Estación de paso
Elefantes: ¿Todo el poder a AMLO?
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio 28/03/2019)
La ruta emprendida por el oficialismo en el campo educativo confirma un escenario de polarización y enfrentamiento con las fuerzas de la oposición partidista, pero que incluye también la tensión con investigadores, intelectuales y corrientes de opinión críticas a los pronunciamientos gubernamentales sobre el sector. Iniciada con la descalificación y demolición discursiva, política y ahora legislativa de la reforma educativa del sexenio pasado, y con la habitual dosis de escepticismo, recelos y silencios presidenciales sobre el papel de las universidades públicas y sus complicadas autonomías, las cosas pintan hacia una ruta larga de malestar en el campo educativo nacional. Con el decreto presidencial del fin de la “pesadilla neoliberal”, y con el anuncio retórico del inicio de la era “post-neoliberal”, el Presidente mismo ha colocado los cimientos simbólicos de lo que será el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el lugar que en él ocupará la educación pública con el diseño del programa sectorial correspondiente.
El contexto y el proceso ayudan a imaginar el mapa de puntos centrales que parecen orientar las propuestas gubernamentales para la educación superior. Se pueden ubicar por lo menos cuatro cuestiones clave: el financiamiento, la coordinación, la cobertura y la evaluación. Respecto de la primera, lo que tenemos es una clara ruta de mayor control presupuestal sobre las instituciones de educación superior públicas, centralizando decisiones, programas y recursos. Pero al mismo tiempo, poco se ha dicho sobre el tema de la educación superior privada. Al parecer, el diagnóstico gubernamental (aún imaginario) apunta a que el problema central es el mal o ineficiente uso de los recursos federales por parte de las IES públicas, lo que implica una reforzamiento de los instrumentos de control asociado a una redistribución de los recursos hacia las nuevas universidades públicas ubicadas en territorios y poblaciones con mayores índices de pobreza y marginación. En el caso de las ofertas privadas no parece advertirse ningún problema grave con la manera en que operan. Una formulilla flota en el ambiente: más estado para el sector público, más mercado para la educación privada. Bien vista, una clásica formulilla neoliberal.
En lo que respecto a la coordinación, el financiamiento es una herramienta para inducir la coordinación y la cooperación de las IES públicas. No hay contemplaciones sobre el papel de la ANUIES, de la FIMPES, o de las universidades públicas federales o estatales en el nuevo programa sectorial (aún imaginario). Una lógica jerárquica arriba-abajo parece desprenderse de los primeros esbozos del programa (tampoco nada nuevo bajo el sol educativo mexicano). Habrá que esperar las directrices y las acciones, es decir, las políticas específicas en que se piensa organizar la acción gubernamental hacia el sector.
El tema de la cobertura se cuece aparte. La intención de una cobertura universal es ambigua: ¿50%?¿100%?,¿75%. ¿Con selección o sin selección? ¿Acceso meritocrático o acceso por estratos sociales? ¿Todos los programas, todas las IES, en todos lados? La ampliación de la cobertura es una buena idea; no es nueva pero es buena dada la baja tasa mexicana al respecto. Como derecho social es un horizonte deseable. El problema es que todos los derechos sociales cuestan. ¿De dónde saldrán esos recursos?
Finalmente está el punto de la evaluación. Lo que hemos visto en los últimos treinta años es la multiplicación de los mecanismos de evaluación del desempeño de la educación superior. Lo que no sabemos es qué efectos han tenido en el mejoramiento del sector. Frente a ello, el oficialismo aún no se ha pronunciado con claridad. ¿Cuál será la política gubernamental al respecto? ¿La evaluación estará ligada al financiamiento y al desempeño? ¿Se abandonarán los programas de acreditación y aseguramiento de la calidad de programas, y del profesorado? ¿La “evaluación diagnóstica” (ese pleonasmo) sustituirá a la evaluación de la calidad?
Estos puntos parecen el mínimo irreductible de los asuntos que habitan la agenda de la educación superior. Pero sin claridad programática y con suposiciones vagas, con consultas que no lo son (hay que darle una mirada a lo que en el portal de la SEP aparece como ejercicio de consulta sobre el PND), el único recurso interpretativo y analítico disponible es la imaginación. La acumulación del poder simbólico y práctico en la figura de AMLO y la identificación del neoliberalismo como la causa de todos nuestros males públicos y privados parece que alcanzará también a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología. Lo que despunta entonces en el horizonte cotidiano son imágenes de elefantes amontonados en la sala; elefantes burocrático-autoritarios que se multiplican en todos los campos de la acción pública, atentos a las señales de los arrebatos discursivos que cada mañana, todos los días, dominan la frenética, errática y múltiple agenda presidencial.
Thursday, March 28, 2019
Thursday, March 14, 2019
Autonomía, corrupción e identidad universitaria
Estación de paso
Corrupción, autonomía e identidad universitaria
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 14/03/2019)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15394:corrupcion-autonomia-e-identidad-universitaria&Itemid=349
En la república de los escándalos, dominada por el gobierno de las imágenes, los universitarios no son excepción. Los mitos, ambigüedades y verdades de “La estafa maestra”, las acusaciones de malos manejos de recursos que la Unidad de Ingeniería Financiera de la Secretaría de Hacienda ha lanzado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las habituales sospechas, rumores o chismes de desvío de fondos que se hacen de cuando en cuando a las universidades públicas, configuran un patrón de comportamiento que comparten en distintos momentos y con diferentes intensidades autoridades federales, medios de comunicación, algunos comentaristas influyentes, ciertas redes sociales.
¿De dónde provienen las creencias, sospechas o certezas de la corrupción en las universidades? Para decirlo, en breve, de la desconfianza. Bien vista, la era de la incertidumbre se alimenta de ese combustible tóxico. Usualmente, se afirma, esa desconfianza se nutre del manejo discrecional que las autoridades universitarias hacen de los fondos públicos que reciben, amparadas en la autonomía que tienen de gestionar, distribuir y ejercer los recursos de que disponen rutinariamente. Algunos hechos, anecdóticos o reales, apuntan a fortunas malhabidas de ciertos funcionarios universitarios, a la vida de reyes o emperadorzuelos de ocasión que no pocos rectores y altos funcionarios universitarios ostentan hoy o lo hicieron en el pasado reciente.
El problema es siempre identificar, y probar, esos comportamientos. Y resulta complicado porque desde hace tiempo, la desconfianza hacia el desempeño, la utilización de los recursos, los procedimientos habituales de ejercicio del gasto universitario, dieron origen a una multitud de candados, restricciones, rigideces, normas y reglamentos destinados justamente a prevenir, vigilar y sancionar los actos de corrupción de las universidades y prácticamente todas las entidades que reciben recursos públicos. Esquemas de fiscalización, auditorías, contralorías internas y externas, programas y bolsas presupuestales etiquetadas, adicionales a la crónica insuficiencia financiera, configuraron un barroco y complicado sistema de control sobre las finanzas universitarias. Ello es parte del paradigma dominante de las políticas públicas hacia la educación universitaria desde los años noventa: el de la rendición de cuentas.
Hay que recordar que todo eso se hizo en nombre de la modernización, la calidad, la responsabilidad pública de las universidades con el gobierno y con la sociedad. Pero frente a este esquema de restricciones, recompensas y castigos, a las universidades se les exigió también la búsqueda de recursos propios, autogenerados, que permitieran depender menos de los subsidios federales o estatales, para destinarlos a aquellos proyectos definidos como prioritarios por las propias comunidades universitarias a través de sus órganos de gobierno. De ahí surgieron las empresas para-universitarias (hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, ferias del libro, equipos de fútbol, constructoras universitarias), junto a la venta de consultorías y servicios a empresas y organizaciones públicas y privadas, o a la búsqueda de obtención de recursos a partir del cobro de matrículas a los estudiantes de pregrado y posgrado.
En este esquema, la supervisión y control sobre las finanzas universitarias se convirtió en una rutina institucional complicada, escurridiza, confusa. Ello dio lugar a que ciertos grupos y camarillas universitarias pudieran diseñar estrategias de obtención de recursos de manera sistemática pero discreta. Pasando las aduanas de los informes a las contralorías y auditorías federales y locales, algunos funcionarios y liderazgos fácticos han logrado hacerse de fortunas inexplicables con sus sueldos y prestaciones como funcionarios universitarios. Desde luego, eso confirma que los pillos y los oportunistas también existen en la vida universitaria. Pero eso no significa que las universidades sean corruptas.
La autonomía no asegura la evasión de responsabilidades ni exorciza actos de corrupción. Frente a la desconfianza la mejor estrategia es la transparencia y la información, no el imperio de las buenas intenciones ni la evocación de principios heroicos. La legitimidad del poder autónomo de la universidad, de su sentido institucional, sus prácticas y representaciones académicas e intelectuales, es un desafío constante para las comunidades universitarias y sus gobiernos institucionales. Después de todo, detrás de cada crítica a las universidades siempre está la posibilidad, el interés o el propósito de fortalecer o debilitar la idea misma de la autonomía. Alguna vez, Simon Schama, el gran historiador británico, escribió en Auge y caída del imperio británico, 1776-2000, una idea central: “A la vez que perdía su imperio, Gran Bretaña se encontraba a sí misma”. Quizá algo similar le ocurre a las universidades. Parafraseando a Schama, cada vez que se ven amenazadas con perder su autonomía, las universidades se pueden encontrar a sí mismas.
Corrupción, autonomía e identidad universitaria
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 14/03/2019)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15394:corrupcion-autonomia-e-identidad-universitaria&Itemid=349
En la república de los escándalos, dominada por el gobierno de las imágenes, los universitarios no son excepción. Los mitos, ambigüedades y verdades de “La estafa maestra”, las acusaciones de malos manejos de recursos que la Unidad de Ingeniería Financiera de la Secretaría de Hacienda ha lanzado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las habituales sospechas, rumores o chismes de desvío de fondos que se hacen de cuando en cuando a las universidades públicas, configuran un patrón de comportamiento que comparten en distintos momentos y con diferentes intensidades autoridades federales, medios de comunicación, algunos comentaristas influyentes, ciertas redes sociales.
¿De dónde provienen las creencias, sospechas o certezas de la corrupción en las universidades? Para decirlo, en breve, de la desconfianza. Bien vista, la era de la incertidumbre se alimenta de ese combustible tóxico. Usualmente, se afirma, esa desconfianza se nutre del manejo discrecional que las autoridades universitarias hacen de los fondos públicos que reciben, amparadas en la autonomía que tienen de gestionar, distribuir y ejercer los recursos de que disponen rutinariamente. Algunos hechos, anecdóticos o reales, apuntan a fortunas malhabidas de ciertos funcionarios universitarios, a la vida de reyes o emperadorzuelos de ocasión que no pocos rectores y altos funcionarios universitarios ostentan hoy o lo hicieron en el pasado reciente.
El problema es siempre identificar, y probar, esos comportamientos. Y resulta complicado porque desde hace tiempo, la desconfianza hacia el desempeño, la utilización de los recursos, los procedimientos habituales de ejercicio del gasto universitario, dieron origen a una multitud de candados, restricciones, rigideces, normas y reglamentos destinados justamente a prevenir, vigilar y sancionar los actos de corrupción de las universidades y prácticamente todas las entidades que reciben recursos públicos. Esquemas de fiscalización, auditorías, contralorías internas y externas, programas y bolsas presupuestales etiquetadas, adicionales a la crónica insuficiencia financiera, configuraron un barroco y complicado sistema de control sobre las finanzas universitarias. Ello es parte del paradigma dominante de las políticas públicas hacia la educación universitaria desde los años noventa: el de la rendición de cuentas.
Hay que recordar que todo eso se hizo en nombre de la modernización, la calidad, la responsabilidad pública de las universidades con el gobierno y con la sociedad. Pero frente a este esquema de restricciones, recompensas y castigos, a las universidades se les exigió también la búsqueda de recursos propios, autogenerados, que permitieran depender menos de los subsidios federales o estatales, para destinarlos a aquellos proyectos definidos como prioritarios por las propias comunidades universitarias a través de sus órganos de gobierno. De ahí surgieron las empresas para-universitarias (hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, ferias del libro, equipos de fútbol, constructoras universitarias), junto a la venta de consultorías y servicios a empresas y organizaciones públicas y privadas, o a la búsqueda de obtención de recursos a partir del cobro de matrículas a los estudiantes de pregrado y posgrado.
En este esquema, la supervisión y control sobre las finanzas universitarias se convirtió en una rutina institucional complicada, escurridiza, confusa. Ello dio lugar a que ciertos grupos y camarillas universitarias pudieran diseñar estrategias de obtención de recursos de manera sistemática pero discreta. Pasando las aduanas de los informes a las contralorías y auditorías federales y locales, algunos funcionarios y liderazgos fácticos han logrado hacerse de fortunas inexplicables con sus sueldos y prestaciones como funcionarios universitarios. Desde luego, eso confirma que los pillos y los oportunistas también existen en la vida universitaria. Pero eso no significa que las universidades sean corruptas.
La autonomía no asegura la evasión de responsabilidades ni exorciza actos de corrupción. Frente a la desconfianza la mejor estrategia es la transparencia y la información, no el imperio de las buenas intenciones ni la evocación de principios heroicos. La legitimidad del poder autónomo de la universidad, de su sentido institucional, sus prácticas y representaciones académicas e intelectuales, es un desafío constante para las comunidades universitarias y sus gobiernos institucionales. Después de todo, detrás de cada crítica a las universidades siempre está la posibilidad, el interés o el propósito de fortalecer o debilitar la idea misma de la autonomía. Alguna vez, Simon Schama, el gran historiador británico, escribió en Auge y caída del imperio británico, 1776-2000, una idea central: “A la vez que perdía su imperio, Gran Bretaña se encontraba a sí misma”. Quizá algo similar le ocurre a las universidades. Parafraseando a Schama, cada vez que se ven amenazadas con perder su autonomía, las universidades se pueden encontrar a sí mismas.
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