La disputa por la agenda (2)

Diario de incertidumbres La disputa por la agenda: rezagos, oportunidades, desafíos Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 25/04/2024) https://suplementocampus.com/la-disputa-por-la-agenda-rezagos-oportunidades-desafios/ De la definición del tamaño y complejidad de los rezagos en el campo de la educación superior dependerá en gran medida la selección de los desafíos y oportunidades que serán objetos de la acción pública del próximo gobierno nacional y de distintos gobiernos subnacionales. La experiencia de los años recientes muestra que las ideas de calidad y evaluación de gobiernos pasados, o de gratuidad y universalización del acceso a la educación superior incorporadas como principios normativos tanto en la reforma al artículo tercero constitucional como en la ley general de educación superior durante el gobierno actual, son disposiciones prácticamente inviables en un contexto de austeridad presupuestal y financiamiento público errático y crónicamente insuficiente. Los rezagos. A lo largo del siglo XXI se observa un lento proceso de expansión de la matrícula, las instituciones y el profesorado al que acompaña la acumulación de las sombras de varios déficits institucionales y socioeducativos. La tasa de cobertura, la equidad en el acceso, o el envejecimiento del profesorado, forman tres de los rezagos estructurales que caracterizan los problemas de políticas en educación superior. Hoy, solo 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios superiores pueden acceder a alguna modalidad de la educación terciaria. La demanda por el ingreso a las universidades públicas autónomas domina las preferencias y expectativas de los miles de jóvenes egresados del nivel medio superior, pero sólo pueden ingresar, en promedio, 3 de cada 10. Hay un claro proceso de envejecimiento del profesorado en la educación superior, donde laboran poco más medio millón de docentes de instituciones públicas y privadas de distintas orientaciones, organización e historia. Según datos de la ENOE (2023), más de la mitad del profesorado tiene entre 45 y 54 años, y entre el profesorado predominan claramente las contrataciones de tiempo parcial: menos de un tercio de los puestos docentes son de tiempo completo. Se pueden agregar varios rezagos más: las brechas de desigualdad en el acceso o en la calidad de los programas e instituciones; la baja matrícula de los posgrados; el persistente problema de los aprendizajes; las dificultades de la inserción laboral de los egresados; la insuficiencia de investigadores para el desarrollo científico y tecnológico. Este mapa de rezagos constituye el punto de partida de cualquier diagnóstico que se pueda elaborar como fundamentación de un nuevo ciclo de políticas en educación superior para el próximo gobierno nacional. Las oportunidades. Una oportunidad relativamente inesperada para mejorar las posibilidades de acceso y fortalecimiento a la educación superior no tiene que ver tanto con la eficacia de las políticas como con la dinámica demográfica. Según cálculos del Consejo Nacional de Población (Conapo), desde hace unos años experimentamos una nueva transición demográfica. Pasamos de ser una “sociedad juvenil”, donde en la base de la pirámida poblacional predominaban desde 1970 hasta el 2010 los niños y jóvenes de entre 0 y 19 años, a una sociedad de adultos jóvenes, donde comenzará a ser dominada por el grupo etario de entre los 20 y los 39 años de edad. Esta transición comenzó en 2020 y se extenderá por lo menos hasta el año 2070, según las estimaciones del propio Conapo. Esto significa una oportunidad estratégica para el desarrollo de la educación superior, que puede favorecer el incremento de la tasa de cobertura y la expansión del sector. Para decirlo en otras palabras, tenemos disponible un nuevo bono demográfico que puede mejorar el desarrollo de la educación terciaria mexicana. Otra oportunidad importante tiene que ver con la legitimidad de la educación superior como factor de movilidad social. La demanda por el acceso constituye el indicador más claro de su importancia para los jóvenes y adultos jóvenes, que se expresa en el interés por el ingreso, en especial a las universidades públicas autónomas estatales y federales. Esa legitimidad es una de las causalidades profundas del crecimiento de la matrícula y de la diversificación de los programas e instituciones de educación terciaria observadas en las últimas dos décadas. Su traducción práctica es la persistencia de expectativas y percepciones de los jóvenes como una forma de mejorar sus posibilidades de inserción laboral y movilidad social. El fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de reformas o innovaciones de las universidades es también una clara oportunidad para el desarrollo de la educación superior. La capacidad de adaptación y resiliencia institucional de las universidades públicas y porivadas ha sido probada en contextos de financiamiento público restrictivo y en entornos dominados por la desconfianza de las élites gubernamentales nacionales y subnacionales de hoy y del pasado reciente. La autonomía no es un problema: puede ser un componente de solución en un nuevo marco o modelo de políticas. Los desafíos. El principal desafío tiene que ver con el cambio en los modelos de políticas que se han ensayado en los últimos años en nuestro país. Los dilemas de “más mercado” o “más estado” han orientado el diseño de las políticas y la instrumentación de acciones durante varias décadas, pero no han logrado resolver consistentemente los problemas y rezagos estructurales de la educación superior mexicana. Este desafío de cambio de políticas tiene que ver con el reconocimiento de la idea del valor público de la educación superior, y del papel que juegan el núcleo organizativo e institucional históricamente más importante de la educación superior en México: el de las universidades públicas autónomas. Otro de los desafíos relevantes tiene que ver con la vinculación de la educación terciaria con sus entornos internacionales, nacionales y locales. La “sociedad de la inteligencia”, la gobernanza anticipatoria, la inserción laboral de egresados, la mejora de los procesos de aprendizaje, o la renovación generacional del profesorado, son los temas específicos que habitan la agenda pública de los desafíos por enfrentar en los próximos años, y de la manera en que se aborden esos desafíos en la agenda gubernamental en el corto plazo, dependerá en buena medida la configuración de los escenarios futuros de la educación superior del país. ¿Cómo se pueden imaginar esos escenarios? De eso trataremos en la próxima colaboración.

La disputa por la agenda

Diario de incertidumbres La disputa por la agenda: ideas e intereses Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 11/04/2024) https://suplementocampus.com/la-disputa-por-la-agenda-ideas-e-intereses/ En plena temporada electoral, pletórica de promesas de campaña, ilusiones desbordadas y compromisos retóricos, la educación superior es un tema no prioritario, aunque ha sido mencionado en distintos tonos y frecuencias por las candidatas presidenciales que encabezan las encuestas y, en menor escala e intensidad, por los y las candidatas a las gubernaturas estatales, presidencias municipales y diputaciones y senadurías de la república. Los representantes de las distintas fuerzas políticas que compiten por los puestos en juego se han pronunciado por cambios discretos, continuidades acríticas y reformas imaginarias en las políticas de educación superior, aunque aún no es claro ni el contenido ni el alcance o factibilidad de esas propuestas. En el primer debate entre las tres candidaturas presidenciales celebrado el domingo pasado, en el que se abordó el tema educativo (junto a salud y corrupción), la educación superior fue un asunto claramente marginal. Se confirmó que el tema no es prioritario para quienes participan en la contienda. Sheinbaum insistió en la necesidad de crear nuevas universidades públicas, como lo hizo durante su gestión en la CDMX (como las Universidades de la Salud o la Rosario Castellanos), así como en el otorgamiento de becas para los estudiantes. Gálvez, por su parte, defendió la importancia de la educación superior pública y privada, aunque no hizo propuestas concretas. Máynez prácticamente no hizo ninguna mención al tema. El saldo del debate para los temas relacionados con la educación terciaria fue muy pobre. No obstante, más allá del deprimente espectáculo dominical, las cosas se mueven más o menos al ritmo de lo que ocurre cada temporada electoral sexenal. Las partes interesadas que confluyen en la educación superior (ANUIES, FIMPES, universidades públicas autónomas, organizaciones empresariales, asociaciones civiles, especialistas, académicos) han realizado sus propuestas, o están en proceso de elaborarlas en las escalas nacional y subnacionales. El gobierno federal y los estatales han comenzado el ciclo del cierre de sus respectivas políticas sexenales entre las ambigüedades, triunfalismos e insuficiencias propias del fin de una administración caracterizada por el impulso a varios cambios normativos, presupuestales y políticos en las políticas de educación superior, que incluyeron no solo al nivel de las licenciaturas o técnicos profesionales sino también el posgrado, la investigación, la ciencia y la tecnología. En esas circunstancias, lo que se observa en el panorama electoral es la lucha por la configuración de las prioridades que se incluirán en la agenda de políticas para el período 2024-2030. Lo que está en disputa es el control de la agenda y de las narrativas que de ella se desprenden. Más allá de las dificultades conceptuales, orientaciones políticas, sistemas de creencias, o consistencia de los diagnósticos que se elaboran apresuradamente para el sector, lo que resulta estratégico es la definición de los problemas y su relación con las propuestas de solución o abordaje que se incluyen en la definición de las agendas de las coaliciones partidistas que apoyan las candidaturas. Quien define, decide, reza un viejo axioma de política pública, y la complicada relación de problemas/soluciones está en la base de la comprensión de la hechura de las agendas que se van formando a lo largo de estos meses y que serán resueltas no sólo en las urnas el 2 de junio, sino en el proceso de formulación del plan de gobierno de quien resulte ganador, que ocurrirá entre los meses de junio y octubre de este mismo año, y que tendrá su versión final en el programa sectorial de educación superior del próximo gobierno nacional y de los gobiernos estatales. Independientemente de cómo resulten las cosas, parece factible colocar como punto de partida del análisis las ideas, rezagos, desafíos y oportunidades que caracterizan el presente y el futuro de la educación superior mexicana. Desde esta perspectiva, se puede trazar un mapa de mínimos temáticos que permita organizar una discusión más o menos racional sobre el futuro de las políticas de educación superior. El papel de las ideas. En los últimos años, las ideas de austeridad, gratuidad y universalización del acceso a la educación superior dominaron la narrativa de las políticas gubernamentales. Para decirlo en lenguaje weberiano, esas ideas fueron los guardagujas de los intereses del obradorismo que predominaron a lo largo del período 2018-2024, y se mantuvieron como el centro simbólico de la acción federal, a pesar de la cuestionada gestión de la crisis pandémica, las crónicas insuficiencias presupuestales, y las limitaciones prácticas e inconsistencias políticas de los cambios normativos impulsados por el oficialismo en turno. Esas ideas se presentaron como alternativas a las ideas de calidad, evaluación y financiamiento público condicionado, diferencial y competitivo que caracterizaron las políticas de los gobiernos anteriores, desde los encabezados por los priistas (Salinas, Zedillo y Peña Nieto), o los surgidos de la primera alternancia política de los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Esa ruptura en la matriz ideológica que gobierna las políticas de educación superior significó el fin de los incentivos como instrumentos de promoción indirecta (gerencial) de cambios en el sector, y la instalación de un sistema de control gubernamental directo (burocrático) en la gestión de los cambios. Lo que se abre en una perspectiva de futuros es una revisión rigurosa de los resultados de estas matrices ideológicas (“neoliberales” y “neointervencionistas”) para la exploración de una nueva idea: el reconocimiento del valor público de la educación superior, y del papel del estado, las universidades y la sociedad en el incremento de la legitimidad del sector para el desarrollo nacional, en un contexto de rezagos acumulados, desafíos emergentes y oportunidades estratégicas. De ese contexto hablaremos en la próxima colaboración.