¿Algo huele a podrido en el posgrado?

Estación de paso

¿Algo huele a podrido en el posgrado?

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 19/05/2016)

La acelerada expansión de la demanda y la oferta de posgrados en México y en el mundo es un fenómeno que se ha consolidado al inicio del siglo 21. El lado positivo de ese crecimiento es el hecho de que miles de jóvenes con capacidad, vocación y talento se pueden incorporar en muchos programas de maestrías y doctorados bien diseñados, con profesores reconocidos, recursos de apoyo (becas, infraestructura) en instituciones académicamente sólidas, con buen prestigio y reputación en cada país. En esos espacios, las formas de socialización académica incluyen regularmente el compromiso intelectual y ético de estudiantes y profesores, códigos formales o informales que generalmente inhiben conductas que debiliten la confianza académica de los involucrados y de sus instituciones.

Pero el lado oscuro de la expansión de los posgrados es la multiplicación de casos de plagio y oportunismo académico, reglas laxas de admisión, tránsito y egreso de los estudiantes, un profesorado abrumado por compromisos de docencia, investigación, lectura de tesis, elaboración de dictámenes, publicación de artículos y libros. La tiranía de los rankings también juega un papel importante en la proliferación anárquica de programas de posgrado al vapor, frecuentemente ligados al autoconsumo de las propias universidades, pero también creados para atraer egresados de licenciatura o profesionales en ejercicio que requieren, por diversas razones, de acreditar una especialidad, una maestría o un doctorado que les permita obtener estatus, movilidad laboral o mejoramiento profesional.

Los escándalos sobre las diversas formas de corrupción académica que acompañan la expansión del posgrado se han multiplicado en los últimos años. Desde el célebre caso del exdirector del CONACYT a mediados de los años noventa del siglo pasado, que se presentaba (y firmaba) como Doctor egresado de una prestigiosa universidad norteamericana, sin serlo, el “Síndrome Alzati” se ha convertido en una práctica que de cuando en cuando alcanza el cielo negro de la indignación y el escándalo mediático y académico. Desde hace dos décadas, una y otra vez se presentan diversos casos de imposturas académicas, pirateo de artículos, plagios de tesis, que levantan sombras y sospechas sobre lo que ocurre en los patios interiores del posgrado en México y en el mundo. Quizá, parafraseando las célebres palabras de Shakespeare en Hamlet, alguien podría preguntarse: ¿algo huele a podrido en el posgrado?.

Que un escritor o un académico, presionado por publicar o perecer, decida recurrir a prácticas de plagio, descarado o sofisticado, se ha convertido en un dato más frecuente de lo que se suponía en el mundillo académico mexicano, tan dado, como en otros países, a la autocomplacencia o a hacerse de la vista gorda con las sospechas o con las certezas de que las cosas no funcionan bien en las universidades y centros de investigación. Que un político en desgracia, o un profesor que quiere hacer carrera política o burocrática, decidan que un doctorado les puede ayudar a legitimar sus posiciones, o buscar nuevas oportunidades en la vida política o profesional, forma parte de las creencias e ilusiones que alimentan la expansión de la oferta de los posgrados. Eso ha convertido a la decisión de algunos segmentos de la vida universitaria en el resultado de una complicada mezcla de interés y cálculo político para que un posgrado sirva de credencial para ser admitido en ciertos círculos de poder en la política o en las instituciones. El resultado es lo que vemos: un exgobernador y expresidente nacional del PRI cursa una maestría y luego un doctorado en el extranjero, en una buena universidad, mientras se ve envuelto en un escándalo de corrupción que le lleva a ser detenido y encarcelado; un par de historiadores convertidos en plagiarios seriales, lo que los lleva a la deshonra personal y académica al ser despedidos de sus instituciones y, en uno de los casos, a ser despojado de su título de doctorado por la misma institución en que se formó en sus años de estudiante; en un caso más reciente, un alto funcionario de una importante universidad estatal y exrector de un centro universitario, es denunciado por plagiar parte de su tesis doctoral, presentada hace casi una década en una universidad española.

Más allá de las anécdotas, de las motivaciones de los involucrados, de las circunstancias específicas que llevan a un individuo a reproducir el síndrome Alzati, lo que los casos muestran es la existencia de los cada vez más diversos tipos de estudiantes que se incorporan a las filas de los posgrados en todo el mundo. Esa diversidad tiene que ver con motivaciones, trayectorias previas, cálculos políticos o académicos, intereses en juego, recursos en disputa. Así, se pueden encontrar factores como la edad y el sexo, el tipo de programas e instituciones que eligen, la vocación y la capacidad para emprender proyectos de investigación (una tesis doctoral, por ejemplo). Pero son también los factores institucionales los que juegan un papel importante en la proliferación de espacios de posgrado cuyas prácticas académicas se basan en el viejo principio de “si pagas, pasas”, que facilitan el ingreso, tránsito y egreso de estudiantes que jamás debieron estar en un posgrado, de comités académicos y profesores que por negligencia, desinterés o exceso de trabajo no supervisan los trabajos de los estudiantes o de sus colegas.

En esas circunstancias, un tiempo de tormentas perfectas se abre en el horizonte académico e intelectual de la vida pública mexicana. Los síndromes Alzati, Moreira, Berenzon, Arancibia o Pascual Gay se acumulan en el paisaje mexicano reciente, y seguramente nuevos casos se sumarán esporádicamente a esa tendencia de degradación ética y estética del posgrado. Minimizar los escándalos y sus implicaciones sociales e institucionales no parece una respuesta adecuada a los actos de piratería que sacuden de cuando en cuando el mundillo académico mexicano.

España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia

Estación de paso

España: la universidad y los fierros oxidados de la democracia

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus-Milenio, 05/05/2016)


La coyuntura universitaria española está marcada inevitablemente por tres factores estratégicos: el prolongado estancamiento económico, la incertidumbre político-electoral, y los efectos del pasado reciente de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Partido Popular (PP) representado por Mariano Rajoy. En el primer caso, el bajo crecimiento económico y las altas tasas de desempleo oscurecen cualquier optimismo sobre las posibilidades de desarrollo de corto plazo de la economía española, lo que afecta principalmente al empleo no profesional pero que también limita severamente las posibilidades de empleo de los egresados universitarios. En el ámbito político, luego de las elecciones generales celebradas en diciembre pasado, y del hecho de que los partidos políticos representados en el parlamento español no pudieron ponerse de acuerdo para formar una coalición capaz de nombrar a un nuevo gobierno para el período 2016-2020, lo que se avecina es la convocatoria a nuevas elecciones generales el próximo 26 de junio. Más allá de los dimes y diretes, de la distribución de las culpas y responsabilidades que impidieron que los actores políticos pudieran acordar un “pacto de mínimos” -como lo señaló acertadamente en medio de la tormenta mediática la filósofa Victoria Camps (El País, 28/04/2016)-, lo que implica la celebración de las elecciones de verano es la posible formulación de nuevas propuestas sobre la educación superior española.

Pero la otra fuente de malestar por el estado de las cosas en la educación terciaria tiene que ver con los efectos de las políticas impulsadas por el gobierno de Rajoy en los últimos años, expresadas en la “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa”, LOMCE). Amparadas, o justificadas, en algunas recomendaciones extraídas de Bolonia o de Lisboa, y de la experiencia reciente de las reformas de la educación terciaria en algunos países de la Unión Europea, las iniciativas de cambio del gobierno del PP se centraron en elevar la calidad de la enseñanza superior, fortaleciendo la evaluación y la selectividad del estudiantado universitario, acortando los ciclos de formación en el pregrado, a la vez que instrumentado severas medidas de restricción y control presupuestario a las universidades. En otras palabras, el gobierno de Rajoy actuó como suele hacerlo cualquier gobierno conservador: impulsando cambios sistémicos recortando al mismo tiempo el financiamiento público.

Sus efectos en el ámbito educativo superior ya se han notado al aplazar, entre otras cosas, la propuesta gubernamental de reducir a 3 años la formación profesional en el pregrado y fijar en 2 años más la obtención de un posgrado (maestría) para los estudiantes universitarios españoles. Es el programa conocido como “3+2” y que ha suscitado no pocas controversias entre los rectores y especialistas de la educación superior española, y también protestas y movilizaciones entre varias franjas de estudiantes de diversas universidades en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Esta propuesta se convirtió en los últimos años en uno de los ejes de la política educativa gubernamental. Implica varios momentos y procesos: la aplicación de un examen a los egresados del bachillerato para revalidar sus conocimientos; la identificación de sus perfiles académicos y sus posibilidades para ingresar a los programas profesionales o técnicos que combinen sus intereses personales con las ofertas institucionales en las distintas universidades españolas; el incremento de las exigencias de calidad en la formación con las “notas de acceso” a las carreras, sobre todo en las de alta competencia en el ingreso (medicina, derecho, algunas ingenierías); la instrumentación de políticas institucionales de admisión que respondan a los intereses tanto de las instituciones como de las Comunidades Autónomas; la reorganización de la estructura y las ofertas curriculares de los programas para acortarlos significativamente (1 año) ampliando y fortaleciendo el nivel de la especialización y el posgrado (aumentando en un año ese ciclo). Todas estas implicaciones fueron formuladas con carácter de obligatorio (LOMCE) por parte del gobierno desde hace casi 3 años, pero fueron cuestionadas desde el principio tanto por sectores estudiantiles como por parte de los mismos Rectores de muchas universidades públicas, aglutinados en el Consejo de Rectores de las Universidades de España (CRUE).

En medio de los escándalos de corrupción y de la falta de acuerdos para nombrar un nuevo gobierno general, las propuestas del gobierno del PP entraron en una fase de estancamiento político. El CRUE ha logrado negociar con el Ministerio de Educación dos cosas importantes. Primero, que no se haga tabla rasa en la obligatoriedad de aplicar la fórmula 3+2 a todos los programas profesionales, dada la diversidad de su naturaleza y complejidad disciplinaria y de las características de sus procesos de acceso y formación (por ejemplo, diferenciar las carreras de medicina o de ingeniería respecto de los programas de psicología, nutrición o turismo). El otro punto de negociación ha sido el de los tiempos de instrumentación de la propuesta: aplazar un año más el análisis para valorar con cuidado y prudencia las condiciones, posibilidades y circunstancias financieras, organizacionales y académicas de una nueva reforma curricular universitaria tanto a nivel nacional como sub-nacional e institucional.

Esos temas seguramente estarán en la agenda del nuevo proceso electoral español, y obligarán a los actores a tomar posiciones frente a las reformas y sus posibles implicaciones. Habrá también que ver cómo explican y argumentan esas posiciones los partidos y sus nuevas coaliciones frente al malestar educativo que hoy extiende sus sombras en los campus universitarios de España. Sin embargo, todo apunta a que la combinación del estancamiento económico con los resultados político-electorales de junio exigirán a los actores del campo educativo superior un nuevo “acuerdo de mínimos” que permita delinear mejores escenarios futuros paras las universidades españolas en el contexto europeo. Después de todo, tal vez los fierros oxidados de la democracia puedan servir para la construcción de una visión estratégica de la educación superior.