El Estado educador

Estación de paso

El Estado educador

Adrián Acosta Silva

El pasado 15 de mayo, en ocasión del día del maestro, el presidente Calderón revivió a un cadáver exquisito: la reforma educativa. Con la presencia de funcionarios, líderes sindicales y de la señora Gordillo, el Presidente convocó a transformar la educación para elevar su calidad, su cobertura, su eficiencia, sus logros. El discurso, el público y los actores importan: es la apuesta presidencial para cambiar el sistema educativo con la coalición formada con el SNTE y su lideresa, con gobernadores de su partido y funcionarios federales y locales. Con todo, y frente a la demoledora fuerza de los hechos, las políticas de reforma educativa que insinúa el acto, los actores y la retórica presidencial, sólo parece confirmar o avivar el escepticismo que priva en varios círculos y humores de la educación pública mexicana.

Quizá lo que resulta más sorprendente es la distancia que media entre las preocupaciones de las elites dirigentes, la burocracia sindical y la clase política, y las percepciones que tienen muchos ciudadanos de los problemas educativos nacionales y locales. Así, mientras que para los primeros la escuela pública mexicana está a punto del colapso institucional y social, y por lo tanto hay que salvarla mediante una gran reforma educativa, para muchos ciudadanos los problemas educativos no son significativos en la perspectiva de otros problemas públicos como la inseguridad pública, el desempleo, la pobreza o la corrupción. Qué motiva esta percepción social de la escala de los problemas públicos es un desafío interpretativo y analítico, pero lo que vale la pena destacar es que la educación no es considerada por muchos como un problema de primer orden en la agenda, digamos, social.

Sin embargo, hay razones suficientes para pensar y documentar los problemas de la escuela pública mexicana. Y uno de ellos es el que se refiere a la gestión del sistema, donde el SNTE o la CNTE son parte de la solución pero también parte del problema. Al colonizar con sus intereses y sus estructuras de representación la operación cotidiana del sistema, estos actores son juez y parte de los cambios y continuidades, de los problemas y de sus soluciones. Al igual que otros campos de la acción pública, la educación es un territorio minado por la burocracia sindical y por la burocracia pública, federal y local. La autonomía el Estado en el campo educativo es muy débil, por lo que cualquier decisión de política educativa reformadora requiere de reconstruir el tejido de las relaciones políticas que mueven al sistema, pero también de fortalecer el marco institucional de la educación pública misma. La inexistencia de esa autonomía explica, ente otras cosas, la fuerza del sindicato en las contrataciones de profesores, en el nombramiento de directores de escuela, de supervisores e inspectores de zona, funcionarios medios y superiores de la administración local y federal, figuras centrales en el sistema nervioso de la educación pública mexicana. Cualquier intento de reforma o evaluación sistemática de la escuela pública tiene que remover esas figuras para devolver o reconstruir al Estado su capacidad rectora y de gestión en la vida escolar.