Universidades a la medida

Estación de paso
Universidades a la medida
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 20/06/2019)
Una de las cuestiones que destaca desde hace tiempo en la agenda contemporánea de investigación y de políticas sobre las universidades públicas en México y en América Latina, es el tema de las relaciones entre los tipos de gobierno autonómico universitario y sus patrones de rendimiento o desempeño institucional. La explicación en torno a esta centralidad gira en torno a la idea de que la autonomía universitaria es fundamentalmente un medio para el ejercicio efectivo de las libertades y prácticas académicas de docencia, investigación y difusión cultural. Desde esta perspectiva, la autonomía es un instrumento –más que un fin en sí mismo, o un valor institucional, o una garantía constitucional-, cuyo núcleo simbólico y práctico es la toma de decisiones y el diseño e implementación de políticas institucionales orientadas a la protección de las libertades académicas, decisiones y políticas que son habitualmente procesadas por los órganos de gobierno universitarios, tanto colegiados como unipersonales.
Bajo estas consideraciones, la gestión de la autonomía es un asunto que compete directamente a los gobiernos universitarios. Asegurar los grados de autonomía supone una lógica progresiva del fortalecimiento de las libertades intelectuales, políticas, académicas y organizativas de los universitarios. Con este principio básico, las relaciones entre las distintas formas del gobierno de las universidades parecen tener algún impacto o efectos en las diferentes maneras del ejercicio autonómico universitario y en los diversos tipos de rendimiento (performance) de las instituciones.
Pero la cuestión del gobierno universitario implica analizar también las determinaciones contextuales correspondientes. Sabemos que, para el caso mexicano, junto a los procesos de expansión de la educación superior de los últimos años, se desplegó una nueva configuración política y de políticas públicas federales centradas en la evaluación de la calidad y del desempeño institucional, asociadas a diversas restricciones normativas, burocráticas, financieras y organizativas para las universidades públicas. Ello las colocó en un entorno que obligó a diversos ajustes y adaptaciones centrados en mejorar febrilmente sus indicadores del desempeño académico y administrativo de acuerdo a diversos esquemas de medición del rendimiento institucional. La retórica y las métricas sobre ese desempeño han acompañado durante tres décadas estos procesos adaptativos universitarios.
En tales circunstancias, una multitud de índices, indicadores y tasas habitan las prácticas, ansiedades y obsesiones de autoridades y directivos universitarios. Pero también las métricas del rendimiento de docentes e investigadores universitarios gobiernan en buena medida el comportamiento y estrategias de muchos académicos, preocupados por la productividad y la eficiencia de sus labores cotidianas. Las distinciones y reconocimientos al uso explican desempeños individuales y colectivos orientados a obtener los mayores y mejores reconocimientos posibles para así obtener el puntaje más alto, recompensado con una mejoría marginal o sustantiva de los ingresos salariales de profesores e investigadores.
Estamos así experimentando desde hace ya varias generaciones de universitarios, un largo y complicado proceso de evaluaciones de la calidad académica, la eficiencia institucional, la equidad en el acceso, o la vinculación “con las necesidades de la sociedad”, sin definir bien qué es lo que queremos saber y para qué. La obsesión métrica se ha concentrado en la acumulación de datos y cifras, pero no sabemos exactamente qué significan ni para qué sirven, más allá de integrar rankings, comparar desempeños o ilustrar con la frialdad de los “números duros” (como si estos no fueran siempre relativos y discutibles), que tan o bien o qué tan mal van nuestras universidades. Como ha señalado recientemente el filósofo vasco Daniel Innerarity, estamos obsesionados con la creación de sociedades o instituciones “hechas a medida”, en las que en realidad, al no tener claras las ideas que deseamos discutir o conocer, a lo que nos dedicamos es a medirlas con la mayor precisión posible.
En este contexto de restricciones, condicionamientos y determinaciones de políticas, la autonomía universitaria se ha modificado de manera significativa. Es una modificación que tiene que ver con una lógica restrictiva de las libertades académicas, una lógica que se ha legitimado poco a poco a lo largo de los últimos años entre las propias universidades públicas. Las reglas del desempeño institucional han modificado sustancialmente los imaginarios y las prácticas académicas, burocráticas y administrativas de las universidades públicas. La lucha por los estímulos ha sustituido a la lucha por el mejoramiento salarial general de los trabajadores universitarios; la obsesión por mejorar los indicadores del rendimiento institucional se ha convertido en el leit motiv de las autoridades universitarias; las estrategias por el mejoramiento de las posiciones en los rankings o en los ratings internacionales, nacionales o locales han gobernado la preocupación por el desempeño de las universidades.
Y, hasta ahora, todo apunta a que esa tendencia continuará en los próximos años.

Universidades para el Bienestar

Estación de paso

Universidades para el Bienestar: el desafío de la legitimidad

Adrián Acosta Silva

(Campus Milenio, 06/06/2019)

Como bien se sabe, nuestro Benemérito de las Américas, el Licenciado Benito Pablo Juárez García, nunca estudió en la Universidad. Su título de abogado lo obtuvo por el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el lugar al que el oriundo de Guelatao tuvo que trasladarse para tener esa oportunidad. Eso habla algo de la época y del individuo. La universidad local aún no existía y lo único que había era el Instituto, entonces gobernado por clérigos, y uno de los antecedentes decimonónicos de la actual Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que fue fundada hasta el año de 1955. Según la historia patria, fueron sus deseos los que lo llevaron la capital oaxaqueña para aprender jurisprudencia. El resto de la historia, el mito y la leyenda, ya la sabemos.

El Presidente AMLO tiene a la historia de bronce de Juárez entre los altares personales de su educación sentimental, lo que explica su tendencia a citarle como ejemplo y guía de sus acciones y emociones. Por ello promovió desde su campaña la creación de 100 nuevas universidades públicas a las que, ya siendo Presidente electo, les denominó como un sistema universitario juarista en honor al impulsor de la 2T, según la épica de su calendarización patriótica. Sin embargo, el proyecto parecía hasta hace poco una invención discursiva, un proyecto sin datos ni referentes específicos.

Poco a poco, sin embargo, se van conociendo detalles sobre las características del proyecto principal del nuevo oficialismo para la educación superior: las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”. Según lo planteado en la primera versión del PND 2019-2025 y en la información que aparece en el sitio oficial del CREFAL (ubicado físicamente en Pátzcuaro pero que no es un organismo gubernamental sino civil), el programa es público, “federal y prioritario”, orientado a “formar profesionales con sentido público”.

Ahí mismo se lee que entre sus características principales las nuevas universidades son gratuitas, de tiempo completo (“no se admiten estudiantes de tiempo parcial”), presenciales, y sus carreras tienen una duración de 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno. Eso significa que la obtención de un título lleva poco más de dos años. Para el ingreso, solo es necesario un pre registro de los estudiantes y la entrega de la documentación requerida. No hay examen de admisión sino una “valoración diagnóstica”. En caso de que la demanda exceda a la oferta de lugares disponibles en los planteles, “se hará un sorteo para el ingreso”. Todos los estudiantes reciben una beca de 2,400 pesos mensuales.

Las 36 carreras ofrecidas dependen de los contextos regionales donde se ubican los planteles de las UBBJG. Cada plantel sólo ofrece una carrera, y por excepciones, dos. Así, por ejemplo, en Aguascalientes se ofrece “Ingeniería ambiental”, en la Ciudad de México (Tlalpan), “Medicina integral y saluda comunitaria”, en Tomatlán (Jalisco) “Ingeniería en desarrollo regional sustentable”, en Badiraguato (Sinaloa) “Ingeniería Forestal “ y también la “Licenciatura en Educación física (béisbol)”, o en Aguaprieta (Sonora), “Estudios sociales”. Las entidades que concentran mayor número de planteles son Oaxaca (11), la CDMX (10), Veracruz (8), Chiapas (6), y Michoacán (5). Las que menos son Nayarit, Nuevo León, Colima y Baja California (1 cada una). Sólo en Baja California Sur no existe oferta disponible.

Con un presupuesto anual inicial de mil millones de pesos (es decir, 10 millones en promedio por escuela), hasta ahora 83 planteles ya están funcionando y quedan pendientes otros 18, por lo que la cifra inicial de 100 universidades ya llegó a 101. Según la nota periodística “Sin transparencia, plan de gobierno para las universidades del bienestar” firmada por Alma Paola Wong publicada en la versión digital de Milenio (29.05.2019), los terrenos donde funcionan los planteles son producto de donaciones, y la construcción de edificios y equipamientos no son licitadas porque las universidades, aunque son públicas, corresponden a “otro modelo”, según cita en entrevista a la encargada del proyecto Raquel Sosa. Tampoco están adscritas a la SEP sino al mencionado CREFAL.

¿Cómo se acreditan sus carreras, donde se registran? Eso “lo harán”, dijo Sosa, a través de un nuevo “organismo descentralizado autónomo”, que “próximamente” será creado por el gobierno federal. Ese organismo emitirá los planes y programas de estudios de nivel licenciatura y eventualmente de posgrado para poder iniciar el trámite de registro ante la SEP. En la misma nota periodística se anota que hasta ahora sólo se sabe que están registrados un total de 7,575 alumnos y se cuenta con una planta docente de 459 profesores.

Como se ve, el proyecto avanza en medio de prisas presidenciales y ambigüedades institucionales y organizativas. Parece que urge tener resultados, rostros, evidencias de su importancia, pruebas irrefutables de su existencia. Es por supuesto promesa de campaña, palabra presidencial, compromiso “con los más pobres”. Pero bien sabemos que los arranques atropellados marcan el presente y futuro educativo de manera irremediable. Y las urgencias acumulan pasiones, intereses, conflictos. Todo apunta a que el proyecto de las UBBJG es la legitimación política de una educación superior pobre para los pobres. Parecen más escuelas de artes y oficios, o escuelas de cuadros dirigidas la formación de nuevas clientelas políticas, que verdaderas universidades públicas. Quién sabe que pensaría el Lic. Juárez.