benjamin.
UNAM: la violencia que gobierna
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 13/02/2020)
La toma de las instalaciones de varios planteles universitarios de la UNAM por parte de grupos de jóvenes encapuchados configura un patrón de acción que mezcla el dramatismo de la violencia con la retórica de la justicia. Fuego, vidrios rotos, cadenas, piedras, son imágenes que acompañan demandas contra el acoso sexual, destitución de funcionarios, denuncias de corrupción, exigencias de justicia universitaria. Frente a los hechos, las autoridades de la UNAM han alertado sobre las provocaciones que “grupos muy bien organizados”, alentados o apoyados por intereses intra y extra-universitarios, han planteado para “desestabilizar” a la universidad.
El diagnóstico caracteriza la situación y de alguna manera anticipa la solución. Sin embargo, los instrumentos de la resolución que se utilizan en las universidades obedecen a la no-violencia, al diálogo, a la búsqueda racional de consensos mínimos. Son recursos que en éste, como en otros casos, las autoridades han utilizado para convencer a los rebeldes de liberar las instalaciones universitarias. El uso de la fuerza es uno de los medios impensables en la vida universitaria, un recurso que se considera impropio del espíritu universitario.
El fenómeno viene de lejos y de aguas profundas. Porros, vándalos y delincuentes forman grupúsculos cuya lógica es la del mercenario. Se mezclan con jóvenes anarquistas, radicales o ultra-feministas cuya lógica es la búsqueda de la justicia. Comparten la certeza de la legitimidad de la violencia en contextos donde la justicia cotidiana se traduce en discriminación, abuso o corrupción. Esa violencia es simbólica pero absolutamente práctica, el medio adecuado para alcanzar los fines deseados. Tomar instalaciones, destruir mobiliario, detener actividades escolares, prender fuego a la torre de rectoría, romper cristales, intimidar a otros estudiantes, a profesores y directivos, son parte de los instrumentos de su lucha.
Esos grupos son parte de la raza por la que habla también el espíritu universitario, según el lema que Vasconcelos impuso a la universidad. Son pequeñas tribus que de cuando en cuando, y de generación en generación, aparecen en el campus portando máscaras, vestidas de negro –un color intimidante-, que utilizan palos y piedras, que enarbolan causas justas y exigencias de solución inmediatas. Tienen la ventaja de la sorpresa y la organización. Tienen la debilidad de la fugacidad de la rebelión y del creciente desgaste de sus movimientos frente a comunidades que miran primero con escepticismo y luego con hastío el medio y los fines de la acción.
El fenómeno universitario de la violencia vuelve a reafirmar su vieja relación con el derecho y la justica, una relación que trasciende coyunturas específicas y se instala en el campo de las tensiones modernas entre legitimidad y legalidad. La violencia sólo puede ser buscada en el reino de los medios y no de los fines, escribió en alguna ocasión Walter Benjamin. La naturalización de la violencia (su ubicuidad, su utilización como recurso para protestar contra las injusticias, el resorte para imponer o negociar ciertas demandas) se encuentra en tensión permanente con el derecho positivo, que determina los principios y criterios de lo que es justo, y que, además, delimita con precisión las penas, procedimientos y castigos de la violencia legítima del Estado y de las instituciones.
La violencia que significa el patrón organizado de acción de los jóvenes encapuchados no es una violencia ciega e irracional, sino política y dirigida a fines que se consideran justos. Pero la lógica de la acción se debilita con la negociación, que sería el camino racional para resolver las causas de su propio activismo. Esa inconsistencia explica el otro patrón del comportamiento: su incapacidad para negociar y acordar con las autoridades universitarias el fin del conflicto, que suele ser visto como un acto de traición al movimiento. Ese el extraño rasgo de este tipo de revueltas universitarias: argumentando causas políticamente justas (no al acoso sexual, ni a la discriminación), y utilizando medios legítimos que pueden fortalecer la esfera de los derechos universitarios efectivos (huelgas, paros), esos movimientos sin rostro ni género terminan atrapados en callejones sin salida, donde los únicos que ganan son los promotores reales o imaginarios que alimentan de cuando en cuando la reaparición de la violencia organizada en la universidad.
Lo que vemos no es una violencia espontánea dirigida a fines justos. Es una violencia probada, racional, que confunde medios con fines, orientada por la búsqueda de la legitimación política de ciertos actores e intereses. No es una conspiración contra la universidad, ni un movimiento que tenga una fuerza incontenible, expansivo y cotidiano, sino fragmentario y localizado. Es la confirmación de la divinización de cierta clase de violencia, “la violencia que gobierna”, diría Benjamin.
Thursday, January 30, 2020
Chile: la chispa y el incendio.
Estación de paso
Chile: la chispa y el incendio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 30/01/2020)
Invitado por colegas chilenos para reflexionar sobre los problemas contemporáneos de las universidades en América Latina, una breve estancia en Santiago me permitió observar de cerca algunos de los perfiles de lo que se conoce como la “nueva rebelión de octubre”. Las siguientes son notas al vuelo, impresionistas, derivadas de conversaciones con colegas, interpretaciones más o menos libres sobre el significado de los acontecimientos. Son apuntes sin pretensión alguna, registros sueltos sobre una coyuntura multidimensional y multicausal.
1. Uno de los componentes de la compleja crisis social y política chilena que desde hace tres meses estalló en aquel país, es el malestar de las clases medias urbanas, y, en especial, de los estratos universitarios, con el presente y el pasado reciente de la gestión e instrumentación de las políticas económica, social y educativa de los gobiernos de izquierda (Bachelet, en su segundo mandato 2014-2018) y de derecha (Piñera, en su primer mandato, 2010-2014, y en ejercicio del segundo desde 2018). El incendio de una estación del metro a finales de octubre luego de un incremento a las tarifas de ese medio de transporte, fue la chispa que provocó el fuego en la pradera que hoy es posible observar en las calles de Santiago.
2. La chispa es más o menos conocida, pero lo que importa en realidad es la pradera. La desigualdad social acumulada a lo largo de los últimos quinquenios, la insatisfacción con los esquemas de pensiones y jubilaciones de los adultos mayores, los problemas de inserción laboral de los universitarios de pregrado y de posgrado, la inmigración masiva de haitianos, colombianos y venezolanos a la capital chilena (se calcula que 1.2 millones de migrantes han llegado en los últimos años), la caída general de los salarios medios, han provocado en su conjunto un escenario social donde la sensación de ausencia de expectativas sobre el presente y el futuro inmediato han configurado un extendido sentimiento de ansiedad que se filtra rápidamente entre diversos estratos y clases de la sociedad chilena contemporánea.
3. El gobierno de Piñera y la clase política chilena han reaccionado mal y tarde. Rebasados por la magnitud de las violentas protestas que se han desarrollado durante tres meses, la salida propuesta es la elaboración de una nueva constitución política que sustituya a la promulgada en 1980. Mientras tanto, la reacción inmediata fue la declaratoria de “Estado de emergencia”, la contención policiaca frente a las manifestaciones, en especial, de los grupos de anarquistas y radicales que suelen enfrentar a los carabineros, grupos que lanzan piedras a los edificios, rompen vidrios y saquean comercios, que hoy lucen blindados con protecciones de acero a lo largo de la Alameda. Por su parte, muchos ciudadanos comparten el sentido de las protestas pero condenan la violencia de las mismas, y la incapacidad del gobierno nacional para resolver el problema.
4. Una encuesta reciente de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile (“Encuesta Zona Cero”) revela el perfil de los participantes en las protestas: un tercio de ellos son estudiantes universitarios o profesionistas posgraduados, mientras que en muy bajo porcentaje participan personas de baja escolaridad. Asimismo, la causa principal que se señala como motivo de las protestas es la baja calidad de la educación, la salud y el problema de la inserción laboral de los egresados universitarios. Otras encuestas (Centro de Estudios Públicos), ha señalado una erosión en la confianza en las instituciones y una sensación de pesimismo respecto de la democracia chilena actual, aunque en el mediano plazo (dentro de cinco años), la mayor parte de los ciudadanos (60%) confían en que la democracia saldrá fortalecida de la crisis social y política actual.
5. La rebelión de octubre tiene un lenguaje novedoso. Los miles de grafitis grabados en las paredes de edificios y casas del centro de Santiago, muestran el perfil ilustrado de los protestantes. Son leyendas bien hechas, sin faltas de ortografía, una colección de frases poéticas, letras de canciones, metáforas e insultos. El lenguaje de las paredes es múltiple: anticapitalista, anti-neoliberal, violento, emotivo, racional. La impresión es que la retórica de las protestas es la música de un movimiento social que se nutre de un arraigado malestar con la democracia, la desigualdad y la corrupción, y que reclama una ambiciosa (y urgente) agenda de transformaciones económicas y políticas para el Chile del siglo XXI.
6. Como suele ocurrir, esa dimensión cultural, simbólica, de las protestas revela las aguas profundas de la rebelión chilena. En estos meses se han construido varias narrativas que apuntan a diversas causas y motivaciones, que van desde las lecturas conservadoras (migración anárquica, expansión de la informalidad, no respeto a la ley y a la autoridad, ruptura del orden) a las progresistas (educación gratuita, oportunidades de empleo para los egresados universitarios, mayor inversión pública para programas sociales, disminución de la desigualdad). Esa dimensión es todavía una caja negra –para algunos, en realidad, un hoyo negro- que es necesario explorar con cuidado para entender como se ha configurado una pradera social seca y extensa donde una chispa subterránea ha provocado un incendio que amenaza con destruir los logros y ampliar los déficits alcanzados tras varias generaciones de reformas económicas, políticas y educativas.
Chile: la chispa y el incendio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 30/01/2020)
Invitado por colegas chilenos para reflexionar sobre los problemas contemporáneos de las universidades en América Latina, una breve estancia en Santiago me permitió observar de cerca algunos de los perfiles de lo que se conoce como la “nueva rebelión de octubre”. Las siguientes son notas al vuelo, impresionistas, derivadas de conversaciones con colegas, interpretaciones más o menos libres sobre el significado de los acontecimientos. Son apuntes sin pretensión alguna, registros sueltos sobre una coyuntura multidimensional y multicausal.
1. Uno de los componentes de la compleja crisis social y política chilena que desde hace tres meses estalló en aquel país, es el malestar de las clases medias urbanas, y, en especial, de los estratos universitarios, con el presente y el pasado reciente de la gestión e instrumentación de las políticas económica, social y educativa de los gobiernos de izquierda (Bachelet, en su segundo mandato 2014-2018) y de derecha (Piñera, en su primer mandato, 2010-2014, y en ejercicio del segundo desde 2018). El incendio de una estación del metro a finales de octubre luego de un incremento a las tarifas de ese medio de transporte, fue la chispa que provocó el fuego en la pradera que hoy es posible observar en las calles de Santiago.
2. La chispa es más o menos conocida, pero lo que importa en realidad es la pradera. La desigualdad social acumulada a lo largo de los últimos quinquenios, la insatisfacción con los esquemas de pensiones y jubilaciones de los adultos mayores, los problemas de inserción laboral de los universitarios de pregrado y de posgrado, la inmigración masiva de haitianos, colombianos y venezolanos a la capital chilena (se calcula que 1.2 millones de migrantes han llegado en los últimos años), la caída general de los salarios medios, han provocado en su conjunto un escenario social donde la sensación de ausencia de expectativas sobre el presente y el futuro inmediato han configurado un extendido sentimiento de ansiedad que se filtra rápidamente entre diversos estratos y clases de la sociedad chilena contemporánea.
3. El gobierno de Piñera y la clase política chilena han reaccionado mal y tarde. Rebasados por la magnitud de las violentas protestas que se han desarrollado durante tres meses, la salida propuesta es la elaboración de una nueva constitución política que sustituya a la promulgada en 1980. Mientras tanto, la reacción inmediata fue la declaratoria de “Estado de emergencia”, la contención policiaca frente a las manifestaciones, en especial, de los grupos de anarquistas y radicales que suelen enfrentar a los carabineros, grupos que lanzan piedras a los edificios, rompen vidrios y saquean comercios, que hoy lucen blindados con protecciones de acero a lo largo de la Alameda. Por su parte, muchos ciudadanos comparten el sentido de las protestas pero condenan la violencia de las mismas, y la incapacidad del gobierno nacional para resolver el problema.
4. Una encuesta reciente de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile (“Encuesta Zona Cero”) revela el perfil de los participantes en las protestas: un tercio de ellos son estudiantes universitarios o profesionistas posgraduados, mientras que en muy bajo porcentaje participan personas de baja escolaridad. Asimismo, la causa principal que se señala como motivo de las protestas es la baja calidad de la educación, la salud y el problema de la inserción laboral de los egresados universitarios. Otras encuestas (Centro de Estudios Públicos), ha señalado una erosión en la confianza en las instituciones y una sensación de pesimismo respecto de la democracia chilena actual, aunque en el mediano plazo (dentro de cinco años), la mayor parte de los ciudadanos (60%) confían en que la democracia saldrá fortalecida de la crisis social y política actual.
5. La rebelión de octubre tiene un lenguaje novedoso. Los miles de grafitis grabados en las paredes de edificios y casas del centro de Santiago, muestran el perfil ilustrado de los protestantes. Son leyendas bien hechas, sin faltas de ortografía, una colección de frases poéticas, letras de canciones, metáforas e insultos. El lenguaje de las paredes es múltiple: anticapitalista, anti-neoliberal, violento, emotivo, racional. La impresión es que la retórica de las protestas es la música de un movimiento social que se nutre de un arraigado malestar con la democracia, la desigualdad y la corrupción, y que reclama una ambiciosa (y urgente) agenda de transformaciones económicas y políticas para el Chile del siglo XXI.
6. Como suele ocurrir, esa dimensión cultural, simbólica, de las protestas revela las aguas profundas de la rebelión chilena. En estos meses se han construido varias narrativas que apuntan a diversas causas y motivaciones, que van desde las lecturas conservadoras (migración anárquica, expansión de la informalidad, no respeto a la ley y a la autoridad, ruptura del orden) a las progresistas (educación gratuita, oportunidades de empleo para los egresados universitarios, mayor inversión pública para programas sociales, disminución de la desigualdad). Esa dimensión es todavía una caja negra –para algunos, en realidad, un hoyo negro- que es necesario explorar con cuidado para entender como se ha configurado una pradera social seca y extensa donde una chispa subterránea ha provocado un incendio que amenaza con destruir los logros y ampliar los déficits alcanzados tras varias generaciones de reformas económicas, políticas y educativas.
Thursday, January 23, 2020
Prótesis conceptuales
Democracias, populismos y prótesis conceptuales
Adrián Acosta Silva
(Texto leído en la mesa de diálogo "La democracia sí tiene quién le escriba, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciembre de 2019)
Publicado en Nexos, blog de la redacción, 22/01/2020.
Circula desde hace tiempo una idea peligrosa: la democracia representativa es un invento de las élites políticas. Según la estruendosa narrativa asociada a la idea, ese tipo de democracia es un invento dirigido a mantener en la pobreza, la corrupción y la desigualdad al pueblo mexicano. Más aún: se subraya que en México la verdadera democracia comenzó realmente el primero de diciembre de 2018, con el triunfo de AMLO a la Presidencia de la República. No es una idea nueva, ni de circulación exclusiva en México. En realidad, se ha fraguado a fuego lento entre varios sectores políticamente activos de la sociedad mexicana a lo largo de los últimos treinta años, una idea que evoca a algo parecido a la vieja música de la revolución como el punto cero de un cambio político, pero también a la letra de la dictadura del proletariado como contraposición radical a la democracia burguesa que señalaba el viejo Lenin en El Estado y la Revolución.
La alternativa a esa idea es la construcción de una democracia popular, directa, sin intermediaciones artificiales que desfiguren la genuina voluntad del pueblo. Es una idea que borra la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y ciudadanos, entre ellos y nosotros. En ese relato, o relatos, los partidos y las organizaciones deforman la voluntad popular, sustituyendo el interés del pueblo por los intereses particulares de cada organización política. Esa desconfianza en las intermediaciones lleva en buena lógica a la desconfianza en los partidos y al sistema de organización de las representaciones que estos expresan, pues tienen una tendencia inevitable hacia la oligarquización política en las democracias representativas, es decir, la “particularización” de sus intereses como representación de los intereses de todos. Por ello, el sociólogo alemán Robert Michels afirmaba con justa razón en Los partidos políticos (hace casi un siglo) que “quien dice organización dice oligarquía”.
Ese problema ha permanecido como una tensión latente entre pluralismo y representación, que ha llevado a disminuir las tendencias hacia la oligarquización de las democracias. Pero en los últimos años, ha renacido con fuerza la idea de que hay alternativas radicales a las democracias representativas, y que hoy resurgen bajo el concepto-paraguas del “populismo”, una suerte de prótesis conceptual utilizada para denominar a regímenes políticos de orígenes democráticos que por diversas razones y circunstancias tienden a convertirse en autocracias. En muchos casos nacionales contemporáneos, se ha desarrollado una extraña relación entre ideas e intereses que forma parte de las narrativas alternativas que prometen una nueva utopía política. Extraña porque es contradictoria, confusa, o francamente falsa. Quizá se explica porque, como señala el subtítulo del libro de Murayama, vivimos en la época de la “pos verdad”, una era ideológica de plomo caracterizada por un lenguaje estruendoso y dramático que se basa frecuentemente en falsedades, no en hechos; en creencias, no en evidencias. Sus representaciones son protagonizadas por personajes surgidos dentro y fuera de los sistemas políticos nacionales. Los ejemplos sobran: Berlusconi en Italia, Trump en los EU, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua.
Es contradictoria cuando se comparan épocas, lenguajes, actores. En el caso mexicano, es un hecho que a finales de los ochenta surgió y se expandió rápidamente el reclamo democrático entre las fuerzas políticas nacionales de oposición al PRI. Ese reclamo se tradujo en la exigencia de contar con un sistema electoral confiable, autónomo, que garantizara que la voluntad de los ciudadanos y se expresara en representaciones fieles de sus intereses y expectativas a través de un sistema de partidos equilibrado, competitivo, vigilado. El resultado institucional mayor de ese reclamo se condensó en la creación del IFE, en 1991.
Hoy, casi tres décadas después, el reclamo es otro. Suena a ajuste de cuentas y proviene del oficialismo político, no de la oposición: basta, se dice, de simulaciones y farsas. La auténtica democracia, la popular, la del pueblo, no necesita representantes. Se necesita que los dirija uno que se autoproclama como uno más de ellos mismos (“Yo soy uno de Ustedes”).
La propia historia del IFE es una historia de reformas sobre las funciones, facultades y alcances de ese organismo para garantizar elecciones confiables y transparentes, con reglas claras y actores reconocidos. La metáfora del IFE como árbitro del juego de la competencia política fue inventada (o sugerida) por José Woldenberg. La dinámica de los acontecimientos políticos y la experiencia de los procesos electorales federales y locales permitieron diseñar e instrumentar cinco reformas al IFE entre 1993 y 2014, que lo convirtieron en el actual INE. A pesar de ser un organismo crecientemente sobrecargado de funciones y actividades, el Instituto se ha consolidado como la pieza clave de la democracia mexicana en virtud de que esa sobrecarga ha estado ligada estrechamente a su autonomía como un órgano del Estado mexicano.
Hoy se habla de una nueva reforma que disminuya el costo, las funciones y alcances del Instituto. Sería la décima en la historia electoral del país, y la sexta después de la creación del IFE, por lo que no se trataría de nada inusual en la trayectoria del Instituto. Pero los recortes presupuestales de 2019 y 2020 muestran la ruta de la reforma que se imagina desde el oficialismo. Por lo que se ve, es una reforma regresiva, hecha en nombre de la austeridad, sin consideraciones mayores sobre los efectos perversos o no previstos que esa ruta tendrá en la calidad, confiabilidad y consistencia de los procesos electorales futuros (2021, 2024). La lógica de esa reforma tiene un color metálico y un sabor a óxido: la sustitución de un árbitro por otro. Del INE a la Presidencia de la República. Como en los viejos tiempos.
Los libros que nos ofrecen Woldenberg (En defensa de la democracia) y Murayama (La democracia a prueba) son pertinentes para explorar a profundidad las inconsistencias del diagnóstico en que se basa la nueva narrativa oficialista sobre la democracia popular. Son dos textos que penetran en el núcleo duro de la democracia como institución, construcción política y acción colectiva organizada. Pero lo hacen desde dos posiciones diferentes. Una es la del analista político, interesado antes y después de ser el primer presidente del IFE (1996-2003), en los temas de la democracia y el cambio político en México. Otra es la del consejero electoral en funciones del INE, interesado en mostrar la evidencia empírica, estadística, documental y testimonial, de que el proceso electoral del 2018 fue ejemplar, incluso paradigmático, de reglas electorales que aseguran la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías en la configuración de los equilibrios políticos que caracterizan cualquier democracia de la que se pueda hablar.
Woldenberg subraya en su nuevo libro una de las tesis centrales de la democracia mexicana. Sí hay un autor, intelectual, académico y ex funcionario electoral que ha mostrado evidencias, argumentos y razones de que la transición política mexicana fue exitosa, es él. Pero también ha señalado que la democracia es un régimen político frágil, siempre sujeto a contingencias y fuerzas políticas, sociales y económicas que amenazan sistemáticamente su propia existencia como régimen institucional. Por muchos autores y experiencias sabemos que la democracia crea a sus propios enemigos, y la historia de los populismos democráticos que se transforman en autocracias es abundante. La bibliografía clásica sobre las transiciones de los autoritarismos a las democracias coexiste con los estudios recientes sobre las transiciones desde las democracias a las no democracias (autoritarismos, totalitarismos, autocracias).
Esta es quizá la preocupación política e intelectual central que articula los textos reunidos en el libro En defensa de la democracia. A través de diez ensayos y tres reseñas publicados en distintos medios, Woldenberg propone diversos argumentos y razones para defender la joven (“germinal”” le suele llamar) democracia mexicana. Son textos escritos entre 2014 y 2019 que tienen como hilo conductor la preocupación por apreciar en su justa dimensión los logros políticos y sociales que representa el hecho de que en México hayamos sorteado con éxito la transición de un régimen autoritario (o semiautoritario, o semidemocrático) a uno democrático, en relativamente poco tiempo (1994-2000).
Pero la defensa de la democracia que hace el autor no parte de su divinización como fórmula mágica de resolución de todos los problemas del presente mexicano. Una y otra vez señala que la democracia tiene sus límites, uno de los cuales (quizá el más poderoso y desafiante para el fortalecimiento de un orden democrático) es el contexto social y económico en el cual la democracia mexicana se ha edificado a los largo de los últimos veinte años. Son los factores que Woldenberg identifica como los “nutrientes del malestar” democrático. La desigualdad crónica, la pobreza brutal (53.3 millones de mexicanos habitan ese territorio), la legendaria debilidad del Estado de Derecho, la inseguridad y la violencia, forman parte del estado de ánimo que impera entre no pocos sectores que miran a la democracia como un fenómeno difuso, exótico, incluso prescindible para resolver esos problemas (“Hacia 2018: malestar, fragmentación, incertidumbre”).
Murayama, por su parte, presenta una obra minuciosa, detallada, sobre las elecciones federales del 2018. A través de 12 capítulos, más una Introducción y un Epílogo, Murayama describe puntualmente las distintas dimensiones de un proceso de extraordinaria complejidad. Organización de la elección, padrón electoral, PREP, voto de los mexicanos en el exterior, candidatos de partidos y candidaturas independientes, debates presidenciales, financiamiento de las campañas, los OPLE (Organismos Públicos Electorales Locales), los litigios electorales. El capitulado es la expresión de la abultada agenda de asuntos que debió cubrir el INE a lo largo de casi un año.
El punto de partida del libro es el punto de llegada del proceso. A la luz de los resultados electorales, “las elecciones del 2018 habían cumplido con su cometido más importante: permitir la renovación pacífica del poder político” (p.16). El desafío organizacional, político y técnico del “mayor ejercicio democrático de la historia nacional” (como lo califica Murayama) fue exitosamente resuelto, a pesar de los malos augurios que algunos anticipaban antes y durante el proceso electoral que comenzó en octubre de 2017, o del complejísimo contexto social y económico del país, caracterizado por la inseguridad pública, la violencia, el estancamiento económico, los escándalos de corrupción.
El juicio de “mayor ejercicio democrático” que hace el autor lo respaldan los datos. 156 mil casillas instaladas para elegir Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 Senadores, 8 gobernadores y renovación de 27 congresos locales, además de decenas de ayuntamientos y regidores en las entidades federativas. Participaron el 64% de los electores de la lista nominal (56 millones de ciudadanos). Las impugnaciones al proceso fueron mínimas, y los resultados permitieron efectivamente renovar pacíficamente el poder político en México.
¿Cuál fue la clave para enfrentar el proceso? Las capacidades institucionales del sistema electoral que hemos construido, afirma Murayama. Un sistema que permite reconocer a ganadores y perdedores en un esquema de equilibrios políticos de la representación de la voluntad general. Ello explica que, a pesar de la abrumadora e histórica votación que llevó a AMLO a la Presidencia (casi 30 millones de votos), esa votación no correspondió a la votación recibida por la coalición que lo apoyó, que recibió 5.5 millones de votos menos que su candidato. Lo mismo ocurrió con los candidatos perdedores: recibieron más votos que sus respectivas coaliciones. Eso se interpreta como expresión de la diversidad fáctica de la ciudadanía que contrasta con la imaginaria homogeneidad de un pueblo.
El libro de Murayama abunda en datos, tablas, estadísticas, áridas pero indispensables para comprender cómo se articulan los procesos electorales con las representaciones políticas en el México contemporáneo. La geografía electoral (cap.III) es una de las dimensiones que muestran el complicado comportamiento que explica porqué, por ejemplo, en Jalisco ganó una fuerza política distinta al morenismo, o que en los 27 congresos locales el propio morenismo haya alcanzado votaciones importantes sin que alcanzara el triunfo en los ejecutivos estatales. Los efectos de la reforma federal del 2014 alcanzaron la profunda recomposición de los Organismos Públicos Locales Electorales, y esa recomposición funcionó bien en las escalas estatales.
Woldenberg y Murayama representan voces incómodas no solo para el nuevo oficialismo sino para todos aquellos que insisten en que la democracia representativa, basada en elecciones en la cual participan y deciden los ciudadanos son una mera ilusión o una ficción (neo) liberal. Hoy estamos en una coyuntura que indica el procesamiento de una nueva reforma electoral que, en nombre de la austeridad y de la democracia popular, amenaza con debilitar las bases mismas de la democracia mexicana, a partir del debilitamiento del barroco sistema electoral que hemos construido a lo largo de casi tres décadas. El recorte presupuestal de más de mil millones al INE para el próximo año (2020), la consulta de revocación de mandato, la práctica de consultas populares “relajadas” como las califica piadosamente Murayama en su Epílogo, forman parte de las señales que anticipan tiempos difíciles para la democracia mexicana.
Por ello justamente es importante leer los libros de que hoy comentamos. Se trata de ejercicios intelectuales, reflexivos, que se acompañan de evidencias empíricas, datos que permitan entender con claridad la peculiar complejidad de los logros, déficits, amenazas y problemas de la democracia mexicana. Woldenberg y Murayama subrayan una y otra vez las virtudes de nuestro cambio político, centradas en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad como rasgos sustantivos y permanentes de la sociedad mexicana, como la causalidad profunda de la existencia de un sistema electoral que garantice la adecuada representación política de los intereses, reclamos, ideas y propuestas de una ciudadanía compleja. Son voces incómodas para los promotores de la idea peligrosa que señalaba el principio de estas notas. Por ello, sus preocupaciones políticas e intelectuales se ajustan a lo que Italo Calvino señalaba en La jornada de un escrutador: “En política como en todas las cosas de la vida, y para quien no sea un necio, sólo cuentan dos principios: no hacerse demasiadas ilusiones y no dejar de creer que cualquier cosa que hagas puede servir” (La jornada de un escrutador, Siruela, Madrid, 1999, p.16).
Adrián Acosta Silva
(Texto leído en la mesa de diálogo "La democracia sí tiene quién le escriba, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciembre de 2019)
Publicado en Nexos, blog de la redacción, 22/01/2020.
Circula desde hace tiempo una idea peligrosa: la democracia representativa es un invento de las élites políticas. Según la estruendosa narrativa asociada a la idea, ese tipo de democracia es un invento dirigido a mantener en la pobreza, la corrupción y la desigualdad al pueblo mexicano. Más aún: se subraya que en México la verdadera democracia comenzó realmente el primero de diciembre de 2018, con el triunfo de AMLO a la Presidencia de la República. No es una idea nueva, ni de circulación exclusiva en México. En realidad, se ha fraguado a fuego lento entre varios sectores políticamente activos de la sociedad mexicana a lo largo de los últimos treinta años, una idea que evoca a algo parecido a la vieja música de la revolución como el punto cero de un cambio político, pero también a la letra de la dictadura del proletariado como contraposición radical a la democracia burguesa que señalaba el viejo Lenin en El Estado y la Revolución.
La alternativa a esa idea es la construcción de una democracia popular, directa, sin intermediaciones artificiales que desfiguren la genuina voluntad del pueblo. Es una idea que borra la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y ciudadanos, entre ellos y nosotros. En ese relato, o relatos, los partidos y las organizaciones deforman la voluntad popular, sustituyendo el interés del pueblo por los intereses particulares de cada organización política. Esa desconfianza en las intermediaciones lleva en buena lógica a la desconfianza en los partidos y al sistema de organización de las representaciones que estos expresan, pues tienen una tendencia inevitable hacia la oligarquización política en las democracias representativas, es decir, la “particularización” de sus intereses como representación de los intereses de todos. Por ello, el sociólogo alemán Robert Michels afirmaba con justa razón en Los partidos políticos (hace casi un siglo) que “quien dice organización dice oligarquía”.
Ese problema ha permanecido como una tensión latente entre pluralismo y representación, que ha llevado a disminuir las tendencias hacia la oligarquización de las democracias. Pero en los últimos años, ha renacido con fuerza la idea de que hay alternativas radicales a las democracias representativas, y que hoy resurgen bajo el concepto-paraguas del “populismo”, una suerte de prótesis conceptual utilizada para denominar a regímenes políticos de orígenes democráticos que por diversas razones y circunstancias tienden a convertirse en autocracias. En muchos casos nacionales contemporáneos, se ha desarrollado una extraña relación entre ideas e intereses que forma parte de las narrativas alternativas que prometen una nueva utopía política. Extraña porque es contradictoria, confusa, o francamente falsa. Quizá se explica porque, como señala el subtítulo del libro de Murayama, vivimos en la época de la “pos verdad”, una era ideológica de plomo caracterizada por un lenguaje estruendoso y dramático que se basa frecuentemente en falsedades, no en hechos; en creencias, no en evidencias. Sus representaciones son protagonizadas por personajes surgidos dentro y fuera de los sistemas políticos nacionales. Los ejemplos sobran: Berlusconi en Italia, Trump en los EU, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua.
Es contradictoria cuando se comparan épocas, lenguajes, actores. En el caso mexicano, es un hecho que a finales de los ochenta surgió y se expandió rápidamente el reclamo democrático entre las fuerzas políticas nacionales de oposición al PRI. Ese reclamo se tradujo en la exigencia de contar con un sistema electoral confiable, autónomo, que garantizara que la voluntad de los ciudadanos y se expresara en representaciones fieles de sus intereses y expectativas a través de un sistema de partidos equilibrado, competitivo, vigilado. El resultado institucional mayor de ese reclamo se condensó en la creación del IFE, en 1991.
Hoy, casi tres décadas después, el reclamo es otro. Suena a ajuste de cuentas y proviene del oficialismo político, no de la oposición: basta, se dice, de simulaciones y farsas. La auténtica democracia, la popular, la del pueblo, no necesita representantes. Se necesita que los dirija uno que se autoproclama como uno más de ellos mismos (“Yo soy uno de Ustedes”).
La propia historia del IFE es una historia de reformas sobre las funciones, facultades y alcances de ese organismo para garantizar elecciones confiables y transparentes, con reglas claras y actores reconocidos. La metáfora del IFE como árbitro del juego de la competencia política fue inventada (o sugerida) por José Woldenberg. La dinámica de los acontecimientos políticos y la experiencia de los procesos electorales federales y locales permitieron diseñar e instrumentar cinco reformas al IFE entre 1993 y 2014, que lo convirtieron en el actual INE. A pesar de ser un organismo crecientemente sobrecargado de funciones y actividades, el Instituto se ha consolidado como la pieza clave de la democracia mexicana en virtud de que esa sobrecarga ha estado ligada estrechamente a su autonomía como un órgano del Estado mexicano.
Hoy se habla de una nueva reforma que disminuya el costo, las funciones y alcances del Instituto. Sería la décima en la historia electoral del país, y la sexta después de la creación del IFE, por lo que no se trataría de nada inusual en la trayectoria del Instituto. Pero los recortes presupuestales de 2019 y 2020 muestran la ruta de la reforma que se imagina desde el oficialismo. Por lo que se ve, es una reforma regresiva, hecha en nombre de la austeridad, sin consideraciones mayores sobre los efectos perversos o no previstos que esa ruta tendrá en la calidad, confiabilidad y consistencia de los procesos electorales futuros (2021, 2024). La lógica de esa reforma tiene un color metálico y un sabor a óxido: la sustitución de un árbitro por otro. Del INE a la Presidencia de la República. Como en los viejos tiempos.
Los libros que nos ofrecen Woldenberg (En defensa de la democracia) y Murayama (La democracia a prueba) son pertinentes para explorar a profundidad las inconsistencias del diagnóstico en que se basa la nueva narrativa oficialista sobre la democracia popular. Son dos textos que penetran en el núcleo duro de la democracia como institución, construcción política y acción colectiva organizada. Pero lo hacen desde dos posiciones diferentes. Una es la del analista político, interesado antes y después de ser el primer presidente del IFE (1996-2003), en los temas de la democracia y el cambio político en México. Otra es la del consejero electoral en funciones del INE, interesado en mostrar la evidencia empírica, estadística, documental y testimonial, de que el proceso electoral del 2018 fue ejemplar, incluso paradigmático, de reglas electorales que aseguran la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías en la configuración de los equilibrios políticos que caracterizan cualquier democracia de la que se pueda hablar.
Woldenberg subraya en su nuevo libro una de las tesis centrales de la democracia mexicana. Sí hay un autor, intelectual, académico y ex funcionario electoral que ha mostrado evidencias, argumentos y razones de que la transición política mexicana fue exitosa, es él. Pero también ha señalado que la democracia es un régimen político frágil, siempre sujeto a contingencias y fuerzas políticas, sociales y económicas que amenazan sistemáticamente su propia existencia como régimen institucional. Por muchos autores y experiencias sabemos que la democracia crea a sus propios enemigos, y la historia de los populismos democráticos que se transforman en autocracias es abundante. La bibliografía clásica sobre las transiciones de los autoritarismos a las democracias coexiste con los estudios recientes sobre las transiciones desde las democracias a las no democracias (autoritarismos, totalitarismos, autocracias).
Esta es quizá la preocupación política e intelectual central que articula los textos reunidos en el libro En defensa de la democracia. A través de diez ensayos y tres reseñas publicados en distintos medios, Woldenberg propone diversos argumentos y razones para defender la joven (“germinal”” le suele llamar) democracia mexicana. Son textos escritos entre 2014 y 2019 que tienen como hilo conductor la preocupación por apreciar en su justa dimensión los logros políticos y sociales que representa el hecho de que en México hayamos sorteado con éxito la transición de un régimen autoritario (o semiautoritario, o semidemocrático) a uno democrático, en relativamente poco tiempo (1994-2000).
Pero la defensa de la democracia que hace el autor no parte de su divinización como fórmula mágica de resolución de todos los problemas del presente mexicano. Una y otra vez señala que la democracia tiene sus límites, uno de los cuales (quizá el más poderoso y desafiante para el fortalecimiento de un orden democrático) es el contexto social y económico en el cual la democracia mexicana se ha edificado a los largo de los últimos veinte años. Son los factores que Woldenberg identifica como los “nutrientes del malestar” democrático. La desigualdad crónica, la pobreza brutal (53.3 millones de mexicanos habitan ese territorio), la legendaria debilidad del Estado de Derecho, la inseguridad y la violencia, forman parte del estado de ánimo que impera entre no pocos sectores que miran a la democracia como un fenómeno difuso, exótico, incluso prescindible para resolver esos problemas (“Hacia 2018: malestar, fragmentación, incertidumbre”).
Murayama, por su parte, presenta una obra minuciosa, detallada, sobre las elecciones federales del 2018. A través de 12 capítulos, más una Introducción y un Epílogo, Murayama describe puntualmente las distintas dimensiones de un proceso de extraordinaria complejidad. Organización de la elección, padrón electoral, PREP, voto de los mexicanos en el exterior, candidatos de partidos y candidaturas independientes, debates presidenciales, financiamiento de las campañas, los OPLE (Organismos Públicos Electorales Locales), los litigios electorales. El capitulado es la expresión de la abultada agenda de asuntos que debió cubrir el INE a lo largo de casi un año.
El punto de partida del libro es el punto de llegada del proceso. A la luz de los resultados electorales, “las elecciones del 2018 habían cumplido con su cometido más importante: permitir la renovación pacífica del poder político” (p.16). El desafío organizacional, político y técnico del “mayor ejercicio democrático de la historia nacional” (como lo califica Murayama) fue exitosamente resuelto, a pesar de los malos augurios que algunos anticipaban antes y durante el proceso electoral que comenzó en octubre de 2017, o del complejísimo contexto social y económico del país, caracterizado por la inseguridad pública, la violencia, el estancamiento económico, los escándalos de corrupción.
El juicio de “mayor ejercicio democrático” que hace el autor lo respaldan los datos. 156 mil casillas instaladas para elegir Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 Senadores, 8 gobernadores y renovación de 27 congresos locales, además de decenas de ayuntamientos y regidores en las entidades federativas. Participaron el 64% de los electores de la lista nominal (56 millones de ciudadanos). Las impugnaciones al proceso fueron mínimas, y los resultados permitieron efectivamente renovar pacíficamente el poder político en México.
¿Cuál fue la clave para enfrentar el proceso? Las capacidades institucionales del sistema electoral que hemos construido, afirma Murayama. Un sistema que permite reconocer a ganadores y perdedores en un esquema de equilibrios políticos de la representación de la voluntad general. Ello explica que, a pesar de la abrumadora e histórica votación que llevó a AMLO a la Presidencia (casi 30 millones de votos), esa votación no correspondió a la votación recibida por la coalición que lo apoyó, que recibió 5.5 millones de votos menos que su candidato. Lo mismo ocurrió con los candidatos perdedores: recibieron más votos que sus respectivas coaliciones. Eso se interpreta como expresión de la diversidad fáctica de la ciudadanía que contrasta con la imaginaria homogeneidad de un pueblo.
El libro de Murayama abunda en datos, tablas, estadísticas, áridas pero indispensables para comprender cómo se articulan los procesos electorales con las representaciones políticas en el México contemporáneo. La geografía electoral (cap.III) es una de las dimensiones que muestran el complicado comportamiento que explica porqué, por ejemplo, en Jalisco ganó una fuerza política distinta al morenismo, o que en los 27 congresos locales el propio morenismo haya alcanzado votaciones importantes sin que alcanzara el triunfo en los ejecutivos estatales. Los efectos de la reforma federal del 2014 alcanzaron la profunda recomposición de los Organismos Públicos Locales Electorales, y esa recomposición funcionó bien en las escalas estatales.
Woldenberg y Murayama representan voces incómodas no solo para el nuevo oficialismo sino para todos aquellos que insisten en que la democracia representativa, basada en elecciones en la cual participan y deciden los ciudadanos son una mera ilusión o una ficción (neo) liberal. Hoy estamos en una coyuntura que indica el procesamiento de una nueva reforma electoral que, en nombre de la austeridad y de la democracia popular, amenaza con debilitar las bases mismas de la democracia mexicana, a partir del debilitamiento del barroco sistema electoral que hemos construido a lo largo de casi tres décadas. El recorte presupuestal de más de mil millones al INE para el próximo año (2020), la consulta de revocación de mandato, la práctica de consultas populares “relajadas” como las califica piadosamente Murayama en su Epílogo, forman parte de las señales que anticipan tiempos difíciles para la democracia mexicana.
Por ello justamente es importante leer los libros de que hoy comentamos. Se trata de ejercicios intelectuales, reflexivos, que se acompañan de evidencias empíricas, datos que permitan entender con claridad la peculiar complejidad de los logros, déficits, amenazas y problemas de la democracia mexicana. Woldenberg y Murayama subrayan una y otra vez las virtudes de nuestro cambio político, centradas en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad como rasgos sustantivos y permanentes de la sociedad mexicana, como la causalidad profunda de la existencia de un sistema electoral que garantice la adecuada representación política de los intereses, reclamos, ideas y propuestas de una ciudadanía compleja. Son voces incómodas para los promotores de la idea peligrosa que señalaba el principio de estas notas. Por ello, sus preocupaciones políticas e intelectuales se ajustan a lo que Italo Calvino señalaba en La jornada de un escrutador: “En política como en todas las cosas de la vida, y para quien no sea un necio, sólo cuentan dos principios: no hacerse demasiadas ilusiones y no dejar de creer que cualquier cosa que hagas puede servir” (La jornada de un escrutador, Siruela, Madrid, 1999, p.16).
Tuesday, January 21, 2020
Postales de conflicto
Estación de paso
UAN: postales de un conflicto
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/01/2020)
El inicio de año comenzó de manera difícil para la Universidad Autónoma de Nayarit. El sábado 4 de enero, cuando aún no se terminaban las vacaciones de invierno, el gobernador envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAN, que fue aprobada ese mismo de manera veloz por el Congreso local. Las implicaciones de esa ley son de forma y de fondo, es decir, afectan tanto los modos políticos y los procedimientos institucionales de las relaciones entre el gobierno y la universidad, como los alcances, significados y contenidos de la autonomía universitaria.
Las reacciones inmediatas del propio Rector de la UAN, apoyadas por los pronunciamientos de una veintena de rectores de universidades públicas y de los rectores de las cinco universidades públicas que conforman la región occidente de la ANUIES, se sucedieron uno tras otro entre los días 7 y 10 de enero. Coinciden en una condena al procedimiento empleado para la propuesta de reforma, en el cual no se tomó en cuenta la opinión y participación de los universitarios nayaritas. En esos términos, se argumenta que la iniciativa del gobierno nayarita es una violación a la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional.
¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Quiénes sus actores principales? ¿Qué intereses representan? En primer lugar, habría que subrayar el hecho de que el caso de la UAN confirma un acentuado patrón de tensiones y conflictividad en las relaciones entre las universidades públicas y los gobernadores estatales a lo largo del siglo XXI, que se ha expresado en el caso de otras universidades estatales como la de Aguascalientes, la UABC, la de Guadalajara, la Michoacana, la de Sinaloa, Oaxaca o Morelos. Ese patrón se deriva de contextos políticos locales donde diversas fuerzas actúan para intervenir en la modificación del orden político-institucional y administrativo-financiero de las universidades.
Una situación financiera endeble, efecto tanto de los crecientes condicionamientos públicos federales y locales como de prácticas de corrupción de algunos funcionarios universitarios en el ejercicio de los recursos, o las condiciones de contratación, pensiones y jubilaciones pactadas entre autoridades universitarios y sindicatos desde hace décadas, explican también, parcialmente, las razones del conflicto. El caso de la UAN es, junto con una decena de instituciones similares, representativo de esa situación de fragilidad financiera y deterioro académico que obedece a factores tanto internos como externos.
Los protagonistas principales del pleito son el Rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García. El primero tomó posesión como Rector desde 2016, y se propuso como prioridad de su administración “sobrevivir al desfalco” heredado de su antecesor. El Gobernador, por su parte, empresario de extracción panista, tomó posesión en septiembre de 2017 decidido a impulsar un “cambio institucional” en la UAN orientado a democratizar su vida interna, promover el emprendurismo, mejorar su situación financiera y elevar la calidad de sus funciones sustantivas.
Los intereses que representan son diferentes. Uno intenta literalmente sobrevivir a una situación financieramente insostenible en el corto plazo, que se agrava por la desconfianza de las autoridades federales y locales sobre el manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad. En un contexto de tensión constante con los poderes formales y fácticos que habitan la vida institucional (sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de poder), el Rector encabeza un proyecto de reforma interna lento, complicado y potencialmente explosivo. El Gobernador, por su parte, representa las voces que critican el pasado reciente de la UAN como una historia de corrupción, despilfarros e irresponsabilidad institucional, que la llevaron a la crisis financiera que hoy enfrenta.
Ambos relatos y contextos confluyen en la explicación de la crisis actual de la UAN. La iniciativa unilateral del gobernador rompe con los códigos políticos que habitualmente acompañan todo proceso de reforma a las leyes orgánicas universitarias: antes de lanzar la iniciativa, consultarla con las autoridades universitarias. El cabildeo, la negociación, la elaboración de consensos mínimos, forman parte de esos procedimientos formales e informales de todo proyecto reformador. Pero el rompimiento de los procedimientos también esconde la afectación de un tema mayor, de fondo, que trasciende el caso de la UAN: el tema de la autonomía universitaria.
Ello constituye un desafío jurídico, político e intelectual. ¿Qué significa la autonomía universitaria hoy? ¿Cuáles son sus alcances, efectos prácticos, dimensiones y limitaciones? Dada la acumulación de evidencias empíricas universitarias, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, donde la defensa de la autonomía como autogobierno, como régimen de libertades académicas de enseñanza e investigación, o la obligatoriedad constitucional del financiamiento público a las universidades, son conceptos jurídicamente claros pero políticamente ambiguos, que llevan a que en la práctica, en momentos de conflicto como el de la UAN, sean interpretados como cada quien quiera lo que signifiquen, justo como lo señalaba Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
Por lo pronto, el Rector anunció el 10 de enero la formación de una Comisión de académicos destacados que coordinará los trabajos de una consulta dirigida a recoger las opiniones y propuestas de los universitarios en torno a cambios normativos en la Ley Orgánica y el Estatuto universitario. Esto puede verse como una respuesta al decreto de reforma ya publicado por el Gobernador y el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el pasado 7 de enero. Vienen tiempos difíciles, es decir, interesantes.
UAN: postales de un conflicto
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/01/2020)
El inicio de año comenzó de manera difícil para la Universidad Autónoma de Nayarit. El sábado 4 de enero, cuando aún no se terminaban las vacaciones de invierno, el gobernador envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAN, que fue aprobada ese mismo de manera veloz por el Congreso local. Las implicaciones de esa ley son de forma y de fondo, es decir, afectan tanto los modos políticos y los procedimientos institucionales de las relaciones entre el gobierno y la universidad, como los alcances, significados y contenidos de la autonomía universitaria.
Las reacciones inmediatas del propio Rector de la UAN, apoyadas por los pronunciamientos de una veintena de rectores de universidades públicas y de los rectores de las cinco universidades públicas que conforman la región occidente de la ANUIES, se sucedieron uno tras otro entre los días 7 y 10 de enero. Coinciden en una condena al procedimiento empleado para la propuesta de reforma, en el cual no se tomó en cuenta la opinión y participación de los universitarios nayaritas. En esos términos, se argumenta que la iniciativa del gobierno nayarita es una violación a la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional.
¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Quiénes sus actores principales? ¿Qué intereses representan? En primer lugar, habría que subrayar el hecho de que el caso de la UAN confirma un acentuado patrón de tensiones y conflictividad en las relaciones entre las universidades públicas y los gobernadores estatales a lo largo del siglo XXI, que se ha expresado en el caso de otras universidades estatales como la de Aguascalientes, la UABC, la de Guadalajara, la Michoacana, la de Sinaloa, Oaxaca o Morelos. Ese patrón se deriva de contextos políticos locales donde diversas fuerzas actúan para intervenir en la modificación del orden político-institucional y administrativo-financiero de las universidades.
Una situación financiera endeble, efecto tanto de los crecientes condicionamientos públicos federales y locales como de prácticas de corrupción de algunos funcionarios universitarios en el ejercicio de los recursos, o las condiciones de contratación, pensiones y jubilaciones pactadas entre autoridades universitarios y sindicatos desde hace décadas, explican también, parcialmente, las razones del conflicto. El caso de la UAN es, junto con una decena de instituciones similares, representativo de esa situación de fragilidad financiera y deterioro académico que obedece a factores tanto internos como externos.
Los protagonistas principales del pleito son el Rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García. El primero tomó posesión como Rector desde 2016, y se propuso como prioridad de su administración “sobrevivir al desfalco” heredado de su antecesor. El Gobernador, por su parte, empresario de extracción panista, tomó posesión en septiembre de 2017 decidido a impulsar un “cambio institucional” en la UAN orientado a democratizar su vida interna, promover el emprendurismo, mejorar su situación financiera y elevar la calidad de sus funciones sustantivas.
Los intereses que representan son diferentes. Uno intenta literalmente sobrevivir a una situación financieramente insostenible en el corto plazo, que se agrava por la desconfianza de las autoridades federales y locales sobre el manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad. En un contexto de tensión constante con los poderes formales y fácticos que habitan la vida institucional (sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de poder), el Rector encabeza un proyecto de reforma interna lento, complicado y potencialmente explosivo. El Gobernador, por su parte, representa las voces que critican el pasado reciente de la UAN como una historia de corrupción, despilfarros e irresponsabilidad institucional, que la llevaron a la crisis financiera que hoy enfrenta.
Ambos relatos y contextos confluyen en la explicación de la crisis actual de la UAN. La iniciativa unilateral del gobernador rompe con los códigos políticos que habitualmente acompañan todo proceso de reforma a las leyes orgánicas universitarias: antes de lanzar la iniciativa, consultarla con las autoridades universitarias. El cabildeo, la negociación, la elaboración de consensos mínimos, forman parte de esos procedimientos formales e informales de todo proyecto reformador. Pero el rompimiento de los procedimientos también esconde la afectación de un tema mayor, de fondo, que trasciende el caso de la UAN: el tema de la autonomía universitaria.
Ello constituye un desafío jurídico, político e intelectual. ¿Qué significa la autonomía universitaria hoy? ¿Cuáles son sus alcances, efectos prácticos, dimensiones y limitaciones? Dada la acumulación de evidencias empíricas universitarias, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, donde la defensa de la autonomía como autogobierno, como régimen de libertades académicas de enseñanza e investigación, o la obligatoriedad constitucional del financiamiento público a las universidades, son conceptos jurídicamente claros pero políticamente ambiguos, que llevan a que en la práctica, en momentos de conflicto como el de la UAN, sean interpretados como cada quien quiera lo que signifiquen, justo como lo señalaba Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
Por lo pronto, el Rector anunció el 10 de enero la formación de una Comisión de académicos destacados que coordinará los trabajos de una consulta dirigida a recoger las opiniones y propuestas de los universitarios en torno a cambios normativos en la Ley Orgánica y el Estatuto universitario. Esto puede verse como una respuesta al decreto de reforma ya publicado por el Gobernador y el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el pasado 7 de enero. Vienen tiempos difíciles, es decir, interesantes.
UAN. la reforma autoritaria
Universidad Autónoma de Nayarit: la reforma autoritaria
Adrián Acosta Silva
(Nexos, Blog de Educación, 15/01/2020)
A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI se han acumulado un conjunto de tensiones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas locales en las diversas entidades federativas. Los casos de Universidades como la Michoacana, Guadalajara, Veracruzana, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Baja California, Aguascalientes o Oaxaca, son experiencias ilustrativas de la manera en que los ejecutivos de los gobiernos estatales, con o sin el respaldo de las autoridades federales, o de sus propios órganos legislativos locales, han emprendido iniciativas dirigidas a controlar, supervisar o condicionar los recursos financieros públicos de las universidades, o para modificar sus respectivas leyes orgánicas para introducir nuevas reglas del juego para la elección de autoridades internas, en especial de los Rectores.
Esas iniciativas obedecen a muy diferentes razones y circunstancias, pero tampoco son del todo novedosas. La historia política de cada universidad contiene relatos que en el pasado remoto o reciente explican las tensiones, contradicciones y pleitos entre los universitarios y los gobiernos estatales, o entre los propios universitarios, que están en la base de la construcción de nuevos arreglos políticos e institucionales entre gobiernos y universidades. Esas historias de conflicto y poder, más o menos conocidas, alimentan las diversas narrativas sobre la configuración política interna de las universidades y sus relaciones con los entornos locales, regionales y nacionales.
Pero desde hace una década, los recelos y críticas a las universidades se han multiplicado, a pesar, en muchos casos, de reformas documentables en sus comportamientos institucionales, en buena medida como efecto de las políticas federales de modernización, evaluación de la calidad y financiamento público diferencial, condicionado y competitivo observadas durante por lo menos tres décadas (1989-2018). La “estafa maestra” donde los directivos de algunas universidades públicas e instituciones tecnológicas se vieron envueltos en desvíos de recursos públicos, los problemas de la sustentabilidad financiera de las universidades derivadas de sus tradicionales regímenes de contratación, prestaciones, pensiones y jubilaciones, o la crítica a las prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que caracterizan las relaciones políticas entre los universitarios, se han convertido en la fuente de numerosas exigencias de cambios mayores dentro y fuera de las campus universitarios, reclamos airados de transparencia institucional, escenas de indignación moral y escándalo político, y presiones para cambios institucionales hechos a la medida de indicadores de calidad dirigidos a construir universidades “de clase mundial”, de excelencia académica, autofinanciables, con gobiernos universitarios eficientes, donde la competitividad, el emprendurismo y la innovación sean los principios orientadores del desempeño institucional.
Ese es justamente el núcleo duro retórico, simbólico y político, que el actual Gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, utilizó para anunciar el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales el envío de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, misma que fue revisada y aprobada aceleradamente ese mismo día por el Congreso nayarita, y publicada como decreto en el Periódico oficial del gobierno estatal el martes 7 de enero. Sin consulta previa con las autoridades universitarias que representan a la institución, y sin mediar un proceso de negociación con la propia comunidad universitaria local, el ejecutivo elaboró una iniciativa que tomó por sorpresa a los universitarios. De manera inmediata, el mismo día que aparecía publicada en el Periódico oficial, el Rector de la UAN expresaba su condena al procedimiento seguido por el ejecutivo y el legislativo estatal, a la que se sumó el jueves 9 la solidaridad de los rectores de 20 rectores de universidades federales y estatales del país a través de un pronunciamiento público y, un día después, de los rectores de las cinco universidades públicas que constituyen la región occidente de la ANUIES. En menos de una semana, la bomba de relojería que significaba la iniciativa sabatina del gobernador estalló. Lo que ahora tenemos es una situación de crisis e incertidumbre en la UAN que amenaza con debilitar aún más la frágil situación financiera y académica que ya experimentaba la universidad desde hace varios años.
Hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005), contador por la Universidad Autónoma de Guadalajara, empresario y miltante del PAN, el actual gobernador fue electo en 2017, al encabezar la coalición “Juntos por ti” formada por el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit, mediante la cual obtuvo el 38% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de su principal contendiente, apoyado por el PRI. Ese origen empresarial y político explica el tono y el lenguaje del decreto de reforma. El artículo 7, por ejemplo: “Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que…capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la universidad”. O el artículo 12, en el cual se menciona la creación de un nuevo órgano (el “Colegio de Elección Universitaria”) que, en conjunto con el Consejo General Universitario y el Consejo de Educación Media Superior, “tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades de interés público”. Asimismo, se incluye la figura de un “Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la UAN, quién lo presidirá”. Estas piezas retóricas expresan los intereses que el gobieno estatal impulsa con la reforma de la UAN.
El entorno nacional en el cual ocurren los hechos ayuda a explicar las causas del pleito. De un lado, una clara posición política presidencial de desconfianza, escepticismo y recelos a las universidades públicas federales y estatales, que se traduce en recortes presupuestales y condicionamientos financieros de diversa magnitud e implicaciones. Por otro, la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior donde se aspira a coordinar y regular de otra manera las políticas federales de educación superior, que incluye nuevas formas de gobierno del sistema nacional de educación superior asociada a fórmulas distintas de asignación presupuestal entre la federación y los gobiernos estatales respecto a las universidades públicas locales. Más allá, la prioridad del gobierno federal de impulsar al sistema de universidades públicas Benito Juárez García como el centro de sus políticas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Un cuarto factor es la lógica política que siguen los gobernadores en sus relaciones con las universidades públicas de las entidades que gobiernan, donde las preocupaciones por asegurar la gobernabilidad de esas instituciones es el objetivo pragmático que se desprende de sus iniciativas reformadoras.
Pero las universidades públicas también han aportado sus propias insuficiencias al agravamiento de la situación. En el caso de la UAN, los escándalos de corrupción heredados del rector anterior, junto con las prácticas clientelares y corporativas de gestión de los recursos universitarios que se traducen en un esquema de prestaciones financieramente insostenible, han llevado al límite la viabilidad institucional de la propia universidad, a pesar de los esfuerzos de reforma que recientemente esa institución y su rector impulsan con la resistencia de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.
Las postales de la crisis política que atraviesa la UAN tienen implicaciones en por lo menos dos ámbitos generales: el jurídico- procedimental y el político-institucional. Esas dos dimensiones concentran la atención sobre la naturaleza, alcances y límites de la autonomía universitaria contemporánea en México. De un lado, porque, desde el punto de vista del Tercero constitucional, la autonomía significa una garantía de autogobierno, de ejercicio de libertades académicas de enseñanza e investigación, y de diseño de políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas, funciones que deben ser apoyadas en su carácter de organismos descentralizados del Estado por medio de asignaciones de recursos públicos “oportunos y suficientes”.
Por el otro lado, la dimensión política constituye el centro mismo de la gestión de la autonomía universitaria, una dimensión donde los sistemas de creencias, los procedimientos, las reglas no escritas y los códigos de entendimiento forman la base dura de las relaciones de estabilidad, conflicto y cambios que se desarrollan en los intercambios entre el gobierno y las universidades públicas. La ruptura de esos códigos significa siempre la antesala de un conflicto cuyos costos suelen ser altos tanto para las universidades como para los gobiernos.
En ese sentido, uno de los puntos críticos de la iniciativa se encuentra en la modificación de los procesos de elección de las autoridades universitarias, contenidos tanto en el citado artículo 12, como en el 15 y el 15 Bis del Decreto. Hoy, los usos y costumbres de esos procesos obedecen a una fórmula común en la mayoría de las universidades públicas: la elección del rector por parte del consejo general universitario y la designación de autoridades por parte del rector, a propuesta de las propias comunidades de escuelas y facultades. La iniciativa contempla la creación de un “Colegio de Elección Universitario” que se encargará de organizar la elección de consejeros para la integración de diversos cuerpos colegiados, un espacio donde se elimina la participación del Rector el Secretario, y los representantes sindicales, y se incluye al Patronato universitario como figura de autoridad. Este punto es claramente un cambio sustancial en la reglas del autogobierno universitario.
El problema de fondo tiene que ver tanto con los procedimientos como con las implicaciones para la autonomía universitaria. Ambos son asuntos delicados y que trascienden las fronteras del conflicto nayarita. De un lado, porque introduce una nueva lógica política en las relaciones entre las comunidades universitarias y los poderes públicos. Por el otro, porque coloca en el centro la discusión sobre el significado, las dimensiones y los límites de la autonomía universitaria en el contexto contemporáneo. Una tiene que ver con las reglas escritas y no escritas de conducción e implementación de los cambios en las universidades. Otra con el hecho de que, dados los patrones de conflcitividad observados en otros casos universitarios, la autonomía parece ser un concepto vaciado de signficado, una idea que es interpretada de maneras diferentes por los actores involucrados.
Por ello, el caso de la UAN resulta preocupante, como experiencia coyuntural y como señal de los tiempos que corren. Los escenarios de resolución no son claros, y dependerán de la dinámica de los juegos políticos entre los actores locales y nacionales del proceso. Negociar el diseño de la reforma supone la abrogación del decreto que ya fue aprobado por el legislativo, una acción que tendría costos político significativos para el gobernador y los legisladores nayaritas. Tratar de impedir, obstaculizar o revertir la reforma de una ley en la que no participaron los universitarios, significaría un enorme desgaste y la posible fractura entre los propios universitarios. En cualquier caso, la legitimidad y factibilidad de la reforma está en juego, y sus consecuencias pueden tener alcances nacionales. Pero la política universitaria es un ejercicio que, como el futbol, siempre se juega en el corto plazo, con individuos generalmente hábiles en el uso de máscaras de ocasión que esconden una piel dura y ánimos de piedra. El viernes 10 por la tarde, el Rector Peña respondió al gobernador con la formación de una “Comisión de consulta” sobre posibles cambios a la normatividad universitaria que se entiende como una alternativa al decreto ya publicado en el Periódico oficial estatal. Mientras todo sucede, las estatutas de Manuel Lozada, el Tigre de Alica, y de Amado Nervo, uno de nuestros poetas patrios, miran, desde los jardines públicos de Tepic, en sus silencios de bronce y piedra, el desarrollo de los acontecimientos de un conflicto que apenas comienza.
Adrián Acosta Silva
(Nexos, Blog de Educación, 15/01/2020)
A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI se han acumulado un conjunto de tensiones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas locales en las diversas entidades federativas. Los casos de Universidades como la Michoacana, Guadalajara, Veracruzana, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Baja California, Aguascalientes o Oaxaca, son experiencias ilustrativas de la manera en que los ejecutivos de los gobiernos estatales, con o sin el respaldo de las autoridades federales, o de sus propios órganos legislativos locales, han emprendido iniciativas dirigidas a controlar, supervisar o condicionar los recursos financieros públicos de las universidades, o para modificar sus respectivas leyes orgánicas para introducir nuevas reglas del juego para la elección de autoridades internas, en especial de los Rectores.
Esas iniciativas obedecen a muy diferentes razones y circunstancias, pero tampoco son del todo novedosas. La historia política de cada universidad contiene relatos que en el pasado remoto o reciente explican las tensiones, contradicciones y pleitos entre los universitarios y los gobiernos estatales, o entre los propios universitarios, que están en la base de la construcción de nuevos arreglos políticos e institucionales entre gobiernos y universidades. Esas historias de conflicto y poder, más o menos conocidas, alimentan las diversas narrativas sobre la configuración política interna de las universidades y sus relaciones con los entornos locales, regionales y nacionales.
Pero desde hace una década, los recelos y críticas a las universidades se han multiplicado, a pesar, en muchos casos, de reformas documentables en sus comportamientos institucionales, en buena medida como efecto de las políticas federales de modernización, evaluación de la calidad y financiamento público diferencial, condicionado y competitivo observadas durante por lo menos tres décadas (1989-2018). La “estafa maestra” donde los directivos de algunas universidades públicas e instituciones tecnológicas se vieron envueltos en desvíos de recursos públicos, los problemas de la sustentabilidad financiera de las universidades derivadas de sus tradicionales regímenes de contratación, prestaciones, pensiones y jubilaciones, o la crítica a las prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que caracterizan las relaciones políticas entre los universitarios, se han convertido en la fuente de numerosas exigencias de cambios mayores dentro y fuera de las campus universitarios, reclamos airados de transparencia institucional, escenas de indignación moral y escándalo político, y presiones para cambios institucionales hechos a la medida de indicadores de calidad dirigidos a construir universidades “de clase mundial”, de excelencia académica, autofinanciables, con gobiernos universitarios eficientes, donde la competitividad, el emprendurismo y la innovación sean los principios orientadores del desempeño institucional.
Ese es justamente el núcleo duro retórico, simbólico y político, que el actual Gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, utilizó para anunciar el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales el envío de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, misma que fue revisada y aprobada aceleradamente ese mismo día por el Congreso nayarita, y publicada como decreto en el Periódico oficial del gobierno estatal el martes 7 de enero. Sin consulta previa con las autoridades universitarias que representan a la institución, y sin mediar un proceso de negociación con la propia comunidad universitaria local, el ejecutivo elaboró una iniciativa que tomó por sorpresa a los universitarios. De manera inmediata, el mismo día que aparecía publicada en el Periódico oficial, el Rector de la UAN expresaba su condena al procedimiento seguido por el ejecutivo y el legislativo estatal, a la que se sumó el jueves 9 la solidaridad de los rectores de 20 rectores de universidades federales y estatales del país a través de un pronunciamiento público y, un día después, de los rectores de las cinco universidades públicas que constituyen la región occidente de la ANUIES. En menos de una semana, la bomba de relojería que significaba la iniciativa sabatina del gobernador estalló. Lo que ahora tenemos es una situación de crisis e incertidumbre en la UAN que amenaza con debilitar aún más la frágil situación financiera y académica que ya experimentaba la universidad desde hace varios años.
Hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005), contador por la Universidad Autónoma de Guadalajara, empresario y miltante del PAN, el actual gobernador fue electo en 2017, al encabezar la coalición “Juntos por ti” formada por el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit, mediante la cual obtuvo el 38% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de su principal contendiente, apoyado por el PRI. Ese origen empresarial y político explica el tono y el lenguaje del decreto de reforma. El artículo 7, por ejemplo: “Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que…capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la universidad”. O el artículo 12, en el cual se menciona la creación de un nuevo órgano (el “Colegio de Elección Universitaria”) que, en conjunto con el Consejo General Universitario y el Consejo de Educación Media Superior, “tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades de interés público”. Asimismo, se incluye la figura de un “Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la UAN, quién lo presidirá”. Estas piezas retóricas expresan los intereses que el gobieno estatal impulsa con la reforma de la UAN.
El entorno nacional en el cual ocurren los hechos ayuda a explicar las causas del pleito. De un lado, una clara posición política presidencial de desconfianza, escepticismo y recelos a las universidades públicas federales y estatales, que se traduce en recortes presupuestales y condicionamientos financieros de diversa magnitud e implicaciones. Por otro, la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior donde se aspira a coordinar y regular de otra manera las políticas federales de educación superior, que incluye nuevas formas de gobierno del sistema nacional de educación superior asociada a fórmulas distintas de asignación presupuestal entre la federación y los gobiernos estatales respecto a las universidades públicas locales. Más allá, la prioridad del gobierno federal de impulsar al sistema de universidades públicas Benito Juárez García como el centro de sus políticas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Un cuarto factor es la lógica política que siguen los gobernadores en sus relaciones con las universidades públicas de las entidades que gobiernan, donde las preocupaciones por asegurar la gobernabilidad de esas instituciones es el objetivo pragmático que se desprende de sus iniciativas reformadoras.
Pero las universidades públicas también han aportado sus propias insuficiencias al agravamiento de la situación. En el caso de la UAN, los escándalos de corrupción heredados del rector anterior, junto con las prácticas clientelares y corporativas de gestión de los recursos universitarios que se traducen en un esquema de prestaciones financieramente insostenible, han llevado al límite la viabilidad institucional de la propia universidad, a pesar de los esfuerzos de reforma que recientemente esa institución y su rector impulsan con la resistencia de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.
Las postales de la crisis política que atraviesa la UAN tienen implicaciones en por lo menos dos ámbitos generales: el jurídico- procedimental y el político-institucional. Esas dos dimensiones concentran la atención sobre la naturaleza, alcances y límites de la autonomía universitaria contemporánea en México. De un lado, porque, desde el punto de vista del Tercero constitucional, la autonomía significa una garantía de autogobierno, de ejercicio de libertades académicas de enseñanza e investigación, y de diseño de políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas, funciones que deben ser apoyadas en su carácter de organismos descentralizados del Estado por medio de asignaciones de recursos públicos “oportunos y suficientes”.
Por el otro lado, la dimensión política constituye el centro mismo de la gestión de la autonomía universitaria, una dimensión donde los sistemas de creencias, los procedimientos, las reglas no escritas y los códigos de entendimiento forman la base dura de las relaciones de estabilidad, conflicto y cambios que se desarrollan en los intercambios entre el gobierno y las universidades públicas. La ruptura de esos códigos significa siempre la antesala de un conflicto cuyos costos suelen ser altos tanto para las universidades como para los gobiernos.
En ese sentido, uno de los puntos críticos de la iniciativa se encuentra en la modificación de los procesos de elección de las autoridades universitarias, contenidos tanto en el citado artículo 12, como en el 15 y el 15 Bis del Decreto. Hoy, los usos y costumbres de esos procesos obedecen a una fórmula común en la mayoría de las universidades públicas: la elección del rector por parte del consejo general universitario y la designación de autoridades por parte del rector, a propuesta de las propias comunidades de escuelas y facultades. La iniciativa contempla la creación de un “Colegio de Elección Universitario” que se encargará de organizar la elección de consejeros para la integración de diversos cuerpos colegiados, un espacio donde se elimina la participación del Rector el Secretario, y los representantes sindicales, y se incluye al Patronato universitario como figura de autoridad. Este punto es claramente un cambio sustancial en la reglas del autogobierno universitario.
El problema de fondo tiene que ver tanto con los procedimientos como con las implicaciones para la autonomía universitaria. Ambos son asuntos delicados y que trascienden las fronteras del conflicto nayarita. De un lado, porque introduce una nueva lógica política en las relaciones entre las comunidades universitarias y los poderes públicos. Por el otro, porque coloca en el centro la discusión sobre el significado, las dimensiones y los límites de la autonomía universitaria en el contexto contemporáneo. Una tiene que ver con las reglas escritas y no escritas de conducción e implementación de los cambios en las universidades. Otra con el hecho de que, dados los patrones de conflcitividad observados en otros casos universitarios, la autonomía parece ser un concepto vaciado de signficado, una idea que es interpretada de maneras diferentes por los actores involucrados.
Por ello, el caso de la UAN resulta preocupante, como experiencia coyuntural y como señal de los tiempos que corren. Los escenarios de resolución no son claros, y dependerán de la dinámica de los juegos políticos entre los actores locales y nacionales del proceso. Negociar el diseño de la reforma supone la abrogación del decreto que ya fue aprobado por el legislativo, una acción que tendría costos político significativos para el gobernador y los legisladores nayaritas. Tratar de impedir, obstaculizar o revertir la reforma de una ley en la que no participaron los universitarios, significaría un enorme desgaste y la posible fractura entre los propios universitarios. En cualquier caso, la legitimidad y factibilidad de la reforma está en juego, y sus consecuencias pueden tener alcances nacionales. Pero la política universitaria es un ejercicio que, como el futbol, siempre se juega en el corto plazo, con individuos generalmente hábiles en el uso de máscaras de ocasión que esconden una piel dura y ánimos de piedra. El viernes 10 por la tarde, el Rector Peña respondió al gobernador con la formación de una “Comisión de consulta” sobre posibles cambios a la normatividad universitaria que se entiende como una alternativa al decreto ya publicado en el Periódico oficial estatal. Mientras todo sucede, las estatutas de Manuel Lozada, el Tigre de Alica, y de Amado Nervo, uno de nuestros poetas patrios, miran, desde los jardines públicos de Tepic, en sus silencios de bronce y piedra, el desarrollo de los acontecimientos de un conflicto que apenas comienza.
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